Multihomicidio en la Narvarte, una investigación sucia

PROCESO Las irregularidades abruman en la indagatoria de la Procuraduría de Justicia del DF en torno a los asesinatos del fotorreportero Rubén Espinosa y cuatro mujeres en la colonia Narvarte: desde el primer momento se menospreció la posibilidad de que la masacre haya ocurrido en represalia por la labor periodística de Espinosa; se minimizaron las amenazas contra dos de las víctimas por parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte; se privilegió a priori la hipótesis del robo; se criminalizó a las víctimas por su nacionalidad, sexo, oficio y costumbres; se deslizó la idea de que el narcotráfico colombiano estaba atrás de la matanza; se filtraron datos, videos y fotografías que por ley deberían permanecer secretos, y se declaró información que resultó ser falsa… Una estrategia de sobra conocida en México para enturbiar casos incómodos para las autoridades.

MÉXICO, D.F. En su afán de cerrar lo antes posible el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte –que atrapó la atención nacional e internacional al conocerse la actividad pública y los antecedentes de acoso, hostigamiento y amenazas contra dos de las cinco víctimas: un fotoperiodista y una activista del movimiento #YoSoy132–, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha incurrido en inconsistencias, contradicciones y omisiones que de antemano vuelven sospechoso el resultado final de la indagatoria número FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07. Desde su primera aparición pública para hablar del crimen perpetrado el viernes 31 de julio en un edificio de apartamentos de la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, comenzó a ensuciar la investigación al perfilar las muertes de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril como producto de un robo, pese a la existencia de una agravante fundamental en la escena del crimen: los cinco cuerpos tenían el tiro de gracia y Mile Virginia, de nacionalidad colombiana, había sido torturada y violada antes de ser ultimada. Era el domingo 2. Antes de dar la cara a la prensa, Ríos Garza se había reunido en privado en sus oficinas con el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el editor de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra; la directora de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana; el director de la organización internacional Artículo 19, Darío Ramírez, y representantes de la asociación PEN International. Ahí, los periodistas y activistas le pidieron puntualmente al procurador capitalino investigar el crimen sin descartar las amenazas denunciadas por el fotógrafo Rubén Espinosa y la promotora cultural Nadia Vera antes de abandonar el estado de Veracruz y refugiarse en el Distrito Federal. Pero la respuesta del funcionario capitalino –que llegó al cargo gracias a su añeja amistad con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de quien fue secretario particular en el tramo final de su paso por la PGJDF– desconcertó a los presentes. Ríos Garza puntualizó que Espinosa no había sido asesinado “durante el ejercicio de su trabajo, estaba desempleado”, según relataron Daniela Pastrana y Pedro Valtierra al salir de la reunión. Así, sin tomar en cuenta los antecedentes de amenazas de muerte que pesaban sobre Vera y Espinosa, derivadas de su actividad profesional en Veracruz, Ríos Garza dijo a los reporteros, al referirse al caso del fotorreportero: “Es preciso mencionar que era soltero, originario de la Ciudad de México y que fue identificado plenamente por sus familiares, quienes refirieron que su regreso a la capital del país fue hace dos meses, y se debió a la búsqueda de nuevas oportunidades como fotógrafo profesional, actividad que desarrollaba en Veracruz, donde residió por espacio de ocho años.” Luego añadió que desde que se supo la actividad que ejercía Espinosa se activó el Protocolo de Atención a Periodistas y apuntó que no se descartaría “ninguna línea de investigación”.