Tres años oscuros de peñanietismo: corrupción, violencia, represión, pobreza…

PROCESO MÉXICO, DF. Como ninguno de sus antecesores en el México moderno, al presidente Enrique Peña Nieto le bastaron tres años para detonar la indignación callejera y quedar expuesto por señalamientos de corrupción, dilapidando con ello su popularidad con la misma velocidad con que la construyó.

Durante los primeros dos años de administración peñista, la concreción de las reformas de naturaleza económica, a partir del llamado Pacto por México, le permitieron gozar de buena fama en el extranjero y mantener una cierta estabilidad en la opinión pública. El éxito de su plan lo llevó a cerrar el Pacto en agosto de 2014 y repetir que estaba “moviendo a México”, en el discurso y la publicidad oficial. Todo se vino abajo cuando 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del año pasado. Un mes después, el reportaje sobre la mansión construida y financiada por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, supuestamente para la primera dama, inició las revelaciones sobre otras propiedades, adquiridas por él, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su consejero jurídico Humberto Castillejos, para añadir de colofón, a los señalamientos de corrupción, la fuga del famoso capo Joaquín El Chapo Guzmán. El 1 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto asumió el cargo poniendo fin a dos sexenios de gobiernos del PAN que en el 2000 habían conseguido la alternancia después de siete décadas de hegemonía priista. El mandatario de origen mexiquense recibió un país incendiado por la violencia en al menos la mitad de las entidades federativas, con estancamiento económico y una brecha de desigualdad en crecimiento. Peña ofreció revertir esos flagelos con un plan de cinco ejes de gobierno que denominó: México en paz; México próspero; México incluyente; México con Educación de Calidad, y México con responsabilidad global. Hasta ahora no lo ha logrado. Entre los escándalos y los datos duros, 2015 fue el año en que Peña Nieto se convirtió en el presidente peor calificado de los últimos tres sexenios, pues diferentes estudios de opinión reflejaron una aprobación en torno a 40%. No obstante, la desaprobación ciudadana no se tradujo en una sanción electoral, y en los comicios intermedios de junio logró conservar la mayoría cameral y consiguió mantener para su partido el control territorial con la mayoría de las gubernaturas. Violencia, vulnerabilidad y represión Peña Nieto prometió en los primeros días de su gobierno que revertiría de manera paulatina la militarización del país, pero ésta se mantuvo con episodios de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la Policía Federal (PF), como ocurrió en las masacres de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014; Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo pasado, y Calera, Zacatecas, el 7 de julio siguiente. Los datos oficiales, sin considerar la cifra negra (delitos no denunciados, por ejemplo, de migrantes en tránsito victimados), reflejan 121 mil asesinatos violentos en los seis años precedentes, 26 mil 569 desapariciones y numerosos delitos relacionados con lo que el expresidente Felipe Calderón llamó en su momento la “guerra” contra el narco. Al iniciar su administración, Peña Nieto replanteó la política de seguridad y agrupó sus acciones en el “Eje de gobierno, México en paz”. El resultado, de acuerdo con los datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al último de octubre es de 52 mil 812 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. La cifra contrasta con los primeros tres años de gobierno de Calderón, cuando se reportaron 37 mil 622 homicidios dolosos, es decir, 15 mil 190 homicidios más en los primeros tres años de Peña Nieto. En cuanto a personas desaparecidas, se reportan 542 en el fuero federal y 12 mil 259 en el fuero común para un total de 12 mil 801 personas no localizadas en lo que va de la administración de Peña Nieto. En los primeros tres años del sexenio pasado sumaron 2 mil 945 desapariciones. El gobierno de Peña Nieto no sólo enfrenta el fracaso en la política de seguridad por los hechos que reflejan las estadísticas. Todavía en febrero pasado su gobierno presumía la detención de 93 criminales de la lista de los 122 más buscados. A mediados de 2015 destacaban en la lista de aprehensiones de los famosos jefes de organizaciones criminales como Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” o “L-40”, líder de Los Zetas; Vicente Carrillo “El Viceroy”, del Cártel de Juárez; Fernando Sánchez Arellano, del de Tijuana; Héctor Beltrán Leyva, “El H”, de la organización que lleva sus apellidos; Nazario Moreno (abatido) de Los Caballeros Templarios, y Servando Gómez “La Tuta”. Con ellos, lo que en algunos medios se expresó como “la joya de la corona”, destacaba la captura de “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. El pasado 11 de julio el gobierno federal quedó en ridículo cuando “El Chapo” escapó del penal mexiquense de máxima seguridad del Altiplano. La admisión implícita de la incapacidad gubernamental para controlar las prisiones ocurrió a finales de septiembre, cuando el gobierno de Peña Nieto optó por extraditar a 13 capos y luego a dos más, es decir, 15% de los líderes criminales que había detenido. Si bien la desaparición no resuelta de los estudiantes de Ayotzinapa evidenció el círculo de corrupción e impunidad, detonando marchas multitudinarias en reclamo de justicia, también dejó ver un aspecto poco abordado hasta ahora, y es que, entre los miles de asesinatos y desapariciones que se registran por todo el país, hay un incremento en las víctimas que pertenecen a movimientos sociales o son defensores de derechos humanos, quienes además padecen prisión por motivos políticos y otras agresiones. Un informe anual integrado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, presentado a finales de agosto, permite observar que todos los indicadores considerados parte del proceso represivo se dispararon en los primeros 30 meses de la administración peñista. Las diferentes modalidades de agresión aumentaron de 192 casos en los últimos dos años del sexenio calderonista, a 639 en los primeros 30 meses de peñanietismo. Aún peor resulta la estadística sobre detención arbitraria y risión, pues en todo el sexenio pasado hubo 999 casos, y apenas en 30 meses, contando a partir de 2012, suman ya mil 138. Los asesinatos siguen una tendencia al alza: en todo el sexenio pasado hubo 67 ejecuciones extrajudiciales de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos; con Peña Nieto, a mitad de su sexenio, suman 47 asesinatos de esa naturaleza. Durante el periodo de gobierno de Calderón se documentaron 53 desapariciones forzadas, y una vez más el registro se profundiza a partir de diciembre de 2012, pues desde entonces al 30 de mayo pasado se reportaron 81 desapariciones de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. En la mayoría de esos casos los redactores del informe han considerado que existe responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia. Como ocurre desde el 13 de septiembre de 2013, en días pasados la resistencia a la reforma educativa ha detonado la intervención de la PF. En el episodio más reciente, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, concretó la aplicación de las evaluaciones en Oaxaca con el envío de miles de efectivos federales. Reformas “desinfladas” En el discurso público la publicidad oficial y los contenidos informativos difundidos por el gobierno, más que la seguridad prevalece el contenido económico, la promesa de “mover a México”. La prioridad por posicionar la agenda económica, especialmente en relación con las reformas estructurales, implicó un gasto de 14 mil 663 millones de pesos en los primeros dos años de gobierno, una cifra que de acuerdo con las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19 jamás se había gastado en los primeros años de gobierno de ningún presidente. Los comparativos de las mencionadas organizaciones son reveladores de la importancia de la publicidad para el gobierno. Por ejemplo, en 2013 se gastaron 7 mil 119 millones de pesos en publicidad, casi lo mismo que lo destinado al programa para la implementación de la reforma educativa; más aún, en 2014 lo gastado supera con creces el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía, responsable de implementar la reforma energética. El crecimiento económico durante la administración peñanietista, en promedio, es de 2%. Cada año, Videgaray ha errado el cálculo de expectativas y debe ajustarlas una y otra vez: en 2013 previó 3.5% pero sólo alcanzó 1.1; en 2014 estimó 3.9 y sólo consiguió 2.1%; para 2015 pronosticó originalmente un crecimiento de entre 3.2 y 4.2%, para ajustarlo, como cada año ha ocurrido, a la baja. Los pronósticos ahora son de 2.4% para cerrar 2015. Si en el primer año de gobierno Videgaray Caso afirmó que las reformas estructurales harían repuntar el crecimiento, hoy que ya están en plena implementación no lo han conseguido y, ya para 2016, el Banco de México anticipa un crecimiento peor que el de este año, con una estimación inicial de 2.5 a 2.9%. Ese y otros indicadores macro revelan el fracaso de la política económica, si bien se ha visto afectada por factores externos. Mientras tanto, la pobreza aumenta. Apenas el pasado 4 de agosto, Apro publicó un reportaje de Mathieu Tourliere, quien documentó que durante esta administración cada minuto que transcurre dos mexicanos se hacen pobres. La afirmación se basa en los datos estadísticos del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), que registra la condición de pobreza para 55.3 millones de mexicanos, 2 millones de pobres más que al iniciar este gobierno. El escenario es aún peor. Al menos 95 millones de personas sufren algún tipo de carencia, lo que las ubica en condición de rezago, mientras que sólo 20% de la población se salva del rezago social. Los datos demuestran que las reformas estructurales no trajeron el “México próspero”, como Peña Nieto denominó al Eje de gobierno con contenido económico, ni el “México incluyente”, como denominó al plan que se prometía reducir la brecha de desigualdad. Negocios y glamour Frente a ese panorama, lo que ha marcado el rumbo de la administración en relación con las políticas públicas es el arribo o afianzamiento de trasnacionales energéticas y de la construcción gracias a las reformas, así como la incorporación de los grupos mexicanos dominantes en el sector. Los negocios con Pemex ya empezaron a concretarse y apenas el lunes 30 de noviembre la primera trasnacional de gran escala, Ente Internacional de Hidrocarburos (ENI), signó el contrato con Pemex para la extracción de gas y aceite en aguas someras. Las licitaciones han favorecido también a magnates mexicanos como Alberto Bailleres, recientemente condecorado con la medalla Belisario Domínguez, con su nueva empresa Petrobal; Carso Oil & Gas, de Carlos Slim (cuyo yerno diseñó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) se alista para la tercera fase licitatoria, lo mismo que Newpek, de Grupo Alfa, de los magnates de Monterrey. Entre esos negocios cobra especial relevancia el tinglado de relaciones entre inversionistas del sector energético, financieros y clase política. El pasado 6 de junio, el semanario Proceso dio a conocer que Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del actual director del IMSS, José Antonio González Anaya, era accionista mayoritario de una empresa denominada I Cuadrada. La empresa está dedicada a conseguir fondos de pensiones administrados por instituciones financieras, para a su vez fondear proyectos de obra pública, de manera que, entre sus clientes, aparecía Sierra Oil & Gas, una empresa mexicana poco transparente creada para competir por los contratos con Pemex a partir de las reformas. Entre sus principales clientes destacaba también Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la llamada “Casa Blanca” de las Lomas. Hinojosa Cantú, con alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos en los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto, no sólo fue el supuesto vendedor y financiero de la residencia para la primera dama, Angélica Rivera. Lo fue también para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en su casa de Malinalco y presuntamente le rentaba otra residencia en las Lomas al consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes. Esas operaciones, así como la compra de Peña Nieto de una casa en Ixtapan de la Sal al también contratista Roberto San Román, fueron exoneradas de responsabilidad administrativa por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cuyo cargo permaneció acéfalo durante los dos primeros años de gobierno hasta su nombramiento en febrero pasado en medio de los escándalos, quien dio carpetazo a esos asuntos el 21 de agosto. Las mansiones no han sido los únicos escándalos de la administración que comprometieron al círculo cercano al presidente y su familia, así como a diferentes políticos de la élite mexiquense. Apenas iniciada la administración, el caso conocido en redes sociales como #ladyprofeco, motivó la salida de Humberto Benítez Treviño, político de vieja guardia nombrado al iniciar la administración como titular de Profeco y destituido tras el escándalo de prepotencia protagonizado por su hija en un restaurante de la Ciudad de México, en abril de 2013. Seguirían otros escándalos, como el del nieto del entonces procurador general Jesús Murillo Karam, quien se introdujo en el domicilio y propinó una severa golpiza a la hija del titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imaz, según denunció la propia joven víctima. No hubo consecuencias. Entre otros escándalos, en abril pasado otro miembro de la élite mexiquense fue exhibido en redes sociales por usar un helicóptero oficial para irse de vacaciones con su familia, mentir para justificar el viaje y luego verse obligado a renunciar. Se trata de David Korenfeld, hasta entonces titular de Conagua. Ahora, en el justo medio de la administración, el escándalo vuelve a cobrar notoriedad, pues se descubrió a la esposa del político, Sandra Kershenobich, en la nómina del consulado de San Diego, sin presentarse a trabajar, con un sueldo cercano a los 5 mil dólares, como documenta un reportaje de Proceso en la edición de esta semana. A ellos se suman los escándalos de los viajes oficiales y familiares, que han sido frecuentes en los tres años de gobierno y, en especial, en 2015. A Angélica Rivera se le captó de compras, con sus hijas, en Beverly Hills en abril; de fiesta en Verona, Italia, en agosto pasado. Como nunca había ocurrido con una primera dama –ni siquiera con los desplantes y el activismo de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox–, Rivera Hurtado ha quedado expuesta una y otra vez al escarnio público, en especial desde que asumió la responsabilidad y defendió la presunta legalidad detrás de la casa de Las Lomas. En general los viajes internacionales han resultado costosos para el país. Al iniciar su gobierno, Peña Nieto planteó como otro de sus ejes “México, con responsabilidad global”. Su intención manifiesta desde el 1 de diciembre de 2012 era reincorporar al país a la discusión y la toma de decisiones internacionales, una tradición perdida durante los 12 años de gobiernos emanados del PAN. Sobre las cerca de 40 giras internacionales, la Presidencia de la República informó que hasta octubre se habían erogado en ellas alrededor de 100 millones de pesos. Sólo la visita a Londres en marzo pasado costó oficialmente 7.1 millones de pesos. A París lo acompañaron unas 400 personas, 51 invitados más que los que viajaron a Londres; en mayo, en su visita a Bruselas, rentó para él una suite de lujo que costaba 49 mil pesos la noche. Un análisis del gasto presidencial, realizado por Reforma el 30 de septiembre, demostró que, por los gastos en viajes, publicidad y servicios generales, la presidencia de Enrique Peña Nieto ha sido la más costosa desde 1990. Con todo, para hacer frente a las dificultades económicas, el mandatario ha ordenado una política de austeridad que ya suspendió recursos a programas y proyectos gubernamentales para 2016, con lo que arranca la segunda mitad de la administración con menos dinero y los ejes de su gobierno vencidos.