En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) arremetió contra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por modificar de manera unilateral, sin “documentos de carácter técnico”, ni debate previo, sus variables de medición de la captación de ingresos de los hogares mexicanos.
A partir de estas acciones, el INEGI registró un disparo del 11.9% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional en apenas un año, así como un incremento real del 33.6% del ingreso de los hogares más pobres del país, lo cual “no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del INEGI y con otras variables económicas”.
El mes pasado, el INEGI planteó que durante el año 2014, el ingreso de los hogares mexicanos disminuyó en un 3.5 por ciento.
De esta manera, el CONEVAL insinuó que el INEGI modificó su método de cálculo para presentar un panorama de mejora neta en los ingresos de los mexicanos, sin avisarle a la institución encargada de evaluar las políticas de desarrollo social y medir la pobreza en el país.
El INEGI lo hizo sin “transparencia (ni) planeación” y violó el convenio de colaboración que tiene con el CONEVAL, que establece su metodología de medición de la pobreza con base en datos del INEGI. Esa institución denunció que “los cambios realizados por el INEGI en la captación del ingreso en el módulo, modificaron una de las variables indispensables para medir la pobreza, lo que trae una ruptura en la evolución histórica de las mediciones de pobreza que CONEVAL ha presentado desde 2008”.
En su último informe, rendido el 23 de julio de 2015, el CONEVAL observó que el número de mexicanos en situación de pobreza se incrementó de dos millones durante los primeros dos años de la administración de Enrique Peña Nieto, hasta afectar 55.3 millones de personas.
El anuncio generó una lluvia de críticas sobre el gobierno mexicano y sus políticas públicas en materia de lucha contra la pobreza.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, la estrategia central de la administración de Peña Nieto, para erradicar ese mal, también fue severamente criticada, ya que el número de mexicanos en inseguridad alimentaria se elevó de 27.4 millones en 2012 a 28 millones dos años más tarde.
A raíz de ello, la entonces encargada de la Cruzada, Rosario Robles Berlanga, fue desplazada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) –de la que fue sustituida por José Antonio Meade Kuribreña– a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
(con información de Proceso)
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