En el Estado de Baja California, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10/2016 a la Secretaría de Educación del estado por la agresión sexual contra 19 niñas y niños del preescolar "3 de Mayo de 1953" por parte de un maestro de inglés que se encuentra prófugo, cuya responsabilidad fue acreditada en peritajes psicológicos a cada víctima, para quienes reclama reparación del daño.
Advirtió esta dependencia que las autoridades responsables "incumplieron el principio de interés superior de la niñez, violaron el derecho a la seguridad jurídica y al trato digno de las víctimas y las personas quejosas, así como sus derechos como víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos", además de que "atentaron contra los derechos de los agraviados "a la educación libre de violencia y el sano desarrollo integral", en los hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 2015, que fueron denunciados por los padres de familia.
La recomendación es de 12 puntos, que demanda la reparación del daño a los afectados y sus padres y si no hay recursos en esta administración se etiquete en la siguiente, que se les dé atención médica y psicológica, que se instalen cámaras de video en puntos estratégicos del plantel y luego en otras escuelas, que se supervise el uso de los baños para que no se conviertan en espacios susceptibles de alguna conducta delictiva y se apoye a las autoridades ministeriales en la investigación.
Además solicita una campaña de sensibilización entre la población infantil para que detecten indicios de abuso y que las aulas no tengan obstáculos de visibilidad al interior, así como iniciar un programa de prevención de violencia sexual y capacitación a los niños y sus padres, entre otras.
Lo anterior debido a que un maestro de inglés, identificado como Luis Gerardo Lugo Cirerol abusó de 19 niños y aunque el hecho fue denunciado por padres de familia, la escuela no atendió la queja y tomaron el plantel.
Los padres acusaron que aunque el abuso ocurrió entre octubre y diciembre, fue hasta marzo de este año cuando los niños manifestaron indicios y una madre fue la primera en reportarlo a la directora del kínder, Minerva Alcaliz Valenzuela.
Un grupo de padres de familia acudió el 28 de marzo ante el Ministerio Público a interponer otra denuncia contra el maestro y contra una maestra identificada como Verónica, a quien los niños acusaron de haberlos golpeado y amenazado para que no hablaran.
Mientras el Ministerio Público llevaba a cabo las investigaciones, el personal del plantel fue sustituido por otros docentes.
La CEDH informó que el maestro de inglés "incurrió en conductas constitutivas de abuso sexual en contra de las víctimas, algunas de quienes fueron sujetas a tocamientos, desnudos forzosos y/o exposición a presenciar los antedichos abusos", señaló y explicó que el responsable "cometió diversos actos de maltrato físico y emocional de diversa índole contra las víctimas".
A la profesora se le señala de "ejercer violencia psicológica contra las niñas y los niños, al buscar intimidarlos para disuadirlos de denunciar los hechos de abuso sexual cometidos", con lo que violentó los derechos de las víctimas de acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, entre otros e incumplió la obligación de proteger la integridad y seguridad de las niñas y los niños bajo su responsabilidad, dijo la CEDH.
En la recomendación se explica que la directora del plantel "obstaculizó el acceso de las víctimas y sus familias a denunciar los hechos e incurrió en incumplimiento de la obligación de proteger la integridad y seguridad de las niñas y los niños bajo su responsabilidad", y a la inspectora la señala de participar "en la obstaculización de las investigaciones y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral".
Además refiere que la inspectora está comprometida en un conflicto de intereses por un parentesco que la une con el maestro, quien, de acuerdo con el Secretario de Educación Mario Herrera Zárate fue contratado precisamente por esta funcionaria escolar sin seguir los procedimientos oficiales.
Entre octubre de 2015 y febrero pasado se manifestaron cambios de conducta "documentados en al menos 19 niñas y niños de entre 4 y 5 años", como enuresis (incontinencia urinaria), alteraciones conductuales que incluían llanto inexplicable, ansiedad, tristeza, agresividad, sentimientos de vergüenza, miedo (particularmente al ir al baño o dormir solos) y conductas fóbicas en relación con la escuela, entre otras, según la recomendación.
La CEDH aclaró que no prejuzga "sobre las responsabilidades penales en las que hubieran incurrido las autoridades responsables en los procesos que enfrenten" y advirtió que se refiere a "las responsabilidades producidas por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana, los tratados internacionales de los que el México es Parte, y el marco normativo aplicable al caso, en el ámbito de sus respectivas competencias".
La Recomendación ya fue debidamente notificada a la autoridad señalada como responsable. En caso de no ser aceptada, la Comisión Estatal de acuerdo a sus atribuciones podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la autoridad a efecto de que explique el motivo de su negativa.
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