Diversas organizaciones sociales dieron aviso sobre actos de represión contra ciudadanos que han salido a las calles a protestar, debido al alza de los precios de los combustibles, y previnieron de la infiltración de personas ajenas a las manifestaciones de inconformidad que han generado caos en la entidad mexiquense, Ciudad de México y otros estados del país.
Las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), así como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilero (CDHZL), en un comunicado de prensa llamaron a las autoridades federales, estatales y municipales a dar garantías a los ciudadanos para manifestarse.
De esta manera, José Antonio Lara Luque, coordinador general de CDHZL, señaló a Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, de “echar a andar grupos de provocadores, los cuales están cometiendo desmanes, para infundir temor y pánico en la población que ha salido a manifestarse pacíficamente”.
Informó que vecinos de varias colonias de la entidad que han decidido manifestarse, “están reforzando sus organizaciones, para evitar que grupos de provocadores puedan infiltrar sus filas, generando caos, temor y violencia”.
Lara Luque destacó que en el Estado de México la situación se ha recrudecido con saqueos en tiendas comerciales y expendios de combustible, en tanto que el gobierno estatal ha recurrido a la represión de los movimientos ciudadanos.
Motivo por el que el FLEPS expresó su preocupación por “algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas corporaciones del país, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines contra personas manifestantes”.
Ante la “criminalización contra quien ejerce su derecho a la manifestación, el FLEPS exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno “a que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que a lo largo del país se están manifestando contra el alza de precios a la gasolina, y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad de quienes se manifiestan”.
Las organizaciones piden a las corporaciones policiales, estatales, policiales y la Policía Federal, que “se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario de la fuerza pública”, por lo que llaman a privilegiar el diálogo y “velar por la seguridad de las personas”, como corresponde a sus obligaciones “en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
Integrantes del FLEPS urgieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los organismos públicos estatales a instruir a personal a su cargo para “monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas”, y que, conforme a sus atribuciones, emitan “medidas precautorias” a fin de que las autoridades “garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas”.
Las 12 agrupaciones que conforman el FLEPS* advirtieron que en los últimos años hay una tendencia a tomar medidas para limitar la libertad de expresión a través de “iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones, conteniendo restricciones desproporcionales, así como agresiones por parte de diversas autoridades en contextos de protesta, tales como detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública”.
*El FLEPS está integrado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, Espacio Libre Independiente Marabunta, Resonar y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos, integrada por 80 organizaciones en 21 estados del país.
(con información de Proceso)
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