Instalarán cámaras de videovigilancia en Centros de Control Canino del Edoméx

En los próximos días concluirá la instalación de 44 cámaras de videovigilancia, en 11 de los 29 Centros de Control Canino que existen en el Estado de México, con la intención de vigilar el actuar de los servidores públicos que se encargan de la recepción, atención y cuidado de los perros y gatos que llegan a este lugar, a fin de evitar que sean maltratados o asesinados bajo procedimientos no permitidos, como la insensibilización por electrocución. El titular de la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), Miguel Ángel Ordóñez Rayón, informó que, derivado de los acuerdos establecidos en el Convenio de Bienestar Animal, se identificaron ocho municipios como prioritarios para la colocación de las cámaras de video vigilancia que estarán conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C-5), pues en ellos, se había reportado el sacrificio de mascotas con prácticas no permitidas. De esta forma, con una inversión de 1.6 millones de pesos, se instalaron, en promedio, cuatro cámaras de videovigilancia en los antirrábicos de Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Metepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca y Zinacantepec, aunque el número de dispositivos varía, de acuerdo con las áreas con las que cuentan estos espacios, privilegiando la zona de jaulas, recepción y donde se lleva a cabo la sensibilización por barbitúricos. Ordóñez Rayón indicó que, en los próximos dos meses, se colocará el resto de las video cámaras en los otros 18 Centros de Control Canino, para llegar a cien dispositivos aproximadamente, y en los que se estima un gasto adicional de entre 6.5 y ocho millones de pesos. El titular de la COPRISEM dio a conocer que en el C-5, dos personas –una de esta dependencia y otra de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)- serán los encargados del monitoreo de las imágenes y, en caso de detectar alguna práctica irresponsable, se avisará a ambas instituciones para que procedan con la suspensión del lugar y al levantamiento de la respectiva sanción tanto para el servidor público como para el Ayuntamiento.