En México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a dos servidores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que en 2011 Y 2012 recibieron y aceptaron servicios contratados a entera satisfacción, sin verificar la totalidad y calidad de los mismos.
Según la dependencia, la inhabilitación es por diez años y les impuso una sanción económica por cantidades que van de los 7 millones 875 mil pesos hasta los 68 millones 091 mil 339.
Lo anterior, se detectó de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control del instituto, por lo que se procedió a establecer la penalidad correspondiente.
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