En Venezuela, tras protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que han sido registradas en las últimas tres semanas en la capital y otros estados del país, han dejado 26 muertos y 437 lesionados, anunció la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
En las últimas horas, fueron sumadas otras cuatro personas, a la lista de fallecidos, por lo que la cifra ya se elevó a un total de 26, mecionó a la prensa Ortega Díaz, sin ofrecer mayores detalles. La fiscal expresó preocupación por las crecientes tensiones políticas, y rechazó que se use la violencia como arma de acción política.
Ortega Díaz indicó que, en el marco de las manifestaciones fueron arrestadas mil 289 personas, de las cuales 65 se mantienen detenidas y otras 217 serán presentadas en las próximas horas en tribunales. El anuncio de la fiscal, se dio horas después de la confirmación de las muertes de dos hombres, luego de que recibieran disparos en la cabeza durante manifestaciones, en distintos lugares de Venezuela.
Orlando Johan Medina de 23 años de edad, murió inmediatamente, tras recibir un disparo de escopeta en la cabeza, durante una protesta en la población de El Tocuyo en el estado de Lara, indicó la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet.
Por otro lado, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, anunció su lamento en Twitter por la muerte de Luis Alberto Márquez, de 52 años, en Mérida y dijo que "participaba en concentración pro gubernamental cuando desconocidos dispararon a la multitud desde un edificio".
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, reiteró las acusaciones contra la oposición a la que señaló de contratar delincuentes para generar hechos de violencia.
Al presentar un balance de los hechos violentos de las últimas horas, Reverol dijo en una transmisión de la televisora estatal que el jefe de la policía de Caracas resultó herido en una pierna por un disparo de arma de fuego que recibió durante una protesta que ocurrió la madrugada de este martes en una populosa barriada pobre del oeste de la capital.
Asimismo, otro policía sufrió una herida en el tórax por impacto de bala durante una manifestación en el estado Barinas, donde también resultaron lesionados 13 guardias nacionales por objetos contundentes que les lanzaron manifestantes.
Las muertes se dan en un contexto de gran tensión en Venezuela que comenzó a fines de marzo cuando el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó los poderes de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y limitó la inmunidad de los legisladores. Aunque los fallos fueron luego revertidos no se han detenido las protestas que han dejado más de un centenar de heridos y detenidos.
En los estados suroccidentales de Mérida y Barinas fallecieron la víspera dos hombres por heridas de arma de fuego en medio de manifestaciones callejeras.
En una nueva jornada de protestas los opositores realizaron el lunes manifestaciones en las principales vías de Caracas y otras ciudades contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que acusa a sus adversarios de promover un golpe de Estado.
La oposición ha descartado cualquier diálogo con Maduro y ha planteado que se mantendrá en las calles hasta que el gobierno convoque a elecciones, abra un canal humanitario para alimentos y medicinas, libere a los presos políticos y respete al Legislativo.
El primer vicepresidente del partido oficialista, el diputado Diosdado Cabello, negó la posibilidad de que puedan darse elecciones generales en Venezuela y dijo a la prensa que "Nicolás no se va, pero la derecha no va a volver más nunca a gobernar este país".
La crisis venezolana y la muerte de manifestantes ha generado preocupación entre varios países de la región, y organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que urgieron a Caracas a tomar acciones para reducir la polarización y crear condiciones para enfrentar la situación.
Algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI), han cuestionado la actuación de los cuerpos de seguridad, a los que señalan de excederse en la contención de las protestas. Las autoridades han desestimado las críticas y sostienen que actúan apegados a las leyes.
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