Blanca Colmenares Sánchez jueza del Poder Judicial del Estado de México, consideró que la maternidad subrogada representa un avance de la ciencia y la tecnología para acceder al derecho a la reproducción y cambia el concepto de familia, por lo que es necesario regularlo y abrir un debate en el que participen diversas áreas de las ciencias como la filosofía, la psicología, la biología y el derecho.
La maternidad subrogada se entiende como el préstamo o alquiler del vientre de una mujer, a fin de que una persona imposibilitada para procrear sea madre o padre; puede ser parcial, cuando sólo se presta el vientre, o total en la que la portadora otorga también un óvulo; ambos casos mediante inseminación artificial.
Explicó que la principal polémica es si un embarazo asistido, como la maternidad subrogada, es un acto que debe ser asumido como un negocio remunerado o altruista, ya que la gestación por sí misma crea un vínculo filial con el futuro bebé generando complicaciones entre las partes.
Colmenares Sánchez alertó que, en la medida en que la maternidad subrogada continúe sin una regulación, se corre el riesgo de que estos procesos se realicen de manera clandestina poniendo en riesgo a las familias.
De esta manera, la juzgadora se pronunció por iniciar una investigación profunda sobre el tema cuyas conclusiones contribuyan a legislar un ordenamiento jurídico que deberá estar basado en un principio de no discriminación, ya que todas las personas sin importar su preferencia sexual, género o nacionalidad deben tener la posibilidad de ser padres, a través de esta vía.
Por lo que para lograr ese objetivo agregó que se deben tomar en cuenta las aportaciones que han realizado países como Estados Unidos, Canadá, India, Francia o España, al respecto, así como los avances que tienen en legislaciones locales como las de Tabasco y Sinaloa que, sin embargo, resultan deficientes para establecer un marco normativo humanista, que permita el acceso a los derechos y los garantice.
La maternidad subrogada se entiende como el préstamo o alquiler del vientre de una mujer, a fin de que una persona imposibilitada para procrear sea madre o padre; puede ser parcial, cuando sólo se presta el vientre, o total en la que la portadora otorga también un óvulo; ambos casos mediante inseminación artificial.
Explicó que la principal polémica es si un embarazo asistido, como la maternidad subrogada, es un acto que debe ser asumido como un negocio remunerado o altruista, ya que la gestación por sí misma crea un vínculo filial con el futuro bebé generando complicaciones entre las partes.
Colmenares Sánchez alertó que, en la medida en que la maternidad subrogada continúe sin una regulación, se corre el riesgo de que estos procesos se realicen de manera clandestina poniendo en riesgo a las familias.
De esta manera, la juzgadora se pronunció por iniciar una investigación profunda sobre el tema cuyas conclusiones contribuyan a legislar un ordenamiento jurídico que deberá estar basado en un principio de no discriminación, ya que todas las personas sin importar su preferencia sexual, género o nacionalidad deben tener la posibilidad de ser padres, a través de esta vía.
Por lo que para lograr ese objetivo agregó que se deben tomar en cuenta las aportaciones que han realizado países como Estados Unidos, Canadá, India, Francia o España, al respecto, así como los avances que tienen en legislaciones locales como las de Tabasco y Sinaloa que, sin embargo, resultan deficientes para establecer un marco normativo humanista, que permita el acceso a los derechos y los garantice.
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