Atizapán. -Méx. –Luego de presentar documentos que la acreditan como Presidenta Municipal electa de este municipio, para lo cual tuvo que superar nueve impugnaciones interpuestas por el PAN, principalmente, Ruth Olvera Nieto dio a conocer que ha pedido a la fracción parlamentaria del partido Morena y PT promuevan la derogación de la ley que obligará a las nuevas administraciones municipales a pagar laudos inmediatamente que tomen posesión, porque si no se deroga, posiblemente deberán trabajar amparados ella y su cuerpo edilicio, expresó. Argumentó que dicha ley aprobada por la Legislatura pasada días antes de terminar su periodo de tres años “es lesiva”.
Anunció que el nuevo Plan de Desarrollo Municipal será revisado, en caso que la presente administración municipal lo apruebe, porque el título V de la ley en la materia fue reformado y el actual PDM no cumple con lo que establece dicha ley, en razón de lo cual ya se presentaron “nuestros considerandos al Secretario de Obra Pública y Desarrollo Metropolitano, esos considerando están motivados y fundados con respecto a lo que establece la ley” para que dicho plan no se aprobado mientras no cumpla con lo que establece la lay y sea actualizado.
Olvera Nieto explicó que posiblemente iniciará amparada su gestión como presidenta municipal 2019-2021, debido a que recibirá una herencia por laudos laborales por 300 millones de pesos y la alcaldía local no tiene recursos propios para asumir el pago de esa cantidad, dijo en conferencia de prensa.
Luego reiteró: “Definitivamente vamos a recurrir a los amparos” y agregó que solicitó a la Legislatura del Estado de México y del Congreso federal, su apoyo para que, en el presupuesto de egresos del 2019, parte los recursos asignados al municipio sean destinados y etiquetados al pago de laudos laborales.
Agregó que además de los laudos laborales, recibirá una deuda pública por más de 2 mil 200 millones de pesos, pues detalló que en la administración municipal que está por concluir, el Sistema de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado (Sapasa) y el Sistema para el Desarrollo de la Infancia y la familia (DIF) registran pasivos del orden de los mil 230 y mil millones de pesos, respectivamente.
Insistió que el gasto público del municipio no alcanza para pagar pasivos. Explicó que el presupuesto de egresos de este 2018 es de 2 mil 640 millones de pesos, mientras los pasivos que hasta el momento se conocen, suman más de 2 mil 600 millones de pesos. Pero, además, el 50 por ciento del gasto público se destina al apartado mil, que es el pago de nómina de la burocracia local.
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