• Destacaron que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que votaron a favor.
• Este instituto político hará todo lo posible para detener esta contrarreforma político-electoral.
El candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia de hechos y/o querella en contra de quien resulte responsable, por la ampliación arbitraria del periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.
El integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero destacó que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, “se especula que se pudo dar de a un millón de dólares por voto, por cada uno de los legisladores, esto a propia voz del presidente del Congreso del estado de Baja California”, indicó.
Advirtió que este instituto político hará todo lo posible para detener esta contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un laboratorio para el partido de Morena”.
Señaló que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky está detrás de esta ilegalidad, “lo que quieren hacer es conocer cómo respondería la opinión pública si se lograra pasar esa reforma y lo que estamos haciendo es combatiendo eso”.
En ese sentido, destacó que la Fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político en contra de cada uno de los diputados que avalaron dicha reforma y este partido en todo momento ha denunciado que la candidatura de Bonilla violentó la normatividad electoral desde el momento que es residente norteamericano.
Por su parte, Martínez Veloz pidió que se investigue la denuncia realizada por el propio presidente del Congreso de Baja California pues aseguró que dichas declaraciones tienen implicaciones de carácter delictivo.
“El presidente del Congreso de Baja California aseguró en una conferencia de prensa que el administrador de las aduanas de Mexicali, Alejandro Miramontes, le ofreció un millón de dólares y que un conjunto de funcionarios federales le ofreció la misma cantidad por concretar una reunión para que esto se aprobara antes del proceso electoral; no se hizo esa reunión que organizaría el presidente del Congreso, pero se realiza tres meses después”, expuso.
Asimismo, cuestionó que el funcionario Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación, emitiera una opinión en favor de la iniciativa aprobada en Baja California, lo que calificó como riesgoso cuando se opina desde ese cargo.
En tanto, el dirigente nacional Fernando Belaunzarán aseveró que es difícil pensar que no hubo un acuerdo con el gobierno del estado, ya que nombraron al “contralor carnal” en la misma sesión en que prolongaron el mandato de Jaime Bonilla.
“El presidente del congreso tendrá que explicar el ofrecimiento que le hicieron de un millón de dólares y cómo fue que le llegaron al precio”, expresó.
En ese sentido, pidió “congruencia al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno para que la dependencia no sea florero frente a ésto, que tenga una postura clara para bajar esta iniciativa anticonstitucional, no se puede lavar las manos”.
Contrariamente, dijo, “tenemos a un presidente que amenaza a los jueces por otorgar amparos, pero que no se mete frente a una violación constitucional, que además le abre la puerta para la reelección de facto”.
Finalmente, consideró que este hecho es un precedente para que cualquier funcionario pueda ampliar su mandato al margen de las urnas.
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