·Se trata del primer amparo en la materia concedido en el país.
El Juzgado Décimo Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión de plano a Miguel, quien solicitó la protección de la justicia ante la negativa de las autoridades de salud de otorgarle el medicamento luego de estar expuesto al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Se trata del primer amparo en todo el país que concede la justicia federal a una persona que tras estar en una situación de riesgo ante el VIH tiene solamente 72 horas para ingerir durante 30 días la profilaxis post exposición (PEP) que le ayude a disminuir las probabilidades de que el virus se disemine y aloje en su cuerpo.
Por ello, con fundamento en los artículos 126 y 135 de la Ley de Amparo, el juzgado concedió la suspensión de plano y ordenó al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida y otras ITS (CAPASITS), otorgar de manera inmediata a Miguel dicho tratamiento.
La abogada del quejoso, Andrea Rocha, informó sobre la presentación de tres amparos más. El primero para solicitar la profilaxis pre exposición (PrEP), la cual a diferencia de la PEP, se utiliza para que las personas que no tienen VIH disminuyan sus posibilidades de adquirirlo a pesar de sostener relaciones sexuales sin protección.
La segunda petición de amparo busca que las autoridades de salud otorguen el medicamento antirretroviral a una persona con VIH afectada por el desabasto que prevalece en gran parte del país.
Rocha Ramírez, coordinadora nacional de la campaña “En defensa del derecho a la salud. #YoTeDefiendo” -la cual inició el pasado 6 de febrero-, agregó que el tercer amparo busca garantizar a otras personas el acceso a la PEP. Con esto dijo, suman 20 amparos que hasta el momento han beneficiado a 100 familias en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, y Chihuahua.
Indicó que en caso de que el titular del CAPASITS no obedezca la instrucción judicial, puede ser sancionado con la destitución o con hasta nueve años de prisión, y exhortó a la ciudadanía a recurrir al amparo en caso de padecer desabasto de medicamentos.
Al respecto, Antonio Medina, director nacional de Diversidad Sexual del PRD, calificó el suceso como un logro inédito y emblemático en materia de defensa de los derechos humanos.
Por último, Pavel Aguilar y Nohemí Aguilar, dirigentes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), así como activistas del Centro de Derechos Humanos de las Minorías y el Movimiento Igualitario Chihuahuense, acompañaron a Miguel en su exigencia al Estado mexicano de salvaguardar su derecho a la protección de la salud.
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