* María Luisa Mendoza anunció que impulsarán una iniciativa para que municipios cumplan sus obligaciones.
Ante la deuda de municipios mexiquenses con diferentes proveedores por más de 4 mil millones de pesos, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, anunció que impulsará una iniciativa de ley que incluya las propuestas del sector empresarial y personas especialistas. Esto con el fin de dar solución a esta situación. También se pronunció en contra de la venta del patrimonio municipal para allegarse de recursos y pagar deuda.
Durante el “Foro Retos de la Deuda Municipal con Particulares”, la legisladora recordó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha emitido mil 121 observaciones a los ayuntamientos por más de 2 mil 200 millones 619 mil pesos. Algunas de estas por adeudos a proveedores, aunque estas observaciones no garantizan que los particulares puedan recuperar su inversión. Lo anterior genera quiebras, desempleo e inseguridad.
Posteriormente, la legisladora Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) apuntó que este problema evidencia lagunas legales, al no existir sanciones en contra de las personas responsables. Como presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal ofreció contribuir a frenar el incumplimiento de pagos por parte de ayuntamientos.
En su intervención, José Couttolenc Buentello, líder estatal del PVEM, refirió que, de acuerdo con el CCE Edomex, las administraciones municipales reportan adeudos por más de 4 mil mdp por pago a proveedores por obra pública, retenciones, papelería, tecnología y mobiliario, entre otros. Mientras que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reporta que de las 25 demarcaciones más endeudadas de México cuatro son mexiquenses.
Por su parte, el exmagistrado Jesús Molina Juárez dijo que parte del problema deriva de que las áreas financieras no aplican los principios y bases señalados en la Constitución y en las leyes secundarias para la compra de insumos, realización de obras y contratación de deuda, por lo que se pronunció por precisar las sanciones y adecuarlas en contra de quienes incumplan dichos principios.
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