• Urge enfrentar esta arista del feminicidio para resarcir
la deuda que tenemos con ellas: diputada Corona Nakamura (PVEM).
• Presenta reforma al Código Penal Federal.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) presentó
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 325 del Código
Penal Federal, a efecto de aumentar hasta en una mitad la sanción prevista para
el delito de feminicidio cuando la víctima se encuentre embarazada o sea menor
de edad.
En su propuesta, enviada a la Comisión de Justicia con
opinión de la de Igualdad de Género, refiere que la ley vigente establece que a
quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta
años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Destaca en la exposición de motivos que el feminicidio ha
sido un pendiente insoluto desde hace muchos años y ha crecido “como una bola
de nieve”, colocando a México entre los primeros lugares en Latinoamérica.
Señala la obligación de asumir con urgencia y celeridad el
compromiso de combatir, sancionar, denunciar y prevenir todos los delitos, más
aún si se trata del feminicidio, el cual no inicia ni termina con la muerte de
la mujer pues también se victimiza a las hijas, hijos y familiares.
Tenemos una corresponsabilidad real con los tres ámbitos de
gobierno para brindar seguridad a la población y promover la denuncia, proteger
a las víctimas directas o indirectas de los delitos, salvaguardar la reparación
del daño y garantizar la protección, paz y la tranquilidad en todos y cada uno
de los rincones del país, indica.
Menciona que, de acuerdo con cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2021 se
registraron 1,006 feminicidios, y hubo 2,747 muertes de mujeres que fueron
catalogadas como homicidios dolosos.
El feminicidio de niñas y mujeres embarazadas –-agrega-- es
una arista que no debe seguir pasando inadvertida. De acuerdo con información
oficial del SESNSP, entre enero de 2015 a junio de 2021, se registraron al
menos 1,226 homicidios dolosos de niñas.
“En otras palabras, cada 2 días una menor de edad fue
asesinada y el crimen fue catalogado como homicidio doloso, lo que impidió que
los agresores recibieran un castigo justo por el acto cometido en contra de esa
menor de edad, de toda su familia y la sociedad en su conjunto”, precisa.
Considera que esta situación se ve potencializada y alentada
“por la gran incapacidad, opacidad y complicidad que priva sistemáticamente
entre nuestras autoridades, lo cual les impide clasificar adecuadamente los
asesinatos como feminicidios”.
Sostiene que el feminicidio debe ser sancionado sin titubeos
y con todo el peso de la ley, pues “es inconcebible que como sociedad,
autoridades y gobierno no tengamos la capacidad de reaccionar ante un delito,
situación y escenario no solo grave y altamente preocupante, sino también
sumamente hiriente e indignante: el feminicidio de una menor de edad o una
mujer embarazada”.
El objetivo de la reforma es resarcir “un poco la deuda que tenemos pendiente con todas esas niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y sus familias que no pudimos proteger ni garantizar la salvaguarda de su vida”, enfatiza.
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