• El diputado Torres Rosales (PRD) impulsa reformas a la Ley General de Salud.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) presentó una
iniciativa para adicionar tres párrafos al artículo 51 Bis 1 de la Ley General
de Salud, con el fin de que sea un derecho del usuario tener acceso a la
información y costo del tratamiento y atención médica.
Para ello, la reforma establece que los prestadores de
servicios de salud están obligados a entregar información y orientación al
paciente y al familiar que lo acompañe o su representante legal. En el caso de
que exista pago por prestación de servicios de salud, estos deberán ser
especificados en la información que se entregue y de ninguna forma podrá ser
modificados después de enterarse al usuario, familiar o representante legal.
Además, indica que los costos de servicios prestados, así
como de materiales y medicamentos, deberán estar expuestos al usuario y
coincidir con la información que le fue entregada de manera personal; cualquier
discrepancia en costos deberá ser ajustada a favor del usuario con el costo
menor dado a conocer.
De igual forma, antes de iniciar la prestación de servicios
de salud, tratamiento o intervención quirúrgica, deberá estar autorizado el
tratamiento por el paciente, familiar o representante legal, incluidos los
costos posibles, el protocolo completo de atención, los precios y las tarifas
adicionales e impuestos.
En la exposición de motivos de la iniciativa, que fue
turnada a la Comisión de Salud, se señala que el derecho a la salud está
tutelado por el Estado, por lo que es obligación de los tres Poderes presentar
las acciones y mejoras necesarias para garantizar dichos servicios con las
garantías mínimas de transparencia en el costo y tratamiento.
Menciona que la accesibilidad a los costos totales de los
tratamientos médicos da certeza patrimonial a los usuarios y permite cuidar la
economía familiar de las y los mexicanos al impedir el cobro excesivo por
servicios que, además, no pueden ser ignorados al constituir servicios ya
ofrecidos a los pacientes y que podrían significar su vida e integridad.
Expone que recientemente, a causa de la crisis de salud
desatada por la pandemia de covid-19, se han dado diversas quejas de usuarios
de servicios médicos privados que son del ámbito comercial. Una queja médica
debe definirse sobre la prestación del servicio médico, el diagnóstico o las
secuelas a raíz de un tratamiento médico o cirugía.
Aquellas quejas que tienen que ver con la contraprestación a
pagar por los servicios médicos recibidos son las que han ido en aumento, a
partir de identificar una serie de elementos irregulares pero legales que los
hospitales utilizan para elevar el costo de sus servicios y no tener claridad
con el paciente del costo real de su tratamiento o de los servicios ofrecidos.
El documento señala que de acuerdo a la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico (CONAMED) las quejas se dividen de la siguiente manera: 32.1
por ciento por tratamiento médico, 23.9 por ciento por diagnósticos arrojados,
20.4 por ciento por tratamientos quirúrgicos, 11.3 por ciento por la relación
médico/paciente, y 12.3 por ciento por otras razones.
Asimismo, indica que 35.7 millones de mexicanos carecen de servicios médicos públicos, esto al menos hasta que el Seguro del Bienestar empiece a funcionar y con la desaparición del Seguro Popular estos datos podrían ir en aumento. Por ello, al no poder ofrecer servicios médicos de calidad y gratuitos o al menos accesibles para la población, se deberá optar por mejorar las condiciones de atención y cobro en los servicios médicos privados.
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