Autoridades educativas deberán contar desde el próximo ciclo escolar con un protocolo para atender casos de bullying.
Fortalece el Congreso mexiquense acceso a los derechos sociales.
Por unanimidad, el Congreso local
aprobó reformas para que, en los casos de acoso escolar o bullying, él o la
acosadora garantice la reparación del daño moral y una indemnización o el pago
de daños y perjuicios.
Lo anterior como parte de las
reformas a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar estatal por las que
se faculta a la Secretaría de Educación de la entidad a que elabore y expida el
protocolo de actuación aplicable ante los actos de bullying en el ambiente
escolar, así como su revisión y actualización anual. Este protocolo deberá
estar listo para su aplicación a partir del próximo ciclo escolar.
Además, se estableció que
semestralmente se aplicará una encuesta entre la comunidad educativa para
identificar las escuelas con mayor incidencia de acoso, la cual servirá para
aplicar acciones para atenderlo; que el acoso se prohíbe y será considerado
como tal cuando se lleve a cabo en cualquier red social, aplicación o
plataforma electrónica; y que trimestralmente las escuelas informarán a la Secretaría
sobre los casos que registren para respaldar el actuar de la autoridad.
También se señala que se
considerará abuso el acoso escolar, verbal, a través de plataformas digitales,
así como el físico, que genere repercusiones físicas, emocionales, morales y
sociales. También se instruye a dicha Secretaría a dar vista al órgano interno
de control que corresponda en caso de incumplimiento de estas disposiciones,
que deberá determinar a qué ente, público o privado, canalizará los casos que
se presenten.
Fortalece Congreso acceso a los derechos sociales
El Pleno Legislativo aprobó por
unanimidad establecer en la Constitución local que el Estado promoverá
políticas públicas inclusivas que mejoren el bienestar, eleven la calidad de
vida y consoliden la justicia social, para erradicar cualquier práctica
discriminatoria que someta o limite el acceso a los derechos sociales y la
dignidad humana.
El dictamen destaca que la
Constitución facilitará la creación de estrategias, programas y acciones de
gobierno y de la sociedad que, de manera subsidiaria e integral, articulen
procesos que potencien y garanticen el desarrollo sostenible y con equidad que
se transforme en bienestar y calidad de vida para la sociedad, lo cual
permitirá el desarrollo de una política de desarrollo social.
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