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lunes, 19 de agosto de 2024

Necesario, definir el acoso escolar en la ley para crear protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes

• La Diputada Rodríguez González (MC) plantea cambios a la Ley General de Educación


La Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) propone reformar los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, para establecer y definir el concepto de “acoso escolar”, con la finalidad de que en el sistema educativo nacional se tomen medidas para proteger a las y los educandos contra este tipo de conducta y se desarrollen mecanismos de atención y protocolos de actuación.

La reforma, enviada a la Comisión de Educación para dictamen, señala que el acoso escolar es “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

También, establece que las autoridades educativas, en su función de promoción de la cultura de la paz y no violencia, establezcan mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes involucrados en violencia, maltrato y acoso escolar, y ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos.

De igual forma, deberán emitir lineamientos para los protocolos de actuación necesarios para la prevención y atención del acoso escolar.

En la exposición de motivos, indica que el acoso escolar es una problemática que ha estado recibiendo cada vez más atención en años recientes, ya que se trata de una modalidad de violencia infantil y escolar que hasta hace algunas décadas había pasado desapercibida y tolerada, incluso como parte normal de la vida y de la infancia, pero que es capaz de tener el mismo impacto negativo en la vida de las personas que cualquier otra modalidad de violencia.

Además, esta problemática ha causado daños de enorme magnitud en muchas personas; por esta razón, es necesario erradicarla como cualquier otra forma de violencia que afecte a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, si bien la violencia se produce entre niñas, niños y adolescentes sin que los adultos estén directamente relacionados, estos últimos sí tienen un papel en esa forma de violencia, pues es su responsabilidad combatir y prevenir adecuadamente estos actos sin acciones punitivas que resulten en una respuesta a la violencia con más violencia.

Asimismo, la escuela no está exenta de la violencia entre niñas, niños y adolescentes, y por ser el lugar donde este sector de la población pasa la mayor parte de su tiempo bajo la supervisión y cuidado de los docentes, administradores y autoridades educativas, las escuelas son también uno de los lugares más idóneos para implementar políticas encaminadas a prevenir el acoso.

La Diputada Rodríguez González señala que, derivado de esta necesidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desarrolló un estudio encaminado a definir legalmente el fenómeno del acoso escolar como “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.

A pesar de que esta definición fue emitida desde 2015, todavía no ha sido integrada a las leyes mexicanas, lo cual es particularmente apremiante, pues hoy más que nunca es necesario trabajar en la formación de una cultura de la paz, y ese esfuerzo debe empezar desde la escuela.

Comentó que la SCJN ya elaboró una definición consistente con el rigor que exige la ley; sin embargo, es inaceptable que después de siete años de su emisión no se haya implementado en ninguna legislación.

viernes, 16 de agosto de 2024

La Primera Comisión de la Permanente aprobó 13 dictámenes con puntos de acuerdo

La Primera Comisión de la Permanente —Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia— aprobó en paquete 13 dictámenes con puntos de acuerdo en materia de violencia contra las mujeres, seguridad pública, desplazamiento, reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, feminicidio, atención a la comunidad LGBTIQ+ y acoso escolar, entre otros.

El primero exhorta a los tres niveles de gobierno a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de disminuir y erradicar la violencia hacia la mujer, así como al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, para que se refuerce la capacitación del personal que brinda atención.

El segundo contiene un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogas de las 32 entidades federativas y municipios, con el propósito de que fortalezcan los servicios de apoyo psicológico, accesibles, gratuitos y confidenciales, para las personas integrantes de las corporaciones de seguridad pública.

El siguiente solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y promover estrategias y políticas focalizadas que aborden específicamente las necesidades de las víctimas de desplazamiento interno, con la finalidad de prevenir un trato desigual o discriminatorio.

El cuarto, avalado con modificaciones propuestas por la Comisión y por la Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), conmina a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, refuercen el diseño e implementación de las estrategias y programas encaminados a prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, por parte de la delincuencia organizada y de grupos de autodefensa comunitaria, así como analizar la posibilidad de llevar a cabo acciones para garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia, integridad personal, derecho a la vida, paz, supervivencia y desarrollo de la niñez.

El quinto dictamen exhorta a las fiscalías generales de Justicia y a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas a judicializar las carpetas de investigación, así como garantizar una correcta impartición de justicia rigurosa y equitativa, aplicando con firmeza las sanciones establecidas en la ley para las personas que sean encontradas culpables del delito de feminicidio.

Otro más solicita que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con los gobiernos de los estados, el de la Ciudad de México, así como de los municipios del país, realice las acciones necesarias para llevar a cabo la actualización y/o creación de los Atlas de Riesgos de las 32 entidades federativas y sus municipios, así como a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a efecto de implementar campañas de difusión masiva.

La siguiente proposición llama al Gobierno de la Ciudad de México a continuar desarrollando programas en beneficio de las personas en situación de calle.

El octavo dictamen exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas a analizar y, en su caso, observar en sus respectivas legislaciones lo relacionado con el contenido del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

En otro punto de acuerdo avalado se pide a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a través de sus mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, y sus Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres o sus equivalentes, difundir ampliamente en espacios públicos, medios oficiales, redes sociales y cualquier otra plataforma de comunicación disponible, información sobre los recursos de asistencia y apoyo a los que las mujeres y niñas pueden recurrir en situaciones de violencia.

El décimo dictamen, aprobado con cambios planteados por el diputado Benjamín Robles Montoya (PT), exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y a la Secretaría de Salud a fortalecer o, en su caso, establecer espacios de atención especializados para las personas de las diversidades LGBTIQ+ en todo el territorio nacional.

Para el mismo fin hace extensivo el llamado a los gobiernos locales de las 32 entidades federativas, con pleno respeto de la división de poderes.

El onceavo dictamen solicita a la Secretaría Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que considere en todo momento las necesidades lingüísticas de las mujeres indígenas dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, así como del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Uno más, pide a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, con pleno respeto a la división de poderes y la autonomía estatal, analizar la viabilidad jurídica y presupuestaria de fortalecer los modelos institucionales y de atención de las procuradurías estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciéndolas como organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y se les dote de recursos humanos, materiales y financieros para garantizar que funcionen de acuerdo con los contenidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La última proposición con punto de acuerdo pide a los congresos de las 32 entidades federativas establecer en sus leyes locales la definición de acoso escolar emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

lunes, 1 de abril de 2024

Jóvenes participantes de Teatro en Tecomán, Colima, escriben sobre el acoso escolar, a partir de sus propias experiencias

La obra evidencia los efectos emocionales y psicológicos de quienes reciben un mote a partir de su físico, género u otras características personales

Jóvenes del Semillero Creativo de Teatro en Tecomán, Colima, escribieron “El nombre que elijo”, una obra de teatro de creación colectiva que utiliza sus testimonios para exponer las diversas formas de violencia que pueden estar inscritas en los apodos, el acoso escolar (bullying) y los ejercicios de poder dentro de las relaciones familiares.

Los Semilleros Creativos son grupos de formación artística gratuita con enfoque comunitario para la niñez y las juventudes del país, donde se promueve su participación en la vida artística, el pensamiento crítico y su posicionamiento como agentes culturales.

En este Semillero sus participantes abordan, a través del teatro, problemáticas que observan en sus comunidades más cercanas, así como conflictos emocionales por los que atraviesan. En "El nombre que elijo", las y los jóvenes exponen, en primera persona, las repercusiones emocionales y psicológicas en las personas que reciben sobrenombres a partir de su físico, género u otras características personales; así como la violencia que existe en el silencio, la indiferencia o la normalización de estos actos.

A través de esta obra teatral, las y los integrantes del Semillero quieren evidenciar los efectos emocionales y psicológicos en las historias de vida de quienes reciben un mote a partir de su físico, género, u otras características. El silencio, la indiferencia o la normalización de este acto, —exponen en escena—, también son violencia y complicidad.

De esta forma, a través de anécdotas personales, la obra, que ya ha sido presentada, lleva a las y los lectores y espectadores de las risas a las lágrimas. En medio de memorias tristes aparecen bromas sutiles que hacen evidente lo absurdo de las burlas que dañan o temas sensibles como la depresión y el suicidio.

El nombre que elijo puede ser consultada en la página web de Contigo en la Distancia https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/  y en la Sala de lectura de Cultura Comunitaria culturacomunitaria.gob.mx/saladelectura, un espacio donde se encuentran creaciones colectivas hechas desde las comunidades.

martes, 6 de junio de 2023

Plantean que el Estado repare integralmente el daño que se cause a estudiantes por violencia o acoso escolar

 

• La diputada Beauregard Martínez impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Educación

La diputada Carolina Beauregard Martínez, a través de una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley General de Educación, planteó establecer que el Estado deberá reparar integralmente el daño que las personas hayan sufrido como consecuencia de la violencia y/o acoso escolar.

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación y suscrita por integrantes de su grupo parlamentario, señala que el bullying es una problemática social y es necesario atender esta situación a fin de garantizar a las y los educandos un servicio educativo de calidad, que se brinde en un ambiente de paz y libre de cualquier tipo de violencia.

Entre las consecuencias del acoso escolar se encuentra la depresión, ansiedad, molestias físicas y psicológicas generalizadas, pérdida de sueño, pérdida de interés, disminución del rendimiento físico y académico, deserción escolar, trastornos alimenticios y en casos extremos pérdida de la vida.

Resalta que el acoso escolar debe ser reconocido, prevenido, combatido y erradicado para garantizar otros derechos humanos. Asimismo, reconocer que el bullying escolar tiene efectos transversales perjudiciales para otros derechos fundamentales y para otras personas, además de la víctima directa. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y, generalmente, están en una posición de desventaja o inferioridad.

La iniciativa considera que no se debe permitir más víctimas del acoso escolar, por lo que se debe ser enérgicos en las medidas para prevenir y erradicar el bullying en las escuelas, lo cual es un deber como autoridades que forman parte del Estado mexicano. 

lunes, 15 de mayo de 2023

Acoso escolar ameritará reparación por daños y perjuicios: Congreso

 

Autoridades educativas deberán contar desde el próximo ciclo escolar con un protocolo para atender casos de bullying.

Fortalece el Congreso mexiquense acceso a los derechos sociales.

Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas para que, en los casos de acoso escolar o bullying, él o la acosadora garantice la reparación del daño moral y una indemnización o el pago de daños y perjuicios.

Lo anterior como parte de las reformas a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar estatal por las que se faculta a la Secretaría de Educación de la entidad a que elabore y expida el protocolo de actuación aplicable ante los actos de bullying en el ambiente escolar, así como su revisión y actualización anual. Este protocolo deberá estar listo para su aplicación a partir del próximo ciclo escolar.

Además, se estableció que semestralmente se aplicará una encuesta entre la comunidad educativa para identificar las escuelas con mayor incidencia de acoso, la cual servirá para aplicar acciones para atenderlo; que el acoso se prohíbe y será considerado como tal cuando se lleve a cabo en cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica; y que trimestralmente las escuelas informarán a la Secretaría sobre los casos que registren para respaldar el actuar de la autoridad.

También se señala que se considerará abuso el acoso escolar, verbal, a través de plataformas digitales, así como el físico, que genere repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales. También se instruye a dicha Secretaría a dar vista al órgano interno de control que corresponda en caso de incumplimiento de estas disposiciones, que deberá determinar a qué ente, público o privado, canalizará los casos que se presenten.

Fortalece Congreso acceso a los derechos sociales

El Pleno Legislativo aprobó por unanimidad establecer en la Constitución local que el Estado promoverá políticas públicas inclusivas que mejoren el bienestar, eleven la calidad de vida y consoliden la justicia social, para erradicar cualquier práctica discriminatoria que someta o limite el acceso a los derechos sociales y la dignidad humana.

El dictamen destaca que la Constitución facilitará la creación de estrategias, programas y acciones de gobierno y de la sociedad que, de manera subsidiaria e integral, articulen procesos que potencien y garanticen el desarrollo sostenible y con equidad que se transforme en bienestar y calidad de vida para la sociedad, lo cual permitirá el desarrollo de una política de desarrollo social.