• Garantizan el derecho de
defensa a personas sujetas a procedimientos administrativos: diputado Romero
Hicks
La Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks,
aprobó dos dictámenes para modificar las leyes Federal de Procedimiento
Administrativo y la General de Responsabilidades Administrativas, en materia
del pleno acceso a la justicia y homologación de la norma.
Por unanimidad de 24 votos, avaló
el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del
artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo al
pleno acceso a la justicia.
Establece que, en el caso del
recurso de revisión que se tenga por no interpuesto y se deseche cuando no se
haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente,
“la autoridad deberá prevenir al recurrente para que subsane la omisión,
concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, para que presente la
documentación; transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya desahogado
la prevención, la autoridad procederá a desechar el recurso”.
Determina que los cinco días
hábiles para subsanar lo establecido en la fracción II del artículo 88, es un
tiempo razonable bajo el cual el interesado puede presentar la documentación
solicitada, y que el plazo comenzará a correr al día siguiente en que surta
efectos la notificación.
Por lo tanto, agrega, “esto nos
lleva a la conclusión de que sin importar el tiempo que se haya tomado la
autoridad en acordar la prevención, el interesado tiene la certeza jurídica de
que le será respetada su garantía de audiencia y el debido proceso”.
El diputado Romero Hicks explicó
que este dictamen coadyuva a garantizar el derecho fundamental de defensa a las
personas sujetas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de
escucharlas y no dejarlas indefensas cuando estén involucradas en algún proceso
descrito en la ley.
Al respecto, la diputada Lidia
Pérez Barcenas (MORENA) comentó que con la reforma se busca garantizar el pleno
acceso a la justicia y “me parece que la propuesta, a pesar de que es muy
breve, solamente son dos líneas en esta ley, da certeza jurídica a los
particulares y de esta manera garantizamos su derecho a la justicia y a
defenderse”, por lo que celebró la propuesta de reforma y externó su
apoyo.
El diputado Éctor Jaime
Ramírez Barba subrayó que la reforma “me parece que es algo muy positivo
porque, además, encontró la coyuntura formal, dando el tiempo y las garantías
durante un procedimiento administrativo de manera que no podrían desechar el
recurso sin que se haya prevenido al interesado, ni que haya concluido el plazo
para subsanar la omisión sin que la prevención haya sido atendida”.
La diputada María Elena
Pérez-Jaén Zermeño comentó que estas propuestas resultan importantes en
virtud de que tienen por objeto dar claridad y certeza a los ejercicios de los
particulares en los diversos procedimientos administrativos, además de que con
su aprobación se mejora la redacción de los artículos y se abona en el
fortalecimiento del ejercicio de las garantías procesales.
Ley General de
Responsabilidades Administrativas
El segundo dictamen, aprobado por
unanimidad de 26 votos, reforma el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, a fin de cambiar las palabras: “a
la primera parte de este párrafo” por “al primer párrafo de este artículo”, así
como el término: “penúltimo” por “cuarto”.
El dictamen refiere que el
artículo de la mencionada ley actualmente tiene inconsistencias y con la
reforma se abona a dar certeza jurídica a las personas sujetas a los
procedimientos descritos en esta normatividad.
El diputado Romero Hicks señaló
que el dictamen surge porque en ocasiones el resultado del trabajo legislativo
genera algunas imperfecciones involuntarias, puesto que a veces se hacen
modificaciones parciales sin analizar la norma de forma integral, lo que
provoca confusiones o lagunas en su interpretación.
Asimismo, dijo, la reforma
incorpora precisiones que dan certeza jurídica a las personas sujetas y a los
procedimientos descritos en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
La proponente de la iniciativa,
diputada Yesenia Galarza Castro , señaló que la reforma busca que se
cumpla con el debido proceso y los principios en cada uno de los procedimientos
administrativos, como lo ordenan las leyes.
Agregó que es necesario
establecer reglas claras y precisas que limiten, al máximo posible, cualquier
tipo de incertidumbre que pudiera surgir con motivo de la redacción de los
artículos de una ley.
En tanto, la diputada Carmen Rocío
González Alonso se pronunció a favor esta adecuación normativa, ya que
las leyes deben ser precisas, claras, legibles y sin ambigüedades, para
garantizar justicia a la ciudadanía.
El diputado Ramírez Barba señaló
que esta propuesta busca corregir la redacción y permitirá que las leyes sean
las que medien todas las áreas y sean justas y lo más próximas a la
ciudadanía.
Blanca María del Socorro Alcalá
Ruiz, diputada del PRI, señaló que su grupo parlamentario está a favor de esta
adecuación legislativa, toda vez que entre menos interpretación jurídica
exista, mayor será la eficiencia de las leyes para la ciudadanía.
La diputada Pérez-Jaén Zermeño
celebró la disposición al diálogo y el trabajo constructivo porque generan un
ánimo de colaboración e intercambio argumentativo, con “mejores resultados del
trabajo parlamentario que desarrollamos y esto ha permitido alcanzar los
consensos necesarios en la Comisión”.
En tanto, la diputada Pérez Barcenas dijo que el dictamen es breve, no hay un cambio sustantivo y “no está abonando nada”. Externó su apoyo porque la palabra “cuarto” da certeza respecto del procedimiento. “Vamos a votar a favor, pero no estamos de acuerdo, porque lo que se busca es hacer un trabajo que beneficie a la ciudadanía” y esta iniciativa solamente busca homologar.
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