Mostrando entradas con la etiqueta acceso a la justicia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta acceso a la justicia. Mostrar todas las entradas

viernes, 19 de julio de 2024

Impulsan iniciativa para que defensores jurídicos no tengan que registrarse ante los órganos jurisdiccionales

• La Diputada Díaz Tejeda plantea cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales


Con el objetivo de establecer que los defensores o asesores jurídicos de un imputado no tienen la obligación de estar registrados ante los órganos jurisdiccionales para llevar a cabo una defensa adecuada e inmediata, la Diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) propuso adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La propuesta, que plantea agregar un párrafo a los artículos 17 y 116 de dicho Código, señala que los tribunales no podrán establecer como requisito que defensores o asesores jurídicos cuenten con un registro previo ante los órganos jurisdiccionales, y está imposición queda prohibida.

La iniciativa refiere que dicho requisito no está contemplado en la legislación vigente. No obstante, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, en el que estableció el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

La reforma, indica, busca eliminar dicha exigencia administrativa y que los ciudadanos tengan garantizado su derecho a una representación legal adecuada. Menciona que dicho requisito se considera un exceso que dificulta el acceso a la justicia tanto para los abogados como para sus clientes, esto se puede interpretar como una obstrucción al acceso a la justicia, un derecho fundamental que debe ser protegido.

Resalta que una de las barreras actuales en el sistema penal es la obligatoriedad de que los abogados registren su cédula profesional ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para poder comparecer. Esta medida, que también se está adoptando en algunos tribunales locales, podría requerir que los litigantes registren su cédula profesional en hasta 32 jurisdicciones diferentes, lo que resulta en una carga administrativa excesiva y una formalidad innecesaria.

La obligatoriedad del registro de la cédula profesional, recalca, coarta el derecho al ejercicio profesional, ya que el hecho de poseer cédula y título otorga la patente para ejercer como profesional en derecho, y la imposición de trámites adicionales no previstos en la ley vulnera este derecho.

Además, agrega, existen métodos alternativos para corroborar la identidad del abogado, como el uso de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte, y la consulta obligatoria del número de cédula en la página de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante ello, la iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, resalta la necesidad de que las disposiciones administrativas no sobrepasen los límites establecidos por la ley y asegurar el libre ejercicio de la profesión y el acceso a la justicia.

jueves, 22 de junio de 2023

Valida Comisión de Transparencia y Anticorrupción dictámenes sobre acceso a la justicia

• Garantizan el derecho de defensa a personas sujetas a procedimientos administrativos: diputado Romero Hicks

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, aprobó dos dictámenes para modificar las leyes Federal de Procedimiento Administrativo y la General de Responsabilidades Administrativas, en materia del pleno acceso a la justicia y homologación de la norma. 

Por unanimidad de 24 votos, avaló el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativo al pleno acceso a la justicia. 

Establece que, en el caso del recurso de revisión que se tenga por no interpuesto y se deseche cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente, “la autoridad deberá prevenir al recurrente para que subsane la omisión, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, para que presente la documentación; transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya desahogado la prevención, la autoridad procederá a desechar el recurso”.

Determina que los cinco días hábiles para subsanar lo establecido en la fracción II del artículo 88, es un tiempo razonable bajo el cual el interesado puede presentar la documentación solicitada, y que el plazo comenzará a correr al día siguiente en que surta efectos la notificación. 

Por lo tanto, agrega, “esto nos lleva a la conclusión de que sin importar el tiempo que se haya tomado la autoridad en acordar la prevención, el interesado tiene la certeza jurídica de que le será respetada su garantía de audiencia y el debido proceso”.

El diputado Romero Hicks explicó que este dictamen coadyuva a garantizar el derecho fundamental de defensa a las personas sujetas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de escucharlas y no dejarlas indefensas cuando estén involucradas en algún proceso descrito en la ley.   

Al respecto, la diputada Lidia Pérez Barcenas (MORENA) comentó que con la reforma se busca garantizar el pleno acceso a la justicia y “me parece que la propuesta, a pesar de que es muy breve, solamente son dos líneas en esta ley, da certeza jurídica a los particulares y de esta manera garantizamos su derecho a la justicia y a defenderse”, por lo que celebró la propuesta de reforma y externó su apoyo.  

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba subrayó que la reforma “me parece que es algo muy positivo porque, además, encontró la coyuntura formal, dando el tiempo y las garantías durante un procedimiento administrativo de manera que no podrían desechar el recurso sin que se haya prevenido al interesado, ni que haya concluido el plazo para subsanar la omisión sin que la prevención haya sido atendida”. 

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño comentó que estas propuestas resultan importantes en virtud de que tienen por objeto dar claridad y certeza a los ejercicios de los particulares en los diversos procedimientos administrativos, además de que con su aprobación se mejora la redacción de los artículos y se abona en el fortalecimiento del ejercicio de las garantías procesales.   

Ley General de Responsabilidades Administrativas

El segundo dictamen, aprobado por unanimidad de 26 votos, reforma el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de cambiar las palabras: “a la primera parte de este párrafo” por “al primer párrafo de este artículo”, así como el término: “penúltimo” por “cuarto”.   

El dictamen refiere que el artículo de la mencionada ley actualmente tiene inconsistencias y con la reforma se abona a dar certeza jurídica a las personas sujetas a los procedimientos descritos en esta normatividad.  

El diputado Romero Hicks señaló que el dictamen surge porque en ocasiones el resultado del trabajo legislativo genera algunas imperfecciones involuntarias, puesto que a veces se hacen modificaciones parciales sin analizar la norma de forma integral, lo que provoca confusiones o lagunas en su interpretación. 

Asimismo, dijo, la reforma incorpora precisiones que dan certeza jurídica a las personas sujetas y a los procedimientos descritos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.   

La proponente de la iniciativa, diputada Yesenia Galarza Castro , señaló que la reforma busca que se cumpla con el debido proceso y los principios en cada uno de los procedimientos administrativos, como lo ordenan las leyes. 

Agregó que es necesario establecer reglas claras y precisas que limiten, al máximo posible, cualquier tipo de incertidumbre que pudiera surgir con motivo de la redacción de los artículos de una ley. 

En tanto, la diputada Carmen Rocío González Alonso se pronunció a favor esta adecuación normativa, ya que las leyes deben ser precisas, claras, legibles y sin ambigüedades, para garantizar justicia a la ciudadanía.

El diputado Ramírez Barba señaló que esta propuesta busca corregir la redacción y permitirá que las leyes sean las que medien todas las áreas y sean justas y lo más próximas a la ciudadanía. 

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, señaló que su grupo parlamentario está a favor de esta adecuación legislativa, toda vez que entre menos interpretación jurídica exista, mayor será la eficiencia de las leyes para la ciudadanía. 

La diputada Pérez-Jaén Zermeño celebró la disposición al diálogo y el trabajo constructivo porque generan un ánimo de colaboración e intercambio argumentativo, con “mejores resultados del trabajo parlamentario que desarrollamos y esto ha permitido alcanzar los consensos necesarios en la Comisión”.  

En tanto, la diputada Pérez Barcenas dijo que el dictamen es breve, no hay un cambio sustantivo y “no está abonando nada”. Externó su apoyo porque la palabra “cuarto” da certeza respecto del procedimiento. “Vamos a votar a favor, pero no estamos de acuerdo, porque lo que se busca es hacer un trabajo que beneficie a la ciudadanía” y esta iniciativa solamente busca homologar.

miércoles, 27 de abril de 2022

Aprueban dictámenes para impulsar paridad y evitar vulneración de los derechos de las mujeres

• Entre las reformas aprobadas se plantea evitar situaciones asimétricas en el acceso a la justicia.
• La instancia también se reunió con el titular y funcionarios del Registro Agrario Nacional.

La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Julieta Vences Valencia (MORENA), aprobó seis dictámenes con el objetivo de promover el acceso a la justicia sin asimetrías, garantizar el principio de paridad, velar por el derecho político-electoral de las mujeres, combatir la violencia digital y el acoso laboral, y atender los trastornos mentales.

Evitar situaciones asimétricas en el acceso a la justicia

El primer dictamen, aprobado por 19 votos a favor y 11 abstenciones, adiciona la fracción V al artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de evitar el fortalecimiento de situaciones asimétricas. La iniciativa fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, así como por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios.

Plantea que las autoridades jurisdiccionales y administrativas en los procedimientos del orden familiar, como son divorcio, alimentos, régimen de visita y convivencia, guarda y custodia, no establezcan roles de género o posición de subordinación o que evidencien violencia económica en contra de la mujer. 

Además, establece que se imparta justicia con perspectiva de género, se implemente un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten con el objetivo de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida acceder a ésta de manera completa e igualitaria.

Al respecto, la diputada del PAN, Díaz Villalón Erika de los Ángeles, dijo que la propuesta es buena, pero debe ahondarse respecto al personal de los Centros de Convivencia Familiar para que de igual forma informe de cualquier elemento que impidan el acceso a la justicia de las mujeres.

Por el PRI, la diputada Jaqueline Hinojosa Madrigal manifestó que su voto sería en abstención, toda vez que se debe revisar la redacción para que se garantice el principio superior de la niñez y la adolescencia.

Garantizar el principio de paridad de género

También, se aprobó con 31 votos a favor, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Banco de México, y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de garantizar el principio de paridad de género.

La presidenta de la Comisión, diputada Julieta Vences Valencia, señaló que, si bien este dictamen plantea integrar el principio de paridad de género en los órganos de gobierno de las instituciones y no en los entes consultivos, esta dictaminadora consideró que debe modificarse el primer párrafo del artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que esta se remite a la integración de esta dependencia.

Combatir violencia digital            

Con 31 votos a favor, la Comisión avaló el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al Instituto Nacional de las Mujeres, a que realicen una campaña a nivel nacional de la promoción de los mecanismos, instrumentos y herramientas, a fin de que las niñas y mujeres puedan realizar las denuncias correspondientes por casos de violencia digital.

Además, solicita que se implemente una estrategia de concientización dirigida a los padres de familia para que puedan observar, vigilar y orientar adecuadamente a sus hijas e hijos menores de edad para la utilización adecuada de las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de evitar que niñas menores de edad puedan ser víctimas de violencia digital.

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) propuso que una vez concluido el periodo de sesiones se busque una reunión con las dependencias involucradas en atender este tema, con el propósito de diseñar de manera conjunta una campaña que promueva la denuncia de la violencia digital dirigida a jóvenes y padres de familia.

Que Congreso de Chiapas garantice derechos político-electorales

Por otra parte, se aprobó con 29 votos a favor el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Chiapas para que efectúe los trabajos legislativos y parlamentarios necesarios que garanticen el marco jurídico que propicie políticas públicas que generen a las mujeres una vida libre de violencia política y el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

La presidenta de la Comisión dijo que con este exhorto se busca crear las condiciones jurídicas para materializar el principio de paridad de género y, con ello, fomentar una mayor participación política de las mujeres en los diversos espacios de representación política y de toma de decisión.

La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, mencionó que este punto de acuerdo beneficiará a miles de chiapanecas que tratan de participar en la vida pública e impulsará la agenda feminista.

Opinión a dictámenes sobre acoso laboral y atención de trastornos mentales

Las diputadas de la Comisión aprobaron las opiniones a los dictámenes que reforman los artículos 3 Bis y 700 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de acoso, violencia y discriminación laboral y uno más que busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de perspectiva de género en la prevención y atención de trastornos mentales.

Se reúnen con titular y funcionarios del Registro Agrario Nacional

Las integrantes de esta instancia legislativa se reunieron con el director en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez, a fin de analizar la problemática y la agenda de derechos de las mujeres rurales en los núcleos agrarios.

En su participación, la titular del Área de Género y Formación de este organismo, Gabriela Rangel Faz, expuso que en el país existen 13.9 millones mujeres en localidades rurales y de estas 768 son presidentas de comisariados ejidales o comunales, mientras que el 16 por ciento de los negocios agropecuarios los encabezan mujeres.

Añadió que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres que se dedican al campo es de 46 por ciento y en cuanto a la participación en los órganos de representación y vigilancia es sólo del 21 por ciento, por lo que es fundamental mejorar las condiciones de igual de género en este sector.

En tanto, la coordinadora técnica del RAN, Urí Esther Barreda Estrada, apuntó que es necesario que se reconozca el aporte de las mujeres en la soberanía alimentaria, toda vez que son ellas quienes se encargan en muchos casos del cuidado de la tierra y el medio ambiente.

Ana María Balderas Trejo, diputada del PAN, felicitó la labor del Registro Agrario Nacional, ya que existe mayor participación de las mujeres. 

La diputada del PT, Esther Martínez Romano, se congratuló por las acciones que realiza este órgano a favor de las mujeres para que tengan la seguridad de sus tierras.

Melissa Estefanía Vargas Camacho, diputada del PRI, comentó que la Comisión trabajará de la mano para terminar con la brecha de desigualdad a la que se enfrentan las mujeres rurales y propuso fortalecer al RAN para que tenga las herramientas operativas que permitan a las ejidatarias regularizar sus propiedades.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) se comprometió a trabajar de la mano en todas aquellas acciones que permitan fortalecer los derechos de las mujeres rurales.

viernes, 4 de marzo de 2022

Llevan a cabo la segunda mesa del Foro por la Igualdad Sustantiva en Ecatepec

• Abordan temas en materia de acceso a la justicia.
• Señalan importancia de generar para garantizar que las mujeres y sus familias sean atendidas como merecen.

Ecatepec, Estado de México, marzo de 2022. Con el tema, Acceso a la Justicia. ¡Por mí, por todas!, se llevó a cabo en el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, la segunda mesa del Primer Foro por la Igualdad Sustantiva, espacio de reflexión y análisis cuyo objetivo es escuchar las necesidades de las mexiquenses para generar condiciones en las que se sientan mejor atendidas.

La titular de la Secretaría de la Mujer comentó que, derivado del trabajo que se hace desde todos los ámbitos, actualmente se escucha hablar de la paridad, de la ley 3 de 3 y otros temas relacionados con el acceso a la justicia en beneficio de las mujeres, sin embargo, es importante ampliar los canales de comunicación para escuchar a todas y generar agendas a fin de garantizar que ellas y sus familias sean atendidas como merecen.

El representante del Poder Judicial precisó que este tipo de diálogos, además de abonar en la generación del acceso a la justicia, ayudan a conocer de la propia voz de las mujeres sus demandas y atender temas como la discriminación que se vive en todas las formas en contra de la mujer.

Asimismo, dijo que estos espacios sirven para capacitar a las y los servidores públicos, así como a todos los involucrados en temas de violencia, con el mismo objetivo de preservar el derecho a la integridad de las mujeres.

Por su parte, la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial recalcó que sin importar las distancias, el objetivo es llegar a las y los mexiquenses en todas las regiones del estado, por lo que reconoció a quienes asistieron a la mesa, desde diferentes municipios, ya que la construcción de la ciudadanía se hace con base en la interculturalidad, interseccionalidad y transversalidad.

En este segundo día, se abordaron en las mesas los temas de paridad total, ni más ni menos; fortalecimiento y cumplimiento efectivo del marco jurídico contra la violencia política contra las mujeres en razón de género; 3 de 3 contra la violencia; nuevos estándares para la democracia; construcción de ciudadanía de las mujeres y procuración y administración de justicia.

Tras el diálogo, las y los participantes, representantes de la sociedad civil, academia y funcionarios públicos, expusieron conclusiones que serán tomadas en cuenta para la integración de una memoria, que servirá de base para atender las demandas plasmadas.