• Actualmente el aborto autoprovocado con medicamentos es
accesible y ampliamente usado sin una adecuada información: Diputada Gutiérrez
Valdez (PAN)
• Impulsa cambios a la Ley General de Salud
La Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN)
promueve una iniciativa para prohibir la venta y suministro de medicamentos que
pongan en riesgo la salud reproductiva de las mujeres, cuyo listado daría a conocer
la Secretaría de Salud.
Lo anterior, con base en la propuesta de reforma al artículo
69 y adición del artículo 69 Bis de la Ley General de Salud, en materia de
salud reproductiva de las mujeres, que establece que quien infrinja este
precepto se hará acreedor a las sanciones contenidas en dicho ordenamiento,
independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.
El documento, turnado a la Comisión de Salud, subraya en su
exposición de motivos que con la iniciativa busca prevenir que los medicamentos
que provoquen daño a la salud reproductiva de las mujeres se encuentren al
alcance de cualquier persona, sin la información correspondiente.
Actualmente, agrega, el aborto autoprovocado con
medicamentos es accesible y ampliamente usado, pero la información de las
mujeres y de los empleados de farmacia y profesionales de la salud es escasa y
deficiente, ya que no todos los abortos de ese tipo con misoprostol son
completos, y su uso no tiene supervisión de un proveedor bien entrenado.
Con base en ello, se pretende garantizar, respetar y promover
la información en materia de salud y la igualdad de género, ya que las mujeres
se encuentran en un estado de riesgo real, debido a la omisión del Estado en
proporcionar y poner al alcance de la población, información actualizada para
proteger sus derechos en salud reproductiva.
En este sentido, aclara que en muchas regiones las mujeres
indígenas reciben menos servicios e información sanitarios y de salud
reproductiva, por lo que están expuestas a situaciones de violencia física y
sexual, y son víctimas de doble discriminación.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 3.9 millones de adolescentes de 15 a
19 años se someten a abortos inseguros cada año en países en desarrollo, y el 8
por ciento de la mortalidad materna, entre 2003 y 2012, fue atribuido al
aborto.
Es por ello que el Estado mexicano no debe ser omiso en las
consecuencias que se generan hacia las mujeres y las adolescentes, toda vez que
el desconocimiento y la falta de regulación no tiene que ser factores que
restrinjan la salud reproductiva de las mujeres, enfatiza.
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