Las peticiones fueron presentadas por el Grupo Parlamentario del PAN y la Senadora Antares Vázquez Alatorre
La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Gobernación las
solicitudes que presentaron integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y la Senadora
Antares Vázquez Alatorre, de MORENA, para que el Senado ejerza su facultad
constitucional en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.
En el primer asunto, la Presidencia de la Mesa Directiva dio
cuenta de la solicitud suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN, para que la
Cámara de Senadores ejerza la facultad que le confiere la fracción V del artículo
76 constitucional en materia de desaparición de poderes en el estado de
Guerrero.
Además, informó sobre la solicitud suscrita por Vázquez
Alatorre, para que el Senado conozca y determine que sea configurada la
desaparición de poderes en Guanajuato, y realice la declaratoria de que debe
nombrarse un gobernador provisional.
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, de Acción
Nacional, aseveró que la propuesta de desaparición de poderes en Guanajuato
carece de argumentos y sólo se trata de una venganza contra los adversarios
políticos del partido mayoritario. Además, denunció que los gobiernos de Morena
son los peores calificados en materia de seguridad.
Vázquez Alatorre, en tanto, presentó la petición para que
desaparezcan los poderes en Guanajuato, “por abandono de funciones del
gobernador de la entidad, del Congreso del estado y de su Poder Judicial”,
expresó.
Ello, apuntó, ante una crisis extrema de derechos humanos y
violencia en dicha entidad federativa.
El Senador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que en
Guerrero se requiere crear una mesa de diálogo y pacificación del estado, que
la presida la gobernadora y en la que participen todos los partidos políticos,
a fin de buscar la paz para la entidad.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador del PRD, advirtió que la desaparición de poderes es algo muy serio, porque no sólo se trata de desaparecer al Ejecutivo, sino a los tres poderes de un estado; por eso la Constitución y la Ley Reglamentaria precisan con claridad el procedimiento.
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