martes, 13 de agosto de 2024

Diputadas y diputados aprobaron en Comisión reforma constitucional para que trabajadores puedan adquirir o arrendar vivienda


La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen para que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establezca un sistema de vivienda con orientación social que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora, y también podrá construir vivienda para que las personas trabajadoras cotizantes puedan adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley.

La reforma al artículo 123 de la Constitución Política, fue avalada en lo general con la unanimidad de 38 votos a favor, y en lo particular recibió 38 votos. Se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos legales.

El dictamen argumenta que después de un año de cotización ante el Fondo, se podrá acceder a las viviendas en arrendamiento social; la mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras. Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda, se tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley.

En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al Fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

De igual modo, el dictamen a una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal y a diversas suscritas por las y los diputados, establece el término personas trabajadoras y empleadoras en lugar trabajadores y patrones.

Se aceptó la reserva de la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA), a la Fracción XII del artículo 123 para sustituir el “concepto de viviendas cómodas e higiénicas” por el de “vivienda adecuada”.

Chavira de la Rosa detalló que la vivienda adecuada no solo debe constar de cuatro paredes y un techo, sino una serie de condiciones particulares antes de considerarse; ello abona a consolidar el humanismo mexicano, pues tres millones de personas han salido del rezago habitacional. Para hablar a favor de la reserva, intervino el Diputado Hamlet García Almaguer (MORENA).

Fijan posturas diputadas y diputados

La Diputada Irma Juan Carlos (MORENA) dijo que este dictamen busca que desde la Constitución Política se establezcan medidas concretas que aseguren el derecho a la vivienda para todas y todos los trabajadores; también contempla la obligación patronal para otorgar vivienda a sus empleados y establece un sistema asequible y decoroso, así como el mecanismo de arrendamiento social. Consideró que estas acciones se alinean con los principios de justicia social y solidaridad y representan un avance
 en la protección de los derechos humanos.
El Diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) externó que avalan este dictamen porque siempre han estado a favor de las y los trabajadores y así lo han dejado ver en iniciativas presentadas para proponer que existan créditos hipotecarios con bajas tasas de interés, que se utilicen a las instituciones bancarias y a la banca de desarrollo para que las y los trabajadores tengan mejores condiciones de acceso a una vivienda.

Por el PRI, el Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez se pronunció a favor del dictamen, pues desde siempre se ha pugnado para que las y los trabajadores del país tengan una vivienda digna. “Es un paso más hacia la justicia social que demandan las y los trabajadores de México. Hoy se tendrá la oportunidad de que una vez arrendado un inmueble por más de diez años tendrán la posibilidad de adquirirlo. Debemos ver qué haremos en las leyes secundarias para que sea una realidad y no se quede en el limbo”.

Juan Luis Carrillo Soberanis, Diputado del PVEM, mencionó que el dictamen tiene como propósito facilitar el acceso de las personas trabajadoras a créditos asequibles y suficientes para adquirir o mejorar su vivienda y destinar mayores recursos a la construcción de inmuebles que podrán ser adquiridos y arrendados; es decir, “contar con una casa propia no será un sueño imposible y tampoco significará una deuda de por vida para las clases populares”. La incorporación de la figura de arrendamiento social es una buena manera de atender el derecho a una vivienda digna y decorosa.

La Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) comentó que se está ante el surgimiento de una nueva figura ya que personas están arrendando una vivienda sin posibilidad a futuro de poder adquirirla y ahora surge esta nueva protesta para que se puedan construir viviendas para arrendar y, si es el objetivo del trabajador o trabajadora, adquirirla en el futuro lo podrá hacer.

El Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) expresó que si bien se dice que el Instituto podrá construir, es necesario agregar que también pueda dar mantenimiento y reconstruir, dado que hay una cantidad de vivienda que está en un proceso judicial y pueden ser recuperada y servir como base para el arrendamiento. “Es ambicioso, pero hace falta detallarla; eso le corresponderá a la próxima Legislatura”.

En la discusión en lo particular, el Diputado Rodríguez Carrillo (MC) presentó una reserva misma que no fue aceptada.

Comunican dictámenes

Enseguida, el Diputado Robledo Ruiz informó que desde el 25 de julio se circularon diversos dictámenes.

Estos son: modificación a diversos artículos de la Constitución Política, en materia de austeridad y percepciones de servidores públicos; a diversos artículos sobre áreas y empresas estratégicas, y al artículo 19 en cuanto a prisión preventiva oficiosa.

También a diversos artículos en materia de Guardia Nacional; al artículo 2º en relación a pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos; al artículo 25 respecto a vías y transporte ferroviario, y artículos relacionados con simplificación orgánica.

Robledo Ruiz concluyó la reunión y citó para el 2 de agosto, a las 12:00 horas, para analizar los proyectos de dictamen que modifica el artículo 28 constitucional en materia de vías y transporte ferroviario, y el que reforma el 127 y otras disposiciones de la Carta Magna, sobre austeridad republicana.

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