Mostrando entradas con la etiqueta Antonio García Conejo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Antonio García Conejo. Mostrar todas las entradas

miércoles, 25 de octubre de 2023

Aprueban en el Senado, en lo general, proyecto para eliminar 13 fideicomisos del PJF

• Los diversos Grupos Parlamentarios fijan postura a favor y en contra del dictamen.

Con 68 votos a favor y 48 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la propuesta por la que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El proyecto reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que, en dicho Poder, no podrán ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.

Durante los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, el Senador César Cravioto Romero, de MORENA, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha limitado las pensiones de todos los trabajadores de México, mientras que a sus empleados les otorga todo tipo de apoyos, lo cual representa un agravio. Además, denunció que los fideicomisos se usan para generar intereses, no para atender a las y los trabajadores.

Por Acción Nacional, el Senador Julen Rementería del Puerto aseveró que esta reforma es un agravio y una afrenta contra las y los trabajadores de México, particularmente a los del PJF. En ese sentido, sostuvo que no existe razón legal para erradicar los fideicomisos, ni señalamientos por una mala administración de sus recursos.

En tanto, la Senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, indicó que se debe realizar una reforma profunda al Poder Judicial a través del diálogo y no de la imposición. Además, dijo que deben mejorar todas las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado, en lugar de erradicar los derechos del personal del PJF.

El Senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que la eliminación de los fideicomisos afectará los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial y castigará su autonomía e independencia. También denunció que esta reforma “vulnera el derecho de la justicia que tienen las y los mexicanos”.

Por el PVEM, el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán argumentó que este proyecto ayudará a defender los derechos de las y los trabajadores del PJF, ya que se sacarán los instrumentos ilegales y esos recursos se pasarán a la nómina presupuestal establecida por los ordenamientos legales.

Por el PT, el Senador Joel Padilla Peña destacó que con esta reforma se ahorrarán más de 15 mil millones de pesos, que serán destinados a los programas prioritarios para el bienestar, con especial atención a la población más vulnerable del país. También afirmó que “no afectarán el salario y las prestaciones de las y los trabajadores del Poder Judicial”.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, enfatizó que los 13 fideicomisos que no tienen sustento legal duplican funciones del etiquetado del presupuesto y “deben extinguirse por congruencia”. Somos congruentes y defendemos los derechos de la clase trabajadora, pero no vamos a acompañar los privilegios de unos cuantos sobre la mayoría, asentó.

Del PRD, el Senador Juan Manuel Fócil Pérez afirmó que la eliminación de los fideicomisos del PJF es una venganza del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la SCJN, el cual tiene como daño colateral a las y los trabajadores de este Poder; no se trata de acabar con privilegios, sino de un asunto político, denunció.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador del Grupo Plural, dijo que lo que está en juego es la autonomía del Poder Judicial, ya que el objetivo de la mayoría legislativa es lucrar electoralmente con esta reforma. Además, acusó que el Poder Ejecutivo tiene fideicomisos a los que le destina recursos de forma opaca para obras públicas.

Durante la discusión en lo general del proyecto participaron las y los Senadores Olga Sánchez Cordero, Casimiro Méndez Ortiz, Antares Vázquez Alatorre, Navor Alberto Rojas Mancera y Raúl Paz Alonzo, de MORENA; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT; Antonio García Conejo, del PRD; y Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.

Tras la aprobación del proyecto en lo general, la Asamblea dio paso a la discusión de las reservas que presentaron legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios. 

jueves, 19 de octubre de 2023

Impulsan en el Senado incrementar deducibilidad de ISR en consumo de alimentos en restaurantes

▪ El Senador Arturo Bours Griffith propone una deducibilidad del 50 por ciento en el primer año, y de 10 por ciento cada año, para, de manera gradual, alcanzar 100 por ciento. 

El Senador Arturo Bours Griffith dio a conocer que presentó una iniciativa que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se pueda deducir el consumo de alimentos en restaurantes. 

Actualmente, el artículo 28 establece que se puede deducir un máximo de 8.5 por ciento del consumo total, “lo que para efectos prácticos no representa nada o no es un aliciente para visitar estos lugares”. 

Por ello, el senador de MORENA planteó que, durante el primer año, la deducibilidad en el consumo en restaurantes sea del 50 por ciento, la cual se incrementará 10 por ciento cada año, hasta alcanzar el 100 por ciento. 

Reconoció que esta industria es muy importante para el país, porque genera millones de empleos, particularmente para mujeres y jóvenes, por lo que consideró necesario traducir las demandas de este sector en un proyecto de ley que contribuirá a su fortalecimiento, luego de que la industria fue una de las más castigadas por la pandemia de Covid-19.

“La industria restaurantera está conformada principalmente por microempresas, es decir, aquellas que dan empleo hasta a 10 personas, ya que 96 de cada 100 unidades económicas corresponden a este tamaño y ofrecen empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas en este sector. En términos de producción, generan 55.9 de cada 100 pesos”, detalla la propuesta.

Puntualizó que, con una medida de esta naturaleza, el impacto sobre las finanzas públicas sería menor y paulatino; por otro lado, se incentivaría el consumo, con las consecuentes bondades que esto implicaría para toda la cadena que participa en este importante sector. 

El Presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo, dijo que la iniciativa es necesaria para fortalecer la industria restaurantera, la cual necesita mejorar la inversión y capacitación laboral para los empleados, así como el brindar servicios crediticios para las y los jóvenes que son los principales usuarios que trabajan en este sector.

El senador del PRD afirmó que las actividades y servicios turísticos deben ser contemplados en la Constitución, porque “es un área prioritaria y la tercera fuente de economía del país”, la cual representa 12.2 por ciento de todos los negocios de México y generan más de dos millones de empleos.

Germán González Bernal, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, señaló algunos de los impactos positivos que generará esta iniciativa para los restauranteros, como la creación de empleos y la regularización de muchos negocios, “porque el 78 por ciento de los comercios dedicados a la preparación de alimentos y bebidas, está en la informalidad y el 83 por ciento de las personas empleadas en esta industria carecen de seguridad social”. 

Además, de que se podrán bancarizar estos establecimientos, porque una de las condiciones para aplicar la deducibilidad es que el pago sea a través de tarjetas.

Manuel Lira, Presidente de la Cámara en Sonora, agradeció la sensibilidad del Senador Arturo Bours y reveló que el sector restaurantero nacional da empleo directo a más de dos millones de personas, la mayoría mujeres y jóvenes.

Mencionó que, durante la pandemia, los restaurantes fueron los negocios más castigados debido a que cerraron por varios meses y por las modificaciones legales que gravaron las aplicaciones de reparto.

Explicó que la iniciativa plantea una deducibilidad del 50 por ciento, el primer año y un 10 por ciento, de manera gradual, hasta que llegue al 100 por ciento en cinco años, para quienes realicen consumos de alimentos en estos establecimientos.

Insistió que las herramientas tecnológicas, el timbrado en las facturas, el pago de tarjeta de crédito o débito y otros mecanismos contemplados en la propuesta evitarán la evasión fiscal y no impactará en las economías, sino que significaría un contrapeso en materia fiscal, a través del pago de IVA, del ISR de las empresas y a través de la generación de más empleos y el pago de las cuotas al Seguro Social.

Oscar Hernández, Asesor de CANIRAC, explicó que una de las razones que ha tenido la discusión de la deducibilidad tiene que ver con el impacto que podría tener en la política fiscal y en los ingresos del Impuesto Sobre la Renta al aplicar esta medida, por ello enfatizó que desde el 2007 se hizo un estudio para ver cuál es la proporción que menos impactara al momento de aplicar dichas medidas.