Proponen otorgar estímulos fiscales a quien contrate personas de 45 a 64 años

* La iniciativa del Diputado Borboa Becerra (PAN) modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta; fue turnada a la Comisión de Hacienda para dictamen

El Diputado del PAN, Omar Antonio Borboa Becerra, presentó una iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 186, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de otorgar un estímulo fiscal equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate personas de 45 a 64 años.

La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señala que actualmente la citada ley sólo contempla a las personas de 65 años y más, pero deja fuera a un sector de la población que también es objeto de discriminación laboral por motivo de la edad.

Menciona que a pesar de que la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación laboral por edad en sus artículos 2º y 3º, en los hechos las contrataciones se limitan a ciertos rangos de edad, aunque las vacantes sean en teoría inclusivas.

Destaca que a pesar de que una oferta de empleo no especifique un rango de edad, la orden en las empresas es no contratar personas mayores de 35 años para puestos operativos y 45 años para cargos directivos, lo que significa que cumplir años marca la diferencia entre conseguir un empleo o quedarse esperando una llamada que nunca llega.

Según especialistas en recursos humanos, la discriminación laboral por edad es una realidad que lastima y se presenta tanto a nivel operativo como ejecutivo y parte del problema se vincula con estigmas, malas prácticas y áreas de recursos humanos que no han conseguido educar a los líderes en el sentido de que el talento no tiene edad, incluso establecen barreras que limitan aún más a los negocios en la contratación de los mejores perfiles, subraya.

Además, están convencidos de que la selección del personal debe ser objetiva e incluyente y que es posible demostrar con hechos que las personas mayores de 45 años tienen mayor estabilidad, que pueden seguir preparándose, que son capaces de aprender y que sí hay flexibilidad a distintos procesos.

Por ello, enfatiza que a mayor estabilidad laboral de las personas de 45 y más años, habrá mejor soporte en las finanzas gubernamentales, y se evitará mayor gasto público de impuestos en el área de salud y educación, así como mayor adeudo en el sistema de pagos hipotecarios de vivienda social a las instituciones bancarias.

Estima que contratar a personas mayores de 45 años puede traer beneficios para las empresas y la sociedad, pues al hacerlo los empleadores se benefician de ellos, al obtener experiencia y conocimientos, estabilidad y compromiso, mentoría y desarrollo, así como diversidad generacional, pues contrario a lo que se piensa, la inclusión de trabajadores de diferentes grupos de edad en un lugar de trabajo fomenta la diversidad de pensamiento y perspectiva.

Con base en lo anterior, Borboa Becerra puntualiza que su iniciativa busca que se reconozca y valore la experiencia y las habilidades que aportan los trabajadores mayores de 45 años, por lo que se propone otorgar un estímulo fiscal equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate personas de 45 a 64 años.

Impulsan iniciativa para exentar a las personas de 65 años o más del pago de ISR por la venta de su casa habitación

• La Diputada Díaz Tejeda (PRI) plantea reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Para apoyar a las personas adultas mayores que venden su casa habitación al reducir a cero la carga tributaria de dichas transacciones, la Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) impulsa una iniciativa que permitirá a este sector contar con mayores recursos para cubrir con sus gastos familiares y personales.

El documento, que adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, plantea exentar el pago de este gravamen a las personas de 65 años o más por la venta de su casa habitación, siempre que los ingresos provenientes de las mismas no excedan en su totalidad 124 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), independientemente de la fecha de la última enajenación.

Argumenta que, tomando como referencia el monto máximo de crédito hipotecario que puede otorgar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a través de sus diversas modalidades de financiamiento, dichos ingresos pueden llegar hasta los 4 millones 671 mil 885.25 pesos, equivalentes a casi 124 veces el valor anual de la UMA.

Díaz Tejeda sugiere ampliar los beneficios para las personas adultas mayores, a partir de que las condiciones actuales que enfrentan requieren de mayores esfuerzos para contrarrestar su difícil situación, al permitir que vendan sus bienes inmuebles en una tasa del cero por ciento en el pago del ISR en la enajenación de éstos sin importar el tiempo transcurrido desde su última transacción.

Indica que garantizar mayores beneficios a este grupo representa una política fundamental en la acción gubernamental, ya que México cuenta con una población de más de 15.1 millones de adultos de 60 años y más, lo que representa el 12 por ciento del total poblacional.

Además, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para 2050 México tendrá 10 millones de adultos en condiciones de pobreza, de los cuales el 63 por ciento no tendrá pensión y el 55 por ciento padecerá enfermedades crónico-degenerativas. 

La legisladora precisa que las y los adultos mayores no tienen muchas oportunidades para acceder al empleo porque las empresas y los gobiernos los consideran improductivos, lo que los coloca en una posición difícil para cubrir sus gastos. 

Menciona que cuando se les emplea, a menudo se hace en condiciones precarias, con salarios más bajos y sin beneficios, lo que los obliga a trabajar de manera precaria, informal o mal remunerada, sin seguridad social y dependientes de su familia o de los programas sociales.

La propuesta, añade, considera la inclusión de mayores beneficios en la Ley del ISR, con el objetivo de generar más apoyos para este sector y disminuir su vulnerabilidad económica, a partir de nuevas estrategias que hagan posible su reincorporación a la vida productiva que les permita hacer frente a sus necesidades.

Por ello, se busca dotar de beneficios adicionales a este grupo poblacional al exentar el impuesto en la enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, a efecto de incrementar su integración social y fortalecer sus derechos, en especial aquellos vinculados con el derecho al trabajo como el trabajo digno y la igualdad de oportunidades.

La iniciativa fue remitida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Promueven deducir pagos de autobús, peaje o combustible de docentes en el traslado a sus centros de trabajo

A fin de garantizar la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de los pagos efectuados por las y los trabajadores del Sistema Educativo Nacional por concepto de peaje, compra de combustible o traslado en autobús a sus centros de trabajo, el Diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) busca reformar la ley en la materia.

El documento, que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, busca deducir “los pagos efectuados por las y los trabajadores del Sistema Educativo Nacional, por concepto de traslado en autobús a sus centros de trabajo, por la compra de combustible para el uso de sus automóviles en el traslado a sus centros de trabajo, por peaje para el traslado a sus centros de trabajo, por reparación y servicios de automóviles usados para el traslado a sus centros de trabajo y por la adquisición de materiales para la realización de sus funciones”. 

La iniciativa menciona que el Sistema Educativo Nacional está compuesto por tres niveles. En el básico y medio superior se atiende a una población de 29.7 millones de estudiantes, y el superior a 4.7 millones de personas, cuyos docentes y personal administrativo cubren en su mayoría jornadas de trabajo que superan a la media laboral.

Indica que es evidente el desempeño de las y los trabajadores de la educación para con los compromisos institucionales del sector, aún y cuando ello les represente tener que invertir parte de sus ingresos salariales para el cumplimiento de sus funciones de docencia y otras tareas que les son asignadas.

“Trabajadores del sector educativo nacional, que en su mayoría realizan tareas docentes, afirman que muchos invierten como mínimo la suma de 250 pesos diarios por pago de transporte desde su domicilio hasta su centro de adscripción. Eso afecta el monto de sus ingresos y consecuentemente daña su capacidad de poder adquisitivo”, añade.

García Hernández subraya que para el caso del personal que se traslada a sus centros de trabajo en automóvil propio, dadas las distancias que recorren, se ven en la necesidad de cubrir gastos de combustible y de servicio de sus unidades, además costos de peaje. Eso les representa erogaciones de hasta 500 pesos por día. Además, los gastos que realizan al invertir en el desempeño de sus funciones, a través de la compra de material de apoyo.

Puntualiza que las y los trabajadores del magisterio se ven limitados para cubrir las necesidades básicas de su familia. Esa situación es causa de estrés y demás enfermedades emocionales que repercuten en la práctica pedagógica y en el aprendizaje y rendimiento educativo.

Ante este panorama, se propone que las y los trabajadores puedan ser incluidos y considerados entre los sujetos beneficiarios de la deducibilidad de gastos, máxime la importancia que el sector público otorga a la actividad educativa y porque su trascendencia guarda un sitio destacado entre la sociedad. 

La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expone que, de acuerdo a las y los docentes, es inequitativo que las deducciones que pueden hacer las personas físicas asalariadas no incluyan los gastos que ellos invierten para el desempeño de sus funciones, ya que es un alto porcentaje de su salario.

Ello, cuando a las personas morales, específicamente a las empresas, las cuales tienen plusvalía y fines de lucro, se les permite deducir todo tipo de gastos que se hacen para su funcionamiento y para prestar los servicios que se ofrecen o comercial, pero al magisterio nacional que desempeña una función noble, humanitaria y determinante para el desarrollo sociocultural de los mexicanos, no se les permite deducir gastos inherentes a su labor.

Piden que servicios médicos veterinarios para animales de compañía del contribuyente sean deducibles de impuestos

• La Diputada Gabriela Sodi (PRD) propone reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta

La Diputada Gabriela Sodi (PRD) plantea reformar el primer párrafo de la fracción I, del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de establecer que los “servicios médicos veterinarios para animales de compañía del contribuyente” sean considerados como deducciones personales en su impuesto anual.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, busca que las personas físicas que cuentan con mascotas puedan deducir los honorarios veterinarios correspondientes, con la finalidad de apoyarlas a que paguen sus impuestos y beneficiar a las familias asalariadas que erogan gastos por ese motivo.

Señala que las deducciones personales son los gastos que las y los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en su declaración anual, como los de salud, educación, gastos funerarios y donativos a instituciones autorizadas.

El otorgamiento de estos incentivos permitirá a las personas hacer frente a los gastos que se generan por su manutención y, a su vez, evitar el abandono y el maltrato de los animales de compañía, añade.

Considera que las mascotas representan un gasto fijo para seis de cada 10 familias mexicanas, cuyos integrantes destinan un promedio de entre 10 y 20 por ciento de sus ingresos para su manutención.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 41.3 por ciento de la población gasta más de 2 mil pesos en ese fin, 9 por ciento eroga de dos mil a tres mil y 3 por ciento gasta más de tres mil pesos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que sólo en vacunación y esterilización las familias que tienen mascotas llegan a gastar hasta tres mil 300 pesos.

La Diputada Gabriela Sodi menciona que las mascotas viven en el hogar con finalidad de brindar compañía y llegan a ser compañeras inseparables de sus propietarios.

Refiere que los jóvenes y personas adultas mayores son quienes cuentan con más afinidad con la tenencia de mascotas, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 89.2 por ciento de entre 18 a 29 años de edad tiene una, mientras que 83.7 por ciento de 50 años o más cuenta con un animal de compañía.

Impulsan en el Senado incrementar deducibilidad de ISR en consumo de alimentos en restaurantes

▪ El Senador Arturo Bours Griffith propone una deducibilidad del 50 por ciento en el primer año, y de 10 por ciento cada año, para, de manera gradual, alcanzar 100 por ciento. 

El Senador Arturo Bours Griffith dio a conocer que presentó una iniciativa que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se pueda deducir el consumo de alimentos en restaurantes. 

Actualmente, el artículo 28 establece que se puede deducir un máximo de 8.5 por ciento del consumo total, “lo que para efectos prácticos no representa nada o no es un aliciente para visitar estos lugares”. 

Por ello, el senador de MORENA planteó que, durante el primer año, la deducibilidad en el consumo en restaurantes sea del 50 por ciento, la cual se incrementará 10 por ciento cada año, hasta alcanzar el 100 por ciento. 

Reconoció que esta industria es muy importante para el país, porque genera millones de empleos, particularmente para mujeres y jóvenes, por lo que consideró necesario traducir las demandas de este sector en un proyecto de ley que contribuirá a su fortalecimiento, luego de que la industria fue una de las más castigadas por la pandemia de Covid-19.

“La industria restaurantera está conformada principalmente por microempresas, es decir, aquellas que dan empleo hasta a 10 personas, ya que 96 de cada 100 unidades económicas corresponden a este tamaño y ofrecen empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas en este sector. En términos de producción, generan 55.9 de cada 100 pesos”, detalla la propuesta.

Puntualizó que, con una medida de esta naturaleza, el impacto sobre las finanzas públicas sería menor y paulatino; por otro lado, se incentivaría el consumo, con las consecuentes bondades que esto implicaría para toda la cadena que participa en este importante sector. 

El Presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo, dijo que la iniciativa es necesaria para fortalecer la industria restaurantera, la cual necesita mejorar la inversión y capacitación laboral para los empleados, así como el brindar servicios crediticios para las y los jóvenes que son los principales usuarios que trabajan en este sector.

El senador del PRD afirmó que las actividades y servicios turísticos deben ser contemplados en la Constitución, porque “es un área prioritaria y la tercera fuente de economía del país”, la cual representa 12.2 por ciento de todos los negocios de México y generan más de dos millones de empleos.

Germán González Bernal, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, señaló algunos de los impactos positivos que generará esta iniciativa para los restauranteros, como la creación de empleos y la regularización de muchos negocios, “porque el 78 por ciento de los comercios dedicados a la preparación de alimentos y bebidas, está en la informalidad y el 83 por ciento de las personas empleadas en esta industria carecen de seguridad social”. 

Además, de que se podrán bancarizar estos establecimientos, porque una de las condiciones para aplicar la deducibilidad es que el pago sea a través de tarjetas.

Manuel Lira, Presidente de la Cámara en Sonora, agradeció la sensibilidad del Senador Arturo Bours y reveló que el sector restaurantero nacional da empleo directo a más de dos millones de personas, la mayoría mujeres y jóvenes.

Mencionó que, durante la pandemia, los restaurantes fueron los negocios más castigados debido a que cerraron por varios meses y por las modificaciones legales que gravaron las aplicaciones de reparto.

Explicó que la iniciativa plantea una deducibilidad del 50 por ciento, el primer año y un 10 por ciento, de manera gradual, hasta que llegue al 100 por ciento en cinco años, para quienes realicen consumos de alimentos en estos establecimientos.

Insistió que las herramientas tecnológicas, el timbrado en las facturas, el pago de tarjeta de crédito o débito y otros mecanismos contemplados en la propuesta evitarán la evasión fiscal y no impactará en las economías, sino que significaría un contrapeso en materia fiscal, a través del pago de IVA, del ISR de las empresas y a través de la generación de más empleos y el pago de las cuotas al Seguro Social.

Oscar Hernández, Asesor de CANIRAC, explicó que una de las razones que ha tenido la discusión de la deducibilidad tiene que ver con el impacto que podría tener en la política fiscal y en los ingresos del Impuesto Sobre la Renta al aplicar esta medida, por ello enfatizó que desde el 2007 se hizo un estudio para ver cuál es la proporción que menos impactara al momento de aplicar dichas medidas. 

Piden exentar el pago de ISR por venta de inmuebles que realicen las personas de 65 años y más

• La diputada Díaz Tejeda (PRI) plantea reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) impulsa una iniciativa para exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta a todas las ventas de inmuebles que realicen las personas de 65 años y más, independientemente de la fecha de la última enajenación.

Plantea adicionar un tercer párrafo al inciso a) de la fracción XIX del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de ampliar los beneficios para las personas adultas mayores y, con ello, permitir que reorienten sus recursos para satisfacer sus necesidades. 

La iniciativa, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, refiere que en el país hay más de 15.1 millones de adultos de 60 años y más, lo que significa 12 por ciento del total de la población, por lo que es necesario garantizarles mayores beneficios. 

Argumenta que el panorama en el futuro es tan complejo para el país que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en 2050 México tendrá 10 millones de adultos en condiciones de pobreza, de los cuales 63 por ciento no tendrá pensión y 55 por ciento padecerá enfermedades crónico-degenerativas. 

Asimismo, señala que, pese a que aún existe una fuerza laboral de adultos mayores, por cuestiones de edad cada vez les resulta más difícil acceder a un empleo formal. 

Ese escenario complejo “los obliga a trabajar de manera precaria, informal o mal remunerada, sin seguridad social y dependientes de su familia o de los programas sociales vigentes”, añade.

Puntualiza que la esperanza de vida en el país ha aumentado de forma casi permanente desde hace cien años, pasando de 34 años en 1930 a 78 para mujeres y 72 para hombres en 2020, y la tendencia es que a medida que esta se incremente, las políticas dirigidas a las personas mayores se deberán fortalecer y ser una prioridad.