Mesa Directiva del Senado de la República concluye insaculación de candidaturas del Poder Judicial de la Federación

* La lista de candidaturas se remitió a la Suprema Corte Justicia de la Nación para su validación

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dio por concluido el proceso de insaculación de candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros que corresponden al Poder Judicial de la Federación (PJF), mecanismo, dijo, con el que se hicieron varios “actos de justicia”, para aquellas personas que se iban a quedar fuera de la elección por un “capricho” del PJF.

Fernández Noroña agregó que también se retomaron a personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que les dio la razón, por lo que fueron integrados al padrón.

“Hemos demostrado que es falso que estemos determinando unilateralmente quiénes van a ir a las candidaturas del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí todo mundo ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, de que ha sido ciertamente al azar, con perfiles idóneos y de muy buen nivel, que irán a la elección del Poder Judicial”, expresó.

Fernández Noroña dijo que, tras siete horas y media de trabajo ininterrumpido, se cumplió con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el Senado de la República realizará la insaculación correspondiente al Poder Judicial.

Afirmó que se trató de una jornada histórica e inédita, un paso importantísimo para la elección de las personas juzgadoras, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio de 2025. “Estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. Seremos el primer pueblo del mundo que elijamos por voto universal, secreto, directo a las personas juzgadoras”, destacó.

El presidente del Senado de la República, refirió que la democratización del Poder Judicial será un hecho en unos meses más, “y yo me siento muy honrado de tener el privilegio de encabezar esta sesión. Larga vida a nuestra democracia y a la elección de las personas juzgadoras”, externó.

El listado de las candidaturas del Poder Judicial fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea validado, y a su vez lo hagan llegar al Instituto Nacional Electoral (INE), pero en caso de no ser así, el Senado de la República lo enviará directamente al órgano electoral.

En total, participaron en el procedimiento de insaculación mil 239 aspirantes, de los cuales mil 46 corresponden al padrón original que entregó el Comité de Evaluación del Poder Judicial; 180 que les dio la razón el Tribunal Electoral tras impugnar su participación; tres que envió la Suprema Corte, y 10 más, que decidió incluir el Senado de la República, a solicitud del TEPJF, lo que da un total de mil 239

Rechaza Fernández Noroña deslegitimación del proceso de selección de aspirantes al Poder Judicial

* Acusó al PJF de “descarrilar” en todo momento el proceso electoral del 1 de junio

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que el proceso de selección de las y los aspirantes al Poder Judicial esté deslegitimizado por los amparos, la intervención del Tribunal Electoral y las renuncias de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, toda vez que el “canalla” ha sido el Poder Judicial.

En conferencia de prensa, afirmó que esto sucede porque el Poder Judicial ha pretendido “descarrilar” el proceso electoral del 1 de junio, pues sistemáticamente ha violado la ley, “ellos son los que han actuado desaseadamente, ellos son los que no han tenido ética”.

Fernández Noroña refirió que los del Poder Judicial son “tramposos”, pues enfilaron a sus candidaturas con pase directo. Hay algunos perfiles que no deberían estar. “Es una maniobra del Poder Judicial para allanarles el camino a sus propuestas, pero eso no decide, lo va a decidir el pueblo con su voto”, precisó.

“No voy a decir su nombre, porque como muy posiblemente sean candidatos, van a decir que ya estoy orientando… Son cercanos a Genaro García Luna, nada más de ese tamaño”, indicó.

Gerardo Fernández Noroña agregó que están a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les entregue la lista de alrededor de 50 personas que impugnaron participar en el proceso, y que este órgano definió que se integraran, por lo que una vez que cuenten con ello, se determina la fecha de la insaculación.

Señaló que no descarta la posibilidad de convocar el jueves, en vez del viernes 31, que es lo que marca la ley, para realizar el procedimiento de insaculación de las y los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, esto con la intención de evitar cualquier riesgo.

El Presidente del Senado detalló que será diferente esta insaculación con referencia a la primera, pues en aquella ocasión se definieron plazas, y en esta, se hará por áreas o especialidad, dado que algunos van a juzgados civiles, penales, administrativos, hasta llegar a ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay que calcular los tiempos, cuánto nos llevará la elección, porque además el Tribunal nos dio el mandato de que una vez que inicie, no se puede suspender por nada”, especificó.

En cuanto a la reforma sobre la Ley del INFONAVIT, Fernández Noroña, comentó que una vez que la Cámara de Diputados haga los cambios pertinentes, como restituir el carácter tripartita del Instituto, no harán modificaciones al dictamen, porque la integración permite que el gobierno tenga un peso mayor al que tenía y que si hay una situación de empate, el director tiene voto de calidad.

“Yo no tengo la impresión de que nosotros le vayamos a hacer cambios…lo que queremos es que esa ley se publique y entre en vigor, sobre todo por la importancia de esta nueva herramienta que va a tener el Infonavit”, señaló.

Mesa Directiva realizará insaculación pública de aspirantes que se registraron en el Comité de Evaluación del PJF

* El procedimiento se realizará el viernes en el salón de sesiones de la Cámara

El Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que la Mesa Directiva realizará el próximo viernes, en el salón de sesiones, la insaculación pública de los aspirantes para los cargos de jueces, ministros y magistrados que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF), como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante una entrevista, el senador señaló que la Cámara de Senadores recibió la notificación del TEPJF que determinó que, a más tardar el 31 de enero, la Mesa Directiva tiene que realizar dicho procedimiento.

Por ello, agregó, la mañana del 31 de enero se compartirá la lista de personas que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que ya fue publicada, más los aspirantes que el tribunal determinó que habían sido excluidos de manera indebida y que deben ser parte del proceso de selección.

El TEPJF, agregó el senador, determinó que todos estos aspirantes participen en la insaculación por especialidad.

Explicó que la resolución establece que este procedimiento debe ser continuo, público y transparente, por lo que “lo vamos a hacer en el salón de sesiones, transmitido por el Canal del Congreso, con notario público” y con invitación a la prensa.

Se trata, enfatizó el legislador, de un procedimiento que compete a la Mesa Directiva para generar un listado de ternas y duplas que serán sometidas a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De esta manera, dijo, “una vez que nosotros hayamos hecho la insaculación le enviaremos el listado a la Suprema Corte, para que ellos digan si aceptan o no que esos sean sus candidatos”.

Indicó que, a más tardar el 4 de febrero, la Mesa Directiva remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para su aprobación, lo que deberá verificarse hasta el 6 de febrero.

Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados o no los someta a trámite, agregó, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, “lo que quiere decir que quedan aprobados los aprueben o no”.

En este sentido, explicó Fernández Noroña, la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el proceso electivo, en el entendido de que las personas que conformen las lista serán las candidaturas postuladas por el Poder Judicial de la Federación.

“Es clarísimo y contundente el resolutivo del Tribunal Electoral, por lo que el Poder Judicial no tiene ninguna posibilidad de detener el proceso. Si ellos dijeran, nosotros, aunque hicimos la mayor parte del proceso no aceptamos esas candidaturas, el tribunal ya nos ordenó que si la Corte no lo pasa a trámite o no lo aprueba nosotros lo enviemos directo al INE como las candidaturas del Poder Judicial. Es una determinación de la máxima instancia electoral del país, nosotros la vamos a acatar”, expresó.

Además, el senador indicó que la Mesa Directiva llegó a la determinación de realizar la insaculación el próximo viernes 31 de enero, dado que sus integrantes deben asistir a la instalación del Congreso General al día siguiente, es decir, el sábado 1 de febrero.

No obstante, adelantó que se hará una valoración mañana martes sobre los tiempos precisos que requiere el procedimiento, ya que este debe concluir antes de la media noche del 31 de enero, debe ser continuo y no puede tener un receso “hasta que culmine en su totalidad”.

“Yo creo que nos da buen tiempo todo el día, pero si yo viese que hay algún riesgo, volveríamos a la fecha del jueves [como originalmente se propuso], pero, de entrada, el acuerdo que hay de la Mesa Directiva es que sea el viernes 31, a las doce del día, en el Pleno de la Cámara de Senadores”, concluyó.

En el documento que el tribunal envío al  Senado de la República también se destaca que en la elección constitucional para cargos del Poder Judicial de la Federación no participan los partidos políticos, y le corresponde a los Poderes de la Unión, como órganos convocantes de la elección, el salvaguardar el interés público para exigir la tutela de principios, derechos o intereses de la ciudadanía y de los participantes en el proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras.

“Por tanto, es evidente que en este proceso electoral, le asiste ese interés a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión”, destacó.

Garantizada la participación de alrededor de 3 mil aspirantes que Comité de Evaluación del PJF dejó en absoluta indefensión

* La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ya encontramos una salida con respeto al marco legal, anuncia Fernández Noroña

El Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que ya se trabaja en la construcción de un mecanismo para garantizar la participación de poco menos de tres mil personas inscritas en el proceso de elección que renovará al Poder Judicial de la Federación y que están en absoluta indefensión por la irresponsabilidad del Comité de Evaluación de ese poder, al “dejar tirada su tarea”.

Subrayó que luego de una “charla muy positiva” con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, ya se encontró el “punto de salida”, con respeto al marco legal y sin sustituir a ninguna instancia, con el fin de garantizar que no se afecten los derechos de quienes de buena fe confiaron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial y que, frente a la actitud de esta instancia, pudieran quedar fuera de la elección.

En una entrevista para un medio de comunicación nacional, precisó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que lo no contemplado durante el proceso electivo será resuelto por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República; por ello, habrá un mecanismo que asegure la participación de todas las personas que se inscribieron y si cumplen el perfil necesario, en su caso, obtengan una candidatura.

Explicó que se revisó de manera puntual el número de aspirantes inscritos sólo en el Poder Judicial, ya que si lo hicieron en algún otro poder no tendrán ninguna afectación y estarían dentro del proceso. “Es un número menor de 3 mil y les vamos a dar una solución para que puedan participar en la tómbola y en su caso ser candidatos”.

Fernández Noroña consideró que “lo que intenta el Poder Judicial es sabotear el proceso electoral, pero los otros dos comités siguen su cauce y nosotros tenemos una buena salida. Los comités son los responsables de los procesos de cada poder; el del Poder Judicial de la Federación es omiso en su responsabilidad e incurre en conductas, incluso, sancionables, así como en responsabilidades legales, al dejar tirada su tarea sobre todo en esta última etapa”.

Sobre el actuar de aspirantes que no se atengan a las reglas, agregó que les corresponde a los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisarlas.

“A nosotros nos corresponde procesar la información del Comité para la designación de los mejores perfiles, recibir las propuestas de los tres poderes y en su momento turnarlas al Instituto Nacional Electoral”, concluyó

Emite Cámara de Diputados declaratoria de publicidad a dictámenes sobre leyes secundarias del PJF y trabajo en plataformas digitales

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad cuatro dictámenes de las comisiones de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, sobre la legislación secundaria en materia de reforma al Poder Judicial y para regular el trabajo en plataformas digitales.

Ley Orgánica del Poder Judicial

Este dictamen a una minuta del Senado expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual señala que los órganos del PJF son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación, Juzgados de Distrito, Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración Judicial.

Precisa la integración y funcionamiento de cada una de esas instancias, de su Pleno, atribuciones, facultades de la presidenta o presidente de la SCJN y las funciones de los Centros de Justicia Penal.

Detalla la estructura, atribuciones del Órgano de Administración Judicial que se instituirá como un cuerpo profesional de gobernanza judicial que funcionará en Pleno y en Comisiones, y se le dotará de todas las atribuciones necesarias para gestionar eficazmente los materiales humanos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial.

El Órgano de Administración Judicial contará con órganos auxiliares para su adecuado funcionamiento, como son la Escuela Nacional de Formación Judicial, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Contraloría, las unidades de Peritos Judiciales, de Administración de la SCJN, de Administración del TEPJF, de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial y el Instituto Federal Especialistas de Concursos Mercantiles

También, define la estructura, integración y ámbito competencial del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que se constituye como un órgano jurisdiccional de excelencia responsable de velar por la independencia, la integridad y la honestidad de la justicia federal y, además, contará con dos órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones.

Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial

El segundo dictamen expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, a fin de determinar las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del PJF, y regular su funcionamiento.

La carrera judicial constituirá un sistema institucional integrado por los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación del cargo de las personas servidoras públicas que la componen, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades.

Tendrá como fines garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas que forman parte de ella, propiciar la permanencia y superación de sus integrantes, con base en expectativas de desarrollo personal progresivo, y desarrollar un sentido de identidad y pertenencia hacia el Poder Judicial.

Además, contribuir a la excelencia, eficiencia y eficacia de la impartición de justicia, coadyuvar en la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que integran el PJF, vincular el cumplimiento de los objetivos institucionales con el desempeño de las responsabilidades y el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas que forman parte de ella, y coadyuvar en el ejercicio de una justicia orientada por la igualdad sustantiva y la justicia social.

Determina que el Poder Judicial incorporará la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva e igualitaria en el desarrollo de la carrera judicial, a fin de garantizar a mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos con un enfoque de igualdad sustantiva y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

Crea el Registro Único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial que contendrá información básica y técnica en materia de recursos humanos del personal perteneciente a la Carrera Judicial, y la Escuela Judicial será responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal.

Reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

El tercer dictamen modifica disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de armonizar el marco normativo cuyo contenido remita a las personas juzgadoras, la integración de órganos jurisdiccionales y administrativos, plazos, términos y esquemas disciplinarios, a efecto de generar coherencia y sistematicidad con la modificación constitucional respecto del Poder Judicial.

Define a las personas servidoras públicas como las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política.

Cambia el término servidores públicos por el de personas servidoras públicas, quienes observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen el servicio público.

Estipula que en cuanto a responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer sanciones que correspondan, tratándose del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial y los Tribunales de Disciplina Judicial de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México.

Considera que las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura de la ética, honestidad y buenas prácticas en su organización.

Trabajo en plataformas digitales

También, se dio publicidad al dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que adiciona los artículos 49, 50, 127, un Capítulo IX Bis y un artículo 997-B a la Ley Federal del Trabajo, cuya finalidad es regular el derecho al trabajo de las personas trabajadoras de plataformas digitales.

Precisa que las personas trabajadoras en plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando el tiempo efectivamente laborado, en términos del artículo 291-D de la Ley, sea superior a 288 horas anuales.

Especifica que el trabajo en plataformas digitales es una relación laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas que requieran la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora.

Se entenderá por plataforma digital al conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos que asignan tareas, servicios, obras, trabajos o similares a personas trabajadoras en favor de terceros, considerando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación definidas en el artículo 330-A de la Ley.

Indica que la persona trabajadora de plataformas digitales será quien preste servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de una persona física o moral que ofrece servicios a terceros, a través de una plataforma digital, y genere ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México por su trabajo, independientemente del tiempo efectivamente trabajado.

El trabajo en plataformas digitales será primordialmente flexible y discontinuo, por lo que se entenderá que existe relación laboral durante el tiempo efectivamente laborado por la persona trabajadora de plataforma digital. El trabajo en plataformas digitales deberá fijarse mediante un contrato que será distinto de los términos y condiciones de la prestación del servicio en la plataforma y podrá ser firmado de manera digital, y las personas disfrutarán de todos los derechos, incluyendo los colectivos.

Aprueban en el Senado, en lo general, proyecto para eliminar 13 fideicomisos del PJF

• Los diversos Grupos Parlamentarios fijan postura a favor y en contra del dictamen.

Con 68 votos a favor y 48 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la propuesta por la que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El proyecto reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que, en dicho Poder, no podrán ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.

Durante los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, el Senador César Cravioto Romero, de MORENA, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha limitado las pensiones de todos los trabajadores de México, mientras que a sus empleados les otorga todo tipo de apoyos, lo cual representa un agravio. Además, denunció que los fideicomisos se usan para generar intereses, no para atender a las y los trabajadores.

Por Acción Nacional, el Senador Julen Rementería del Puerto aseveró que esta reforma es un agravio y una afrenta contra las y los trabajadores de México, particularmente a los del PJF. En ese sentido, sostuvo que no existe razón legal para erradicar los fideicomisos, ni señalamientos por una mala administración de sus recursos.

En tanto, la Senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, indicó que se debe realizar una reforma profunda al Poder Judicial a través del diálogo y no de la imposición. Además, dijo que deben mejorar todas las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado, en lugar de erradicar los derechos del personal del PJF.

El Senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que la eliminación de los fideicomisos afectará los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial y castigará su autonomía e independencia. También denunció que esta reforma “vulnera el derecho de la justicia que tienen las y los mexicanos”.

Por el PVEM, el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán argumentó que este proyecto ayudará a defender los derechos de las y los trabajadores del PJF, ya que se sacarán los instrumentos ilegales y esos recursos se pasarán a la nómina presupuestal establecida por los ordenamientos legales.

Por el PT, el Senador Joel Padilla Peña destacó que con esta reforma se ahorrarán más de 15 mil millones de pesos, que serán destinados a los programas prioritarios para el bienestar, con especial atención a la población más vulnerable del país. También afirmó que “no afectarán el salario y las prestaciones de las y los trabajadores del Poder Judicial”.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, enfatizó que los 13 fideicomisos que no tienen sustento legal duplican funciones del etiquetado del presupuesto y “deben extinguirse por congruencia”. Somos congruentes y defendemos los derechos de la clase trabajadora, pero no vamos a acompañar los privilegios de unos cuantos sobre la mayoría, asentó.

Del PRD, el Senador Juan Manuel Fócil Pérez afirmó que la eliminación de los fideicomisos del PJF es una venganza del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la SCJN, el cual tiene como daño colateral a las y los trabajadores de este Poder; no se trata de acabar con privilegios, sino de un asunto político, denunció.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador del Grupo Plural, dijo que lo que está en juego es la autonomía del Poder Judicial, ya que el objetivo de la mayoría legislativa es lucrar electoralmente con esta reforma. Además, acusó que el Poder Ejecutivo tiene fideicomisos a los que le destina recursos de forma opaca para obras públicas.

Durante la discusión en lo general del proyecto participaron las y los Senadores Olga Sánchez Cordero, Casimiro Méndez Ortiz, Antares Vázquez Alatorre, Navor Alberto Rojas Mancera y Raúl Paz Alonzo, de MORENA; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT; Antonio García Conejo, del PRD; y Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.

Tras la aprobación del proyecto en lo general, la Asamblea dio paso a la discusión de las reservas que presentaron legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios. 

Prevé Ana Lilia Rivera debate intenso en el Senado por extinción de fideicomisos del PJF

° Se garantizará derecho de las y los legisladores a expresar sus puntos de vista, afirma.  

La Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, adelantó que la próxima semana se espera un debate intenso en el Senado de la República, por la discusión del proyecto para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. 

En entrevista, dijo que se espera una sesión larga para abordar la minuta que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero se garantizará el derecho de las y los legisladores a expresar sus opiniones, y “cada senador emitirá el voto, de acuerdo con su conciencia y convicción”.

Será una sesión en que se garantice a todos el derecho a hablar, “lo que tengan que hablar, el tiempo que tengan que hablar y hasta que nos amanezcamos, si así lo desean, hasta que concluya el debate; para eso es el parlamento”.

Recordó que serán las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda las que se encargarán de elaborar el dictamen correspondiente, y para ello tienen el fin de semana para revisar la minuta. 

“El lunes van a dictaminar, el martes seguramente los recibiremos en Mesa Directiva, el dictamen de la minuta” y ese mismo día se le dará trámite de primera lectura.

Además, reiteró que el Senado de la República abordará la minuta como Cámara revisora y que en el cumplimiento de esta responsabilidad constitucional se respetarán los derechos de las y los legisladores, la institucionalidad y lo que la ley establece.

La presidenta de la Mesa Directiva agregó que se espera una semana intensa, porque, además de la reforma sobre el Poder Judicial, la Cámara de Diputados turnará en su momento las minutas relativas al Paquete Económico, que corresponde revisar al Senado, entre ellas, la de Ley de Ingresos de la Federación del siguiente año.

Adelanta Ana Lilia Rivera que la próxima semana Pleno abordará extinción de 13 fideicomisos del PJF

• Esta semana podría aprobarse en comisiones y el martes, 24 de octubre, se le dará trámite de primera lectura, detalla la senadora.

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que el proyecto de decreto por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial se someterá al Pleno la próxima semana.

En entrevista, la senadora del Grupo Parlamentario de MORENA puntualizó que la propuesta ya fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Segunda.

Por ello, explicó que mañana se reunirán las y los senadores que integran dichas comisiones, con el fin de darle el trámite legislativo correspondiente al proyecto, por lo que confió en que la próxima semana esté en manos de la Mesa Directiva.

Posteriormente, puntualizó la Senadora Ana Lilia Rivera, se le dará primera lectura el próximo martes 24 de octubre, en donde los Grupos Parlamentarios definirán la ruta a seguir en el Pleno de la Cámara.

Cabe recordar que la propuesta reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que “en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. 

Además, los recursos, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

Aprueba en Comisión dictámenes en materia de abigeato, violencia familiar, denuncia anónima, y no discriminación

• Fueron turnados a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno.

La Comisión de Justicia, que preside el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), aprobó cinco dictámenes para reformar diversos ordenamientos legales en materia de abigeato, violencia familiar, denuncia anónima, igualdad y no discriminación, y de homologación de términos.

Las y los integrantes de la Comisión avalaron el dictamen que reforma y adiciona los artículos 242 Bis y 381 Ter, del Código Penal Federal, en materia de abigeato. 

El documento señala que se impondrán penas de prisión de uno a cinco años y multa de doscientos a dos mil pesos a quien marque, hierre o tatúe a una o más cabezas de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Plantea equiparar al delito de abigeato el destazamiento, traslado, tráfico, posesión o enajenación de ganado, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

También se aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República cambió la denominación de la Procuraduría General de la República, por lo que es necesario homologar diversos artículos que se refieren a la antigua institución y a su Titular para ajustarlos a lo establecido por el nuevo ordenamiento. 

De igual forma, se aprobó el dictamen para reformar el artículo 343 del Código Penal Federal y sancionar con mayor dureza las conductas por violencia familiar cuando se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, y aumentar la pena hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo. 

La sanción que prevé el Código Penal Federal es de seis meses a cuatro años de prisión y la pérdida del derecho de pensión alimenticia, además de sujetarse a tratamiento psicológico especializado.

Enseguida, aprobaron el dictamen que reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que el Consejo de la Judicatura Federal incorpore la perspectiva de igualdad y no discriminación en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, para garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, y velar por que los órganos a su cargo así lo hagan.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) dijo que no hay jueces menores de 40 años con discapacidad, de un pueblo originario o que pertenezcan a alguna minoría, y, si bien se ha hecho esfuerzo en cuanto a la paridad de género, el número de ministras y magistradas está por debajo del 30 por ciento. Consideró que el dictamen “cierra la pinza” en torno al derecho a la igualdad y no discriminación, y obliga al Consejo de la Judicatura Federal a incorporar esa perspectiva. 

Asimismo, se aprobó el dictamen que reforma la fracción III del artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, para agregar entre las facultades de las personas Agentes del Ministerio Público de la Federación, la de recibir denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.

Con esta reforma se homologa el texto de este precepto con el artículo 131, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estipula las obligaciones del Ministerio Público y reconoce entre ellas esa facultad.

Una vez aprobados, los proyectos de dictamen se remitieron a la Mesa Directiva para los efectos de la programación de los trabajos legislativos. 

Posteriormente, las y los integrantes de esta instancia aprobaron el Primer Informe Semestral de actividades, correspondiente al Primer año de Ejercicio de la LXV Legislatura, mismo que se remitió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para los efectos reglamentarios.

En asuntos generales, la diputada Isabel Alfaro Morales (Morena) invitó a la exposición fotográfica, con el tema de la Hepatitis C y dijo que a partir de hoy se realizarán pruebas rápidas para su detección en el Lobby del edificio “A”. Destacó la importancia de que los estados cuenten con estos reactivos para prevenir esta enfermedad, la cual pueden padecer muchas personas sin saberlo.