Ante el cambio de gobierno en Estados Unidos es fundamental la unidad nacional y fortalecer el liderazgo de la titular del Ejecutivo: Diputado Monreal Ávila

• La Cámara de Diputados y Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., firman convenio de colaboración con el propósito de mantener al Estado de derecho como principal función del Estado mexicano

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, ante el próximo cambio de gobierno en los Estados Unidos de América, es fundamental la unidad nacional y fortalecer el liderazgo de la titular del Ejecutivo.

Durante la firma de convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados y Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el legislador subrayó la importancia de que el Congreso de la Unión estén muy claros en que la etapa que viene “está llena de incertidumbre y que, si México se mantiene unido, vamos a superar los retos y desafíos”.

Apuntó que el gobierno entrante de los Estados Unidos de América ha hecho preliminarmente anuncios que como legisladores y parte de un Poder de la Unión nos tiene en reflexión, pues la creación de una oficina de aranceles especiales nos pone a pensar porque tenemos que reaccionar desde el punto de vista legislativo, y es un momento clave para mantener la unidad nacional.

Enfatizó que no es la primera ocasión en que el país se enfrenta a este tipo de desafíos; por ello se congratuló de la firma de convenio porque representa acercarse al conocimiento jurídico que se encuentra agrupado en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

En este sentido, consideró que la firma del convenio, impulsada por el presidente de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación, el Diputado Eruviel Ávila Villegas (PVEM), es clave, ya que una sociedad sin un Estado de derecho fuerte es una sociedad destinada al fracaso y a la debilidad institucional.

Por eso --dijo-- la colaboración entre la Cámara de Diputados y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, representa una alianza con el sector jurídico del país, a fin de construir instrumentos de convivencia y armonía social.

Consideró que el convenio de colaboración tiene beneficios recíprocos, pues de “ustedes obtendremos consejos y asesorías y una alianza para mantener al Estado de derecho como principal función del Estado mexicano”.

Ricardo Monreal Ávila expresó que el Derecho debe modificarse ante las nuevas circunstancias, porque hay una etapa importante en los últimos 200 años en materia del Poder Judicial; algunos coinciden, otros no, pero esta sacudida fue lo correcto, ya que las 70 reformas a la Constitución contribuirán a la mejora de este Poder.

Es muy importante esta alianza institucional, porque el trabajo legislativo no puede ni debe ser un ejercicio aislado; las y los diputados deben abrirse cada vez más a parlamentos abiertos, opiniones externas y, por ello, nos interesa el punto de vista del sector jurídico.

Explicó que ahora mismo la Cámara de Diputados se encuentra en el análisis, discusión y quizás modificación a la Ley del INFONAVIT. Antier y ayer se mantuvieron reuniones con empresarios y trabajadores.

Reiteró que este ordenamiento va a modificarse cuando menos entre 20 y 30 artículos de la minuta proveniente del Senado de la República, por lo que este convenio permitirá que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados puedan hacer llegar sus puntos de vista al respecto.

Anunció que a partir del 1 de febrero, también se deberán crear nuevas leyes reglamentaras de cuando menos 73 ordenamientos; es decir, se tendrían que sacar por sesión dos leyes reglamentarias en materia Guardia Nacional, normas secundarias que puedan sustituir la facultad que regulaban organismos autónomos como el IFT, COFECE, INAI, además las leyes Ferroviaria, y la de Bienestar Animal.

Añadió que a pesar de la capacidad que tiene el Poder Legislativo es imposible asumir con rapidez tanta materia, por lo que se tendrá que priorizar y “y no sacar todo precipitadamente”.

Suplir vacíos jurídicos en materia de inteligencia artificial

El Diputado Eruviel Ávila Villegas (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, confió que con la ayuda de la Barra Mexicana de Abogados se encontrarán alternativas para suplir los vacíos jurídicos que hay en materia de inteligencia artificial.

Asimismo, reconoció que hay mucho que legislar en esta materia, por lo que se pronunció por aterrizar los temas más importantes. “Yo seré el primero en apuntarme para pedir su apoyo”.

Sacar adelante la legislación en materia de agua

El Diputado y Coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, refirió que la Barra es una escuela de formación permanente. Su intensa labor intelectual académica permite que el Foro Mexicano, la Academia Mexicana, y quienes están ligados a temas de Derecho estén actualizados.

Además, en lo político, gracias a ella se tiene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por ello, agregó, “recurrimos a la generosidad de la Barra y a su amor a México para sacar adelante la legislación relacionada con el agua. Creo que deberíamos recurrir pronto a ellos porque hay un mandato judicial y está trunca esa parte de la legislación”.

Sano escuchar reflexiones que fortalezcan la legislación

En su oportunidad, el coordinador del PVEM, Diputado Carlos Alberto Puente Salas, celebró la firma del convenio y confió en que sea de ayuda para las y los diputados. Consideró sano escuchar reflexiones y opiniones que ayuden a las y los legisladores a tener una visión distinta para fortalecer la legislación. “Desde el grupo parlamentario estamos abiertos a escuchar razones, argumentos y motivos para fortalecer el trabajo legislativo”.

Hizo un reconocimiento a los abogados por su voluntad de aportar lo bueno a México. “Sin duda la colaboración que podamos establecer con ustedes tendrá que ser ágil porque el número de ordenamientos legales que se tienen que trabajar requieren de agilidad en el diálogo, pero con la mayor apertura y sin ningún perjuicio para generar una mejor condición para el estado de derecho en el país”, subrayó.

Se busca la guía del Derecho

El Diputado Luis Miranda Barrera (PVEM) afirmó que estos convenios refuerzan la idea de que en la Cámara de Diputados se busca la guía del Derecho, porque éste se ajusta a la época moderna.

Expresó que las y los legisladores jóvenes tienen mucho qué aprender de los abogados. “No nos descuiden ni nos abandonen porque necesitamos de su opinión y guía para reforzar el Estado de derecho para que las mexicanas y mexicanos puedan sentir la tranquilidad de que en la Cámara se hace lo correcto”.

La Cámara de Diputados es el espíritu de México

El Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Víctor Oléa Peláez, afirmó que la Cámara de Diputados es el espíritu de México, de su democracia, de su empuje republicano; por ello, el celebrar este relevante convenio de colaboración entre ambas instituciones implica un loable reconocimiento de que el Legislativo y esta asociación profesional tienen similares propósitos y objetivos en busca de un mejor Estado de derecho.

Puntualizó que México necesita de manera urgente que se actualice una mejor comunión entre la abogacía organizada y el organismo constitucional que forma nuestros ordenamientos jurídicos. “Nuestro común objetivo debe ser el tener mejores leyes, mejores sistemas de aplicación del Derecho, y en eso para la Cámara de Diputados y la Barra Mexicana son de la mayor importancia”.

Se etiquetaron recursos a INAI y COFECE en el PEF 2025, para liquidar y cerrar su extinción: Diputado Ricardo Monreal

* No habrá despidos ni cierre de tribunales por el recorte presupuestal al Poder Judicial; se hicieron estudios técnicos, afirma el presidente de la JUCOPO

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), explicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aparecen con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 para liquidar y cerrar su extinción.

“El INAI tiene 500 millones para prever los meses que van a continuar hasta en tanto no haya las instituciones, ley reglamentaria, creo que son 180 días, y para liquidación de personas de confianza o por honorarios, o los que quieran hacerlo y tengan un retiro decoroso”, indicó en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.

En el caso de la COFECE, dijo, también se etiquetaron recursos, con base en cálculos que se hicieron en la Comisión de Presupuesto, “y se considera que con esa cantidad asignada logran salir estos seis meses, liquidar y cerrar la extinción”.

Asimismo, comentó que las dependencias del Gobierno Federal que van a tener las funciones de los órganos autónomos que se extinguirán y que absorberán a sus trabajadores –entre ellas la Secretaría Anticorrupción, la Agencia de Transformación Digital y el INEGI– “tienen la capacidad técnica para mantener esa planta productiva y laboral”, y con su presupuesto ajustan para ello.

Consultado sobre el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación, comentó que se hicieron estudios técnicos para ello y que la planta laboral está protegida, “lo que tiene que disminuir son excesos y también súperlujos o gastos superfluos”.

“Se hicieron estudios técnicos en Hacienda y en la Comisión de Presupuesto y va a ajustar, se los aseguro; eso me hace coincidir con la presidenta de la República en su pronunciamiento del día de hoy”, dijo. “No habrá despidos ni cierre de tribunales”, agregó.

El diputado también apuntó que los fideicomisos del Poder Judicial que se van a extinguir “ya están entregándose y se están reintegrando a la Tesorería de la Federación”.

Finalmente, Monreal Ávila destacó que la educación fue uno de los temas prioritarios en las reasignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, con 18 mil millones de pesos.

Diputadas y diputados conocen para trámite de publicidad dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del proyecto de decreto de reformas constitucionales que plantean la extinción de siete órganos autónomos.

El documento reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política.

Los organismos que se propone extinguir son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El dictamen destaca en su régimen transitorio que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.

Las reformas también extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Asimismo, otorgan al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

INAI

En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

Agrega que los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.

En el apartado B del artículo 123 se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.

CONEVAL

En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y funciones del CONEVAL, y se reforma el apartado B para estipular que el INEGI “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.

Cofece e IFT

El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la COFECE y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.

También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.

De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.

También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.

Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.

Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales.

MEJOREDU

Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

CRE y CNH

En el artículo 28 se modifica el párrafo que actualmente indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.

Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información

Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Austeridad republicana

En el artículo 134 se establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 134, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.

Las legislaturas de las entidades federativas tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información.

Además, en el artículo 123 se define que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el “Tribunal de Disciplina Judicial”.

En la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.

Cofece ha impuesto multas históricas por 5 mil millones de pesos, informa su titular a senadores

Es necesario dotar a dicha Comisión de instrumentos que permitan desconcentrar los mercados y promover la libre concurrencia, destaca el senador Espino de la Peña.

Ante las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Segunda, Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), informó de las acciones que ha realizado el organismo en los últimos dos años.

El presidente de la Comisión de Economía, Roberto Juan Moya Clemente, destacó el profesionalismo de la funcionaria, en tanto que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expresó que este órgano constitucional autónomo es fundamental para elevar la productividad y la competitividad, así como la economía mexicana.

Sin embargo, dijo que es necesario dotar a dicha Comisión de instrumentos que permitan desconcentrar los mercados y promover la libre concurrencia.

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, reconoció los logros que ha obtenido esta institución, pero consideró que el ciudadano común aún no identifica con claridad el beneficio de contar con un organismo que garantice una competencia económica, por lo que cuestionó a la comisionada de la relevancia de que este tipo de instituciones sean autónomas.

Por su parte, Andrea Marván Saltiel informó que, en el periodo del 2022 y 2023, la Cofece ha impuesto multas “históricas” de alrededor de 5 mil millones de pesos en diversos sectores, por conductas violatorias a la Ley en la materia, cifra que supera por mucho el presupuesto asignado a este organismo autónomo.

Explicó que los recursos obtenidos por las multas que impone la Comisión “no se quedan dentro del patrimonio” de la institución, sino que “se van a la Tesorería de la Federación y superan por mucho el presupuesto” del organismo.

De ahí, agregó, la importancia de la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica, porque esto permite “enfrentarnos a empresas con gran potencial económico”.

“Hemos usado nuestro presupuesto para llevar a cabo investigaciones que tengan impacto en el bienestar de la sociedad, para que podamos promover lazos de cooperación con sectores estratégicos como el académico e instituciones públicas y privadas, para que la importancia de la competencia permeé”, señaló.

Subrayó el interés de los comisionados de aprovechar los beneficios que conlleva que la política de competencia sea visible, porque esto ayuda a construir una economía más justa.

La comisionada presidenta mencionó que según datos del Banco Mundial esta institución ha tenido una intervención, en los últimos años, de alrededor del 40 por ciento en la economía, en los sectores agroalimentario, financiero, energético, salud, transporte de carga y pasajeros, así como obras públicas.

Indicó que actualmente están en curso dos investigaciones, una relacionada a los servicios financieros digitales y otra relativa a gas natural; además, hace un mes, la Comisión Federal de Competencia Económica, terminó un estudio relacionado a la carne de res, en el que se identificaron diversas restricciones que limitan la oferta de este producto, generan alza en los precios y no hay información que sea útil para los consumidores.

Recordó que en septiembre del año pasado emitieron la resolución relacionada con el sistema de pagos con tarjetas, en la que identificaron ciertos candados en la normativa que impiden que exista una mayor competencia en este tipo de pagos.

“Esto nos lleva a que en México las comisiones bancarias que se pagan por el uso de tarjetas son seis veces mayores a las que se pagan en Estados Unidos”.

Además, agregó, hace un par de semanas presentamos por primera vez una querella penal y estamos trabajando en una acción colectiva para conseguir la reparación del daño.

Aumento en precio del huevo, sin impacto en medición de inflación

LA CRÓNICA El incremento en el precio del huevo es un evento transitorio que hasta el momento no ha influido en otros productos, aunque se está dando seguimiento a este comportamiento, aseguró el gobernador del Banxico, Agustín Carstens. “Es un cambio en precios relativo, no genera un aumento sostenido en todos los precios en la economía nacional; realmente, por el momento, no ha afectado de manera significativa la medición de la inflación”, afirmó en conferencia de prensa.

En el marco de la 78 Convención Bancaria, dijo que la Secretaría de Economía (SE) sigue muy de cerca este tema, incluso pidió una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). De hecho, abundó, se espera que sea un evento transitorio asociado a temas estacionales, como el de la Cuaresma, y si es un tema más de competencia pues que se atienda a través de las propias facultades de la Cofece. El funcionario del banco central también se refirió a la homologación salarial anunciada por la Secretaria del Trabajo y señaló que los factores de la producción (patrones y obreros) no incidirán en los precios al consumidor, ya que -apuntó- era un anuncio esperado. Aseguró en este sentido que la Junta de Gobierno del Banco de México tiene los mecanismos para hacer frente a un posible aumento de la inflación, luego que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos decida regularizar su política monetaria. Explicó que la Junta establece los factores que llevarían al Banxico a actuar para contener la inflación conforme se vaya comportando la actividad económica y sobre todo, según evolucionen los determinantes de la inflación. Entre estos determinantes, detalló, se pueden considerar el aumento de la tasa de interés referencial de Reserva Federal de Estados Unidos, el comportamiento del tipo de cambio y de la economía mundial, que son tres factores externos. No obstante, aclaró que también se pueden considerar causas internas como un crecimiento más acelerado de la economía mexicana y eso empieza a reducir sustancialmente la curva de la economía, el cual es un factor muy importante en las decisiones que lleva a cabo el Banxico. “No hay un regla clara que destaque los más importantes por el momento, pero sin duda podrían surgir otros que en un momento dado requieran mayor atención por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México”, puntualizó.