La OFEC participa en Foro-Debate sobre circularidad de los plásticos y plantea acciones para una gestión responsable en el Congreso de la Ciudad de México

• OFEC participó en el Foro-Debate del Congreso de la Ciudad de México sobre circularidad de los plásticos, junto con especialistas, academia y autoridades ambientales.

• La industria del plástico destacó su relevancia económica y llamó a fortalecer la gestión de residuos y la economía circular en lugar de prohibiciones.

• El espacio impulsado por la Diputada Ana Buendía fue considerado un éxito y un tema que debe seguir abordándose con bases técnicas y científicas.

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2025. Con el objetivo de analizar el futuro de la gestión de materiales plásticos en la capital y plantear acciones concretas, el Congreso de la Ciudad de México realizó el Foro-Debate “Circularidad de los plásticos. Retos y soluciones desde múltiples perspectivas”, con la participación de especialistas, academia y representantes de la industria.

Durante la inauguración, la Diputada y anfitriona Ana Luisa Buendía García (MORENA) destacó que este diálogo es “fundamental, urgente y necesario” ante la crisis climática que enfrenta la ciudad, marcada por estrés hídrico, mala calidad del aire e islas de calor. Subrayó que avanzar hacia una economía circular “no es una tendencia, sino una necesidad”.

El foro contó con la participación de:

• Diputada Ana Luisa Buendía García, (MORENA).
• Biól. Mónica Viétnica Alegre González, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT).
• Mtra. María Bárbara Reveles González, Coordinadora de Inspección y Vigilancia Ambiental en Suelo Urbano (SEDEMA).
• Ing. Karina Osornio Paz, asesora de la Unidad de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos (SEDEMA).
• Prof. Luis Raúl Tobar Gálvez, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
• Lic. Jorge Chahin Silhy, presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC).

Las y los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco normativo, la infraestructura y la corresponsabilidad ciudadana para transitar de un modelo lineal a uno circular que reduzca impactos ambientales.

La Procuradora Mónica Viétnica Alegre enfatizó que la sociedad depende de múltiples procesos que involucran plásticos, por lo que el reto es cambiar el paradigma y evitar que los residuos terminen como desechos. Destacó que conocer el origen y consumo de estos materiales es clave para diseñar políticas públicas y trabajar de manera articulada con la industria.

Por su parte, Jorge Chahin, Presidente de OFEC, señaló que la industria del plástico es un motor económico nacional: pasó de 4,107 a 5,167 empresas desde 2019, aporta el 3.5% del PIB manufacturero y genera más de 1.2 millones de empleos. Afirmó que los plásticos más comunes son materiales totalmente reciclables, indispensables para sectores estratégicos, y que el reto real está en la gestión de residuos y en la separación desde los hogares.

Chahin expuso que los análisis de ciclo de vida demuestran que los plásticos pueden tener hasta 70% menos impacto ambiental que otros materiales. En el bloque sobre propaganda político-electoral, destacó que la solución no está en prohibir, sino en fortalecer la recolección y valorización. Propuso que industria y recicladores colaboren para retirar lonas y materiales usados en campañas, pues tienen valor económico y pueden reincorporarse a la cadena productiva.

En el último bloque, se subrayó la importancia de coordinar a gobierno, industria y academia para hacer viable la circularidad. Se mencionó la Taxonomía Sustentable de México, que ofrece incentivos para inversiones en infraestructura de reciclaje. Chahin añadió que México tiene el potencial de ser líder regional si adopta prácticas de países con tecnologías avanzadas. “El problema no es el material, sino su gestión”, afirmó.

Finalmente, este espacio gestionado por la Diputada Ana Luisa Buendía García fue considerado un éxito por las y los participantes, al abordar un tema clave para el presente y futuro de la ciudad. Coincidieron en que este diálogo debe continuar con enfoque técnico, científico y social para avanzar hacia una verdadera economía circular.

CONAPRED se congratula por la aprobación de la Ley Paola Buenrostro

• Reforma distintos ordenamientos, con la finalidad de sancionar, en el ámbito penal, la violencia transfeminicida en la Ciudad de México

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se congratula por la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en el Congreso de la Ciudad de México, que reforma distintos ordenamientos locales, entre ellos, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y la Ley de Víctimas, con la finalidad de sancionar, en el ámbito penal, la violencia transfeminicida a la que se enfrentan las mujeres trans, por motivo de su identidad y expresión de género.

Violencias que, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encuentran sustento en el deseo de “castigar” aquellas identidades, expresiones o comportamientos “que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer”.

El CONAPRED, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), señala que la violencia transfeminicida deshumaniza a las personas, como resultado final de los diversos contextos de discriminación y exclusión social que experimentan las personas trans en diversos ámbitos desde edades tempranas.

De acuerdo con datos de la última Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig), 31.7 por ciento de la población encuestada mencionó haber abandonado el hogar donde creció por motivos de su identidad de género y problemas familiares al respecto. En tanto que 39.4 por ciento, reportó un rechazo por parte de su padre y 38.9 por ciento de su madre al manifestar su identidad de género.

Las personas trans suelen ser excluidas de sus hogares y comunidades por su identidad y expresión de género asumida, que las ha llevado a formar entornos afectivos alrededor de lo que se conoce como familia social, la cual, hoy es reconocida en las reformas aprobadas para la gestión de diversos trámites como la expedición del acta de defunción, lo cual además armoniza con lo previsto en el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

El consejo reitera su compromiso con las personas de la diversidad sexual y de género para seguir promoviendo en todas las entidades federativas la construcción de una legislación que combata las prácticas discriminatorias que enfrentan desde edades tempranas, por motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Para lograr una sociedad incluyente, es primordial entender que, si bien somos diferentes, todas, todos y todes, somos iguales en derechos.

Para presentar una queja por un probable acto de discriminación, el CONAPRED pone a disposición los números telefónicos 55-5262-1490 en la Ciudad de México y 800 543 0033 en las entidades federativas. También el correo electrónico quejas@conapred.org.mx y el sitio web www.conapred.org.mx

La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, dictamen a la minuta de reforma constitucional sobre Guardia Nacional

• Las Fuerzas Armadas participarán en tareas de seguridad pública de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria
• Establece un fondo permanente de apoyo a entidades y municipios para fortalecer sus instituciones de seguridad pública

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019.

En sesión presencial, luego de ser aprobado en lo general y en lo particular con la mayoría calificada de 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto se remitió a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México, para los efectos del artículo 135 constitucional.

Menciona que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. 

Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación de las Fuerzas Armadas deberá ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; regulada, para que cumpla con estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales.

Además, fiscalizada, que implica la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que presten a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

El dictamen indica que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución Política.

Subraya que las acciones que lleve a cabo, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

Establece que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral, proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para el análisis y dictamen de los informes, añade que en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una Comisión Bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las cámaras del Congreso de la Unión.

La Comisión Bicameral se reunirá cada que lo solicite su directiva y para la emisión del dictamen semestral, convocará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. 

Ese dictamen, añade, evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida su presencia en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido.

Puntualiza que la Comisión Bicameral remitirá a cada una de las cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se enviarán al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas.

El dictamen indica que la Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, a fin de garantizar que, luego del plazo señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución.

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma del programa señalado en el artículo Séptimo Transitorio. 

Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución por los órganos competentes.

Expone que, a partir de la entrada en vigor del Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el artículo Séptimo Transitorio del decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin cumplir lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio.

A partir del ejercicio fiscal 2023, añade, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, mismo que se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Fondo no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año y recursos no podrán ser utilizados para otro fin.

Subraya que el fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 25 por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En adición a esos recursos federales establecidos, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. 

Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno, respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio.

Las partidas presupuestales no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de MORENA, PAN, PRI, PT, MC y PRD presentaron reservas, las cuales fueron desechadas.