Congreso mexiquense avala hasta 13 años y 4 meses de prisión por vigilancia ilícita con drones

• En comisiones legislativas, congresistas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron elevar hasta 13 años y 4 meses de prisión la sanción por cometer delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales cuando se utilicen dispositivos de geolocalización, aeronaves pilotadas a distancia (drones) o sistemas de videovigilancia

• Al respaldar la propuesta, la Diputada Carmen de la Rosa, el Legislador Octavio Martínez y la Parlamentaria Ana Yurixi Leyva coincidieron en que da un tratamiento sistemático, transversal y sólido al tipo penal de vigilancia y captación no autorizada de información.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó elevar hasta 13 años y 4 meses de prisión la sanción por cometer delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, así como contra la seguridad de las personas servidoras públicas y particulares, cuando se utilicen aeronaves pilotadas a distancia (drones), dispositivos de geolocalización o sistemas de videovigilancia.

En sesión de dictamen, presidida por la Diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el órgano legislativo avaló la iniciativa de la Diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (MORENA), que propone reformar el Código Penal estatal, el cual actualmente establece de seis a 10 años de prisión por utilizar cualquier medio de comunicación para esos fines, sin precisar el uso de drones.

De acuerdo con el proyecto aprobado, enriquecido con propuestas de los diversos grupos parlamentarios y con la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), también se configura la agravante cuando esos dispositivos se utilicen para la captación de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos o cualquier medio físico.

Durante la reunión, Carmen de la Rosa expuso que el proyecto de decreto avalado cumple con el propósito de la propuesta inicial, además de incorporar en el tipo penal la utilización de dispositivos de geolocalización y sistemas de videovigilancia.

Al precisar que el Código Penal Federal ya sanciona estas conductas en el ámbito nacional, por lo que la reforma avalada sólo se aplicará a los delitos del ámbito local, admitió que la adecuación es congruente con la opinión técnica de la Fiscalía y con criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.

Agregó que la seguridad física y patrimonial de la población también es responsabilidad de las y los diputados, por lo que no se va a dar un paso atrás para combatir la criminalidad ni sus nuevas modalidades, como el aprovechamiento de drones.

El Congresista Octavio Martínez Vargas (MORENA) llamó a mantenerse atentos al actuar de la FGJEM en relación con esta modificación, ya que particulares e incluso personas servidoras públicas también recurren a drones para trabajos como topografía, a quienes podrían fabricárseles acusaciones o sufrir extorsiones por elementos de la policía de investigación por esas actividades.

A su vez, Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) afirmó que esta modificación va más allá de su objetivo original, que se concentraba en perseguir estas acciones para casos de robo, abigeato y despojo, ya que ahora da un tratamiento sistemático, transversal y sólido al tipo penal de vigilancia y captación no autorizada de información.

Cabe señalar que el citado código incluye el capítulo denominado ‘Delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, y de la seguridad de los servidores públicos y particulares’, conforme al cual incurre en estas violaciones, entre otras modalidades, quien aceche, vigile, espíe, rastree, proporcione información o realice actos tendientes a obtener información sobre las actividades oficiales o personales, ubicación, operativos o, en general, relacionadas con sus funciones, que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de este ámbito.

Asimismo, incurren en estas violaciones quienes alteren o accedan a información de las dependencias relacionadas o particulares; permitan, toleren o faciliten la introducción de teléfonos celulares, sistemas de comunicación electrónica o radiocomunicación a los centros penitenciarios. De manera particular, señala como agravantes, entre otras, la participación en estos crímenes de personal de las propias instancias de seguridad.

12 años de cárcel por denuncias falsas por presuntos delitos: Leticia Mejía

 

• Con el fin de proteger la reputación de las personas, en particular de docentes, la Diputada Leticia Mejía (PRI) planteó penas de hasta 12 años de cárcel a quien impute una denuncia falsa sobre un presunto delito contra otra persona.

• Para prevenir esta conducta contra maestras y maestros, propuso que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y los mecanismos alternativos de solución de controversias de la comunidad escolar.

Con el fin de proteger la reputación de las personas, particularmente de docentes, la Diputada Leticia Mejía García (PRI) planteó penas de hasta 12 años de cárcel a quien impute una denuncia falsa sobre un presunto delito contra otra persona, así como que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y los mecanismos alternativos de solución de controversias de la comunidad escolar.

Además de esta pena, propone elevar las multas vigentes por daño moral y reparación del daño derivados de una acusación falsa, de mil días multa actualmente vigentes, hasta 5 mil.  

En la exposición de su iniciativa de reforma al Código Penal y la Ley de Educación, ambos de la entidad, la parlamentaria señaló que ser falsamente acusado es un riesgo que desafortunadamente todas las personas enfrentan, independientemente del entorno en el que se desenvuelven; no obstante, apuntó, en el ámbito educativo es una realidad que afecta al personal docente.

Por lo anterior, precisó en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, su planteamiento se enfoca principalmente a prevenir este ilícito en contra de maestras y maestros.  

Además, en su propuesta la legisladora solicita, como acciones preventivas de estas acusaciones sin sustento, que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias en las que se involucren educandos, docentes, madres y padres o tutores; así como la concientización del daño que causan con el propósito de prevenirlas.

Asimismo, que emitan protocolos de actuación ante estos casos orientados a garantizar la seguridad e integridad de las personas que integran la comunidad educativa; respetar los derechos humanos de presunción de inocencia y debido proceso; brindar apoyo legal, laboral y psicológico a las personas involucradas; y promover mecanismos de reparación integral para cuando las acusaciones resulten falsas.

Por último, que dispone que la autoridad educativa fomente el respeto a la labor docente y a su persona, incluyendo la protección de su honor, crédito y prestigio.

En su exposición la legisladora detalló que, en 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró que casi el 44 por ciento de las personas privadas de la libertad señalaron que el motivo de su reclusión fue haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en la comisión de un delito.

En este sentido, señaló que, ante las actuales condiciones del país, donde la incidencia delictiva registra elevadísimos índices, no sólo es preponderante que se implementen medidas que favorezcan la cultura de la denuncia, también es pertinente la implementación de acciones que eviten que esa herramienta legal sea utilizada con el afán de perjudicar la reputación de una persona.

Llaman congresistas a castigar reclutamiento forzado de menores

• Al iniciar el análisis en comisiones de la iniciativa del Grupo parlamentario de MC, las Legisladoras Ruth Salinas (MC) y Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México debe legislar para castigar el reclutamiento forzado de menores.

• Dado que en 2022 se estimaba que en México había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, las legisladoras respaldaron que esta conducta se castigue hasta con 60 años de prisión.

• Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

• En el país, solo Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán han legislado al respecto, señalaron.

Dado que, según la Secretaría de Gobernación, en 2022, había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado en México, las Legisladoras Ruth Salinas Reyes (MC) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México se debe legislar para en la materia, como lo han hecho las entidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se inició el análisis de la iniciativa de la bancada de MC para establecer penas de hasta 60 años de prisión por estas acciones, la Parlamentaria Ruth Salinas compartió que, según esta dependencia federal, en ese año se tenía registro de 20 mil 327 niñas y niños y adolescentes, que fueron reportados como desaparecidos. De estos, 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.

Además, refirió que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

Por lo anterior, añadió, en 2021, el Gobierno Federal elaboró el Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, en donde se identificaron 18 entidades con presencia de crimen organizado, propensas a reclutar a estos sectores.

De estos estados, se ubicaron 50 municipios con alta incidencia de reclutamiento. Además, el Estado de México tiene cinco municipios que se encuentran en esta situación, debido a su colindancia con otras entidades como Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.

Expuestas estas circunstancias, enfatizó en la relevancia de legislar en la materia, tal como establece la iniciativa, que sancionaría hasta con 60 años de prisión a quien reclute forzadamente algún menor, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.

En este sentido, la Legisladora Ana Yurixi Leyva lamentó que en el sur de la entidad se reclute a menores para que hagan labores de vigilancia de los grupos criminales, por lo que señaló que es importante establecer estas conductas delictivas y castigar a quienes participan en el reclutamiento.

Indicó que esta situación ocurre desde hace más de 15 años y que se han empleado estrategias al respecto, pero que sólo se han modificado cuatro marcos jurídicos estatales, por lo que exhortó a que el Estado de México pueda ser la quinta. Además, solicitó ajustar la iniciativa para no dañar a quienes trabajan en paquetería y entreguen productosprohibidos, pero que desconozcan la situación.

Cabe señalar que la propuesta para reformar el Código Penal estatal establece que también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.

El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.

Aprueba Congreso mexiquense hasta 15 años de prisión por ‘préstamos gota a gota’

• El Congreso mexiquense aprobó sancionar con hasta 15 años de prisión el delito de usura, que incluye la modalidad conocida como “préstamos gota a gota”.

• La reforma impulsada por el Legislador Octavio Martínez establece que el delito lo comete quien otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, cobrando intereses o contraprestaciones desproporcionadas.

El Congreso del Estado de México aprobó tipificar el delito de usura, que abarca modalidades como los llamados “préstamos gota a gota”, y estableció sanciones de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 395 mil 990 pesos.

La reforma, promovida por el Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA), responde a la necesidad de frenar prácticas que implican el cobro de intereses excesivos y desproporcionados, generalmente bajo condiciones opacas, injustas y carentes de regulación.

Estas modificaciones al Código Penal estatal establecen que comete el delito de usura quien, aprovechándose de la necesidad económica apremiante, ignorancia o inexperiencia de otra persona, mediante contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, formales o informales, incluidos aquellos simulados, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, obteniendo intereses superiores al doble de las tasas fijadas por el Banco de México a intermediarios financieros para operaciones similares. 

Los ajustes al Código Penal estatal, cuyo dictamen fue leído en sesión deliberante por el Legislador Vladimir Hernández Villegas (MORENA), detallan que el delito se sancionará con pena de uno a 15 años de prisión, y multa de 100 a 3 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (lo que, con el valor actual de 113.14 pesos, resulta en 395 mil 990 pesos). 

Desde tribuna, el Legislador Octavio Martínez Vargas señaló que, aunque desde 1908 existe una ley federal para regular la usura, en la entidad este delito no estaba tipificado en el Código Penal, sino que únicamente se contemplaba como fraude, lo que ha favorecido el aumento de este tipo de actividades delictivas.

La exposición de motivos de la iniciativa resalta que la tipificación de la usura como un delito autónomo es una medida necesaria y urgente, que traería consigo beneficios jurídicos, sociales y operativos.

Detalla que esta medida permitirá reconocer y visibilizar la usura como una forma específica de abuso económico, que se aprovecha de la necesidad, la marginación o la falta de acceso al sistema financiero formal, y que coloca a las víctimas en situaciones extremas de endeudamiento y vulnerabilidad.

Se señala que, al contar con una figura penal propia, se facilitarán la investigación, la integración de carpetas y la judicialización de los casos, al eliminar las ambigüedades que actualmente derivan de su encuadramiento dentro del delito genérico de fraude.

Asimismo, fortalecerá la protección de personas en situación de vulnerabilidad como mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas indígenas o en pobreza mediante la incorporación de agravantes específicas.

Finalmente, la reforma contribuirá a generar un efecto disuasorio, al enviar un mensaje normativo contundente contra la explotación financiera informal y promover el acceso a mecanismos legales y regulados de crédito y financiamiento.

En el Congreso mexiquense plantean tipificar ciberacoso y sancionarlo hasta seis años de prisión

• La Diputada Itzel Guadalupe Pérez (PVEM) propuso tipificar y sancionar el ciberacoso, para garantizar el acceso seguro a internet como un derecho fundamental.

• La iniciativa establece penas de hasta tres años de prisión y 500 días de multa, que podrán duplicarse cuando las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.

Dado que, de las 13 millones 313 mil 595 personas usuarias de internet en el Estado de México, el 19 por ciento (más de 2.5 millones de personas) vivió ciberacoso de 2022 a 2023, el Grupo Parlamentario del PVEM planteó definir jurídicamente esta conducta, tipificarla como delito y sancionarla hasta con seis años de prisión y mil días de multa, si el ilícito se comete en contra de personas menores de 18 años en situación de vulnerabilidad que les impida comprender o resistirse al hecho.

Al exponer su iniciativa para reformar el Código Penal, y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa refirió que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan la necesidad de castigar el ciberacoso, y que las autoridades educativas implementen acciones para prevenir, detectar y sancionar esta conducta en las escuelas.

Añadió que no se trata solamente de un problema en línea, que se acaba si se apaga la computadora o el celular, pues “cruza la pantalla y golpea a las niñas, niños y adolescentes en la vida real”. Por ello, planteó la necesidad de contar con mecanismos normativos firmes para que el delito no quede impune.

En este sentido, la iniciativa define al ciberacoso como el hostigamiento, intimidación, amenaza, humillación, vigilancia de forma no consentida o divulgación de información personal de manera no autorizada, que afecte la dignidad, tranquilidad emocional o la privacidad de una persona, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Entre las penalidades, establece que comete el delito de ciberacoso quien, a través de las TIC, de manera reiterada o sistemática, realice conductas que causen hostigamiento, intimidación, amenazas, humillación, vigilancia no consentida o divulgación no autorizada de información personal, que afecte la dignidad, tranquilidad emocional o la privacidad de una persona, sancionándolo con una pena de hasta tres años y 500 días multa.

La propuesta endurece las penas, aumentándolas hasta el doble —seis años de prisión y mil días de multa—si el delito se comete en contra de menores de 18 años que no tengan la capacidad de comprender el significado o resistirse del hecho, además, la conducta será perseguida de oficio.

En relación con la ampliación de atribuciones de las autoridades educativas, se proponen diversas acciones, tales como: promover la creación de consejos de participación social que estén informados sobre las estrategias de prevención y permitan a los educandos identificar posibles casos de ciberacoso; sensibilizar a la comunidad educativa mediante la distribución de materiales preventivos sobre esta problemática; y fomentar la colaboración continua entre directivos, docentes, padres y madres de familia, así como el alumnado, en la realización de actividades preventivas.

El GPPAN en el Congreso Mexiquense propuso 8 años de prisión a quien contribuya en alienación parental

• La Legisladora Krishna Karina Romero y los Legisladores Pablo Fernández de Cevallos y Anuar Roberto Azar, plantearon endurecen sanciones por la alienación parental, incluidas personas servidoras públicas que contribuyan en este delito.

• Esta conducta se entiende como toda acción, omisión, manipulación o inducción que una persona progenitora realiza hacia su hijo o hija, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia la otra persona progenitora.

Para proteger a las y los menores de los daños ocasionados por prácticas de alienación parental, la bancada del PAN propuso sanciones de hasta ocho años de prisión y hasta mil 334 días multa a quien impute falsamente a otra persona un hecho considerado como delito ante una persona servidora pública, que, por razón de su cargo, empleo o comisión, deba proceder a su investigación, con el fin de ganar tiempo, obstruir las convivencias, obstaculizar los procesos en juicios de guarda y custodia.

La iniciativa de la Legisladora Krishna Karina Romero Velázquez y de los legisladores Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, puntualiza que se entenderá como por alienación parental a toda acción, omisión, manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo o hija, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia la otra persona progenitora.

Añade sanciones de hasta siete años de prisión y de mil días multa en el delito de falso testimonio cuando la persona entrevistada por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad en procedimientos que versen sobre guarda y custodia o pensión alimenticia.

Además, dentro de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas, se considerará cuando las o los abogados propicien o faciliten la imputación falsa, en contra de otro, de un hecho considerado como delito ante una persona servidora pública, que por razón de su cargo, empleo o comisión deba proceder a la investigación del mismo con el fin de ganar tiempo, obstruir las convivencias, obstaculizar los procesos en juicios de guarda y custodia. A este delito se le impondrán penas de hasta tres años de prisión y de 700 días multa, además de que podrán tener hasta dos años de suspensión del derecho de ejercer su actividad profesional y privación definitiva en caso de reincidencia.

La propuesta indica que, a quien realice conductas de alienación parental se le impondrán hasta siete años de prisión y de 700 días multa, así como tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen.

Durante su exposición, la Diputada Krishna Karina Romero compartió que hay cerca 82 mil menores víctimas de alienación parental en el país, y que, en 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró en el estado 17 mil 513 divorcios, de los cuales más del 50 por ciento involucra a menores de edad.

Con la iniciativa, que busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Educación, todos del Estado de México, también se propone establecer que, quienes ejercen guardia, custodia o tutela, se abstengan de cualquier conducta que implique alienación parental; así como la creación de un padrón de personas obstructoras parentales, el cual estará adscrito al Registro Civil

Entre otras modificaciones, se indica que el otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista alienación parental; la no realización de pruebas en materia de psicología familiar para la nueva pareja, en caso de que hubiere, con la cual la niña, niño o adolescente tuviera que cohabitar, o cualquier otra causa justificada a criterio del la persona jueza.

Necesaria regulación de cañones antigranizo: Diputada Leticia Mejía

* Advierte legisladora sobre secuelas en los ciclos de lluvia que dañan la producción agrícola

* Comparte congresista que personas afectadas han atestiguado por años esta práctica

Debido a los supuestos efectos negativos del uso de cañones antigranizo en el comportamiento climático, la Diputada Leticia Mejía García (PRI) propuso que esta práctica se regule mediante la aplicación de una evaluación de impacto ambiental, ya que personas productoras agrícolas de la región norte han atestiguado, durante años, que afectan los ciclos de la lluvia, ocasionando sequías y perjudicando sus cultivos.

La iniciativa presentada durante sesión deliberante, y que se analizará en comisiones legislativas, explica que, mediante explosiones de gas acetileno y aire, el cañón antigranizo emite ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo, provocando una lluvia o granizo blando.

Derivado de lo anterior, muchas personas productoras agrícolas son afectadas, debido a que al usar estos aparatos se evitan las lluvias, dispersando las nubes y ocasionando sequías.

Por esta razón, la propuesta para reformar el Código para la Biodiversidad, el Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas estatales, considera como un delito contra el ambiente la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos.

También, plantea fortalecer políticas y mecanismos efectivos de prevención y restauración por contaminación; que las autoridades estatales determinen la procedencia ambiental y las condiciones del uso de estos dispositivos; y que las personas afectadas formulen propuestas respecto a actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental.

CONAPRED se congratula por la aprobación de la Ley Paola Buenrostro

• Reforma distintos ordenamientos, con la finalidad de sancionar, en el ámbito penal, la violencia transfeminicida en la Ciudad de México

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se congratula por la aprobación de la Ley Paola Buenrostro en el Congreso de la Ciudad de México, que reforma distintos ordenamientos locales, entre ellos, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y la Ley de Víctimas, con la finalidad de sancionar, en el ámbito penal, la violencia transfeminicida a la que se enfrentan las mujeres trans, por motivo de su identidad y expresión de género.

Violencias que, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encuentran sustento en el deseo de “castigar” aquellas identidades, expresiones o comportamientos “que difieren de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer”.

El CONAPRED, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), señala que la violencia transfeminicida deshumaniza a las personas, como resultado final de los diversos contextos de discriminación y exclusión social que experimentan las personas trans en diversos ámbitos desde edades tempranas.

De acuerdo con datos de la última Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig), 31.7 por ciento de la población encuestada mencionó haber abandonado el hogar donde creció por motivos de su identidad de género y problemas familiares al respecto. En tanto que 39.4 por ciento, reportó un rechazo por parte de su padre y 38.9 por ciento de su madre al manifestar su identidad de género.

Las personas trans suelen ser excluidas de sus hogares y comunidades por su identidad y expresión de género asumida, que las ha llevado a formar entornos afectivos alrededor de lo que se conoce como familia social, la cual, hoy es reconocida en las reformas aprobadas para la gestión de diversos trámites como la expedición del acta de defunción, lo cual además armoniza con lo previsto en el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

El consejo reitera su compromiso con las personas de la diversidad sexual y de género para seguir promoviendo en todas las entidades federativas la construcción de una legislación que combata las prácticas discriminatorias que enfrentan desde edades tempranas, por motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Para lograr una sociedad incluyente, es primordial entender que, si bien somos diferentes, todas, todos y todes, somos iguales en derechos.

Para presentar una queja por un probable acto de discriminación, el CONAPRED pone a disposición los números telefónicos 55-5262-1490 en la Ciudad de México y 800 543 0033 en las entidades federativas. También el correo electrónico quejas@conapred.org.mx y el sitio web www.conapred.org.mx

Más de 5 años de prisión por usurpación digital de identidad: Congreso

▪ Consideran como agravante la manipulación de medios electrónicos o la intercepción de datos.
▪ Las Diputadas Juana Bonilla y Claudia Morales denunciaron el incremento de este delito particularmente en redes sociales.

Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado de México para establecer como agravante del delito de usurpación de identidad, cuando se cometa mediante manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos o intercepción de datos que atribuya, utilice o disponga de información, imágenes o documentos de otra persona física o jurídica colectiva.

Conforme al dictamen a las iniciativas presentadas por Juana Bonilla Jaime y el Diputado Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador de MC, así como las Legisladoras María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM), se impondrán de uno a cuatro años de prisión a quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, información o documentos que legítimamente pertenezca a otra persona física o jurídica colectiva que la individualiza ante la sociedad y que le permite ser identificada o identificable para hacerse pasar por ella.

La Diputada Juana Bonilla, quien detalló que la pena aumentará hasta en una tercera parte cuando se cometa mediante la manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos, redes sociales o intercepción de datos de envío, expuso que el delito de usurpación de identidad va al alza, como reveló recientemente el Instituto Nacional Electoral, con 18 casos de usurpación de identidad en el distrito 29 federal con sede en Nezahualcóyotl.

La Diputada Claudia Desiree Morales indicó que este delito se presenta con frecuencia en las redes sociales —donde se exponen una gran variedad de datos personales–, con el fin de causar daño o cometer otros delitos. Se pronunció por contar con leyes acordes a la compleja naturaleza de los delitos cibernéticos y mecanismos para prevenir, detectar y sancionar a los responsables de estos actos.

Avanza ‘Ley Ingrid’ en Congreso de Edoméx

• También prevén sanciones para personas servidoras públicas y agravantes si las víctimas son población vulnerable.
• Comisiones legislativas avalan sanciones de hasta 12 años de prisión por la difusión de imágenes de cadáveres.

A fin de salvaguardar la dignidad y honra póstumas, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas por personas servidoras públicas y ciudadanía, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó reformas al Código Penal estatal para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas, reforma que es conocida como ‘Ley Ingrid’.

El dictamen, que conjunta las iniciativas presentadas por separado por la Legisladora Luz Ma. Hernández Bermúdez (MORENA), así como por las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, Coordinadora e integrante de la bancada ecologista, respectivamente, establece sanciones para quien difunda o facilite este tipo de material, así como una agravante si las víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, quien, sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen o impartan instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación, realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o comparta u oferte e intercambie imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad del honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares, recibirá una sanción de cuatro a ocho años de prisión, así como la reparación integral del daño.

Durante la reunión presidida por el Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), el Diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) expuso el dictamen donde se establece que si en la comisión de este delito participan servidores públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el hecho delictivo, se le impondrán de tres a siete años de prisión.

El documento señala que, si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión.

La comisión legislativa también analizó las iniciativas de las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, del PVEM, así como del Diputado Martín Zepeda Hernández y de la Diputada Juana Bonilla Jaime, de MC, para incrementar las penas por el delito de usurpación de identidad. Al respecto, el Legislador Gerardo Ulloa compartió que solicitará a la Junta de Coordinación Política que se invite a representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tener una reunión de trabajo en conjunto.

Plantean diputadas ecologistas agravar prisión por tala ilegal

 

°Se impondrían hasta 20 años de cárcel a quien utilice armas de fuego o provoque el desplazamiento de personas.

°En 2022 se perdieron mil 310 hectáreas de bosque por la tala ilegal: María Luisa Mendoza.

La Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista en el Congreso mexiquense, propuso sanciones de 12 a 20 años de prisión en contra de quien, en el delito de destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala de árboles, emplee armas de fuego, violencia o cualquier medio coercitivo o cuando, en la comisión de este delito, personas propietarias, ejidatarias o comuneras se vean obligados a desplazarse de sus.

La iniciativa de reformas al Código Penal de la entidad busca combatir la destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala ilegal de árboles; delito que se comete a diario, con impunidad casi absoluta e incluso a plena luz del día, sostuvo la Legisladora María Luisa Mendoza.

Consideró necesario aportar mayores recursos para la investigación y aplicación de la justicia ante la tala ilegal y la violencia que trae consigo, toda vez que del primero de enero al 31 de julio del presente año la Secretaría de Seguridad estatal solo detuvo a 77 presuntos delincuentes por atentar contra los bosques y hasta el 31 de julio, el Poder Judicial del Estado de México contabilizaba 39 asuntos en etapa de control, por presuntos delitos contra el ambiente y contra la flora y fauna silvestre.

En la exposición de su propuesta, que analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la legisladora refirió que en la entidad hay 53 zonas ecológicas afectadas por delitos ambientales, especialmente por tala clandestina, de las cuales cinco son consideradas como críticas (conformadas por 19 municipios), además de que en 2022 se registró una pérdida de mil 310 hectáreas de bosque.

Propone MC en el Congreso mexiquense hasta 10 años de cárcel por “Deepfakes” de tipo sexual

•Las sanciones aplicarían en contra de quien elabore, manipule o gestione audiovisuales con contenidos sexuales falsos
•También se sancionaría a quien los revele, comparta o comercialice, plantea la bancada naranja.

Por Mario Ruiz Hernández

Toluca, Méx., octubre del 2023.- En nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Juana Bonilla Jaime propuso sancionar con uno a cinco años de prisión a quien elabore, manipule o gestione por medio de tecnologías digitales, imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales con la finalidad de generar elementos de naturaleza erótico, sexual o pornográfico, además de que las revele, publique, comparta o comercialice sin consentimiento de la víctima por cualquier medio.

La iniciativa de reforma al Código Penal precisa que tales penas aumenten hasta el doble, es decir un máximo de 10 años, cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento, además de la conducta será perseguida de oficio.

Enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la propuesta explica que con el avance tecnológico personas sin escrúpulos buscan engañar a la ciudadanía mediante contenidos digitales falsos pero hiperrealistas. 

Dicha práctica ya es común en todo el mundo y es conocida como “Deepfake”, consistente en archivos de vídeo, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial de modo que parezcan originales, auténticos y reales.

En este marco, añade el texto, se debe mejorar la protección de los derechos de las personas en contra de la captación y manipulación ilegítima de la imagen de una persona, su voz, o ambas, ya que en caso de no hacerlo se podría causar algún daño al honor y la integridad, sobre todo cuando se lacera su intimidad.

Tendrá Estado de México Ley de Cultura y Justicia Cívica

• Comisiones legislativas aprobaron las iniciativas que presentaron por separado las diputadas Karla Aguilar y Azucena Cisneros.
• El nuevo ordenamiento promoverá el acceso a la justicia cívica en los municipios mexiquenses.

Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron por unanimidad la Ley Justicia Cívica del Estado de México y Municipios conforme a las iniciativas presentadas por separado por las legisladoras Karla Aguilar Talavera (PRI) y Azucena Cisneros Coss (MORENA), después de recibir los comentarios y propuestas del Poder Judicial, a través de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Conforme al dictamen expuesto en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia por el Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), el nuevo ordenamiento de ley tiene por objeto promover el acceso a la justicia cívica y regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses, establecer normas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, además de mejorar la convivencia social y mantener el orden público.

Establece la clasificación básica de las conductas que constituyan infracciones administrativas, las sanciones, los procedimientos para su imposición y para regular la actuación de las y los servidores públicos responsables, además de instituir en los municipios los medios alternativos de solución de controversias cívicas.

En su momento, la Diputada Karla Aguilar expuso que el nuevo ordenamiento contribuirá con la restauración del tejido social, cerrar el paso a la impunidad y consolidar la cultura de la legalidad y la paz entre las y los mexiquenses. Resaltó las aportaciones del Poder Judicial sobre mediación y conciliación, constitucionalidad de las infracciones, lineamientos generales para el debido proceso, justicia para adolescentes y la posible consulta a comunidades originarias y personas con alguna discapacidad.

Indicó que la justicia cívica es una política nacional implementada con éxito en algunas entidades en el marco del Modelo Homologado de Justicia Cívica, y que tras un año de trabajo se logró diseñar un modelo innovador que establece las reglas básicas para mejorar el día a día en la comunidad cuya mayor demanda es la paz, y que permitirá a los municipios contribuir gracias a un enfoque que privilegia la agilidad procesal por encima de los formalismos burocráticos; la reparación del daño por encima de la sanción económica y, sobre todo, la mediación y conciliación en lugar de la confrontación estéril.

A su vez, el Diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) consideró que las municipalidades deben atender estas conductas en primera instancia, porque se evita que escalen a otras dimensiones y otros ámbitos. Señaló que el modelo da resultados en las entidades donde ya se aplica. Destacó que también se recibieron propuestas de las secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y que en el caso de los municipios ya operan las oficinas conciliadoras que deberán convertirse en juzgados cívicos.

La Diputada María Isabel Sánchez Holguín (PRI), quien recordó que en México 62 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraban inseguro vivir en su ciudad, destacó que esta ley sentará las bases para acceder de manera efectiva a mecanismos de solución a conflictos cotidianos.

El Legislador Gerardo Ulloa Pérez (MORENA) agradeció las aportaciones del Poder Judicial para enriquecer el decreto final, en tanto que la Legisladora Karina Labastida Sotelo preguntó si se consultó con la Consejería Jurídica del gobierno estatal y si los municipios cuentan con recursos para su aplicación.

En su oportunidad, el Magistrado Ricardo Sodi reseñó sus aportaciones y destacó la oportunidad de este nuevo ordenamiento toda vez que el Poder Judicial prepara también una reforma integral del Código Penal para adelgazarlo retirando varias conductas que hoy se consideran delitos, pero pueden quedar en el ámbito de las faltas administrativas.

Esta ley, abundó, contribuirá a la restauración del tejido social y a la construcción de políticas integrales en materia de seguridad. Refrendó la disposición del Poder Judicial de colaborar con el Congreso mexiquense en todas las acciones que signifiquen un bien a la sociedad y el estado, como en este caso en que, si bien el ámbito de actuación de la Ley de Justicia Cívica es esencialmente municipal, emitieron observaciones, aportaciones y sugerencias.

Hasta 20 años de prisión por abuso sexual infantil, avala el Congreso

▪Quienes cometan este delito también perderán la patria potestad o tutela del menor.

▪Quien ejerza la patria potestad debe denunciar cualquier presunto caso de abuso sexual contra el menor.

Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal para sancionar con hasta 20 años de cárcel a quien cometa abuso sexual infantil cuando la víctima esté bajo su custodia, guarda, educación o se aproveche de la confianza depositada, conforme a la propuesta de la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky (PAN).

Con estas reformas, las penas previstas actualmente para los casos de abuso sexual en contra de menores aumentarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo cuando el delito lo cometa uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por un hermano contra el otro, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra.

Asimismo, precisa el dictamen, quienes ejerzan este delito perderán la patria potestad o la tutela, y lo mismo pasará cuando se haga uso de la violencia física o moral o cuando el delito sea cometido por quien tenga o haya tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación.

Indica que, además de la pena de prisión, si el delito es contra un menor de edad, la persona condenada será destituida del cargo o empleo e inhabilitada o suspendida hasta por el término de cinco años en el ejercicio de su profesión, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor.

Las sanciones también serán mayores cuando el ofendido tenga alguna discapacidad, que limite sus actividades, además de establecen la obligación de quien ejerza la patria potestad de niñas, niños y adolescentes, hacer del conocimiento o denunciar ante las instancias competentes cualquier presunto caso de abuso sexual en su contra.

Con estas reformas se establece que quien cometa el delito de abuso sexual deberá pagar y reparar los daños y perjuicios de manera integral, además de que será incluido en los casos de reincidencia y habitualidad, por lo que no se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aún en el caso de delincuentes primarios.

Respaldan propuestas para agravar abuso sexual infantil

* La reparación del daño debe ser integral, coinciden.
* El delito se ha incrementado hasta 900 por ciento en los últimos ocho años: Ingrid Schemelensky.

La iniciativa de la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) para armonizar la legislación estatal en materia de abuso sexual infantil y añadir agravantes por este delito fue respaldada por representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), al considerar que es un reclamo de la sociedad.

En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, el diputado Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), presidente del órgano legislativo, agradeció las observaciones de la FGJEM y de la SJyDH, y adelantó que solicitarán a la Junta de Coordinación Política una reunión de dictamen.

La diputada Ingrid Schemelensky reconoció el esfuerzo conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo para combatir el abuso sexual contra menores de edad que se ha incrementado hasta un 900 por ciento en los últimos ocho años, por lo que indicó que se considerarán sus aportaciones a su iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México.

La diputada propone agregar agravantes cuando el delito sea cometido por familiares y personas que tengan la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente; así como establecer la reparación de los daños y perjuicios considerando el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.

Alma Delia Sandoval Rodríguez, coordinadora general de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM; y Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y Estudios Normativos de la SJyDH, reconocieron la relevancia de sumar agravantes al delito e indicaron que se podrían integrar los que considera actualmente el delito de violación.

Añadieron que no es necesario agregar lo de la reparación del daño toda vez que ya lo establece el Sistema de Justicia Penal pero sí puntualizar en el Código Penal estatal que la reparación del daño debe ser integral, tanto material como moral.

Proponen diputadas ecologistas agravar penas en 'Ley Ingrid'

•  Pide María Luisa Mendoza hasta 10 años de prisión por grabar o difundir imágenes de cadáveres.

Estado de México, noviembre del 2022. La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del PVEM, propuso reformar al Código Penal del Estado de México para agravar las sanciones de prisión en contra de quien difunda, audiograbe, comercialice, difunda, distribuya, entregue, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres, o parte de ellos, que se encuentren relacionados con una investigación penal. Actualmente las sanciones por estos delitos van de tres a seis años de prisión, por lo que la proponen incrementarlas de cuatro a 10 años de prisión, además de incrementar las multas y añadir los supuestos penales de niños varones y personas con discapacidad, para que también estén protegidos por la ley. En sesión plenaria, la legisladora explicó que su iniciativa busca el respeto de los cuerpos sin vida, la no violación a las leyes de inhumación y exhumación para sancionar más severamente la exposición mediática en la que se muestra a las víctimas de homicidio y feminicidio, o cualquier evidencia o documento que forme parte de las investigaciones de los delitos, con lo cual se fortalecería la llamada 'Ley Ingrid'. La iniciativa, a la que se adhirió el grupo parlamentario del PAN en nombre de la diputada Miriam Escalona Piña, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Llama Congreso a garantizar calles seguras para mujeres

* Solicitó a los 125 ayuntamientos vigilar que se apliquen las sanciones en materia penal en contra del acoso y el hostigamiento callejero.
* En 2021 se registraron mil 544 casos de acoso y hostigamiento sexual en la entidad.

Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó a los 125 ayuntamientos mexiquenses que garanticen, en sus bandos municipales, que las niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses transiten en la vía pública con libertad y seguridad y que velen por la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Penal en materia de acoso y hostigamiento callejero.

Conforme al punto de acuerdo impulsado por la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, en el acoso y el hostigamiento callejero se expresan conductas verbales o físicas relacionadas con la sexualidad y connotaciones lascivas que conllevan el ejercicio abusivo de poder y deriva en un estado de indefensión y riesgo para la víctima.

Explicó que, en 2021, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad se registraron mil 544 casos de acoso y hostigamiento sexual, mientras diversas encuestas señalan que las mujeres se sienten más inseguras en los cajeros automáticos y en la vía pública, en los bancos, transporte público, calles y carreteras, mientras que consideran su casa como el lugar más seguro.

La diputada cuestionó donde están las instituciones cuando las jóvenes y sus familias generan esquemas de protección y cuentan con grupos de WhatsApp para avisar donde están y con quien, enviar ubicaciones y modificar sus rutas y vestimenta para ser menos propensas a vivir este tipo de situaciones.

Recordó que, en Toluca, desde 2019, como regidora impulsó sanciones en el Bando Municipal para imponer arresto inconmutable de 24 y de hasta 36 horas en caso de reincidencia en estas conductas, mientras que en Naucalpan y en Ecatepec también se han implantado multas, arrestos y terapias psicológicas para los agresores.

Proponen aumentar penas de prisión contra docentes acosadores

* La diputada Claudia Morales propuso sanciones de ocho a 10 años de prisión contra docentes o administrativos que incurran en hostigamiento o acoso sexual.
* También propone la inhabilitación de por vida para quienes incurran en esta conducta.

La diputada Claudia Desiree Morales Robledo propuso sancionar hasta con ocho y 10 años de prisión, y con la inhabilitación de por vida para desempeñar cualquier cargo en instituciones educativas al personal docente o administrativo de escuela pública o privada, respectivamente, que se aproveche de su posición para cometer hostigamiento o acoso sexual.

La iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, ambos de la entidad, también impulsada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, plantea además aumentar las penalidades, para imponer de dos a cuatro años de prisión, a quien, con fines de lujuria asedie a una persona subordinada, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía.

La iniciativa, busca eliminar lagunas legales e imponer sanciones que inhiban este delito, toda vez que los menores de 5 a 17 años son quienes más los sufren, sobre todo en instituciones públicas, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que en las escuelas secundarias se registran 42.5% de los casos, en primarias 36%, en preescolares 10% y en el nivel superior 9%.
La Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Guanajuato son los primeros lugares a nivel nacional por este delito.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Plantean comisión legislativa que investigue concesiones a Aleática

* La Comisión Especial estaría vigente hasta el 31 de agosto de 2024 y deberá rendir un informe del resultado de su gestión.
* Proponen reformas al Código Penal para derogar el delito de ultraje.

La diputada Azucena Cisneros Coss y los diputados Nazario Gutiérrez Martínez, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Faustino de la Cruz Pérez y Daniel Andrés Sibaja González plantearon la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Concesiones Vigentes de la Infraestructura Vial Primaria del Estado de México.

El punto de acuerdo, dirigido a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) busca facilitar la recopilación fidedigna de información de los montos invertidos por las concesionarias y que no se afecte la economía de las y los usuarios o, en su caso, que los ingresos se afecten por títulos de concesión que pueda administrar el Estado.

El diputado Faustino de la Cruz, expuso que esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organismos públicos autónomos, asociaciones, organizaciones civiles, especialistas y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

El legislador indicó que, de ser creado, este órgano legislativo investigará la inversión de la Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., subsidiaria de Aleática (antes OHL), en el Circuito Exterior Mexiquense, los ingresos derivados del cobro de cuotas de peaje y la inversión pendiente de recuperar (en su caso), así como los presuntos actos de corrupción relacionados con el otorgamiento y modificación del título de concesión, incluyendo ampliaciones de plazo, incrementos extraordinarios de tarifas y reconocimientos de inversión.

También daría seguimiento a los punto de acuerdo emitidos con anterioridad por la Legislatura sobre la presunta corrupción asociada a los proyectos carreteros de Aleática en el Estado de México, pues dijo que en ocho ocasiones han denunciado la corrupción asociada a los proyectos carreteros, requirieron al gobierno estatal información que no ha sido entregada y propusieron la derogación de la llamada Ley Aleática para impedir que los concesionarios sigan explotando la infraestructura vial una vez recuperada su inversión y rendimiento.

De ser creada, esta comisión estará vigente hasta el 31 de agosto de 2024 y deberá rendir informe del resultado de su gestión.

Proponen derogar el delito de ultraje en el Código Penal

A fin de contribuir a la construcción de una sociedad democrática que pueda expresarse y opinar libremente sobre el actuar de la autoridad y las instituciones, y para que éstas no restrinjan ni castiguen la libre expresión de la ciudadanía, el diputado Jorge García Sánchez propuso derogar del Código Penal del Estado de México el delito de ultraje.

El legislador afirmó que la redacción imprecisa de este delito puede prestarse a diferentes interpretaciones y derivar en violaciones a los derechos básicos de la ciudadanía, como la libertad de expresión, además de imponer sanciones excesivas. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad. Esta propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.