Gobierno del Estado de México escucha a familiares y colectivos de personas desaparecidas

 

•Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan mesas de trabajo para establecer líneas de acción que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad y la justicia.

•La Comisión Nacional de Búsqueda y COBUPEM recopilan experiencias y opiniones de familiares y colectivos para incorporarlas en la construcción y mejora de las políticas públicas de búsqueda en la entidad

Por Mario Ruiz Hernández

Nezahualcóyotl, Méx., abril del 2024.- El Gobierno del Estado de México recopila las experiencias, conocimientos y opiniones de colectivos y familiares de personas desaparecidas y no localizadas, con el objetivo de incorporarlas en la construcción y mejora de las políticas públicas de búsqueda en la entidad.

A través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, se realizan constantemente mesas de trabajo y acercamiento que ayudan a establecer líneas de acción que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad y la justicia.

La más reciente se realizó en coordinación con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y la participación presencial y virtual de colectivos, que permitió conocer de primera mano sus conocimientos que servirán como base para el diseño del Programa Regional de la Zona Centro en materia de búsqueda.

En la reunión estatal, participó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM), y del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

En el lugar, se explicó que derivado de los nuevos mecanismos de búsqueda como la implementación del Primer Centro de Inteligencia y el uso de tecnología con kits biométricos, geo radares, vehículos especializados, cámara de pozo profundo, torre de iluminación, entre otros; los procesos de búsqueda son más efectivos.

Por otra parte, fueron convocados integrantes del Colectivo “EHÉCATL”, Red de Madres Buscando a sus hijos Flores en el Corazón, Nuestras Hijas de Regreso a Casa Buscándote con Amor, Uniendo Esperanzas Estado de México A. C, Believe, Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desparecidos, Asociación Mexicana de Niños Robados y Desparecidos A.C, Colectivo Buscando Vidas y Justicia por México, Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, Red Eslabones por los Derechos Humanos y Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; entre otros.

Estas acciones permiten dar cumplimiento con la Fracción 33 del artículo 53 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Promueven difusión inmediata de Alerta Amber a través de apps

Piden mayor difusión en páginas web, redes sociales y estrados de los municipios.
Diputadas de Morena, PRI, PVEM y PT enfatizaron que la desaparición de personas requiere la colaboración de todas las autoridades.

Convencidas de la necesidad de fortalecer la localización de personas desaparecidas, legisladoras y legisladores locales mexiquenses de MORENA, PRI, PT y PVEM solicitaron que organismos autónomos estatales y dependencias municipales participen en el análisis de las reformas para que los ayuntamientos difundan boletines de búsqueda en sus páginas web, redes sociales y estrados, además de que la alerta Amber se difunda por mensajes en telefonía móvil o mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.

Durante el análisis de las iniciativas de reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por particulares de la entidad, impulsadas por el Diputado Jorge García Sánchez (MORENA), así como las Diputadas Claudia Desiree Morales Robledo y María Luisa Mendoza Mondragón, también se acordó solicitar la participación de la Fiscalía Especializada, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y de las cédulas de búsqueda municipales.

De acuerdo con el Diputado Jorge García y la Legisladora Claudia Morales, ambas iniciativas buscan que autoridades y sociedad cuenten con herramientas prontas, accesibles y seguras para contribuir a localizar personas desaparecidas, en un contexto en que las primeras horas son cruciales para encontrar con vida a las personas desaparecidas.

En su intervención, la Diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (MORENA), quien presidió la reunión de las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, destacó que la participación de las células de búsqueda municipales ayudará a identificar las áreas de oportunidad a reforzar debido a su experiencia en campo.

Del PRI, las Legisladoras Isabel Sánchez Holguín y María Elida Castelán Mondragón resaltaron la importancia de contar con el punto de vista de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal en un contexto en el que el país vive una crisis de derechos humanos por la desaparición de personas.

La Diputada Silvia Barberena Maldonado (PT) se pronunció porque las autoridades estatales aporten cifras reales que reflejen la problemática en la entidad, de las personas desaparecidas, las encontradas y los casos en los cuales no se ayuda a las familias, toda vez que muchas veces el Ministerio Público revictimiza a familiares de las personas desaparecidas y les piden esperar 48 horas para iniciar su búsqueda.

Plantean en el Senado establecer tipo penal de “Desaparición Forzada de Personas Transitoria”

• Actualmente se encuentra regulada una modalidad permanente de este delito, subraya Ortiz Salinas.

El Senador Luis David Ortiz Salinas planteó establecer el tipo penal de “Desaparición Forzada de Personas Transitoria”, término que no existe en las leyes mexicanas, pero del que han hecho referencia y emitido recomendaciones la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El legislador de Movimiento Ciudadano explicó que dentro de la desaparición forzada de personas cometida por agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización o apoyo del Estado, existen dos tipos diferentes: la desaparición forzada permanente y la desaparición forzada transitoria.

A diferencia de la desaparición forzada permanente, en la que la víctima nunca es liberada ni se conoce su destino, abundó, en la desaparición forzada transitoria la víctima recupera su libertad después de un periodo variable o ya han encontrado su cuerpo. 

Ambas modalidades comparten el mismo elemento esencial: el ocultamiento deliberado de la persona desaparecida por parte de los agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o consentimiento; sin embargo, la modalidad transitoria no se encuentra definida en la legislación nacional, advirtió el senador.

De esto ya han referido la CNDH, que en abril del año en curso emitió una recomendación, pues detectó 165 casos de desaparición transitoria en México, y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, que también ha expuesto numerosas denuncias de casos en los que personas fueron detenidas por agentes del Estado y liberadas horas o días después.

No obstante, si la víctima es encontrada no se califica como desaparición forzada y no se castiga como tal, según las leyes. “El acto que inicia la violación seria la detención de la persona, seguida de su aislamiento, y el fin se produciría sólo cuando se conozca el destino de la persona desaparecida y se esclarezcan los hechos”, añadió el legislador.

Para atender este vació, Ortíz Salinas propuso establecer en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la figura de “Desaparición Forzada Transitoria”, como aquel delito en que un “servidor público prive de la libertad transitoriamente a una persona”.

La desaparición forzada de personas, estimó, es una grave violación a los derechos humanos, que afecta la dignidad, la libertad, la integridad y la vida de las víctimas y sus familiares. Además, genera un clima de impunidad, inseguridad y temor en la sociedad. 

“Por eso, los Estados tienen el deber ético de prevenir, atender y sancionar este delito, así como de reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares”, concluyó el senador.