Plantea iniciativa erradicar la violencia simbólica que se manifiesta en estereotipos y jerarquías de género

• La Diputada Mendoza Mondragón (PVEM) propone adicionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

A fin de incluir la violencia simbólica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para su atención y erradicación, la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) impulsa iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 6 de ese ordenamiento.

La propuesta define a la violencia simbólica como cualquier acto u omisión que, a través de patrones, mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmita, reproduzca y consolide relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, al instituir estereotipos y jerarquías de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

En el documento, enviado a la Comisión de Igualdad de Género, se expone que el reconocimiento de este tipo de violencia permitirá que se realice un esfuerzo mayor para su atención y erradicación.

Menciona que la violencia simbólica no sólo se ejerce directamente; consiste en la imposición cultural de sujetos dominantes hacia sujetos dominados, mediante la naturalización del dominio y las jerarquías, así como de los roles y estereotipos de género.

Además, es descrita como un tipo de violencia en la que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos se transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Esta forma de violencia aparece en diferentes ámbitos sociales, vinculada a la construcción de imágenes, símbolos e ideas en los que las mujeres son humilladas o maltratadas, afirma Mendoza Mondragón en la iniciativa.

Esa violencia simbólica se manifiesta en los medios de comunicación, en canciones, chistes, refranes, diccionarios e incluso en los contenidos formales de la educación y los gestos cotidianos de la socialización. “Por su modo de operar, se torna difícil identificarla”, precisa.

La diputada del PVEM resalta que distintos países han avanzado en la inclusión de la violencia simbólica como uno de los tipos de violencia contra las mujeres. Las legislaciones latinoamericanas son algunas de las pioneras en esta materia; por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Uruguay.

Explica que la violencia mediática es una de las modalidades más comunes de su expresión, relacionada a la publicidad sexista, que ya se regula en distintos países, incluido el nuestro.

Por tal motivo, resulta fundamental la reforma de modo que se abarque más allá de los contenidos en los medios de comunicación. “Es importante dejar de reproducir comportamientos y valores que naturalizan relaciones de dominación”.

Considera que este debe ser uno de los puntos de partida para que la recién creada Secretaría de las Mujeres establezca y conduzca la implementación y evaluación de la política nacional de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como su formulación, coordinación, vigilancia y monitoreo.

Plantea iniciativa hasta 10 años de prisión por despojo de inmuebles a personas mayores de 60 años y con discapacidad

• El Diputado José Luis Montalvo (PT) busca adicionar el artículo 395 Bis al Código Penal Federal

Para imponer pena de seis a diez años de prisión y de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización, cuando el delito de despojo de inmuebles se cometa en contra de personas mayores de sesenta años de edad o personas con discapacidad, el Diputado José Luis Montalvo Luna (PT) impulsa iniciativa que adiciona un artículo 395 Bis al Código Penal Federal.

También, cuando se simulen actos de ejercicio de autoridad, se utilicen documentos falsos por personas que busquen acreditar la propiedad del inmueble para hacer posesión del mismo, y cuando un servidor público autorizado para tratar datos personales de los ciudadanos participe de la comisión de un crimen en materia de despojo.

En el documento, enviado a la Comisión de Justicia, Montalvo Luna expone que el artículo 395 del Código Penal Federal ya tipifica el delito de despojo de inmuebles, pero es evidente que las disposiciones actuales deben ajustarse a la realidad social, pues la inclusión de las mencionadas agravantes permitirá una mayor eficacia en la persecución de este delito y en la protección del patrimonio de las y los mexicanos.

Advierte que el delito de despojo de inmuebles ha mostrado un alarmante incremento, como lo demuestran las denuncias presentadas en los últimos años. Este fenómeno ha sido impulsado por diversos factores, entre los que destacan la conformación de redes delictivas dedicadas a la apropiación ilegal de inmuebles, con el propósito de obtener importantes beneficios económicos.

Menciona que dichas redes aprovechan la limitada oferta de vivienda nueva en el país, lo que facilita la venta de inmuebles obtenidos ilícitamente agravando la situación. Además, el despojo de inmuebles se comete cada vez con mayor violencia mediante la acción de grupos organizados que se dedican a desalojar a personas de sus propiedades.

Estos grupos suelen aprovechar vacíos en la regularización de tierras o la vulnerabilidad de aquellos que, aun contando con escrituras públicas, son víctimas de intimidación y violencia, situación que exige la actualización de la legislación penal para sancionar más severamente tales conductas, enfatiza.

El Diputado José Luis Montalvo indica que actualmente el Código Penal Federal no contempla agravantes adecuadas para este delito, lo que resulta insuficiente ante la realidad social que enfrenta el país. Por ello, propone la adición del artículo 395 Bis para incluir circunstancias agravantes específicas.

Abunda que en la simulación de actos de autoridad los perpetradores suelen hacerse pasar por notarios, ejecutores o notificadores para intimidar a las víctimas y facilitar el despojo de inmuebles, por lo que este tipo de acciones generan confusión entre los propietarios, que llegan a creer que están enfrentándose a verdaderas autoridades.

Resalta que las víctimas mayores de 60 años o con discapacidad, son un grupo especialmente vulnerable ante estas redes delictivas, ya que en muchos casos las personas adultas mayores son despojadas por sus propios familiares, lo que agrava aún más el daño sufrido, de ahí que este hecho demanda una protección especial en la norma penal.

Otro aspecto es que en diversas ocasiones funcionarios públicos han sido partícipes en la comisión de estos delitos, ya sea mediante el uso indebido de la información que poseen o por omisión en el cumplimiento de sus deberes. La colusión de servidores públicos con estructuras criminales contribuye a la impunidad, lo que exige que dicha conducta sea severamente sancionada, añade.

Una modalidad creciente en la comisión de este delito, resalta, es la falsificación de documentos para justificar la posesión de inmuebles ajenos. Esa práctica debe ser reconocida como una agravante para garantizar que los ciudadanos cuenten con una protección adecuada de su patrimonio, puntualiza.

Proponen reforma para tipificar el delito de acecho y sancionarlo hasta con dos años de prisión

• La Diputada Verónica Martínez (PRI) presentó iniciativa que modifica el Código Penal Federal

A fin de tipificar el delito de acecho y sancionarlo con pena de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse, la Diputada Verónica Martínez García (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal.

De acuerdo con el documento enviado a la Comisión de Justicia para dictamen, se entendería por delito de acecho aquella conducta consistente en seguir, vigilar o comunicarse persistentemente con alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad, independientemente de que sus fines sean sexuales o no.

Indica que dicha conducta debe ser reiterada, al menos en dos ocasiones provocando una alteración en la vida normal de la víctima, de tal forma que propicie menoscabo, restricción o limitación grave de su libertad de actuar o tomar decisiones, por lo que se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

Las penas aumentarán hasta el doble en caso de que la persona acechadora se valga de algún arma al tener acercamiento con la víctima, se viole una orden de protección o restricción judicial, la persona autora haya cometido el mismo delito con anterioridad, se haga en perjuicio de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

También, cuando la persona acechadora se valga de una posición jerárquica para cometer el delito, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad física o psicológica, pobreza o marginación, y cuando el acecho se lleve a cabo por varias personas.

Hace mención que si la persona autora del delito fuese servidora pública y utilizare los medios o circunstancias que su encargo le proporcione, además de las penas señaladas se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por el tiempo de la pena de prisión impuesta.

Además, si como resultado del acecho se produce daño en la integridad física de la víctima o su familia, se impondrá una pena de prisión de hasta cinco años, sin perjuicio de la que corresponda al delito de lesiones, homicidio o feminicidio. El delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, con excepción de lo previsto en el párrafo que antecede y en las fracciones IV y VI de este artículo.


La Diputada del PRI comenta que una nueva forma de causar daño o preparar alguna conducta perniciosa contra las mujeres, es el acecho o acoso (del anglicismo “stalking”), término anglosajón que refiere a un cuadro psicológico denominado como síndrome del acoso apremiante, en el que el acosador persigue de forma obsesiva al acosado a través de una persecución e intimidación en contra de su voluntad, causando estragos significativos en lo psicológico, físico y económico, por lo que son colocadas en una situación de riesgo, y puede causar daños físicos o incluso la muerte.

Considera que esta forma de agresión es una conducta que se practica desde muchos años y que a menudo suele confundirse con otros delitos como el “cyberstalking”, el “bullying”, el acoso sexual, así como sólo amenazas.

El “stalking”, añade, consiste en que una persona se obsesiona por otra y realiza acciones de seguimiento, monitoreo, sacar fotos, de vigilancia, y puede llegar incluso a amenazar directa o indirectamente, sin que su objetivo hasta ese momento sea sólo estar cerca de esa persona.

Subraya que existen casos en que dicho acecho escala de nivel al grado que comienza a enviar mensajes de texto, llamadas telefónicas, revisa su correspondencia, le manda objetos a su casa o trabajo y ha habido casos en que hace contacto con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, generando estrés emocional que deriva en un sufrimiento y miedo por la seguridad personal.

Martínez García puntualiza que, en el país, solamente dos estados han tipificado el delito de acecho, y pese a que este tipo de conductas son más comunes de lo que se denuncia, existe un índice elevado de ellas, dado que el marco jurídico está enfocado a otro tipo de conductas como el hostigamiento y acoso sexual con fines lascivos, las cuales están ya tipificadas en el Código Penal Federal, sin embargo, el acecho no se encuentra contemplado.

De ahí que es necesario que el delito de acecho sea reconocido como una conducta que constituye una trasgresión a la libertad de actuar o determinación de la víctima y un menoscabo grave en su forma de vida, pudiendo generar un riesgo a su integridad e incluso su vida, por lo que debe ser tipificado con una pena, siempre y cuando exista una continuidad en dicho comportamiento.

Añade que al tipificar esta conducta se estaría protegiendo la libertad de actuar y de autodeterminación, si bien, también pueden verse lesionados otros derechos como la seguridad y tranquilidad personal, así como la salud física y mental, los cuales adquieren relevancia penal precisamente cuando limitan la libertad de la víctima.

Impulsan iniciativa para establecer en la Constitución Política el derecho humano a la paz

• El proyecto de la Diputada Pérez López (MORENA) lo analiza la Comisión de Puntos Constitucionales

La Diputada Beatriz Dominga Pérez López (MORENA) propuso adicionar un último párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política para establecer que “toda persona tiene derecho a la paz”.

Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la legisladora señala que la paz es un derecho humano al que todas y todos deberíamos tener acceso o, por lo menos, estar garantizado en la legislación; por eso que se busca estipularlo en la Carta Magna como un derecho universal y cumplir con el exhorto internacional en este sentido.

Explica que para el libre desarrollo del ser humano es necesaria la intervención de muchos sectores, como la educación, la salud, la cultura y el deporte, entre otros; sin embargo, la realización de todos estos aspectos no sería posible sin un ambiente adecuado, pues a pesar de que pudieran estar plasmados en la legislación nacional o tratados internacionales, quedarían suspendidos si no hay paz.

Argumenta que el país está lejos de tener una paz homogénea, ya que, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México, en el territorio nacional se identificaron 333 conflictos por tensiones y disputas generadas por el uso, acceso, control y la apropiación de los bienes comunes naturales.

Menciona que, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales, ni únicamente es la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales, sino que también es un derecho humano del que todas las personas, grupos y pueblos son titulares, ya que es un concepto mucho más amplio y positivo.

En ese mismo sentido, la legisladora señala que en la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1984, se proclama que los pueblos del planeta tienen el derecho sagrado a la paz y que la protección de ese derecho, así como el fomento de su realización es obligación fundamental de todo Estado, por lo que hace un llamado a contribuir, por todos los medios, a asegurar su ejercicio mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional.

Promueven iniciativa para que el Estado reconozca y proteja la vida desde el momento de su concepción

Con ese objetivo, la Diputada Reza Gallegos (PAN) impulsa una iniciativa de reforma a la Carta Magna

La Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 1º de la Constitución Política, para que el Estado reconozca y proteja el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

La propuesta de la legisladora, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, propone adicionar un párrafo cuarto a dicho precepto, recorriéndose los subsecuentes, para establecer que:

“El Estado reconocerá y protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, implementarán las acciones y políticas públicas correspondientes para la protección de ese derecho”.

En su exposición de motivos, enfatiza que “es menester referir, como parte fundamental del mosaico de derechos humanos, el derecho a la vida, toda vez que por el simple hecho de estar vivo y de la necesidad de la supervivencia, se constituye en uno de los derechos más importantes, puesto que, aunque todos lo sean, el resto de los derechos no existirán si el primero no hubiera ocurrido”.

Argumenta que el derecho a la vida inicia a partir de la concepción o fecundación, mediante la unión e implantación del espermatozoide con el óvulo, ya que “en ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro”.

En ese sentido, la Diputada Reza Gallegos asevera que “el Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo, y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación necesariamente debe abarcar todas las etapas”.

Reitera que el derecho a la vida es el derecho fundamental, el primero de todos, sin el cual no tienen cabida los demás derechos humanos, y debe ser consagrado de forma explícita en la Constitución Política, derivado de las reformas en materia de derechos humanos, de junio del 2011.

Existe plena coincidencia, agrega, en que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, y que dichos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Promueven iniciativa para garantizar seguridad social a mujeres divorciadas diagnosticadas con cáncer

• El Diputado Valencia García (PRD) plantea modificar las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Seguro Social y del ISSSTE

Para establecer que cuando una mujer divorciada sea diagnosticada con cáncer se solicite a la institución de seguridad social que continúe brindando la atención médica, el Diputado Francisco Antonio Valencia García (PRD) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona tres leyes.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca precisar que cuando la mujer haya sido diagnosticada con cáncer y el excónyuge goce de la prestación de seguridad social, se solicitará a la institución de seguridad social se continúe brindando la atención médica y hospitalaria hasta la remisión total de esta enfermedad.

En la Ley del Seguro Social plantea que independientemente del régimen de afiliación de la persona trabajadora, las beneficiarias con cualquier tipo de cáncer continuarán recibiendo los servicios que ampara este seguro, en caso de divorcio con la persona trabajadora, incluyendo la hospitalización.

Mientras que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) propone determinar que sólo en caso de que la mujer divorciada del trabajador o trabajadora se encuentre bajo tratamiento de cáncer, este continuará hasta su total remisión.

El documento, enviado a las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Seguridad Social, menciona que la finalidad de la reforma es garantizar el derecho a concluir el tratamiento de cáncer a la mujer que es beneficiada de un trabajador inscrito en algún régimen de seguridad social, bajo el supuesto de que el tratamiento dio inicio en el tiempo del vínculo matrimonial.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 en México se registraron un millón 122 mil 249 defunciones, de las cuales 8 por ciento fue por tumores malignos (90 mil 123). La tasa de defunciones por esta causa aumentó de forma constante al pasar de 6.09 defunciones por cada 10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021.

Además, de las 46 mil 182 mujeres de 12 años o más que fallecieron por esta causa, el 37 por ciento estaba casada (17 mil 260), 23 por ciento viuda (10 mil 597) y 22 por ciento soltera (10 mil 307) al momento de morir.

La diputada Valencia García relata que de conformidad con el estudio “Estadística de divorcios 2022”, del INEGI, durante 2022 se registraron 166 mil 766 divorcios. 

Expone que investigadores y científicos estiman que los tipos de tratamiento utilizados actualmente para combatir los tumores malignos son: cirugías, radioterapia o terapia de radiación, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, terapia hormonal o endocrina y trasplantes de células madre.

Por ello, agregó, es necesario garantizar que estos tratamientos para las mujeres divorciadas diagnósticas con cáncer continúen en el sistema nacional de salud, por lo que urge proveer del marco legal para que no se suspendan.

Analizan iniciativa del Ejecutivo sobre reducción de la jornada laboral en Foro de Diálogo Estatal de BCS

Líderes sindicales y representantes obreros, se pronuncian a favor de la reducción de la jornada laboral

La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Trabajo y Previsión Social realizaron en La Paz, Baja California Sur, el Foro de Diálogo Estatal para analizar y discutir la propuesta de reforma al artículo 123 constitucional, enviada por el Ejecutivo Federal, en materia de reducción de la jornada laboral y protección al salario.

Ante representantes del sector obrero, empresarial y del gobierno local, el presidente de la Comisión, Diputado Alfredo Porras Domínguez (MORENA), dijo que este foro tiene como finalidad unir al sector obrero y al patronal, para construir el México que todos deseamos, pues la patria requiere del esfuerzo de todos, ya que no hay aquí rentabilidad política para nadie.

Por ello, exhortó a todos los presentes a no perder ya más tiempo y hacer las cosas bien, así como usar las herramientas más valiosas de la política que es el diálogo, como lo hace en estos momentos la Cámara de Diputados en toda la República, a fin de poder plasmar en la ley lo que las y los mexicanos decidan en estos encuentros.

A su vez, el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que desde hace muchos años los trabajadores han vivido rezagados en su participación de la economía del país, pero ahora empiezan a ser reivindicados y se pretende que dejen de ser pobres, pero se requiere de la voluntad de todos y de la responsabilidad social de los empresarios.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisneros Lujan (MORENA), indicó que la propuesta de reforma al artículo 123 constitucional tiene que ver precisamente con el tema de elevar a rango constitucional el derecho a una pensión digna, por lo que las y los diputados buscan crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, que le dé sustento a esa propuesta.

Por su parte, la Diputada Susana Prieto Terrazas (sin partido), secretaria de la Comisión, aseguró que ahora a las diputadas y diputados les toca escuchar a estos sectores, para contar con el material suficiente que les permita emitir su voto personal y razonado cuando se someta a votación la reducción de la jornada laboral, y para que el salario se vuelva un principio constitucional y así nunca más se aumenten los ingresos de los trabajadores por debajo de la inflación.

Al inaugurar el evento, en representación del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social en la entidad, Omar Antonio Zavala Agúndez, destacó que lo importante es nutrir con el diálogo la propuesta de reducir las horas de trabajo para beneficiar a la clase obrera, y para fortalecer al sector empresarial.

Intervenciones de ponentes

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, respaldó la propuesta de reducir la jornada laboral, pues hoy los tiempos han cambiado y un obrero necesita hasta dos horas para llegar a su fuente de empleo y el mismo tiempo para volver a su hogar, con lo que se va perdiendo el diálogo y la unión con la familia.

Aclaró que para que haya productividad, el trabajador tiene que estar bien física y mentalmente; la reducción de las horas de trabajo les va a dar esa estabilidad y las empresas saldrán ganando, continuarán siendo fuertes y con una gran producción, por lo que solo falta la voluntad política.

En su oportunidad, el director del Consejo Coordinador Empresarial de la Paz, José Edmundo Rangel Vázquez, se pronunció a favor de que se revalore la reducción de las horas laborables, en virtud de que todos los sectores están vinculados entre sí y mientras para algunos sería benéfico, para otros representaría la contratación de más personal.

De igual forma, el secretario general de la CTM en la entidad, Amadeo Murillo Aguilar, señaló que, ante los grandes avances de la tecnología, “la era robótica ya nos alcanzó” y esta situación obliga a pensar en la reducción de las 40 horas de trabajo. Citó como ejemplo las tiendas de autoservicio, donde ya hay máquinas que han sustituido a las cajeras.

El representante de la Coparmex en BCS, Luis Aguilar Paulin, consideró necesario establecer esquemas que ayuden a los empresarios a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a través de deducir los bonos de productividad y los vales de despensa; sin embargo, subrayó que México no está listo para una reducción total de horas de trabajo, este esquema se tiene de dar de manera gradual en el país.

Por su parte, el secretario general seccional del Sindicato Minero, en ese estado, Alejandro Cortés Pérez, hizo un llamado de unidad a todos los presentes para lograr que se apruebe la reducción de 48 a 40 horas de trabajo, con un pago de 56 horas, pues es lo más justo para solucionar una demanda histórica en beneficio de la clase obrera del país.

Por su parte, la consejera regional de la Canirac, Julia Lorena Hinojosa Cabrera, enfatizó que, si se aprueba esta reforma en materia laboral, se “matará” a muchas micro y medianas empresas, pues hasta el momento no se les ha considerado dentro de esta discusión, a pesar de que el 85 por ciento de los empleos los otorga este sector.

Por ello, demandó que estos cambios se den paulatinamente, para evitar que este sector comercial se vaya a la quiebra, ya que, si se impone la reducción a 40 horas, se terminará con las micro y pequeñas empresas; además, se deben buscar los mecanismos para que el comercio informal entre a la formalidad.

Assaf Motaño Famania, secretario seccional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dijo que esta propuesta es una reivindicación histórica del movimiento obrero sindical y, para lograr el objetivo, se debe apoyar en una nueva política enfocada a reducir las desigualdades, a través de proyectos de infraestructura, industriales y laborales, que revaloren el esfuerzo de los obreros.

El presidente de la Canacintra, Francisco Valdez, consideró necesario y urgente modificar la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de elevar la productividad y la competencia de las empresas; con ello, la clase laboral tendrían mejores condiciones y la reducción de sus horas de trabajo.

Adriana Estrada Sánchez, secretaria general de la CROC de Sonora, enfatizó que las mujeres no trabajan únicamente ocho horas, pues su jornada inicia a las 4 de la mañana para tratar de dejar organizado su hogar. “La realidad va más allá de las estadísticas. Ser jefa de familia implica estrés y desgaste físico; se necesita un balance entre lo laboral y familiar para tener un mejor desempeño”.

David Gracia Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de La Paz, afirmó que su sector está a favor de reformas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ya que su ramo dio trabajo en 2018 a más de dos millones 47 mil personas a nivel nacional. “Para cuidar esta fuente de trabajo es crucial apoyar al sector empresarial en el momento de la aplicación de la reforma, más aún, porque la mayoría son micronegocios que aún sufren las consecuencias de la pandemia global”.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Campo SUMATE, Gabriel Trujillo Ocampo, señaló que es justo para las y los trabajadores que tengan una jornada de 40 horas, cinco días de trabajo por dos de descanso, y así tener tiempo disponible para convivir con su familia. Consideró que se deben impulsar reformas que fortalezcan la autonomía del Infonavit y garanticen su sustentabilidad financiera, así como cuidar los recursos ahorrados por los derechohabientes e impulsar modelos de adquisición de vivienda alcanzable para las y los trabajadores.

Ana Lorena Barajas Lizardi, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que las empresas no tienen posibilidad de deducir los apoyos; propuso realizar una integración paulatina de la iniciativa y que ésta sea analizada de manera profunda. “Queremos los empresarios ver acciones de regulación” y de incentivos.

Juan Magno Morán, representante de las juventudes sindicalistas de la CROC, se pronunció por brindar mayor protección al salario y que se exente del ISR a quienes ganen dos salarios mínimos. Además, que se reduzca la jornada laboral, porque eso no disminuye la productividad y ayudará a evitar el trabajo informal.

Miguel Ángel Robles Manríquez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que no es momento de hacer una reforma en la materia porque, en el caso de la construcción, implicaría aumentar sus costos. Pidió analizar bien las propuestas, y dar una mayor protección a las y los trabajadores.

Juan Felipe Rivera, secretario seccional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en la entidad, conminó a las diputadas y diputados a realizar un análisis detallado sobre las verdaderas necesidades de los trabajadores y de los empresarios, y a partir de ahí lograr un equilibrio que favorezca a ambos sectores, para lograr la excelencia.

El líder de la Unión de Baja California, Alan García, indicó que en la entidad ya hay empresas que trabajan bajo el esquema de 4x3, que significa cuatro días de trabajo y tres de descanso, que hacen un total de 42 horas; por ello, se deben buscar esquemas alternativos que reduzcan las horas con un buen salario para todos los obreros.

El secretario general del Sindicato Salinero en BCS, Luis Martín Pérez Murrieta, aseguró que sí es posible reducir las horas de trabajo, aunque las empresas no son todas iguales, pero es viable la posibilidad de disminuir de 48 a 40 horas la jornada de trabajo, tomando en cuenta un esquema multifactorial.

Finalmente, David Illedra Villegas, secretario general de CROC en ese estado, comentó que no se trata solo de tener dinero en la bolsa, sino contar también con una estabilidad emocional y psicológica, pues muchos trabajadores no tienen más que un día para atender a su familia, por lo que es importante aprobar la iniciativa.

Cámara de Diputados: El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva presentó su micrositio

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados, integrado por diputadas de todos los grupos parlamentarios, pone a disposición del público en general el micrositio https://grupopluraldeigualdad.diputados.gob.mx en el que encontrará iniciativas, minutas, eventos y una compilación de publicaciones en materia de igualdad de género, con lo que se da visibilidad al trabajo realizado por las diputadas del Grupo Plural de la LXV Legislatura.

El micrositio se conformó con información obtenida de INFOPAL, como Iniciativas presentadas en la LXV Legislatura sobre temas que inciden en la protección de derechos esenciales para legislar por la igualdad y contra la violencia de género. Asimismo, cuenta con una galería que presenta a las diputadas que integran este Grupo y el trabajo que en conjunto han realizado en los últimos años.

En el rubro de iniciativas se encuentran las aprobadas desde el 2021 y hasta las presentadas recientemente, que están publicadas en la Gaceta Parlamentaria y que van desde la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual hasta la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de discriminación laboral por embarazo y la Ley General de Protección Civil, en cuanto a gestión de riesgos, entre otras.

Otra iniciativa que se puede encontrar ahí es la que homologó el lenguaje de género incluyente de acceso de las mujeres a acciones afirmativas con fines de productividad en el medio rural, para garantizar la igualdad sustantiva en los programas de desarrollo rural, así como para incorporar la perspectiva de no discriminación y respeto por la diversidad de los que integran el Poder Judicial de la Federación en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones.

Además, una iniciativa para establecer el derecho a la alimentación saludable que se deberá garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación alguna, y determinar el concepto de alimentación como la provisión de alimentos cualitativa y cuantitativamente convenientes, acordes con las costumbres o cultura y atendiendo los requerimientos de una nutrición adecuada y saludable por parte de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia de un menor.

Al utilizar el buscador del micrositio, se accede directamente a las propuestas legislativas y se despliega amplia información que indica qué diputada la propuso, en qué fecha, cuál es su estatus legislativo y una sinopsis en donde se explica el alcance de cada una de ellas.

Asimismo, en el espacio de las minutas llegadas desde el Senado de la República, se explica en qué consiste, su alcance y el estatus en el que se encuentra.

La conformación del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva es un hito que demuestra que la llegada de más mujeres legisladoras a la Cámara de Diputados ha contribuido a cerrar las brechas de género en diferentes ámbitos en beneficio de toda la nación.