Realizan en San Lázaro el primer parlamento abierto sobre el impacto de la pobreza alimentaria en la niñez mexicana

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, diputada Irma Juan Carlos (MORENA), encabezó este martes la mesa 4 del Primer Parlamento Abierto “El impacto de la pobreza alimentaria en la niñez mexicana”, a fin de crear una canasta alimentaria de 20 productos básicos en beneficio de la población infantil.

La legisladora destacó la importancia de enfrentar la pobreza alimentaria para que niñas y niños tengan mejores condiciones de crecimiento y desarrollo en lo físico, mental, emocional y educativo, así como en su vida cotidiana.

Reconoció la falta de cultura alimentaria en las familias mexicanas que enfrentan niveles de pobreza, situación que es posible revertir, ya que se tienen alimentos sanos, accesibles y de bajo costo que se integrarían a una canasta básica garantizada.

El investigador Rodolfo Pinto-Almazán, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, informó que 45 por ciento de los casos de mortandad infantil en México se deben a la desnutrición. La mala nutrición genera deserción escolar, bajo rendimiento académico y un impacto económico anual de 28 millones de dólares al sistema de salud, según indicadores de organismos internacionales.

Claudia Erika Fuentes Venado, doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la UNAM, aseguró que México está en el foco rojo de la UNICEF por la prevalencia de niños con sobrepeso, obesidad y desnutrición, que ocasiona problemas de lenguaje, deficiencia auditiva y disminución del coeficiente intelectual.

Roberto Alvarado Guerrero, nutriólogo de la Universidad Autónoma de Hidalgo, informó que en México hay casi un millón de niñas y niños con desnutrición crónica. Para el desarrollo físico y cognitivo de los niños se requiere una dieta enriquecida con Omega 3 (ácidos grasos), Hierro (para transportación de oxígeno a los órganos), Calcio (crecimiento muscular y óseo), Vitamina A (mejor desempeño cognitivo) y Zinc (para la síntesis de proteínas, reforzamiento de sistema inmunológico y efecto antidepresivo).

Ruth González Tapia, nutrióloga comunitaria de Atlacomulco, Estado de México, lamentó que la dieta infantil de familias en situación vulnerable de pobreza se basa en cereales, frituras y consumo de refrescos embotellados azucarados, lo que ha posicionado a México como el primer país latinoamericano en consumo de alimentos industrializados. Se requiere regular la publicidad de alimentos y reincorporar los desayunos escolares y comedores comunitarios, sugirió.

Por su parte, Ayari Pasquier Merino, doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de México, se pronunció por la creación de una canasta básica sana, equitativa y sustentable no únicamente para niñas y niños de familias vulnerables, sino de todo el país, a fin de dar cumplimiento al artículo 4° constitucional en el cual el Estado debe ser garante de este derecho en seguridad alimentaria.

Jesús Jorge Coutiño Velásquez, doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo, comparó la experiencia entre México y Chile de sus respectivos sistemas de etiquetado para alimentos procesados. Aún falta obligar, dijo, a las empresas transnacionales asentadas en el país a que reduzcan sus concentraciones de sodio, grasas y calorías de los productos industrializados que ofertan a consumidores. 

La doctora Arely Vergara Castañeda, investigadora de la Universidad La Salle, recordó que la dieta en México se reconfiguró luego de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, en donde se reporta un alto consumo de alimentos industrializados y productos derivados de la leche. 

Leticia Arcelia Cervantes Turrubiates, especialista en Nutrición Aplicada y Educación Nutricional, mencionó que el país requiere una canasta básica alimentaria, según grupos de edad, que satisfaga necesidades nutricionales con una disponibilidad de alimentos inocuos, nutritivos y sabrosos, asequible desde el entorno escolar.

La investigadora en Fisiología de la Nutrición, Martha Guevara Cruz, remarcó que el cuidado nutricional desde la niñez es un derecho humano que garantiza el crecimiento para ser un adulto sano, por lo que el Estado tiene que realizar estudios de riesgo nutricional, detectar casos de desnutrición y prevenir enfermedades. 

Héctor Alejandro Arellano Corona, médico por la UNAM con posgrado en fisiología por la Universidad de Duke, se pronunció por un etiquetado de alimentos que destaque lo saludable del producto. Exhortó a consumir nopal, que posee compuestos bioactivos contra las enfermedades. Mencionó que antes de legislar para combatir la malnutrición infantil, se requiere hacer un estudio de la genética de la población.

Comisión aprobó opinión sobre primera entrega de informes individuales de fiscalización de la Cuenta Pública 2021

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Irma Juan Carlos (MORENA), aprobó con 21 votos a favor y 2 en contra, la opinión respecto de la primera entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021.

En reunión telemática, las y los integrantes avalaron dicha opinión, donde se puntualiza que “esta entrega de informes no contempla, en esta ocasión, programas que integran el Anexo 10 “Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades indígenas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación, materia de estudio y análisis de esta Comisión.

“Es primordial que la fiscalización superior no se vea afectada por procesos políticos, como los electorales o los cambios de administración; cualquier consideración distinta a los procesos de auditoría es excluida de los procesos de fiscalización”, destaca.

Refiere que, en busca de un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la función de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fundamental, a fin de evitar el ejercicio discrecional de los recursos públicos y proteger el interés de la ciudadanía.

En la ejecución de obra pública hay necesidad permanente de mecanismos más eficaces y eficientes que constaten la calidad de los trabajos, agrega. 

Subraya que “para tener una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad, debemos incorporar al trabajo del órgano de fiscalización en todas sus etapas el enfoque de investigación para la detección de redes de corrupción, transparentando la gestión de la unidad de investigación y substanciación de las faltas administrativas detectadas, informando detalladamente sobre la situación legal que guardan las denuncias que presenta ante las fiscalías General de la República o Generales en las entidades federativas”. 

Es importante considerar las acciones legales que ha realizado la ASF, a fin de asegurar que los daños patrimoniales detectados estén sustentados, que tengan seguimiento efectivo y se informe al Congreso sobre la situación que guardan los créditos fiscales constituidos por dichos daños. 

Por ello, señala, el trabajo de fiscalización debe estar estrechamente vinculado al de los órganos legislativos, tanto para corregir los problemas de política pública que las auditorías revelan, como para evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detectan problemas de corrupción. 

La opinión refiere que con la fiscalización superior se han identificado aspectos que mejorarán los proyectos ejecutivos, desde el análisis de impacto ambiental hasta los estudios de ingeniería, así como los procesos de licitación.

“Por ello, consideramos fundamental preservar y fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior y los mecanismos para la evaluación y el control de su trabajo, garantizando un estrecho seguimiento y vigilancia efectiva de los órganos de fiscalización superior desde la Cámara de Diputados, en donde se tenga una fiscalización transparente y efectiva, asegurando y ampliando la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías”, subraya.

Plantea que se debe buscar incorporar y aprovechar la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, lo que dé cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales, con una revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos para la definición del Programa Anual de Auditorías, a fin de mejorar y transparentar los criterios de selección del tipo de auditorías: financiera, de inversión física o forense. 

A través de estas propuestas, añade el documento, podríamos garantizar la pertinencia y oportunidad de las auditorías, al considerar que el Programa Anual de Auditorías debe estar listo antes de que concluya el ejercicio de la Cuenta Pública a revisar.

El objetivo es incrementar la transparencia del proceso de fiscalización y no sólo de sus resultados, publicando expedientes electrónicos del Programa Anual de Auditorías que definan con precisión su alcance y universo a fiscalizar, así como el archivo documental de las diferentes etapas de la auditoría, precisa.

Garantizar los derechos indígenas requiere un nuevo constitucionalismo en el marco de un Estado pluricultural

• La diputada Irma Juan Carlos (MORENA) inauguró el curso virtual “Derechos de los pueblos indígenas en México: del indigenismo a política pluricultural”.
• Es momento de articular un sistema jurídico integral en materia de derechos indígenas que permita la convivencia armónica, destacó.

Al inaugurar el curso virtual “Derechos de los pueblos indígenas en México: del indigenismo a política pluricultural”, la diputada Irma Juan Carlos (MORENA) afirmó que garantizar los derechos de esta población requiere incorporar un nuevo constitucionalismo en el marco de un Estado pluricultural, cimentado en los principios de plurinacionalidad, interculturalidad y demodiversidad.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas señaló que en la primera Constitución Política del México Republicano los indígenas no son mencionados y es momento de articular un sistema jurídico integral en materia de derechos indígenas que permita la convivencia armónica de instituciones y normas del derecho positivo y de los sistemas jurídicos de los pueblos originarios. 

Se necesita de la ingeniería jurídica para construir un pluralismo desde la diversidad biocultural y el diálogo, que sea capaz de modificar nuestras instituciones en aras de establecer procesos duraderos de paz, que coadyuven al florecimiento de las comunidades autóctonas y afromexicanas, subrayó.

Destacó que este nuevo constitucionalismo supone hibridar una nueva Carta Magna para hacer un nuevo pacto, donde las matrices civilizatorias en un territorio se relacionen a partir del respeto, el diálogo y el reconocimiento recíproco. 

Sostuvo que el Estado mexicano necesita ser refundado a la luz del bloque de constitucionalidad que impone el deber de repensar nuestra Carta Magna, a través de que las partes reconozcan el poder transformador y ordenador del Estado.

El Estado pluricultural busca transformar las relaciones sociales, la cultura y economía, por lo que se requiere crear y fomentar la democracia intercultural, externó.

Es decir, una diversificación de estructuras gubernamentales e interlegalidades donde se respeten y promuevan las instituciones propias de los pueblos y comunidades autóctonas y afromexicanas, las propias del modelo del Estado nacional y las mixtas, resaltó.

Asimismo, el reconocimiento jurídico del control cultural de los pueblos sobre sus territorios y recursos naturales, relacionado con la libre determinación y autonomía.

Visión panorámica de los pueblos indígenas con una lectura antropológica

El director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Juan Carlos Cervantes Gómez, señaló que el curso es parte del programa permanente de capacitación de las secretarías General y de Servicios Parlamentarios, a fin de coadyuvar a la profesionalización de los órganos de apoyo a la labor parlamentaria.

El objetivo es tener una visión panorámica de los pueblos indígenas del México contemporáneo a partir de una lectura antropológica, analizar los problemas que han enfrentado a través de una visión integral entre el enfoque teórico y empírico, para profundizar en las funciones, actividades, reglas y responsabilidades asumidas por el Estado para reconocer los derechos y el pleno goce de estos grupos vulnerables.

Además, abonar al análisis constante para fortalecer los esquemas normativos e institucionales, que permitan comprender los derechos de las comunidades originarias ante el reto de los problemas teóricos y prácticos que ha enfrentado el reconocimiento de sus derechos.

Reivindicar derechos de los pueblos indígenas

El secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Christian Rosas de León, reconoció el esfuerzo por organizar este evento académico trípode: las funciones que prestan los Centros de Estudios en materia académica, docente y de consultoría. 

Resaltó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es esencia toral en el orden jurídico, los cuales no sólo tienen una naturaleza igualitaria y libertaria, sino reivindicatoria al pasar de la concepción del Estado monocultural a la de pluriculturalismo, lo que implica reconocer las diferencias y la diversidad que enriquecen la constitución de la nación y, en consecuencia, del Estado mexicano.

Dijo que la reforma constitucional de agosto de 2001 provocó una serie de transformaciones normativas no sólo en la Carta Magna, sino en la legislación secundaria y en distintos ordenamientos de carácter administrativo para hacer eficaces los derechos de los indígenas y sus comunidades. 

Contenido del curso

El curso fue impartido por Elena Beatriz Bolio, investigadora del CEDIP, mediante tres módulos: El indigenismo en México, en el cual se hizo un recorrido histórico sobre los debates y el enfoque de las políticas para estas comunidades durante el siglo XX.

El pluriculturalismo, que describió las principales modificaciones hechas a la legislación mexicana, que representan un cambio paradigmático en las relaciones de los pueblos indígenas y el Estado mexicano.

Los derechos de las mujeres indígenas, tema en el que se planteó desde la perspectiva de género la situación específica que viven entrelazando sus derechos como mujeres y por ser parte de una comunidad autóctona.

Conmemoran en la Cámara de Diputados el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Irma Juan Carlos (MORENA), llevó a cabo el evento conmemorativo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 agosto de cada año, con el propósito de promover y difundir la riqueza cultural, artística y lingüística de los pueblos originarios.

La diputada Juan Carlos dijo que es importante poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver con los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, quienes han vivido en un mundo desigual; hablar de ellos es sinónimo de pobreza, discriminación y despojo. “No podemos dejar pasar por alto esta fecha en la que debemos reflexionar qué avances tenemos y cuáles son los pendientes en materia de los derechos”.

Resaltó que por definición los pueblos indígenas comparten una tradición cultural que resiste en el tiempo y transmite sus conocimientos a las siguientes generaciones, con sus propias características a nivel lingüístico, cultural, racial y social. Lo más importante que hay que destacar es que trabajamos para preservar lo que ya existía. La diversidad cultural de nuestros pueblos y país es amplia y está representada por 68 naciones indígenas y el pueblo afromexicano, grupos que podemos encontrar a lo largo y ancho del territorio nacional, subrayó.

La senadora Mónica Fernández Balboa (MORENA), presidenta de la Comisión de Gobernación, señaló que se debe reconocer que la lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido compleja pero no imposible, pues desde 2001 en la Constitución se sentaron las bases jurídicas. Desde ese momento se plasmaron una serie de derechos como decidir sus formas de convivencia y organización, y elegir de acuerdo a sus normas y tradiciones a sus autoridades y representantes, dijo.

Respecto a la pretensión del Gobierno Federal de presentar una iniciativa de reforma constitucional integral en materia de pueblos y comunidades indígenas, la cual se encuentra en análisis en la Consejería Jurídica, puntualizó que su grupo parlamentario está en la disposición de construir la mejor propuesta, por lo que estarán pendientes de las iniciativas y acuerdos que se logren en los próximos días.

La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) señaló que los pueblos indígenas han sido discriminados por su color, lengua y vestimenta, durante muchos años. También, que la violencia contra las mujeres indígenas no puede atribuírsele a las costumbres, culturas o tradiciones.

Dijo que en algunas comunidades de Oaxaca y Guerrero a niñas entre 12 y 19 años les arreglan los matrimonios todavía o las venden y esta acción no se puede seguir permitiendo en el país. “Tengamos una comisión en donde hagamos una legislación más dura y no permitamos, con todo respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, la violación de los derechos humanos de las niñas”.  

La diputada del PT, Esther Martínez Romano, manifestó que en vista de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas para salvaguardar su identidad, tradiciones, costumbres y técnicas de trabajo, es que se hace necesario un marco jurídico que ponga freno a la explotación y comercialización injusta de sus creaciones y diseños artísticos. 

“Es nuestro deber como legisladoras y legisladores crear las leyes adecuadas para proteger lo ancestral de los pueblos originarios, a fin de garantizar la obtención de una compensación justa por sus creaciones y el reconocimiento social por la belleza y singularidad de sus diseños”, agregó. 

La diputada Anabey García Velasco (PAN), secretaria de la Comisión, comentó que ser mujer indígena en México representa enfrentarse a la violencia, pobreza, discriminación, invalidación y despojo de derechos, trabajar el triple para ganar la mitad, vivir con miedo al salir a las calles y falta de voz. Recalcó que una de las violencias a las que está expuesta es a la violencia política que busca restringir la capacitación en el ámbito político electoral por el hecho de ser mujeres.

“Se materializa la violencia en los pueblos indígenas donde se viola el derecho de ellas, no se les permite votar y ser votadas. Hay que redoblar esfuerzos para dotar de los elementos legislativos para el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. Nuestra tarea es seguir impulsando su promoción”.  

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) indicó que es importante visibilizar las causas, el trabajo y los avances en favor de los pueblos indígenas en todas sus manifestaciones de desigualdad y discriminación. Asimismo, mejorar las condiciones de vida en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo económico, medio ambiente y desarrollo sustentable y hacer efectivos cada uno de los derechos constitucionales alcanzados. 

Dijo que su bancada ha insistido en que se reconozcan a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos colectivos, en el que se ejerza plenamente el derecho a la libre determinación, la consulta y cultura para revertir grandes consecuencias de los usos y costumbres. “Conmemorar este día nos exige reconocer un compromiso por sostener su legado para mejorar el contexto actual sin cargas interculturales o excluyentes”. 

La diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez (MORENA) comentó que estas poblaciones se encuentran entre las más desfavorecidas. “Pese a que hemos luchado constantemente, encaramos problemas enormes como la mayoría de las mujeres del mundo y hemos sido víctimas de la discriminación durante siglos por ser indígenas”. 

“Nuestras hermanas indígenas, a pesar del papel crucial que desempeñan en sus comunidades como sostén familiar, guardianes del conocimiento, líderes y defensoras de los derechos humanos, a menudo sufren discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico de acuerdo a sus usos y costumbres, y su derecho a la libre determinación ha sido violado durante siglos”.   

La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) aseguró que es un sector que para nuestra nación representan un tesoro que forma parte de nuestro rastro y multiculturalidad, aportan elementos insustituibles y esenciales en la dinámica cultural del país y en el resto del mundo son una enseñanza y un valioso legado al interminable acervo artístico y cultural de la humanidad

Mencionó que es imprescindible hacer énfasis en las políticas urgentes de esta materia, así como continuar diseñando estrategias para fomentar y difundir la cultura de los pueblos indígenas, especialmente lo relativo a la preservación, difusión y apoyo. “Es triste que a pesar de que convivamos cotidianamente y sean parte de nuestra herencia, hay quien se empeña en no verlas”.

Del PRD, la diputada Fabiola Rafael Dircio dijo que la conmemoración de esta fecha permite continuar con la manifestación por alcanzar el pleno equilibrio entre hombres y mujeres, así como la necesidad de seguir en la lucha por la verdadera inclusión de las demandas de género, pasando de un discurso oficialista a la verdadera contribución, logrando así legitimar las demandas de las mujeres indígenas, no solo en la agenda política nacional, sino dentro de las comunidades.

“Se representa a las mujeres indígenas que levantan la voz para apoyar las demandas de sus compañeros sobre los intereses de sus comunidades, pero sobre todo para exigir el respeto. No se deben seguir normalizando las noticias de violencia, violencia obstétrica, despojo de tierras, encarcelamiento por su pobreza, ni mucho menos los feminicidios”

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dijo que es importante que se puedan atender los asuntos de los pueblos y comunidades. “Es una deuda que tenemos y pienso que es parte de una agenda nacional que necesariamente debe ser analizada y acordada por todos los actores políticos a nivel nacional”. 

Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, celebró la realización de este evento para que se logre el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas. “Para que eso suceda hay que hacer una revisión y plantearnos una agenda que permita avanzar para que efectivamente se pueda regular todo un marco jurídico que garantice esa igualdad y el ejercicio de los derechos”.

Vidal Emmanuel Méndez Cadenas, subdirector de Estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señaló que la construcción de la antidiscriminación va a recurrir no solamente al reconocimiento de las condiciones estructurales que han vivido diferentes personas, sino que los distintos grupos humanos, colectivos, sociedades y comunidades comiencen a ser partícipes de los cambios que se están emprendiendo.

Al concluir, la diputada Juan Carlos reconoció que aún faltan temas para alcanzar la garantía de los derechos de los pueblos, como la participación y representación política a nivel nacional y de los estados. Destacó que, a pesar de todas las disposiciones que se han hecho en el rubro, México aún no cuenta con una Ley de Consulta a Pueblos Indígenas y Afromexicanos.