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jueves, 6 de febrero de 2025

La Comisión de Zonas Metropolitanas llevará a cabo el foro “Metrópoli activa, un llamado a la acción”

• Aprueban su programa de trabajo para 20255


La Comisión de Zonas Metropolitanas, que encabeza la Diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC), informó que realizará el 24 de febrero, el primer foro “Metrópoli activa, un llamado a la acción”.

A dicho evento, asistirán presidentas y presidentes municipales, autoridades en materia territorial y urbana, así como académicos, expertas y expertos que ponen sobre la mesa los desafíos de los nuevos gobiernos en materia de ordenamiento territorial y de servicios públicos.

En reunión de trabajo, la instancia legislativa aprobó, en votación nominal, su plan de trabajo para el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, cuyo objetivo es impulsar las reformas necesarias y generar un marco legislativo integral para las metrópolis municipales, zonas conurbadas y megalópolis en el país.

También, dijo la legisladora, se ha propuesto reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la legislación relacionada, directa e indirectamente, con la competencia de la Comisión.

Destacó que el escenario plantea desafíos importantes como el incidir en el tema del desarrollo territorial, urbano, ordenamiento, manejo de residuos y movilidad. Informó que, a finales de este año, se pretende tener lista la Ley General de Zonas Metropolitanas, proyecto que trabajarán de manera conjunta todas y todos sus integrantes.

“Sería un gran legado de la Comisión dejar un ordenamiento que permita tener una ruta de trabajo para presidentas, presidentes municipales, gobernadores y, sobre todo, en un ánimo de que cada día tenemos que tener una mejor gobernanza en materia territorial y de desarrollo urbano”, indicó.

Externó la importancia de lograr que el presupuesto tenga visión metropolitana. Refirió que trabajan de la mano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de tal manera que las reglas de operación que va a emitir cuenten con un eje metropolitano; es decir, la construcción de vivienda social tendrá que ser la misma en las zonas metropolitanas, para tener cerca el transporte, la escuela y el centro de trabajo.

“Estamos por obtener las reglas de operación de todo lo que tendrá que ver la implicación de bajar los recursos en materia de presupuesto para Sedatu, así que, teniendo las reglas de operación, las haremos de su conocimiento para que empecemos a desdoblar a nuestros territorios”, subrayó.

Informó que trabajará con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con quien elaborará un manual de buenas prácticas metropolitanas hemisféricas, tanto a nivel de América Latina como del país. “Será el primer manual y una publicación en conjunto con la Cámara de Diputados”.

Puntualizó que otro eje de trabajo es la Ley de Desarrollo Metropolitano que analizarán con diputadas y diputados de Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México.

“Estoy segura que será una Comisión dinámica, participativa y plural, porque estoy convencida que las buenas políticas, y más las legislativas, deben hacerse en plural y en colectivo, así que siempre seré una facilitadora del diálogo, el acuerdo, el consenso y la inclusión, así como para trabajar fuera de cualquier tono o tinte partidista”, finalizó

miércoles, 21 de agosto de 2024

Impulsan reforma para que estacionamientos cuenten con áreas verdes

• La Diputada Pérez Valdez (PRD) planteó adicionar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano


Con el objetivo de que los estacionamientos tengan destinada una superficie para áreas verdes, la Diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) planteó adicionar una fracción XXVI al artículo 10 la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Propone establecer que corresponderá a las entidades federativas emitir disposiciones normativas, con la finalidad de establecer la obligatoriedad de que los estacionamientos públicos y privados de superficie, entendidos como aquellos que cuentan con una sola planta, deberán contar con cuando menos 10 por ciento de su superficie total destinado para áreas verdes.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, destaca que la conservación de los espacios verdes urbanos debe ser considerada como primera prioridad, pues se ha comprobado que estos contribuyen al bienestar humano al permitir una mayor exposición al sol, aumentando la síntesis de vitamina D, además de facilitar la actividad física y mejorar la salud.

Añade que el acceso a espacios naturales ayuda a disminuir los trastornos de atención e hiperactividad, la depresión y el estrés al optimizar la productividad. Asimismo, favorecen oportunidades de socialización y fortalecen el sentido de apego la comunidad

Sostiene que un grave problema no sólo de México sino de las metrópolis que presentan graves conflictos de crecimiento, es la ilegalidad en los procesos de construcción; ejemplo de ello es que más del 50 por ciento del crecimiento urbano es informal e ilegal.

Lo anterior, indica, se refleja en ocupaciones que muchas veces violentan las normas de construcción de edificios en las zonas que están destinadas a la conservación del medio ambiente.

En la exposición de motivos subraya que en el marco y contexto de la crisis hídrica y de cambio climático que se vive en gran parte de la Ciudad de México y del país, se necesitan realizar acciones en materia de mitigación del cambio climático.

Precisa que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano describe la concurrencia del ámbito municipal en materia de desarrollo urbano, y al ser el ámbito de gobierno que concentra el mayor número de zonas metropolitanas en el país y de poblacional, es necesario realizar una modificación a esta legislación para que se tenga un derecho a un medio ambiente sano.

miércoles, 7 de agosto de 2024

Proponen actualizar la Ley Agraria a fin de dar certeza jurídica al desarrollo de la propiedad ejidal

• Esta iniciativa busca contribuir a una correcta interpretación y aplicación de la ley: Diputado Huacus Esquivel (PRD)


El Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) propuso modificar la Ley Agraria para lograr tres objetivos: actualizar el nombre de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; vincular las leyes de la Economía Social y Solidaria y Agraria respecto a los ejidos, y que el Registro Público de Crédito Rural sea compartido con el Instituto Nacional de la Economía Social

La iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, destaca que “la importancia de esta reforma radica en que el ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere la Ley, respecto al aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la ley vigente de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con lo cual se da certeza jurídica en el desarrollo de la propiedad ejidal”.

Para ello, plantea cambiar los artículos 2 y 89; adicionar un segundo párrafo al artículo 114 y agregar un artículo 114 Bis de la Ley Agraria, con el fin de sustituir en la legislación el nombre de la Ley General de Asentamientos Humanos por el de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como incluir el de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

Por lo que hace a la adición de un segundo párrafo en el artículo 114, propone que el Registro Público del Crédito Rural que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea compartido con el Instituto Nacional de la Economía Social, para cumplir con el objetivo establecido en la Ley de Economía Social y Solidaria, en lo que se refiere a los ejidos.

Mientras que con el nuevo artículo 114 Bis se busca que las uniones, asociaciones rurales, sociedades de producción rural, sean consideradas y tratadas como organismos del sector social de la economía, de conformidad con el artículo 25, párrafo octavo, de la Constitución Política.

El Diputado Huacus Esquivel aseguró que la adición de ese artículo representa una armonización legislativa que no implica un impacto en las finanzas del Estado mexicano y es acorde a lo establecido en la Carta Magna y en la Ley de la Economía Social y Solidaria.

Argumentó que la Ley Agraria no ha sido actualizada para prever que lo que se refiera a la Ley General de Asentamientos Humanos se entenderá como Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que esta iniciativa subsana la laguna legislativa existente para contribuir a su correcta interpretación y aplicación

lunes, 10 de octubre de 2022

Piden que municipios reglamenten y vigilen operación de estacionamientos públicos

• Deben contar con pólizas de seguro, propone la diputada Corona Nakamura (PVEM) en una iniciativa

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM), por medio de una iniciativa, plantea reformar el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para establecer que corresponde a los municipios reglamentar y vigilar la operación y funcionamiento de los estacionamientos públicos.

Asimismo, deberán garantizar que sus titulares u operadores emitan boletos de depósito para cada vehículo, motocicleta o bicicleta que alojen en donde se especifiquen las condiciones del contrato y la hora de entrada, además de verificar que el establecimiento cuente con un seguro de responsabilidad por robo total, robo de componentes y daño parcial que tenga lugar en el mismo.

En la exposición de motivos, la iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen, señala que los estacionamientos públicos se han convertido en una necesidad imperiosa y, a la par, han crecido los problemas por no cuidar, reglamentar adecuadamente y vigilar su funcionamiento.

Indica que los problemas en estos lugares se deben a la falta de pólizas de seguro para su completo funcionamiento y que ofrezcan una protección a las unidades depositadas, tanto vehículos, motocicletas y bicicletas, ante un robo, percance o daño.

Resalta que es necesario identificar, sancionar y erradicar estos abusos y empezar a visibilizar y solucionar otras irregularidades que se cometen en los estacionamientos públicos y que atentan contra los usuarios, su patrimonio, pertenencias y finanzas, e incluso su integridad física y emocional.

La propuesta señala que cada vez son más recurrentes los casos de personas que dejan sus vehículos en estacionamientos públicos por la “seguridad” que estos supuestamente representan y al regresar por su unidad resulta que ya no está o que sufrió un percance que dejó un daño en la misma.

También se ha vuelto recurrente el robo de un componente del vehículo como puede ser un faro, un neumático, una calavera, una moldura, el sistema de sonido, la batería o la computadora de la unidad, y al momento de reclamar, el estacionamiento público dice que no es su responsabilidad cuidar la unidad de esos percances, que no está obligado a reparar o pagar por ese daño o que no tiene cómo hacerlo.

Destaca la necesidad de atender este problema para que ninguna autoridad pueda desentenderse de verificar, cuidar y garantizar que los estacionamientos públicos, tan necesarios, funcionen, operen adecuadamente, den el servicio que corresponda, y atiendan la reglamentación.

jueves, 26 de mayo de 2022

Comisión de Desarrollo Urbano avaló cuatro dictámenes que reforman la Ley General de Asentamientos Humanos

• Uno de los propósitos, evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda sin contar con autorización.
• Otro, que los estados modifiquen su legislación para regular el funcionamiento de los estacionamientos públicos.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presidida por la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), avaló cuatro dictámenes para reformar diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Las modificaciones incluyen el principio de perspectiva de género, además de prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda sin contar con autorizaciones, trámites y licencias de uso del suelo.

Asimismo, los cambios promueven ratificar o actualizar cada seis años los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y que las entidades federativas modifiquen su legislación a fin de ordenar y regular la operación y funcionamiento de los estacionamientos públicos.

Con 25 votos a favor aprobó el primer dictamen con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos cuarto y 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que nace de una iniciativa presentada por los integrantes de Movimiento Ciudadano.

La propuesta tiene el objetivo de incluir el principio de perspectiva de género para promover la accesibilidad de mujeres y niñas a la infraestructura y calles seguras, así como a un transporte de calidad, seguro, eficiente y que se implementen protocolos de respuesta efectiva a víctimas.

Consideraciones de diputadas y diputados

Al respecto, Flor Ivonne Morales Miranda, diputada de Morena, expresó su acuerdo en que se incluya la perspectiva de género al marco jurídico. Llamó a trabajar en reformas de ley donde no sólo se integren algunos términos, sino que se generen propuestas que realmente atiendan diferentes problemáticas.

Del PAN, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda manifestó que el hecho de que se considere la perspectiva de género elimina, de alguna manera, la redacción original de la fracción del artículo, dejándola incompleta; no queda como una adición, sino como una supresión, explicó. Pidió hacer una reconsideración.

Segundo dictamen

El segundo dictamen se acreditó con 23 votos, con el objetivo de reformar y adicionar los artículos 11 y 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, propuesta realizada por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, de Morena.

El documento establece la obligatoriedad de las autoridades estatales y municipales para evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias, uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística.

Participación de las y los legisladores

La diputa Morales Miranda celebró que se proteja el patrimonio de los ciudadanos que pretendan adquirir un bien inmueble en condiciones de transparencia. “Es un gran avance” porque durante muchos años se han realizado desarrollos habitacionales que no contaban con el uso de suelo. Resaltó la importancia de que los estados y municipios se hagan responsables de que no se lleven a cabo construcciones en terrenos irregulares.

Por el PAN, el diputado Noel Mata Atilano destacó la relevancia de este dictamen al establecer en la ley que las autoridades estatales y municipales estén vigilantes a que se respeten los lineamientos en la edificación de casas-habitación, porque, en muchos casos, por falta de atención fueron los principales precursores de que vivales sorprendieran al propietario original de los terrenos y a los compradores.

Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada de MC, se sumó al cumplimiento de la legalidad en esta materia e invitó a los congresos locales a armonizar lo más pronto posible su marco jurídico con la ley general, en favor de la sociedad que pone en riesgo su inversión y patrimonio al adquirir un inmueble; que haya certeza jurídica.

La diputada González Alonso felicitó a la proponente de esta iniciativa, en virtud de que atiende un tema preocupante. En algunos estados sí se tiene regulado este aspecto, por lo que hizo votos para que las entidades que no cuenten con ello adecuen sus marcos jurídicos en la materia, de acuerdo con la Ley General.

Tercer dictamen

Por mayoría de 22 votos, las y los legisladores aprobaron el dictamen con proyecto de decreto, a fin de reformar el artículo 28 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que nace de una iniciativa impulsada por el diputado José Antonio García García, del PAN.

El propósito es ratificar o actualizar cada seis años los programas y planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Opiniones de las y los integrantes de la Comisión

La diputada Morales Miranda consideró oportuna esta modificación para que cada entidad federativa y municipios determinen los plazos de actualización, modificación o ratificación de sus planes y programas de desarrollo urbano, de acuerdo con su realidad presupuestal y necesidades de la población, sin constreñirlos a un tiempo determinado, porque no todos cuentan con los recursos para hacerlo.

El diputado Sánchez Zepeda enfatizó que esta modificación se vincula a la revisión, actualización o ratificación de los programas existentes. 

Comentó que el término de seis años para realizar este proceso coincide con una administración pública estatal y celebró que haya quedado abierto para que sean adecuados a una realidad social, poblacional, económica, presupuestal y administrativa.

A su vez, el diputado Mata Atilano consideró que la planeación y ordenamiento de los territorios debe partir de los municipios para alinearlos a los planes estatales. Llamó a trabajar conjuntamente con la Sedatu y la Secretaría de Hacienda, a fin de conseguir recursos para los municipios que menos tienen y que lleven a cabo sus planes de desarrollo.

Por el PRI, el diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy sostuvo que es vital que sesionen los Consejos Estatales de Reordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, porque si no cumplen sus funciones ni emiten opiniones o impulsan propuestas “son letra muerta”. Propuso exhortar a la Sedatu a que otorgue información a la Comisión y dé a conocer las fechas de reunión de dichos consejos.

Cuarto dictamen

Con 19 votos a favor se aprobó el cuarto dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La respectiva iniciativa fue presentada por las diputadas Daniela Soraya Álvarez Hernández e integrantes del PAN, y María del Rocío Corona Nakamura (PVEM).

El dictamen plantea que las entidades federativas deberán emitir y modificar la legislación local para establecer la ordenación, regulación y las disposiciones de operación y funcionamiento de los estacionamientos públicos, en las cuales la tarifa de cobro, sin excepción alguna y obligatoriamente, deberá ser por minuto o tiempo libre.

Al respecto, la diputada Morales Miranda expuso la relevancia de que esta reforma faculte a los municipios a regular el cobro y operación de los estacionamientos porque genera un ordenamiento y regulación de acuerdo con las necesidades de cada entidad federativa y que cada municipio lleve a cabo la vigilancia.

Asuntos generales

En asuntos generales, la diputada presidenta Carmen Rocío González Alonso instruyó al equipo técnico de la Comisión a preparar un punto de acuerdo que solicite a la dependencia del sector información sobre la conformación de los Consejos Estatales de Reordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de conocer si ya han sido convocados en las 32 entidades federativas.

El propósito, señaló, es que las y los legisladores los acompañen en la instalación de los consejos y que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no sea letra muerta, sino darle todo el sentido por la que fue construida. La propuesta se avaló por las y los integrantes de la Comisión.

El diputado Cárdenas Monroy refirió que todos los comentarios y propuestas buscan coadyuvar y no sólo cuestionar. Planteó la posibilidad de hacer una agenda itinerante en las entidades federativas y reunirse con los funcionarios públicos para dialogar y mejorar el ordenamiento territorial y urbano.

jueves, 16 de diciembre de 2021

Aprueban instalar cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en el transporte público

• La Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano


La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 491 votos, el dictamen que adiciona una fracción V Bis al artículo 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.


La modificación planteada establece que las políticas y programas de movilidad deberán promover e impulsar la instalación y operación de cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público. 


Lo anterior, a efecto de fortalecer y extender el alcance de las labores de vigilancia realizadas en los centros de monitoreo, a cargo de las instituciones de seguridad pública a nivel federal, local y municipal y, así, facilitar las acciones de atención inmediata e intervención oportuna de dichas autoridades ante la comisión de ilícitos.


El documento señala que durante los últimos años la percepción de inseguridad en el transporte público se ha mantenido en altos niveles de manera constante como resultado de que la mayor parte de los usuarios o algún miembro de su familia han sido víctimas de algún delito durante sus trayectos. Además, indica que la falta de mecanismos de vigilancia y respuesta rápida ante el delito afecta de manera agravada a sectores específicos de la población e impide el ejercicio de actividades importantes como lo es el acceso a la educación, salud y el trabajo.


También precisa que incorporar elementos de vigilancia y seguridad en el transporte público no es solo una medida que permite incidir directamente en los índices delictivos en el país, sino que supone la generación de mecanismos de protección que permiten el goce de los derechos de la población más vulnerable y que tiene la capacidad de generar bienestar para los sectores con mayores carencias en nuestro país.  


Establecer mecanismos para disminuir los niveles de inseguridad y violencia

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la diputada Carmen Rocío González Alonso dijo que tiene por objeto seguir impulsando a través de la legislación acciones, herramientas y mecanismos para disminuir los niveles de inseguridad y violencia en el transporte público. Señaló que es prioritario avanzar y reforzar mecanismos jurídicos y de implementación de políticas públicas para otorgar seguridad a las y los mexicanos. 


Comentó que la iniciativa objeto del dictamen, se inserta favorablemente en los postulados de la estrategia Nacional de Seguridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ya que destaca como una de las estrategias específicas la prevención especial de la violencia y el delito.