Minuta sobre la Ley de Amparo será analizada cuidadosa y responsablemente; no habrá fast track: Diputado Ricardo Monreal

• Destacó que la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, tiene la obligación de revisarla, corregirla y enmendarla 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la minuta en materia de Ley de Amparo, que se turnará a la Comisión de Justicia, será analizada cuidadosa y responsablemente; no habrá fast track.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, el legislador señaló que aún no se recibe la minuta pero la Cámara de Diputados es Cámara revisora; “se turnará a la Comisión de Justicia una vez que nos llegue la minuta y le voy a solicitar amablemente al Presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, que la distribuya entre todos los miembros para que se inicien de inmediato las reuniones”.

Añadió que una vez que la Comisión se reúna “vamos a cuidar todos los plazos legales que se establecen. No habrá fast track, no habrá vía rápida. Vamos a esperar los plazos que la ley establece y una vez que se agoten estos plazos el Pleno determinará lo procedente”.

Al ser cuestionado si se debe modificar el transitorio que se refiere a la retroactividad, puntualizó que el artículo 14 constitucional establece que no se le puede dar efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de persona alguna y aseguró que van a “darle congruencia a la Constitución”.

Planteó que en su opinión personal, como constitucionalista y profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, “en todo caso el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso, no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en prejuicio de las personas que están intentando, por la vía jurisdiccional, algún medio de defensa”.

Subrayó que esta posición la hará saber frente a la Comisión de Justicia y “lo haré valer como un diputado más, pero creo que hay en las bancadas una actitud muy racional y jurídicamente sustentable. Entonces, yo espero que revisemos con mucho cuidado este transitorio”.

Expuso que cuando se realizan reformas en materia procesal, lo técnico, lo racional, lo garantista, es que contengan un régimen transitorio que disponga que los juicios que se encuentran en trámite, al aprobarse la modificación, se sigan tramitando conforme a la legislación en vigor cuando se hayan iniciado tales juicios. 

“Esto impide --explicó-- que los justiciables inicien un proceso bajo ciertas reglas y durante el curso del mismo se cambien por el legislador tales reglas. El artículo transitorio respecto a la Ley de Amparo, desde mi punto de vista, no lo dispone así. Vaya, no la he visto textualmente, pero por lo que he leído y lo que he escuchado, altera este principio, por lo que el revisor, esa es nuestra función y nadie debe ofenderse, puede enmendarlo. Por eso somos Cámara revisora”.

Apuntó que no cree que los senadores hayan actuado con dolo para perjudicar a alguna persona o empresa y, en el caso de que hubiese alguna situación de esa índole, “la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, tiene la obligación de revisarla, corregirla y enmendarla”.

Reiteró que desde su punto de vista dicho transitorio altera y genera confusión en la aplicación de la norma. “Yo aclararía bien el transitorio para establecer con toda perfección, con toda claridad, que en el caso de juicios que se hayan iniciado anteriormente, se deben observar las normas que estaban vigentes antes de la reforma y que no se les puede aplicar estas normas a todos los procesos o etapas del proceso que ya hayan sido validadas”.

Enfatizó que se debe reconocer su validez. “Y si un juicio pendiente, un juicio pendiente de cualquier mexicano o de cualquier empresa moral, está pendiente de resolución, tienen que seguirse las reglas actualmente vigentes”.

“Yo sostengo personalmente que es inadecuado ese transitorio. Es inadecuado y nuestra función es revisarlo. Yo, esa parte diría, no estoy de acuerdo porque no puedes someter a un justiciable a acatar la ley que estás creando sin tomar en cuenta que antes había iniciado su juicio con normas distintas”.

Ricardo Monreal expresó que "lo lógico, lo constitucionalmente racional, lo apegado a la Carta Magna, es que concluya su juicio conforme a las normas jurídicas que existían cuando inició el juicio y que se declare validez a las etapas procesales que se hayan presentado o que se hayan resuelto conforme a la ley cuando estaba vigente, la ley que estaba vigente, cuando inició y desarrolló su juicio”.

Consideró “con toda seriedad y honestidad que va a prevalecer el buen juicio en la Cámara de Diputados y que las comisiones van a hacer lo correcto en la revisión del contenido de la reforma, fundamentalmente en el transitorio de la ley de Amparo”.

"Nosotros tenemos la obligación de que en la norma jurídica que construimos se respeten los derechos adquiridos de los justiciables; es decir, de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en un acto de autoridad a demandar en razón de lo que consideran un perjuicio o un daño, ya sea en sus bienes, patrimonios, posiciones o derechos. Estos son bienes adquiridos", concluyó el legislador.

Impulsan reforma constitucional para suprimir la medida precautoria de arraigo

• Diputadas y diputados del grupo parlamentario de MC plantean modificar el artículo 16 de la Carta Magna

Diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de MC, a través de una iniciativa proponen derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política, con el objetivo de suprimir la medida precautoria de arraigo.

El párrafo del artículo antes mencionado establece que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días, añade dicho artículo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en la exposición de motivos explica que el arraigo es una medida precautoria de base constitucional que permite al Ministerio Público privar de la libertad de tránsito a una persona, previa autorización de la autoridad judicial, para garantizar la investigación de un delito, la protección de personas y bienes y evitar la sustracción de la acción de la justicia.

Menciona que la figura es pre-procesal, porque se impone con antelación al inicio del proceso penal, cuando las diligencias de investigación no están concluidas o con elementos suficientes para solicitar al órgano jurisdiccional la sujeción a proceso de una persona.

Sin embargo, señala que esta medida resulta violatoria de los derechos esenciales de toda persona como la libertad personal y de tránsito. También, vulnera principios y garantías esenciales inherentes al proceso penal como la presunción de inocencia, garantía de audiencia, el derecho de defensa y la revisión de una detención por parte de autoridad judicial, entre muchos otros.

La imposición de esta medida no sólo es arbitraria, sino que también genera malas prácticas en las policías y los agentes a cargo de la investigación de los delitos, pues provoca y coloca a los sujetos privados de su libertad en condiciones de abuso y violación de sus derechos humanos y susceptibles a actos de tortura o tratos degradantes, subraya.

Las Diputadas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Laura Irais Ballesteros Mancilla, Laura Hernández García e Irais Virginia Reyes De la Torre y los Diputados Raúl Lozano Caballero, Gildardo Pérez Gabino, Pablo Vázquez Ahued, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes suscriben la iniciativa, manifiestan que en los últimos años se tiene una tendencia a la baja sobre las solicitudes de arraigo que se presentan por parte de los agentes del Ministerio Público Federal, lo que indica que se trata de una figura a la que afortunadamente se recurre cada vez menos.

Destaca que ha quedado de manifiesto la poca utilidad que representa actualmente dicha figura para la correcta administración e impartición de justicia, así como para la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas.

Piden que el sector educativo fomente el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación

• La Diputada Aguilar Gil (PT) plantea reformas a la Ley General de Educación

Con el objetivo de que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tenga entre sus fines fomentar el uso responsable y seguro del internet, y de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) impulsa reformas a la Ley General de Educación.

La iniciativa, que plantea modificar los artículos 7 y 14, añade que tanto las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, adoptarán las medidas necesarias para garantizarlo.

Señala que se busca modernizar este ordenamiento para abordar las necesidades de la era digital y garantizar que las y los estudiantes, así como los docentes, cuenten con herramientas y formación necesarias para aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales en la educación.

En la actualidad, resalta, es fundamental que dicha ley se actualice para incorporar formalmente el uso de tecnologías digitales, dado que este aspecto no sólo responde a las necesidades educativas contemporáneas, sino que también se alinea con un derecho fundamental contemplado en la Constitución Política.

Refiere que la Carta Magna establece el derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación (TIC); por ello, es importante asegurar que todas las personas, incluyendo a las y los estudiantes, tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo integral.

El documento, enviado a la Comisión de Educación, subraya que considerar a la tecnología como un componente esencial en la educación de México responde a la obligación del Estado de garantizar la equidad en el acceso a recursos educativos.

Afirma que integrar y modernizar la ley asegura que las y los estudiantes, independientemente de su edad, tengan acceso a las herramientas y recursos digitales necesarios para su educación, permitiendo que esta legislación esté en mayor armonía.

Diputadas y diputados expresan su respaldo a dictamen que eleva a rango constitucional la protección y cuidado animal

* En la discusión en lo general, hicieron uso de la tribuna representantes de los seis grupos parlamentarios

En la sesión presencial de este martes, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron sus posturas a favor del dictamen que reforma y adiciona los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución Política, en materia de protección y cuidado animal.

La reforma no se limita a los animales de compañía

La Diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena) indicó que, aunque es un gran avance la reforma, aún falta mucho por recorrer, pues México ocupa los primeros lugares en abandono de perros y gatos en América Latina y a nivel mundial en maltrato animal. “Esta reforma no se limita a los animales de compañía; se trata de todos los seres vivos, los que incluso están en nuestros hogares, los que viven en estado salvaje e incluso los destinados para consumo humano”.

Del mismo grupo parlamentario, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón resaltó que no es una reforma menor, ya que sienta las bases de un modelo de políticas públicas y acciones de gobierno en favor de los animales en todo el país, pues con este cambio se protege a quienes no tienen voz y a su vez fortalece los cimientos de la atención a las causas de la violencia mediante la enseñanza de amor y protección de animales en los planes y programas de estudio.

Por MORENA, la Diputada Olegaria Carrazco Macías advirtió que en nuestro país cada año hay más de 20 mil denuncias por maltrato animal, pero solo una parte termina en acciones concretas, por lo que con esta reforma se cambiará esa realidad y se garantizará un marco legal sólido que priorice el bienestar de todos los seres vivos.

Sociedad más empática, justa y consciente

Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Diputada del PAN, comentó que la reforma representa un paso histórico hacia una sociedad más empática, justa y consciente; fortalece el marco normativo para garantizar el bienestar de todas las especies, aboga por un trato digno y respetuoso a los animales, los reconoce como seres sintientes, y no solo busca sancionar sino prevenir el maltrato animal desde la raíz. “Esta reforma no solo es necesaria sino urgente, y en la legislación secundaria se debe escuchar a todas las voces”.

La Diputada del PAN, Paola Milagros Espinosa Sánchez, estimó que elevar a rango constitucional la protección de los animales es un acto congruente con los principios de su partido y representa un deber patriótico para cuidar el medio ambiente y los seres vivos. Pidió que esta reforma constitucional coadyuve a frenar el desastre ecológico; nunca más un animal muerto por la devastación de su habitad y que en la legislación secundaria se consideren las mejores prácticas”.

Necesario, prohibir y castigar el maltrato animal

A su vez, la Diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) indicó que se han registrado numerosos casos de violencia y el maltrato animal se ha convertido en una problemática que ha ido creciendo. Al establecer en la Carta Magna la prohibición del maltrato hacia los animales como la obligación del Estado para garantizar su protección y debido cuidado, afirmó, se impulsa la idea de que los animales como seres sintientes merecen un trato digno.

También del PVEM, la Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz señaló que elevar a rango constitucional la prohibición del maltrato a los animales garantiza una mayor protección, ya que se les reconoce como sujetos que merecen un trato digno. “Los animales sufren y sienten diferentes estados mentales sin importar si se trata de animales silvestres, de compañía o de trabajo, por lo que se debe procurar su bienestar”.

El Diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) mencionó que dentro de los beneficios de la reforma se encuentra la eventual expedición de la ley general en materia de protección y cuidado de los animales, la cual servirá de marco para que todos los niveles de gobierno implementen y cumplan leyes a favor de los animales.

Esta reforma valora la vida en todas sus formas

Del PT, la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez resaltó que el dictamen aborda un tema incluido en el plan de acción de su grupo parlamentario, relativo a fortalecer las políticas públicas de bienestar animal, a fin de que se sancione el maltrato y la explotación; por ello, se dará acompañamiento a toda la legislación secundaria y demás modificaciones que sean necesarias.

Irma Yordana Garay Loredo, Diputada del PT, mencionó que la reforma establece la obligación del Estado de garantizar la protección, cuidado y bienestar de los animales, así como otorgar al Congreso facultades para expedir leyes en la materia. “Estamos a favor de las luchas más justas. Impulsamos una cultura ecológica en la población, con el propósito de que se valore la vida en todas sus formas”.

La Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) resaltó que con las reformas constitucionales existirá una educación desde las aulas para que las personas sean empáticas con los animales y, con ello, prevenir, sancionar y erradicar el maltrato. Además, abren la posibilidad de la concepción de las familias multiespecies y alinea el respeto y la protección animal con la preservación del equilibrio ecológico.

Necesaria y adecuada, la reforma constitucional

Por el PRI, la Diputada Marcela Guerra Castillo expresó que la reforma aborda la protección y el cuidado animal, ya que son seres sintientes, pero México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en maltrato de los animales. “Era necesario y adecuado tener una reforma constitucional de este calado; por ello, votaremos a favor, pero el siguiente paso será incorporar en la Ley los delitos en eventos o espectáculos, debatir sobre corridas de toros, el transporte, animales de trabajo, sacrificios y experimentación”.

Abigail Arredondo Ramos, Diputada del PRI, afirmó que con el dictamen se reivindica el papel de las especies en la conformación de un sistema equilibrado y sustentable. Es tiempo de erradicar actitudes deplorables que persisten en la sociedad, como el maltrato animal, y sancionarlas. “Legislar sobre el tema abonará a unificar el marco legal y avanzar en la conformación de normas e instituciones sólidas que protejan a todas las especies animales en el país”.

También del PRI, la Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel destacó que en México más de 60 mil animales mueren al año y alrededor del 70 por ciento de los animales domésticos han sufrido algún maltrato, pero solo el 0.01 por ciento de los casos son sancionados. “Se requiere más conciencia y acción, y quienes cometan actos de crueldad enfrenten las consecuencias y realmente se haga justicia. El maltrato animal se tiene que sancionar con prisión”.

Los animales merecen ser tratados con dignidad y respeto

La Diputada Patricia Flores Elizondo (MC) señaló que proteger a los animales y respetar sus derechos es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y bondadosa. Hizo referencia que en México 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato, razón por la cual reconocer a los animales como seres sintientes implica entender que merecen ser protegidos de todo tipo de abuso y negligencia.

Para la Diputada Paola Michell Longoria López, también de MC, será importante, además de elevar a rango constitucional la protección animal, realizar acciones y promover políticas públicas de alto impacto que tengan un efecto positivo y permanente en las próximas generaciones. “Tener una mascota puede reducir los sentimientos de depresión, especialmente en personas mayores”.

Lenguaje inclusivo en Carta Magna, plantea Congreso Mexiquense

* La reforma busca visibilizar e integrar las referencias en femenino en la vida pública

* Al adoptar un lenguaje incluyente y equitativo, se garantiza un trato igualitario en el plano simbólico: Diputada Zaira Cedillo

Con el objetivo de actualizar el lenguaje constitucional y legal del país, reconociendo a las mujeres y contribuyendo a la paridad y equidad en todos los espacios de la vida pública, el Pleno del Congreso Mexiquense aprobó por unanimidad solicitar a la Cámara de Diputados Federal diversas reformas a la Carta Magna.

La iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsada por la Legisladora Zaira Cedillo Silva (MORENA), establece, con la técnica de pares femeninos y masculinos, que son: “mexicanas y mexicanos” quienes nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, lo cual sustituirá a la referencia genérica en masculino de “los mexicanos”.

Asimismo, que son ciudadanas y ciudadanos quienes reúnan los requisitos normativos; que las personas titulares e integrantes de los tres poderes son presidentas o presidentes, senadoras o senadores, diputadas o diputados, magistradas y magistrados, juezas y jueces, consejeras o consejeros. Adicionalmente, establece el lenguaje inclusivo sensible al género con uso de pronombre neutro, en casos como el de la persona titular de la Fiscalía General de la República, y no solo al fiscal, como actualmente está redactado.

Al presentar la propuesta, la legisladora afirmó que, al adoptar un lenguaje incluyente y equitativo, se garantiza un trato igualitario en el plano simbólico, y se refuerza el compromiso de la sociedad y las instituciones con la paridad de género, además visibiliza e integra las referencias en femenino de las mujeres en los ámbitos de la vida pública.

Respalda EdoMéx reforma federal en materia de igualdad sustantiva

* Además, tiene deberes reforzados de protección a las mujeres, adolescentes, niñas y niños

* El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho de igualdad sustantiva de las mujeres

Por unanimidad, la LXII Legislatura mexiquense aprobó la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el Estado garantice el goce y ejercicio del derecho de igualdad sustantiva de las mujeres, y que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que el Estado tiene deberes reforzados de protección a las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En sesión deliberante, presidida por el Legislador Maurilio Hernández González (MORENA), diputadas y diputados mexiquenses avalaron la reforma a la Carta Magna en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Con la minuta, expuesta por la Parlamentaria Sara Alicia Ramírez de la O (PT), se incluye que la actuación de las instituciones de seguridad pública también se regirá por el principio de perspectiva de género, y que se observará el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares en la administración pública federal del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en estados y municipios.

Las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican que las autoridades federales podrán conocer de las medidas u órdenes de protección, o de delitos del fuero común, relacionados con las violencias de género.

Para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las instituciones de procuración de justicia contarán con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres.

En materia laboral, las leyes establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial en razón de género; establece que, a trabajo igual, corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género, ni nacionalidad.

Al respecto, la Legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) celebró la reforma, porque hace justicia a las mujeres que históricamente han sido marginadas y excluidas de contar con las mismas oportunidades laborales que los hombres, a pesar de que la Constitución establece la igualdad para mujeres y hombres. Además, llamó a la reflexión sobre los retos en la brecha salarial y la igualdad de oportunidades, y exhortó a impulsar legislaciones estatales en beneficio de las mujeres.

Llama Octavio Martínez a discusión de modificaciones secundarias a reforma judicial

Previo a la discusión de la reforma, el Legislador Octavio Martínez Vargas (MORENA) compartió que el 8 de noviembre sesionó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a fin de emitir las convocatorias para la renovación de titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y para el nombramiento de jueces o juezas del fuero común.

Lo anterior, afirmó, contraviene la Carta Magna en términos de la reforma judicial, en el transitorio que obliga adecuar la Constitución, las leyes generales y el Código Electoral, por lo que llamó a la discusión, en la Legislatura estatal, de las reformas constitucionales secundarias en la materia, para dar cumplimiento puntual al mandato.

Por unanimidad, aprueban en comisiones reforma constitucional en materia de seguridad pública

* Modifica el artículo 21 de la Carta Magna para reforzar las atribuciones de la Secretaría Federal del Ramo

Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera aprobaron la reforma al artículo 21 constitucional, para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de los delitos.

El dictamen, que fue a probado con 31 votos a favor, deriva de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que establece que a la SSyPC le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.

Además, podrá coordinar acciones de colaboración con los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información que dispongan en la materia.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, explicó que el dictamen busca hacer partícipe a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos, reforzando la coordinación con la Fiscalía General de la República; además de optimizar los recursos y tecnologías en la recopilación de información.

La Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, indicó que las instituciones de seguridad pública deben ir siempre al paso de quienes pretenden afectar a los mexicanos, por eso “con esta reforma se fortalece a la SSyPC y se privilegia la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad”.

Beatriz Mojica Morga, Senadora de MORENA, subrayó que el proyecto da cuenta del compromiso que tiene el Gobierno Federal para atender y reforzar de manera puntual la estrategia de seguridad, porque la política de la administración actual va encaminada tanto a atender las causas que generan la criminalidad, como a reforzar los niveles de inteligencia y tecnología que permitan pacificar al país.

Por el PAN, el Senador Ricardo Anaya Cortés destacó que la reforma presenta como elemento clave para pacificar al país, el fortalecimiento de la investigación en las instituciones de seguridad pública, bajo la coordinación de un mando civil. Es necesario que en la ley secundaria se establezcan salvaguardas democráticas que impidan que se utilicen las herramientas “para espiar opositores y periodistas”, precisó.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que es fundamental dotar de nuevas funciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, consideró que se debe sacar de la propuesta a la Guardia Nacional, porque se trata de un órgano militar, el cual “no debería tener funciones de investigación”.

En su turno, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, lamentó que en México las víctimas no sólo padecen los delitos, sino que enfrentan un sistema de justicia “roto, desarticulado, indiferente y arcaico”. Mencionó que el voto de su bancada será a favor del proyecto, porque fortalecerá la coordinación en las investigaciones del sistema de seguridad pública.

Del PT, Alejandro González Yánez calificó la iniciativa como trascendental y recalcó que los cambios a la Carta Magna permitirán a la SSyPC realizar tareas de investigación, lo que permitirá “pasar de la reacción defensiva a la prevención y acción ofensiva”, con lo que se podrán desmantelar las estructuras delincuenciales en el país.

Juanita Guerra Mena, del PVEM, destacó que esta reforma constitucional “es de celebrarse”, porque contempla que los fondos para la seguridad puedan ser auditados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que fomentará la transparencia y la eficacia en la ejecución del gasto de las corporaciones policiacas.

Una vez aprobado, el documento fue remitido a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente. Además, legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano presentaron reservas al dictamen, así como un voto particular, que se discutirán en el Pleno.

Avala EdoMéx reforma para vivienda accesible a personas trabajadoras

* Brinda reforma constitucional un sistema con orientación social para que puedan remodelar, rentar o adquirir una vivienda con financiamiento accesible

* Establece la creación de un fondo nacional para establecer un sistema de vivienda con orientación social

El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar la Carta Magna y establecer un sistema con orientación social para que las personas trabajadoras puedan remodelar, rentar o adquirir una vivienda con financiamiento accesible.

En su calidad de Constituyente Permanente, el pleno de la LXII Legislatura mexiquense respaldó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se establece que toda empresa estará obligada, según lo determinen las leyes, a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, lo cual se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y trabajadoras.

La minuta, leída por la Legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT) durante sesión presidida por el Parlamentario Maurilio Hernández González (MORENA), detalla que el fondo establecerá un sistema que permita el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para su adquisición o mejora, para la obtención de suelo o para la construcción de vivienda.

Con la reforma se establecerán los términos y condiciones para que las personas trabajadoras accedan a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad; además, precisa que la mensualidad del arrendamiento social no excederá el 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.

El documento puntualiza que se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia, y que la ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

En sus intervenciones, el Legislador Edgar Samuel Ríos Moreno (MORENA) indicó que con estas modificaciones constitucionales florece la esperanza de muchas familias de México para poder vivir con dignidad y se hace justicia a la clase trabajadora.

Añadió que esta minuta sigue el principio de primero los pobres, porque se suma al incremento al salario mínimo, la elevación a rango constitucional de los programas sociales, así como a las obras de infraestructura y condiciones económicas favorables.

Por el PVEM, la Legisladora Alejandra Figueroa Adame subrayó el compromiso del Estado mexicano con las familias, porque la reforma representa un cambio profundo en la calidad de vida de las y los trabajadores, y vislumbra un futuro en el que personas jóvenes, que recién ingresan al mundo laboral, también tengan acceso a su primera casa.

La Parlamentaria Maricela Beltrán Sánchez (MC) respaldó la reforma porque el derecho a una vivienda digna y decorosa es una deuda histórica y celebró la suma de las fuerzas políticas para velar por el bienestar económico de las familias, especialmente las mexiquenses, cuya población concentra una parte importante de clase trabajadora.

La elección de jueces, ministros y magistrados es irreductible: Gerardo Fernández Noroña

* Se trata de un mandato popular, pero, además, no se puede permitir que ocho personas estén por encima del pueblo y de los poderes de la república, afirma

El Presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que, independientemente del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, no se detendrá el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados, ya que es una posición irreductible

Cabe recordar que el Pleno de la SCJN acordó discutir el 5 de noviembre la propuesta de Juan Luis González Alcántara, que busca invalidar las disposiciones constitucionales relativas a la elección de jueces y magistrados, pero continuar con la elección de los ministros.

Fernández Noroña consideró que la renovación del Poder Judicial, lo que incluye a jueces, ministros y magistrados, es un mandato popular, pero, además, no se puede permitir que ocho personas estén por encima del pueblo y de los poderes de la república, porque eso sería condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación.

“Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio de poderes y pretenden plantear la supremacía del Poder Judicial; eso es inaceptable”, expresó el legislador.

Insistió que la Suprema Corte no tiene facultades para “echar atrás” artículos vigentes en la Constitución, porque sólo el Constituyente Permanente, las cámaras del Congreso del Unión y las legislaturas estatales, pueden cambiar la Carta Magna.

“Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición, no nos vamos a echar atrás; se va a elegir a las personas juzgadoras, es irreductible, es un mandato popular”.

“Que pase lo que quieran, nosotros no nos moveremos ni un milímetro de la elección de personas juzgadoras, este país ya abrió camino”, consideró.

Mencionó que los comités de evaluación para la elección de las personas juzgadoras emitirán este lunes la convocatoria, para que los interesados en participar en la elección que se llevará a cabo en junio de 2025 se inscriban al proceso.

También informó que el Senado de la República declarará improcedente la declinación de 227 magistrados y 110 jueces, porque sus cargos serán elegidos hasta el año 2027.

En este sentido, aseguró que los y las personas juzgadoras que renuncien o decidan no participar en el proceso electoral, se les respetará su retiro con fundamento en su salario actual.

Avala EdoMéx minuta que impide impugnar reformas constitucionales

* No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución

* La reforma enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad

El Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para reformar la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma, aprobada por el Congreso mexiquense en su calidad de Constituyente Permanente, precisa que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución federal.

El documento, leído por el Legislador Carlos Alberto López Imm (PVEM), durante sesión especial presidida por el parlamentario Maurilio Hernández González (MORENA), añade que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.

Por lo anterior, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución.

La minuta agrega que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto de la reforma.

De acuerdo con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, esta reforma perfecciona los procesos constitucionales y reivindica las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas. Además, refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad, como regla y principio constitucional.

Para declarar la constitucionalidad de la reforma y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, se requiere al menos de la aprobación de 17 congresos estatales.

Al defender la minuta, el Congresista Octavio Martínez Vargas (MORENA) expuso que ésta sanciona la supremacía constitucional expuesta en la Constitución federal desde 1910, a la cual tienen que alinearse los jueces de las entidades, incluso si la contravienen las constituciones locales y leyes secundarias, y añadió que la reforma a la Ley de Amparo de abril de 2013, propuesta por la derecha mexicana, fue para establecer que este instrumento jurídico no procede contra reformas a la Carta Magna.

En contra de la reforma, el Diputado Elías Rescala Jiménez, coordinador parlamentario del PRI, se refirió a la minuta como “la peor de las reformas que han llegado del Congreso de la Unión”, porque rompe el equilibro constitucional, favorece la concentración del poder e impide la protección de los derechos de la población. Además, afirmó que no otorga supremacía a la Constitución, sino a uno de los poderes constituidos sobre los demás, lo cual afecta al sistema de pesos y contrapesos.

Por el PAN, la Parlamentaria Joanna Alejandra Felipe Torres criticó que la minuta promueve la venganza y la violación a los derechos humanos, para anular y silenciar a las voces de la oposición, y violará el principio de irretroactividad de la ley.

El Congresista Juan Manuel Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de MC, calificó como un error la minuta, porque deja indefensa a la ciudadanía y neutraliza las herramientas jurídicas de los estados, municipios, partidos políticos, fiscalías y el Ejecutivo para resolver controversias constitucionales.

El Coordinador parlamentario del PRD, el Legislador Omar Ortega Álvarez, dijo que se fijan candados a las voces disidentes al gobierno, recordó que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de nadie y apeló a dejar la visión absolutista del derecho.

Senado de la República emite declaratoria de aprobación de reforma sobre supremacía constitucional

* El documento fue remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación

La Cámara de Senadores emitió la declaratoria de aprobación de la reforma que establece la improcedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que realizó la declaratoria constitucional, el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez que sea promulgada, publicada y vigente la reforma en materia de impugnabilidad, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma sobre el Poder Judicial y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador.

Lo anterior, dijo, a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de la Carta Magna y “para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que con la aprobación de este proyecto las y los senadores concretan “la más profunda de las reformas constitucionales en el país”.

Previamente, una vez que se reanudó la sesión de este jueves, el Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de declaratoria sobre la reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, acompañado de los votos aprobatorios de 23 congresos estatales.

Posteriormente, la Secretaría de la Mesa Directiva realizó el cómputo de las legislaturas estatales que hasta el momento han dado su respaldo al proyecto de decreto: las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

De esta manera se confirmó la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, por lo que el presidente de la Mesa Directiva expresó:

“La Cámara de Senadores declara que se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, por lo que el documento se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Fernández Noroña explicó que la Presidencia de la Mesa Directiva seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.

El artículo segundo transitorio de la reforma dispone que “los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”.

Del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas acusó que los partidos que conforman la mayoría en el Congreso “están destruyendo la republica y al sistema judicial”, por eso, la historia los va a juzgar”; en ese sentido, propuso fortalecer el régimen democrático de México.

Desde su escaño, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, criticó la celeridad con la que se aprobó la enmienda constitucional en los estados de la república, pues fue avalada en 23 congresos locales en 20 horas. “Hubo congresos que ni siquiera discutieron a favor o en contra. Hubo congresos que en 20 minutos hicieron el trámite. ¿A qué hora leen?, ¿a qué hora estudian?, ¿a qué hora tratan de comprender que están destruyendo al país?”, cuestionó.

Por MORENA, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que ya se llevaron a cabo los procesos deliberativos para aprobar la supremacía de la Constitución Política, por lo que ahora se debe continuar con lo que establece la Carta Magna y elegir a las personas juzgadoras. “El pueblo nos está guiando correctamente y hay una soberanía popular que se está respetando”, manifestó.

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó reformas que impiden impugnar modificaciones a la Carta Magna

* El dictamen a la minuta modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al 105 de la Constitución Política

* Fue ratificado con 30 votos a favor y 11 en contra, y remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 30 votos a favor y 11 en contra, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El Presidente de la instancia legislativa, Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), informó que en acuerdo con los grupos parlamentarios se resolvió que las reservas se desahogarán en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Además, indicó que recibió dos votos particulares que se anexarán al final proyecto del dictamen para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

La adición de un quinto párrafo al artículo 105 precisa que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

Mientras que la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

Queda: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.

En los transitorios se precisa que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

El documento, avalado en términos de la minuta, precisa que la reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano, en principio, porque el artículo 135 de la Constitución Política dispone que la Carta Magna puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las dos terceras partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Subraya que con esta reforma se perfeccionarán los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas. Añade que son suficientes los argumentos y razonamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales que sostienen estas propuestas de reforma para reafirmar sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. La pugnabilidad de las reformas constitucionales solo ha sido un debate en la doctrina.

Además, con esta reforma se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución.

Primera ronda

Al iniciar la primera ronda, la Diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) expresó que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes y elimina la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales.

Por MORENA, la Diputada Mariana Benítez Tiburcio mencionó que la reforma para transformar el sistema de justicia apenas inició con la aprobada el pasado 15 de septiembre, y “esta modificación solo busca dejar de manera clara que no procede ningún recurso de control contra reformas constitucionales.

A su vez, la Diputada Laura Hernández García (MC) resaltó que la reforma pretende eliminar la posibilidad de impugnar las adiciones y reformas a la Constitución, dejando al poder reformador prácticamente sin contrapeso.

Ruth Maricela Silva Andraca, Diputada del PVEM, destacó que la reforma garantiza que el Poder Legislativo sea el único con la facultad para modificar la Carta Magna, al eliminar la posibilidad de intervención judicial sobre reformas constitucionales, lo que refuerza la independencia de este órgano, que ha sido elegido por el pueblo para ejercer soberanía.

El Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) aseguró no hay un sustento, solamente venganza contra el Poder Judicial; no hay un razonamiento técnico-jurídico de fondo y las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como es la separación de poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.

Por MORENA, el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes expuso que lo que busca esta reforma es terminar con el activismo judicial; es decir, que los ministros puedan legislar, toda vez que su tarea es jurisdiccional. “Es relevante que se arropen las facultades legislativas, de lo contrario se dañarían los pesos y contrapesos de los Poderes del Estado”.

La Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) afirmó que la reforma marcará un antes y un después en el equilibrio del Poder en México. “Si la Constitución deja de ser una barrera contra excesos del poder, el país se enfrenta a un riesgo autoritario real, donde los derechos y la justicia quedarían vulnerables”.

Julieta Kristal Vences Valencia, Diputada de MORENA, relató que el artículo 39 constitucional dice: “el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno”, por lo que “quienes tienen la responsabilidad de llevar las demandas más sentidas son las y los legisladores; es cuestionable que el Poder Judicial ordenara una suspensión”.

El Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que el motivo de la reunión deriva de una reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial, pero no se trata de un asunto de justicia. Rechazó que los mexicanos vayan a seleccionar a su juzgador, por lo que se debe conocer cuántas boletas se van a manejar y cómo se va a llevar a cabo este procedimiento.

La Diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) dijo que la reforma no es un intento por imponer un régimen autoritario; al contrario, es un derecho que se tiene como poder reformador, es un mecanismo de defensa para evitar que las reformas constitucionales que cumplan con una amplia mayoría y legitimidad sean echadas para abajo.

Paulina Rubio Fernández, Diputada del PAN, consideró que con la reforma se elimina la posibilidad de que la ciudadanía se defienda con amparos ante reformas constitucionales; lo mismo ocurrirá con los gobernadores, pues no podrán llevar a cabo las controversias constitucionales o los partidos políticos o las minorías del Congreso con las acciones de anticonstitucionalidad.

El Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) indicó que la reforma no pretende modificar algo que ponga en riesgo los derechos humanos y garantías; tampoco atenta contra el control de convencionalidad, sino que lleva a rango constitucional un texto de la Ley de Amparo que es fundamental.

Segunda ronda

La Diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) subrayó que no puede afirmarse que los derechos humanos están salvaguardados, porque lo que se propone es la eliminación de mecanismos jurídicos para corregir o detener abusos e irregularidades en la aprobación de modificaciones a la Constitución.

De MORENA, la Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano precisó que la reforma garantiza y consolida certeza jurídica, y que una vez que la voluntad del pueblo ha sido elevada a rango constitucional no podrá ser cuestionada mediante procesos judiciales. No implica una disminución en la protección de sus derechos fundamentales.

A su vez, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) consideró que el dictamen acaba con la posibilidad de que alguien pueda defenderse de los actos de autoridad. “No hay certeza ni validez de lo que se va a determinar aquí. Desde esta Comisión hay que hacer ciencia jurídica”.

El Diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez aclaró que en el dictamen no se modifica el tema de amparo; por el contrario, busca recalcar lo que ya está especificado en la Constitución, al establecer estabilidad institucional y evita que las modificaciones constitucionales sean objeto de impugnación.

La Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales, así como la protección a la propiedad privada, si se aprueba la reforma.

Del PT, la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseveró que no se están afectando los derechos humanos ni desaparecen los medios de control de constitucionalidad, pues sigue vigente el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad frente a normas generales.

El Diputado Fernando Torres Graciano (PAN) afirmó que con la reforma se está cercenando y debilitando a una institución que representa un orgullo para las y los mexicanos, pues pretende quitarle el juicio de amparo a los ciudadanos, lo que claramente representa una violación a sus derechos humanos.

Favio Castellanos Polanco, Diputado de MORENA, expuso que la reforma viene a fortalecer lo que dice la Ley de Amparo. “Hoy se reforma para el bien del pueblo de México, aunque la oposición hoy intenta renunciar a la facultad de legislar. Nosotros desde la coalición tenemos un mandato popular y que las reformas sean una realidad”.

Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Diputada de MORENA, señaló que con estas adecuaciones se eleva a rango constitucional lo ya previsto en la ley y se garantiza que haya una real división de poderes, al estipular la claridad y la certeza jurídica respecto a la improcedencia a nivel constitucional de las acciones de inconstitucionalidad, controversias y juicio de amparo.

Del PAN, la Diputada Noemí Berenice Luna Ayala afirmó que la reforma reduce los efectos del amparo en su función como garantía de protección a los derechos humanos. “El juicio de amparo protege de actos inconstitucionales o violatorios de derechos humanos. A ustedes no les importa desmantelar la estructura jurídica y, en lugar de apelar, reforman la Constitución”.


El Diputado José Alejandro Peña Villa (MORENA) señaló que son claras las posiciones. “Nosotros queremos seguir en la democratización y garantizar que haya reformas constitucionales en beneficio de la gente. No se puede seguir permitiendo la intromisión del Poder Judicial”.

Tercera ronda

El Diputado Carlos Hernández Mirón (MORENA) afirmó que la reforma no significa la eliminación judicial sobre leyes generales y es una mentira lo que comentan quienes están en contra del dictamen, y también es falso que se vaya en contra de los derechos de las personas.

La Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) puntualizó que la propuesta es una reacción a las determinaciones de las autoridades judiciales en distintos momentos. No es una reforma sobre supremacía constitucional, sino que busca imponer la supremacía de una mayoría legislativa temporal sobre la Constitución.

Oscar Iván Brito Zapata, Diputado de MORENA, expresó que si la Suprema Corte de Justicia no actuara en prevaricato no se tendrían que hacer adecuaciones a la Carta Magna. “Sólo se cumple con la facultad del Poder Legislativo y no se modifican los medios para revisar las controversias que vulneren los derechos humanos”.

El Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) indicó que la reforma da claridad y certeza al texto constitucional, evita que intereses particulares, políticos, económicos, de élite o extranjeros prevalezcan por encima de la Carta Magna y que se utilicen vías judiciales para entorpecer o revertir reformas aprobadas democráticamente.

Francisco Javier Estrada Domínguez, Diputado de MORENA, señaló que el artículo segundo transitorio del dictamen propone que los asuntos en trámite se resuelvan conforme a lo que se votará en la reunión de este lunes, por lo que “no aplica la retroactividad de la ley, porque no existe ninguna resolución concluida por la Suprema Corte, ni por algún juzgado o tribunal colegiado, de ahí que se está respetando el orden jurídico”.

Por el PT, la Diputada Lilia Aguilar Gil manifestó que con la reforma permanece el juicio de amparo; simplemente se eleva a rango constitucional lo que ya dice el artículo 61 de “que la Constitución no puede ser inconstitucional”. Además, las adiciones no afectan a los ciudadanos.

El Diputado de MORENA, Julio César Moreno Rivera, reiteró que con la reforma no se eliminan las facultades de la Corte, ni se suprime la figura de juicio de amparo, porque éste seguirá vigente, protege los derechos humanos de la ciudadanía. Lo que se pretende es evitar que los jueces excedan sus facultades al intervenir en decisiones exclusivas de las y los legisladores.

Definen comisiones reglas para discusión de minuta de reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas

Las Juntas Directivas de las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y de Estudios Legislativos aprobaron un acuerdo para establecer las reglas del debate y discusión de la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, que envió la Cámara de Diputados al Senado.

En dicho encuentro se desahogará el proyecto que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. El encuentro iniciará con la presentación del dictamen por parte de las presidencias de cada una de las comisiones, por un espacio de cinco minutos.

Posteriormente cada uno de los seis grupos parlamentarios, de cada comisión, fijará su posicionamiento, con una participación de hasta por seis minutos.

Al concluir los posicionamientos, comenzará la discusión del dictamen en lo general y lo particular en un solo acto, que se desarrollará en términos de la regla que corresponda: ordinaria o especial, detalla el acuerdo.

Para la regla ordinaria habrá como mínimo dos rondas de participaciones que se llevarán a cabo con intervenciones de hasta cinco minutos cada una y en la que participarán seis senadores en contra y seis a favor; para la especial, habrá una sola ronda de participaciones para fijar postura a favor del dictamen con tres participantes por comisión hasta por cinco minutos.

El acuerdo subraya que para definir cuál de esas reglas se seguirá en el debate del dictamen, la presidencia consultará, tras los posicionamientos, si existen posturas en contra: de haberlas, se aplicará la regla ordinaria, en caso contrario se empleará la especial.

Al término de esas rondas, la presidencia consultará si el asunto está suficientemente discutido; de ser negativa la respuesta, la presidencia abrirá una nueva ronda de intervenciones, de ser positiva, se procederá a dar cuenta de las reservas y votos particulares, que no se votarán en la reunión, sino que se remitirán a la Mesa Directiva del Senado para ser desahogadas en el Pleno. Finalmente se llevará a cabo la votación en lo general del dictamen.

La reforma que traslada la Guardia Nacional a la SEDENA ya es constitucional, declara la Cámara de Diputados

* La Mesa Directiva dio cuenta de la recepción de 26 votos aprobatorios de igual número de congresos locales

* El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Tras contabilizar el voto aprobatorio de 26 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, en materia de Guardia Nacional.

En funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (MORENA), dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, se emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la Secretaria de la Mesa Directiva, Diputada Julieta Villalpando Riquelme (MORENA), dio cuenta de la recepción de una comunicación del Senado en torno al proyecto de declaratoria.

Informó al Pleno que se recibieron 26 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

Indicó que “en virtud del cómputo realizado la Secretaría da fe de la recepción de 26 votos aprobatorios a la minuta al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Se pide a todas y todos los presentes ponerse de pie”.

Entre lo reformado, se establece que la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional (SEDENA), para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.

Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico. Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.

Precisa que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

Además, la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

Los cambios constitucionales también estipulan que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.

El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se transferirán a la SEDENA los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.

Instalan en el Senado de la República la Comisión Jurisdiccional

* El senador Saúl Monreal Ávila preside este órgano legislativo del Senado de la República

El Senador Saúl Monreal Ávila declaró formalmente instalada la Comisión Jurisdiccional, que desarrollará sus trabajos durante la LXVI Legislatura del Senado de la República.

Durante el encuentro, Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, indicó que la Comisión abordará temas relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia. Desde la Constitución Política, dijo, está claro que ambas figuras se aplican cuando se cometen delitos en el ejercicio de cargos públicos.

Explicó que cuando un funcionario comete algún exceso en el ejercicio de su responsabilidad, tiene que ser llevado a un juicio político, para que sirva como ejemplo de que el poder no es pleno y que hay márgenes constitucionales que lo delimitan.

La Senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de MORENA, consideró que la Comisión tendrá como objetivo principal hacer respetar lo que determina la Carta Magna, con el firme compromiso de servir al pueblo de México.

Instalan en el Senado de la República la Comisión Jurisdiccional

* El Senador Saúl Monreal Ávila preside este órgano legislativo del Senado de la República 

Este miércoles, el Senador Saúl Monreal Ávila declaró formalmente instalada la Comisión Jurisdiccional, que desarrollará sus trabajos durante la LXVI Legislatura del Senado de la República.

Durante el encuentro, Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, indicó que la Comisión abordará temas relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia. Desde la Constitución Política, dijo, está claro que ambas figuras se aplican cuando se cometen delitos en el ejercicio de cargos públicos.

Explicó que cuando un funcionario comete algún exceso en el ejercicio de su responsabilidad, tiene que ser llevado a un juicio político, para que sirva como ejemplo de que el poder no es pleno y que hay márgenes constitucionales que lo delimitan.

La Senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de MORENA, consideró que la Comisión tendrá como objetivo principal hacer respetar lo que determina la Carta Magna, con el firme compromiso de servir al pueblo de México.

Diputadas y diputados aprueban en Comisión incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional

• Con las modificaciones a la Carta Magna se faculta a esta institución para investigar delitos, en el ámbito de su competencia

La Comisión Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política, para establecer que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), formará parte de la Fuerza Armada permanente (Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada) y tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.

Las modificaciones a la Carta Magna se avalaron en lo general con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 17 en contra y cero abstenciones. El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

En proyecto de decreto, avalado en reunión semipresencial de la Comisión presidida por el Diputado Juan Ramiro Robledo (MORENA), reforma los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, y deriva de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero y considera diversas iniciativas de diputadas y diputados.

Determina que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

Indica que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Añade que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y que corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones respectivos.

Precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Por otra parte, se estipula que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Mientras que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

En cuanto a las facultades del Ejecutivo, estipula que éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

Señala que para ser presidente de la República o diputado se requiere no estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional. Para el caso de presidente, seis meses antes del día de la elección, y para el de diputado, 90 días.

Establece que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Además, en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.

Garantiza, además, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

Hace notar que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Indica que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, cuyos integrantes se regirán por su propia ley.

En los artículos transitorios se menciona que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia Nacional; la nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. Deben respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.

La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la SEDENA.

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

El Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la secretaría del ramo Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se transferirán a la SEDENA los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la secretaría del ramo de Seguridad Pública.

Conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la secretaría del ramo de Seguridad Pública, debe transferir los recursos presupuestales a la Sedena.

Por su parte, el personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del presente Decreto.

Intervenciones en pro y contra

Al iniciar la discusión, el Diputado Hamlet García Almaguer, de MORENA, manifestó su voto a favor del dictamen porque las reformas que plantea sobre la incorporación de la Guardia Nacional a las tareas de investigación influirán en la incidencia criminal para reducirla. Consideró que la seguridad pública es un reto que debe enfrentar el Estado en su conjunto, para lo cual es necesaria la coordinación entre ministerios públicos, policías y Guardia Nacional.

El Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que México vive desde hace tres sexenios, incluyendo el que está por terminar, un problema grande de seguridad el cual se debe atender entre todos. “Es una lástima que no tuvimos un espacio en esta Legislatura para hablar profundamente de seguridad y cómo la Cámara de las y los Diputados puede contribuir en un proceso de paz”.

A su vez, el Diputado Ismael Brito Mazariegos (MORENA) planteó la importancia de lograr un acuerdo nacional en materia de seguridad pública que refleje cohesión para sacar adelante el tema. Expresó que las Fuerzas Armadas gozan de gran confianza entre la ciudadanía, por lo que se les debe dotar de facultades legales y constitucionales y que la Guardia Nacional sea policial, pero con participación efectiva de las Fuerzas Armadas “para respirar la tranquilidad que anhelamos”.

El Diputado Jorge Triana Tena (PAN) dijo que están en contra de este nuevo intento por perfeccionar la militarización de las labores en materia de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. “No nos oponemos a que las Fuerzas Armadas participen en estas tareas, siempre y cuando cumplan con características como que las labores de estas fuerzas sean excepcionales, subordinadas, complementarias, reguladas y fiscalizadas; sin embargo, lo que se está proponiendo no cumple con ninguna de estas características”.

Del grupo parlamentario del PT, el Diputado Gerardo Fernández Noroña se pronunció a favor del proyecto y dijo que es necesario tener un diálogo para fortalecer, retomar experiencias y enfrentar, como un solo cuerpo, como Estado, las dificultades en materia de seguridad pública y calificó de inaceptable que no se haya podido lograr la pacificación del país. Añadió que las reformas en este tema deben salir adelante para cumplir el compromiso con el pueblo de México. “Es un reto enorme y tenemos que alcanzarlo”, enfatizó.

De MC, el Diputado Braulio López Ochoa Mijares indicó que lo que se quiere hacer es prácticamente militarizar y quitan el tema de que las Fuerzas Armadas no puedan participar en tareas de seguridad pública en tiempos de paz e inclusive mandatan a que se haga una ley al respecto. “Se opusieron a la militarización de Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, pacificar este país, y nada de esto lo están cumpliendo”.

En la segunda ronda de participaciones, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA) comentó que la seguridad requiere de una reforma integral respecto a la impartición de justicia y su procuración, donde los militares juegan un papel estratégico, de ahí la importancia de profesionalizar a la Guardia Nacional y ubicar la función que tiene los militares, a fin de desterrar la impunidad, por lo que pidió elevar la mira y dar un voto de confianza para que se puedan fortalecer sus instituciones.

La Diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) manifestó su voto en contra de proyecto porque pone al país al servicio del Ejército de manera permanente, le encomienda la perpetuidad de la seguridad pública y deja en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país. El problema de que se apruebe, dijo, es que se aumentará el empoderamiento político y económico del Ejército, pues todos los recursos financieros y humanos con que cuenta la Guardia Nacional estarían bajo el control del Ejército, lo que representa, sólo en 2024, 70 mil millones de pesos.

El Diputado Salvador Caro Cabrera (MORENA) dijo que la presidenta electa adelantó que uno de los principales ejes en materia de seguridad sería fortalecer y consolidar la Guardia Nacional como parte de la SEDENA y que su administración buscaría continuar con la reforma constitucional que hoy se discute, la cual permitiría que la Guardia se integrara para garantizar la seguridad pública y evitar la corrupción.

Leonel Godoy Rangel, Diputado de MORENA, dijo que con esta reforma se plantea un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular. Aclaró que las modificaciones establecen que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, además que la secretaría del ramo formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los respectivos programas, políticas y acciones.

De MC, el Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo dijo estar en contra porque no hay una evaluación de la actuación de la Guardia Nacional con el mando militar “que era el compromiso de 2019 cuando votamos para que existiera”. Además, no se ha apoyado con presupuesto a las policías locales. Mencionó que la tarea de seguridad es cada vez más complicada y requiere coordinación y capacitación con el Ejército, pero insistió en que una autoridad civil debe encabezar su administración.

Discusión en lo particular

En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el Diputado Salvador Caro Cabrera (MORENA), para reformar el párrafo décimo primero del artículo 21 para agregar el término “de los tres órdenes de gobierno”

De esta forma, con la propuesta de modificación se estipula que el Ministerio Público y las instituciones policiales “de los tres órdenes de gobierno”, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, se modificó el párrafo tercero del artículo 32 de la Constitución Política, para cambiar “Fuerzas Armadas Permanentes” por “Fuerza Armada Permanente”.

A favor de esta reserva se pronunció la Diputada Flor Ivone Morales Miranda y el Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos de MORENA, así como el Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI. En contra, el Diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) y Jorge Triana Tena y Miguel Humberto Rodarte De Lara, ambos del PAN.

Previamente, las y los integrantes de la Comisión presentaron 21 reservas: ocho de MC, siete del PRI y seis del PAN, las cuales fueron presentas por las y los Diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa Mijares, de MC; Alma Carolina Viggiano Austria, Eduardo Zarzosa Sánchez, Laura Lorena Haro Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Cynthia Iliana López Castro, del PRI; por el PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara, René Figueroa Reyes y Héctor Saúl Téllez Hernández, mismas que fueron rechazadas.

Piden que Estado establezca el principio de accesibilidad en políticas públicas para garantizar derechos de personas con discapacidad

• La Diputada De la Torre Valdez (PRI) planteó adicionar la Constitución Política

La Diputada Yolanda De la Torre Valdez (PRI) propuso adicionar la Constitución Política, con el objetivo de instituir que el Estado deberá establecer el principio de accesibilidad como base de conducción en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

La iniciativa, que plantea adicionar un párrafo al artículo 4º de la Carta Magna y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, sostiene que, en el marco de la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa, la adopción del principio de accesibilidad en la toma de decisiones públicas por parte del Estado se erige como una necesidad imperativa.

Este precepto, indica, busca garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan participar plena y efectivamente en todos los ámbitos de la vida pública y política.

Señala que la accesibilidad como principio rector en la Constitución Política define el camino a seguir por las autoridades en todas sus decisiones y actuaciones cuando se trate de las personas con discapacidad, porque su función orientadora permite hacer efectivo el acceso a sus derechos humanos.

Asimismo, la “accesibilidad como derecho” tiene un impacto directo en la mayoría de los bienes y servicios necesarios para el acceso a los derechos humanos, tales como la movilidad, la información, las comunicaciones y la vivienda.

“El ejercicio del derecho a la accesibilidad permite a su vez el acceso a otros derechos fundamentales para el bienestar psicológico, físico y social”, asevera.

En la exposición de motivos menciona que, en México, según el Censo del INEGI 2020, 20 millones 838 mil 108 personas tenían alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental, quienes representan el 16.5 por ciento de la población.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), la población con alguna discapacidad presenta grandes problemas para poder acceder a sus derechos y en su gran mayoría se encuentra en situación de pobreza.

Por ello, afirma la legisladora, es importante que se incorpore el derecho a la accesibilidad en la Constitución Política, que promueva y garantice la mayor accesibilidad posible en la construcción de las políticas públicas destinadas al acceso a los derechos de la población.

Destaca que asegurar la accesibilidad no solo es un mandato de derechos humanos, sino también una estrategia fundamental para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Este enfoque, concluye, no solo mejora la calidad de vida de esta población, también enriquece el tejido social al fomentar la diversidad y la inclusión en la esfera pública.

Impulsan iniciativa para establecer en la Constitución Política el derecho humano a la paz

• El proyecto de la Diputada Pérez López (MORENA) lo analiza la Comisión de Puntos Constitucionales

La Diputada Beatriz Dominga Pérez López (MORENA) propuso adicionar un último párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política para establecer que “toda persona tiene derecho a la paz”.

Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la legisladora señala que la paz es un derecho humano al que todas y todos deberíamos tener acceso o, por lo menos, estar garantizado en la legislación; por eso que se busca estipularlo en la Carta Magna como un derecho universal y cumplir con el exhorto internacional en este sentido.

Explica que para el libre desarrollo del ser humano es necesaria la intervención de muchos sectores, como la educación, la salud, la cultura y el deporte, entre otros; sin embargo, la realización de todos estos aspectos no sería posible sin un ambiente adecuado, pues a pesar de que pudieran estar plasmados en la legislación nacional o tratados internacionales, quedarían suspendidos si no hay paz.

Argumenta que el país está lejos de tener una paz homogénea, ya que, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México, en el territorio nacional se identificaron 333 conflictos por tensiones y disputas generadas por el uso, acceso, control y la apropiación de los bienes comunes naturales.

Menciona que, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales, ni únicamente es la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales, sino que también es un derecho humano del que todas las personas, grupos y pueblos son titulares, ya que es un concepto mucho más amplio y positivo.

En ese mismo sentido, la legisladora señala que en la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1984, se proclama que los pueblos del planeta tienen el derecho sagrado a la paz y que la protección de ese derecho, así como el fomento de su realización es obligación fundamental de todo Estado, por lo que hace un llamado a contribuir, por todos los medios, a asegurar su ejercicio mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional.