Proponen que directivos de educación inclusiva y especial sean personas capacitadas en la materia

• La diputada Espinosa Morales (PRD) plantea reformar Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
• Según UNICEF, las y los niños con discapacidad tienen 47 por ciento más probabilidades de no asistir a la escuela primaria

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) impulsa iniciativa para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigne en cargos directivos de los planteles de educación inclusiva y especial a personas capacitadas para aplicar planes y programas dirigidos a educandos con necesidades especiales. 

La propuesta que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también plantea implementar ajustes razonables en todas las acciones educativas que permitan a los estudiantes acceder, permanecer y concluir los grados o similares en el Sistema Educativo Nacional.

El documento remitido a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, y a la de Educación, para opinión, tiene como propósito facilitar la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Refiere que estas modificaciones contribuirán al cumplimiento que tiene el Estado mexicano por emplear a maestros que estén cualificados en lengua de señas o Braille, y sobre todo en la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, así como de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con limitaciones.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la importancia de que haya una política educativa inclusiva es atender el analfabetismo, el rezago educativo, la exclusión y falta de oportunidades para las personas con discapacidad.

Además, de acuerdo a datos de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las y los niños con discapacidad tienen 47 por ciento más de probabilidades de no asistir a la escuela primaria, 33 por ciento de no asistir al primer ciclo de secundaria y 27 por ciento de no asistir al segundo ciclo de secundaria.

Ante ello, este organismo internacional recomendó a los países a colaborar con las personas con discapacidad para eliminar las barreras físicas, de comunicación y de actitud que las mantienen al margen de la sociedad; de ahí la importancia de reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de especialización docente.

Proponen beneficios en IEPS e ISR para quien contrate a personas con discapacidad

 

• La diputada Chávez Flores, del PRD, presentó la iniciativa

La diputada María Macarena Chávez Flores, del PRD, propuso una iniciativa que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de otorgar beneficios fiscales a quienes contraten a personas con discapacidad.

La reforma a los artículos 2 y 6, de la citada ley, establece como obligación del Ejecutivo conceder estímulos fiscales a personas físicas o morales, en forma de beneficios palpables en Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a quienes contraten personas con discapacidad, la cual se valorará para los efectos de esta ley en el porcentaje de la integración en la plantilla contratada y que además adecuen su infraestructura, siempre con respeto al principio de equidad de género.

Además, define en la ley el concepto de Equidad, como la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para opinión, explica que en México las personas con algún tipo de discapacidad sufren las condiciones de mayor desprotección, por la desigualdad social y otros factores como la carencia de oportunidades, el sistema ineficiente de salud pública y del sistema educativo, además de la ausencia de programas sociales medibles y monitoreables.

El documento subraya que el mercado de trabajo para personas con discapacidad presenta una serie de características, ya que para las empresas la contratación de este personal ha sido un tema recurrente, porque los patrones prefieren omitir la contratación de personas con discapacidad, lo anterior por causa de los costos que representa adecuar instalaciones y áreas de trabajo especiales.

La iniciativa considera que se debe entender a la discapacidad como un proceso dinámico el cual fluctúa en su extensión y severidad a lo largo de la vida, condición que limita en mayor o menor grado la capacidad para trabajar y vivir de forma independiente.

Puntualiza que las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas, sumado a que cuando las personas con discapacidad acceden a la atención de salud, a menudo son objeto de estigmatización, discriminación y reciben servicios de calidad deficiente.

Menciona que, de acuerdo con la página del Gobierno de México, la discriminación hacia esta población se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición, lo que ha impedido que puedan gozar de sus derechos (salud, trabajo, educación, vivienda, transporte y comunicaciones accesibles, justicia, cultura, turismo) y tener una vida plena.

Por unanimidad, diputadas y diputados reforman la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

• Incorporan el término “permanencia” a la definición de accesibilidad.
• El dictamen se envió al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó con 489 votos el dictamen que reforma los artículos 2 y 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de incorporar el término “permanencia” a la definición de accesibilidad.

Así, la Accesibilidad queda definida como “las medidas pertinentes para asegurar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”. 

En las obligaciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se establece la facultad de supervisar la aplicación de disposiciones, legales o administrativas, que garanticen la accesibilidad y “permanencia” en instalaciones públicas o privadas.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que el concepto de permanencia va más allá de lo planteado como un problema de exclusividad de lugares de estacionamiento. La permanencia incluye los espacios de sanitarios, que las áreas comunes permitan el tránsito interno, así como zonas destinadas para comedor o descanso.

Reconocer permanencia de las personas con discapacidad

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) indicó que la reforma reconoce como parte del derecho a la accesibilidad, el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. 

Con la modificación en el concepto de accesibilidad, dijo, sin importar las características de las personas, ellas puedan permanecer en un espacio público sin discriminación y con las medidas pertinentes que aseguren la igualdad de condiciones. “La permanencia en el espacio público es una garantía mayor que el simple acceso”.

También se amplían las facultades del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que ahora pueda supervisar la aplicación de las normativas que garanticen tanto el acceso como la permanencia de las personas con discapacidad en las instalaciones de uso público.

Se busca, afirmó, ir más allá del derecho establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “porque ahora la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad facultará a la autoridad a ver el derecho de acceso con un alcance más amplio que el instalar una rampa; los establecimientos, públicos o privados, deberán contar con los ajustes razonables para que todos podamos permanecer en el espacio en condiciones de dignidad y seguridad”. 

Expuso que las reformas reflejan la preocupación que se tiene desde la Cámara de Diputados para garantizar la inclusión plena en igualdad de condiciones de más de 20 millones de mexicanas y mexicanos que presentan dificultades para desenvolverse con libertad y plenitud.

En México existen 6.2 millones de personas con discapacidad

La promovente de la iniciativa, diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM), resaltó que en México existen 6.2 millones de personas con discapacidad que enfrentan barreras para desarrollarse en diferentes aspectos de la vida; uno de los principales es el relativo a su derecho a la movilidad.

Pidió seguir contribuyendo a una sociedad más inclusiva, a través de medidas que fomenten la accesibilidad de las personas con discapacidad y su permanencia. 

“Hoy sigue habiendo obstáculos para la movilidad de las personas con discapacidad, tanto en los conjuntos arquitectónicos como en los espacios públicos replicados en las carencias de equipamiento urbano, errores en los diseños y medidas mal aplicadas”, alertó.

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

• El dictamen, aprobado por unanimidad, garantiza a las mujeres con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos en igualdad sustantiva.
• Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

La Cámara de Diputados aprobó reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar a las mujeres con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

El dictamen, que se aprobó en lo general y en lo particular con 473 votos, y se envió al Senado para sus efectos constitucionales, sustituye a la Secretaría de Salud por la Secretaría de Bienestar en la constitución del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Argumenta que la Asamblea Consultiva, órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, conformación plural y -paritaria entre mujeres y hombres-de carácter honorífico, tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo que el objetivo es garantizar que los juzgadores tengan una perspectiva de género en los casos en que mujeres con discapacidad formen parte.

Hizo un llamado a procurar una política congruente con estos tiempos que reconozca las libertades, las diferencias y la diversidad, sin hacer a un lado las luchas de las mujeres.

“Nos encontramos contentos con esta reforma porque reconoce la intersección de vulnerabilidades en estas mujeres que requieren de acciones afirmativas y adecuaciones a los procedimientos, con la finalidad de lograr un trabajo justo e igual al que reciben los varones con discapacidad, porque la misoginia, el machismo y las conductas que las sobajan las ponen en una situación de desventaja”, subrayó.

La diputada promovente, Olga Luz Espinosa Morales (PRD), afirmó que se legisla para que la perspectiva de género sea una herramienta cuando se trate de procuración y administración de justicia. Dijo que el dictamen es de justicia social porque manda el mensaje de que las mujeres con discapacidad no están solas. “En este parlamento seguiremos legislando para romper las barreras y estereotipos que no permiten alcanzar la igualdad sustantiva”.

La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI), también promovente de la iniciativa, destacó que el dictamen es una puerta importante para muchas mujeres con discapacidad que esperan más espacios de participación para representarse a sí mismas. Consideró fundamental traer la voz de ellas a la tribuna más alta de la nación porque “las mujeres con discapacidad enfrentamos 10 veces más violencia que una mujer que no vive con esta condición”.

Impulsa la diputada federal Norma Aceves iniciativa para reglamentar accesibilidad a personas con discapacidad en municipios

 

• “En México hay 2 mil 469 municipios, que son el primer punto de acercamiento de la estructura gubernamental con la sociedad”, señaló la legisladora del PRI.
• Según la Encuesta Nacional de Discriminación, el 31.1 por ciento de las personas con discapacidad informaron que la principal problemática es la inaccesibilidad de las calles, instalaciones y transportes.

Por Mario Ruiz Hernández

VALLE DE MEXICO., a 27 de diciembre del 2021.-Es La diputada Norma Aceves García (PRI) promueve una iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución para, bajo una visión federalista, promover al municipio como parte de una estrategia a fin de sumar esfuerzos en materia de accesibilidad en favor de las personas con discapacidad.

En un comunicado, indicó que según la Encuesta Nacional de Discriminación el 31.1 por ciento de las personas con discapacidad informaron que la principal problemática es la inaccesibilidad de las calles, instalaciones y transportes.

Aceves García mencionó que esta modificación pretende establecer estrategias transversales que promuevan la eliminación de barreras en instalaciones públicas o privadas, que permitan el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras, para que las personas con discapacidad tengan iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades.

Señaló que la accesibilidad es una condición para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.

La legisladora indicó que en México hay 2 mil 469 municipios, que son el primer punto de acercamiento de la estructura gubernamental con la sociedad y, por su función, son el vínculo para que su población disfrute y acceda de manera plena a sus derechos, entre ellos, los que tienen que ver con el entorno urbano.

En ese sentido, puntualizó que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la accesibilidad universal de este grupo y dispone que se deben emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen el acceso al entorno físico, transporte, información y las comunicaciones.

La diputada federal recordó que, pese a los esfuerzos legales, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 arrojó que el 86.4 por ciento de las personas con discapacidad han enfrentado barreras arquitectónicas al momento de buscar información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental y el 31.1 por ciento informaron que la principal problemática es la inaccesibilidad de las calles, instalaciones y transportes.

Piden que personas con discapacidad y adultos mayores sean sujetos de gratuidad de los servicios de salud

• La diputada Olga Espinosa impulsó una iniciativa para reformar las leyes en la materia.

Con el propósito de considerar a las personas con discapacidad y adultos mayores como sujetos de gratuidad de los servicios de salud, medicamentos e insumos, la diputada Olga Espinosa, del PRD, presentó una iniciativa.

La propuesta, que plantea adicionar los artículos 36 de la Ley General de Salud y la fracción XI del artículo 7º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue remitida a la Comisión de Salud para dictamen. 

Respecto a la Ley General de Salud, propone incluir a los adultos mayores y personas con discapacidad para que se les exima del cobro de las cuotas de recuperación por atención médica y medicamentos, cuando no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud.

Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud, refiere.

En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, plantea reformar la fracción XI del artículo 7º, a fin de incorporar al esquema de atención de las personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. 

Precisó que, de acuerdo con el INEGI, la población con limitación o discapacidad según su condición de afiliación 2020, asciende a 21 millones, de los cuales cinco millones no tienen ningún servicio de salud. Por género, 2.2 millones de mujeres no tiene ningún régimen de salud y 2.5 millones de varones no tienen servicios de salud.

Refirió que la iniciativa se armoniza con el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en mayo de 2008, particularmente el artículo 25, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, a través de programas y atención médica gratuitos o a precios asequibles, de la misma variedad y calidad que las demás personas. 

Aprueba Cámara de Diputados reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

• Establece que la Junta de Gobierno del CONADIS estará presidida por el titular de la Secretaría de Bienestar.

 

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que determina que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), será presidida por el titular de la Secretaría de Bienestar, en lugar del secretario de Salud. 

El documento, que reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue avalado con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se devolvió al Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 

Menciona que derivado de la modificación a los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, con las que se resectoriza la atención a las personas con discapacidad de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Bienestar, es necesario adecuar el funcionamiento de la Junta de Gobierno del CONADIS, a fin de que sea presidido por el titular de la Secretaría de Bienestar.

Armonizar la ley 

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda del Partido de la Revolución Democrática, expresó que la finalidad es armonizarla con la reforma del 2 de enero de 2013, que resectorizó al CONADIS, que pasó del ámbito de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Bienestar. 

Indicó que al momento de llevarse este cambio no se realizó la modificación en el artículo 45 de la Ley de Discapacidad, generándose una antinomia jurídica, porque en la redacción actual de la Ley de Administración Pública Federal, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad está sectorizado en la Secretaría de Bienestar, pero presidido por el titular de la Secretaría de Salud.  

Respaldo a casi dos millones de mexicanas y mexicanos 

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho del Revolucionario Institucional, señaló que la minuta no solamente ajusta un término en la ley vigente; representa un cambio de fondo y el respaldo de este Congreso a casi dos millones de mexicanas y mexicanos con discapacidades. Es una estrategia sostenible hacia la inclusión, consideró.