Analizan comisiones del Congreso mexiquense conciliar vida familiar y laboral de las personas

 

• En las comisiones del Congreso mexiquense se inició el análisis de la iniciativa presentada por la bancada del PAN, la cual busca implementar mecanismos que faciliten la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de las personas.

• La propuesta, impulsada por la Diputada Joanna Felipe y el Diputado Pablo Fernández, podría incluir la participación del sector público, así como incentivos fiscales para promover su adopción, tal como lo sugirió la Legisladora Paola Jiménez.

La iniciativa de la bancada del PAN de la LXII Legislatura mexiquense, que propone mecanismos para conciliar la vida laboral, familiar y personal de las personas, podría enriquecerse incluyendo al sector público estatal y promoviendo incentivos fiscales para las empresas, señalaron congresistas durante la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense.

En el inicio del análisis de la propuesta presentada por la Congresista Joanna Alejandra Felipe Torres y el Legislador Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, la Legisladora Paola Jiménez Hernández (MORENA) destacó la importancia de incorporar mecanismos de verificación e indicadores de cumplimiento para asegurar la efectividad de la iniciativa.

Asimismo, cuestionó si la iniciativa para reformar la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas estatales, garantizará la asignación de un presupuesto específico para su implementación. A estas observaciones se sumó el Parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (MORENA), quien presidió la reunión.

De acuerdo con la iniciativa, cuya lectura estuvo a cargo del Diputado Héctor Karim Carvallo Delfín (MORENA), se busca conciliar la vida laboral, familiar y personal de los mexiquenses. La propuesta aborda un tema relacionado con la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo la vida familiar, la salud y el desarrollo individual. De igual manera, representa un asunto de justicia social y salud pública, al tiempo que promueve factores que favorecen la competitividad y el desarrollo económico.

El documento propone incorporar en la ley un concepto más amplio de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, definido como la implementación, por parte de las empresas, de medidas que permitan compatibilizar los espacios personal, familiar y laboral.

Su objetivo es equilibrar el uso del tiempo de cada persona trabajadora según sus obligaciones, necesidades y prioridades, garantizando así el desarrollo de una carrera profesional plena, el ejercicio del derecho al cuidado de la familia, el crecimiento personal y formativo, así como el disfrute del ocio y del tiempo libre.

Además, la iniciativa establece que las autoridades estatales y municipales fomenten la entrega anual de estímulos a las empresas que implementen políticas innovadoras para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en sus organizaciones, así como para facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de su personal.

Analizan congresistas adscripción del ISSEMYM a la Oficialía Mayor

* El Diputado Ernesto Santillán, Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, aclaró que la iniciativa se ajusta a la Ley Orgánica de la Administración Pública reformada en 2023

* “No solucionará los graves problemas financieros, administrativos y operativos del ISSEMYM": bancada del PRI

* Grupo Parlamentario del PAN confió en que la modificación contribuya a resolver de fondo los desafíos de este organismo público

Las reformas para que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) sea adscrito a la Oficialía Mayor del gobierno mexiquense, en lugar de la Secretaría de Finanzas, son parte de la armonización legislativa derivada de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México de 2023, puntualizó el Diputado Ernesto Santillán Ramírez (PT), presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura Mexiquense.

En el arranque del análisis de la iniciativa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el legislador pidió tranquilidad a las personas derechohabientes, pues la propuesta se trata de un ajuste al marco jurídico, al tiempo que anunció que instalarán mesas de trabajo para explicar las modificaciones sugeridas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

Al respecto, la Diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) afirmó que su bancada reconoce la facultad de cada gobierno para organizar la administración pública; no obstante, enfatizó que “la reforma no solucionará los graves problemas financieros, administrativos y operativos del ISSEMYM".

Por esta razón, llamó a las fuerzas políticas a legislar en el corto plazo para garantizar servicios oportunos y de calidad, con una reforma que otorgue viabilidad económica al Instituto, toda vez que después de la abrogación del Decreto 317 (en 2018), que contenía una nueva ley de seguridad social, hubo una reducción significativa en bienes y servicios dedicados a la atención de la salud, así como al cuadro básico de medicamentos.

En su oportunidad, la Parlamentaria Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) indicó que el concepto “sectorizar” referido en la iniciativa no estaba del todo claro, pues espera que no signifique el control del ISSEMYM, cuyos recursos, añadió, serán cuidados por su grupo parlamentario.

En este sentido, dijo confiar en que esta reforma pueda contribuir a resolver de fondo los problemas de este organismo público descentralizado y beneficie a las personas derechohabientes.

Invitado a la reunión, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", confirmó que el objetivo de la reforma es la armonización legislativa en función de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.

Explicó que la iniciativa también plantea la incorporación de una Secretaría Técnica al Consejo Directivo del ISSEMYM, así como la inclusión de la Consejería Jurídica como invitada permanente con voz, pero sin voto.

Presentarán CPC y OSC´s iniciativa para transparentar actuar del CUSAEM

• El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Guadalupe Luna, informó que se busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Seguridad de la entidad
• El CUSAEM adeuda 4 mil 269 millones de pesos en cuotas al ISSEMyM

Para transparentar el actuar de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) y garantizar la certeza jurídica de los mismos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema del Sistema Anticorrupción de la entidad y Organizaciones de la Sociedad Civil presentarán ante la LXI Legislatura Local una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Seguridad del Estado de México.

En conferencia de prensa, el Presidente del CPC, José Guadalupe Luna Hernández, e integrantes de la Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción informaron que se trata de una iniciativa ciudadana.

La misma surgió derivado de solicitudes de acceso a la información pública al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), sobre los saldos de deuda pendientes de pago de las dependencias del gobierno y los municipios mexiquenses, donde se reveló que, el CUSAEM tiene un adeudo de 4 mil 269 millones de pesos a Instituto.

El presidente del CPC destacó que la necesidad de proponer modificaciones al marco normativo tiene la finalidad de terminar con la laguna jurídica en la que se encuentra el CUSAEM, el alto margen de discrecionalidad que esto representa, la falta de certeza jurídica sobre su actuación y la posible comisión de actos de corrupción.

Alertó que el CUSAEM tiene la deuda mayor de instituciones al ISSEMyM, con 4 mil 269 millones, de los 5 mil 694 mdp.

Iniciativa

Precisó que con la iniciativa se busca, por un lado, mejorar la redacción al artículo 103 de la Ley de Seguridad del Estado de México para señalar en qué consisten las funciones del dicho organismo auxiliar a través del cual el Estado proporcionará servicios de protección, servicio, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas o particulares.

Dijo que sus tarifas por la prestación de esos servicios se tendrán que determinar en el Código Financiero y en la Ley de Ingresos, y los ingresos que perciban deberán de reportarse en el Presupuesto de Egresos del Estado de México.

Asimismo, que el personal que forma parte de dicho organismo deberá sujetarse a las disposiciones que establece la ley en materia de desarrollo policial, a las evaluaciones para contar con certificación, y que en el desempeño de sus funciones se conduzcan bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Además, estarán sujetos al control y fiscalización por parte de las instancias gubernamentales competentes.

De igual forma, se pretende reformar el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para que quede claro que los organismos auxiliares forman parte de los entes sujetos a control presupuestal.

“Esta iniciativa nos muestra el valor y participación de la sociedad civil en la identificación, prevención e investigación de posibles hechos de corrupción. El problema fundamental es investigar a dónde fueron a parar los ingresos que esas corporaciones tuvieron durante los últimos años”.

Por lo anterior dijo, en la iniciativa se plantea que, para la regularización de estos entes, la Secretaría de Finanzas deberá requerir los registros contables de los últimos 10 años, para analizar qué ingresos tuvieron, cómo se distribuyeron, y por qué los adeudos.

“Si estos entes fueran presupuestalmente viables, regularizarlos e incorporarlos al régimen que planeta la reforma, y si estos entes no resultaran bajo ninguna perspectiva económicamente viables, plantear su extinción y darles la posibilidad de que se constituyan como particulares”.

Por su parte, los integrantes de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil llamaron a dejar de lado el limbo jurídico en el que se encuentra el CUSAEM, así como la discrecionalidad y falta de transparencia y evitar actos de corrupción e ilegalidad. Dijeron que es necesario que la sociedad civil se organice y se empiece a enarbolar un estado abierto para fortalecer el sistema democrático del país y abonar a la credibilidad de las instituciones.

Tanto el CPC como las OSC llamaron a los legisladores locales para el pronto análisis de la iniciativa en comisiones, que se dictamine y se lleve al pleno a la brevedad.

Aprueba Congreso local nueva estructura del gobierno del Edoméx

•La Ley Orgánica de la Administración Pública promueve un gobierno austero, eficaz, transparente y cercano a la gente
•El Ejecutivo estatal contará con 18 dependencias con nivel de secretarías; se crea la Jefatura de Gabinete y Proyectos especiales, así como la Vocería de la Gubernatura

Por Mario Ruiz Hernández

Toluca, Méx., de septiembre del 2023.- Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México con la cual se erradica la duplicidad de funciones y competencias entre dependencias sin aumentar el gasto público a fin de contar con una administración pública eficiente, eficaz, transparente, austera, y cercana a la gente, con enfoque social y prioridad para grupos vulnerables sin poner en riesgo derechos laborales.

En sesión del Segundo Periodo Extraordinario del Congreso mexiquense, que presidió la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), las y los diputados coincidieron en que el nuevo ordenamiento que reemplazará a la Ley Orgánica de 1981, promueve, ante el inicio de la nueva administración estatal, un gobierno bajo los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, inclusión, racionalidad, eficiencia, economía y transparencia.

El diputado Valentín González Bautista (MORENA), detalló que la administración entrante contará con 18 dependencias con rango de secretarías: General de Gobierno, Seguridad, Finanzas, Salud, del Trabajo, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Bienestar, Desarrollo Urbano e Infraestructura, del Campo, Desarrollo Económico, Cultura y Turismo, Contraloría, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Agua, de las Mujeres, de Movilidad, así como la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor.

Además, la persona titular del Ejecutivo contará con el apoyo de las unidades técnicas y de estructura que determine, entre las cuales estarán la Jefatura de Gabinete y proyectos especiales; la Secretaría Técnica y la Vocería de la Gubernatura, que le auxiliarán con las funciones de apoyo técnico, asesoría, evaluación y coordinación que se requieran en el cumplimiento de sus funciones.

El nuevo ordenamiento, impulsado por los diputados Maurilio Hernández González y Sergio García Sosa y la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre de las bancadas de MORENA, PT y PVEM; así como el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, en nombre de legisladores sin partido, garantiza la certeza jurídica de las dependencias, en tanto que las nuevas áreas generarán ahorros que podrán destinarse a áreas prioritarias en atención social, salud, educación y seguridad, entre otras.

Establece la creación de la Secretaría del Agua; la transformación de la actual Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar; la desaparición de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para dar paso a la Consejería Jurídica y a la Oficialía Mayor; amplía las funciones de la Secretaría del Medio Ambiente que ahora será de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y modifica la denominación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra por Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, conservando las funciones de obra pública, a excepción de la infraestructura hídrica y educativa que llevarán a cabo las secretarías del ramo.

Modifica la denominación de la Secretaría de Educación que ahora será de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación e incluye en su estructura al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), por lo que también se encargará del Sistema Estatal de Otorgamiento de Becas académicas, deportivas, científicas y tecnológicas.

El nuevo ordenamiento, surgido de un análisis integral, también indica que la Secretaría del Bienestar deberá publicar los padrones de personas beneficiarias de los programas sociales del Gobierno del Estado de México, además de que amplía las funciones de la Secretaría de la Contraloría y fortalece las secretarías de las Mujeres en favor del empoderamiento femenino, así como la de Movilidad, del Campo y de prácticamente todos los aspectos de la administración pública estatal.

Va el GPPAN por una industria turística estatal sustentable

* Propone más programas de fomento al empleo en este sector y la profesionalización de esta actividad.

* También busca incorporar a personas con discapacidad y eliminar barreras discriminatorias.

Al exponer que la industria del turismo del país ha sido una de las más golpeadas por la emergencia sanitaria impuesta por el covid-19, el diputado Luis Fierro, propuso reformas para transformar este sector en una industria sustentable que implique el uso óptimo de los recursos naturales, mejores destinos turísticos, servicios de calidad e innovadores, y la aplicación de la política ambiental orientada el mejoramiento del medio.

En sesión deliberante, el diputado del grupo parlamentario del PAN expuso que su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, ambas de la entidad, pretende facultar a la Secretaría de Cultura y Turismo a coadyuvar en la aplicación de los instrumentos de política ambiental y cambio climático, así como a implementar acciones de promoción de los programas de investigación científica y desarrollo tecnológico orientados al sector turístico.

También propone que dicha secretaría colabore con las del trabajo y de Desarrollo Económico de la entidad en el desarrollo de programas de fomento al empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a personas en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, de identidad cultural, origen étnico, género, edad o situación migratoria, o cualquier otro elemento de discriminación.

El legislador recordó que el sector turístico aporta 9% del Producto Interno Bruto y da empleo en más de 4.5 millones de personas y considerando los empleos indirectos que genera ocupa más más de 10 millones de personas todo el país.