- Se turnó a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral aprobaron con 45 votos a favor, 39 en contra y cero abstenciones, el dictamen a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia electoral, enviada por la presidenta de la República.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 25 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones; y por la de Reforma Política-Electoral se registraron 20 votos en pro, 18 por la negativa y cero abstenciones. El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Diputado Leonel Godoy Rangel (MORENA), informó que las reservas se presentarán en el Pleno.
El dictamen aprobado plantea que los partidos políticos y las personas precandidatas o candidatas tendrán prohibido recibir o ejercer para sus actividades o campaña electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional.
Asimismo, se estipula que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48. 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Prohíbe a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes, financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas. Toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas y, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación, no podrán hacerse aportaciones en efectivo. Las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional.
En tanto, las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero nacional deberán reportar para fines de fiscalización estas transacciones al Instituto Nacional Electoral (INE) a través de los órganos reguladores en los términos que fije la ley. Las aportaciones en especie serán siempre cuantificadas en moneda nacional y atenderán a lo que disponga la ley.
Establece que la elección de las 200 diputaciones según el principio de representación proporcional se ajustará a lo siguiente: 100 que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido en esa misma elección, y 100 por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
Señala que la asignación de las 200 diputaciones será alternada e iniciará con la relación del sistema de personas que, no habiendo logrado el triunfo, obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido político, por circunscripción, alternada con el sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondiente.
Las diputaciones elegidas por las ciudadanas y los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional se asignarán al partido político que corresponda, en cada circunscripción, iniciando por aquella en la que el partido haya obtenido un mayor porcentaje de votación.
La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadoras y senadores, de las cuales, en cada estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos.
En el dictamen se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a participar en consultas populares, referéndums, plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa, por lo que las legislaturas de las entidades federativas fijarán el porcentaje para que la ciudadanía de sus municipios pueda solicitarlo, mismo que no podrá ser mayor al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del municipio.
Los resultados en los mecanismos de democracia directa serán vinculantes para el ayuntamiento siempre que la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en dicha lista nominal.
Plantea que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos, así como la discusión pública informada. No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva sobre las consultas populares y se permitirá incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares.
En lo que respecta a los requisitos para ser diputado federal, se estipula que, en el caso de las personas mexicanas residentes en el extranjero, deberán tener residencia de más de tres años fuera de territorio nacional.
Además, contempla que a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 35 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.
Refiere que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley. Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre el contenido no etiquetado.
En la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular, los partidos políticos y autoridades electorales garantizarán acciones afirmativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como de grupos históricamente subrepresentados.
Las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas, que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral.
Determina que los cómputos de las elecciones federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los consejos distritales.
Deja en claro que las personas representantes de los Poderes de los tres órdenes de gobierno, bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, siempre que no influyan en sus resultados.
En el apartado de los transitorios se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los congresos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, aprobarán las leyes, reformas y modificaciones necesarias para ajustar su marco jurídico a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar el 15 de mayo de 2026.
Comisión de Reforma Política-Electoral
La Diputada de MORENA, María Guadalupe Morales Rubio, se manifestó a favor del dictamen, ya que es una respuesta a las demandas y exigencias de la ciudanía que aboga por cambios en el sistema electoral, como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, modificación al proceso de asignación de las diputaciones por representación proporcional, la restructuración de los criterios para la fiscalización y el financiamiento, esta última para evitar que se utilicen recursos de procedencia ilícita.
El Diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) adelantó que votarán en contra porque es la primera reforma electoral en la historia de México que se hace sin todos los partidos políticos; asimismo, porque el mayor problema electoral que se tiene en el país es la intervención del crimen organizado en las campañas electorales y no se hace mención de ello ni se discute este tema en la iniciativa.
Del PVEM, el Diputado Ricardo Astudillo Suárez reconoció el esfuerzo que hay detrás de esta propuesta y la visión de Estado con la que la presidenta de la República la ha planteado. Precisó que, a pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, “en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática”.
Pedro Vázquez González, Diputado del PT, expresó que no le rehúyen al debate serio y profundo, y están ante una postura en la que todos ganemos, mayorías y minorías. “En nuestro grupo parlamentario nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo”.
Del PRI, la Diputada Abigail Arredondo Ramos se pronunció en contra el dictamen porque no aborda la incursión del crimen organizado ni el financiamiento ilícito de campañas; ni la sobrerrepresentación ni el uso de programas sociales con fines electorales. Señaló que carece de legitimidad porque la iniciativa está impuesta desde el gobierno, sin considerar propuestas de grupos parlamentarios, la opinión de expertos, académicos o de la sociedad.
El Diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) planteó que la reducción del financiamiento público para los partidos políticos debe enfocarse a que este sea distribuido con equidad e igualdad; en cuanto a los tiempos en radio y televisión propuso una transformación radical del modelo de comunicación política, así como crear una circunscripción para que las y los migrantes puedan elegir directamente a diez diputados de esta comunidad.
El también Diputado de MC, Sergio Gil Rullán, aseveró que la reforma no sólo es descafeinada, sino que atiende los recursos ilegales y la violencia en las lecciones; por ello, recomendó construir modificaciones integrales, Añadió que esta discusión debe llevarse con inclusión, “más democracia, menos gasto”.
Comisión de Puntos Constitucionales
Fernando Torres Graciano, Diputado de PAN, lamentó que esta reforma no haya tenido un diálogo que contribuya a la pluralidad y a la democracia. Estas adecuaciones sólo representan una visión, “la cual no es México”. Expresó estar de acuerdo en la reducción del financiamiento a los partidos políticos y revisar la elección de las diputaciones de representación proporcional, por lo que llamó a que se construya el ordenamiento electoral que México merece.
Del PVEM, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar dijo que existen aspectos del modelo actual que deben revisarse, entre ellos el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. “Coincidimos en que es pertinente discutir mecanismos que permitan reducirlo, pero también sostenemos que este se debe distribuir de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas para evitar diferencias económicas o que estas se traduzcan en ventajas indebidas durante los procesos electorales”.
Irma Yordana Garay Loredo, Diputada del PT, recordó que la reforma política-electoral de 1996 marcó un momento importante en la vida democrática del país, “ya que la democracia no sólo se trata de mayorías sino de reconocer la diversidad de pensamientos, ideas y luchas”. Sostuvo que su grupo parlamentario no va a renunciar a las conquistas de las y los fundadores de su partido; está a favor de las minorías” y de que sean representadas en el Congreso, así como de ampliar la democracia sin poner en riesgo sus avances.
En opinión del Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) la reforma no nace del diálogo ni del acuerdo entre las fuerzas políticas ni de la exigencia ciudadana sino del poder, y lo que está en riego no es la ley sino la democracia; debilita el pluralismo político cuando las reformas deberían servir para fortalecer la democracia no para concentrar el poder. “Las reglas de la democracia no se cambian para ganar elecciones sino para garantizar elecciones justas”.
La Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) afirmó que la propuesta presidencial es un retroceso pues reduce la representación política y concentra ventajas competitivas en el gobierno y el partido mayoritario; no incluye mecanismos para frenar la incidencia del crimen organizado en los comicios, ni limita la sobrerrepresentación. Subrayó que la legitimidad de las reglas electorales se da cuando las diseñan todos los jugadores y ese es el estándar que la iniciativa presidencial no cumple.
Del mismo grupo parlamentario, la Diputada Laura Hernández García expuso que la reforma debió pensar en más democracia, menos gasto y mayor inclusión. Indicó que se menciona a los pueblos afrodescendientes e indígenas, pero deja fuera a personas con discapacidad, personas migrantes y personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Afirmó que es necesario revisar toda la reforma y eliminar la sobrerrepresentación.
