• También prevén sanciones para personas servidoras públicas y
agravantes si las víctimas son población vulnerable.
• Comisiones legislativas avalan sanciones de hasta 12 años de
prisión por la difusión de imágenes de cadáveres.
A fin de salvaguardar la dignidad y honra póstumas, así como
garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas
cometidas por personas servidoras públicas y ciudadanía, la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó reformas al
Código Penal estatal para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión en
contra de quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas,
reforma que es conocida como ‘Ley Ingrid’.
El dictamen, que conjunta las iniciativas presentadas por
separado por la Legisladora Luz Ma. Hernández Bermúdez (MORENA), así como por
las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo,
Coordinadora e integrante de la bancada ecologista, respectivamente, establece
sanciones para quien difunda o facilite este tipo de material, así como una
agravante si las víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en
situación de vulnerabilidad.
En este sentido, quien, sin tratarse de programas
preventivos, educativos o informativos que diseñen o impartan instituciones
públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación, realice actos
de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación,
reproducción, exposición, filmación, fotografía o comparta u oferte e
intercambie imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo
en la dignidad del honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y
privacidad de sus familiares, recibirá una sanción de cuatro a ocho años de
prisión, así como la reparación integral del daño.
Durante la reunión presidida por el Legislador Gerardo Ulloa
Pérez (MORENA), el Diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) expuso el dictamen
donde se establece que si en la comisión de este delito participan servidores
públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y
administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia,
que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos
relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos
vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el
hecho delictivo, se le impondrán de tres a siete años de prisión.
El documento señala que, si el sujeto pasivo de este delito
son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de
vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que
correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de
prisión.
La comisión legislativa también analizó las iniciativas de
las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo,
del PVEM, así como del Diputado Martín Zepeda Hernández y de la Diputada Juana
Bonilla Jaime, de MC, para incrementar las penas por el delito de usurpación de
identidad. Al respecto, el Legislador Gerardo Ulloa compartió que solicitará a
la Junta de Coordinación Política que se invite a representantes de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México para tener una reunión de trabajo en
conjunto.
