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jueves, 13 de octubre de 2022

En sesión presencial, fundamentan dictamen a la minuta en materia de Guardia Nacional

• El Pleno de la Cámara de Diputados desecha moción suspensiva presentada por Movimiento Ciudadano

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentó, en la tribuna de la Cámara de Diputados, el dictamen a la minuta que modifica el artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”.

Expuso que la materia de la discusión y de la votación no es si las Fuerzas Armadas tienen permiso para que puedan intervenir en tareas de seguridad pública y su prórroga, eso ya se hizo; lo que es materia del dictamen es lo que agregó el Senado y reenvió para discutir respecto de la forma en que puedan participar las Fuerzas Armadas.

Mencionó que se aprobó la minuta del Senado en la Comisión, porque el Senado respetó el acuerdo de prorrogar por cuatro años más la participación permitida constitucionalmente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Se estableció, agregó, que una comisión bicameral haga revisiones semestrales, reciba informes, los evalúe, los mande a las respectivas cámaras para que se aprueben y, si fuera el caso, se envíen al Ejecutivo para que los cumpla con un nivel de recomendación “y un poco más; no es simplemente una recomendación que quede, sino que le pida informes repetidos sobre el cumplimiento que haya hecho a esas recomendaciones”.

Robledo Ruiz precisó que la colegisladora estableció que las Fuerzas Armadas a la hora de trabajar de manera excepcional, temporal, regulada y fiscalizada en auxilio de la seguridad pública, lo hagan con un criterio civil, como si fueran policías, se imbuyan en esa mística y caminen hacia una fuerza de apoyo civil a la nación.

En los transitorios, añadió, se contempla un fondo permanente de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los estados y que estos a su vez complementen ese apoyo de manera permanente para las instituciones de seguridad pública de los municipios.

Indicó que el nivel de policías civiles en este momento “no podría enfrentar a una fuerza enemiga de criminalidad organizada que tiene una capacidad terrible de fuego, de desplazamiento, de agresión, de corrupción; eso solamente pueden confrontarlo hoy las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Nacional, y de eso se trata fundamentalmente”.

Relató que el fondo busca que la estrategia del gobierno de encargarle a una gran policía nacional esa tarea “hoy hace una pausa para regresar otra vez al gran esfuerzo por la profesionalización de las policías locales”.

Expresó que, si bien pudo tener una mejor redacción, “lo que hay es un gran esfuerzo político por conseguir lo que la Constitución exige para ser tocada a sí misma; es decir, un esfuerzo por conseguir consensos. Vale la pena respaldarlo en aras de la democracia. Hay un esfuerzo por hacer política; voten a favor para que siga su curso la reforma constitucional para el país y para la salud de la República”.

Desechan moción suspensiva

El Pleno desechó una moción suspensiva del diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), que planteaba diferir la discusión y reponer el procedimiento, a fin de subsanar vicios legislativos de referencia y realizar un estudio técnico, legal y presupuestal de las comisiones que se relacionen en materia de Seguridad Pública, Defensa Nacional, de Presupuesto y Cuenta Pública y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

miércoles, 31 de agosto de 2022

Comisión de Puntos Constitucionales avala mecanismo interno para discusión de iniciativas en materia electoral

• Trabajará de manera conjunta con la Comisión de Reforma Política-Electoral.
• Diputadas y diputados intercambian opiniones sobre la prisión preventiva oficiosa.

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), aprobó con 20 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, el acuerdo sobre el mecanismo para la discusión interna de las iniciativas constitucionales en materia de reforma política-electoral.

Robledo Ruiz indicó que el acuerdo es un instructivo de trabajo para procesar el estudio, la discusión y, en su caso, la dictaminación de las iniciativas que existen, empezando por la del presidente de la República, las de los grupos parlamentarios del PT y del PAN, así como las que en lo individual han presentado diputadas y diputados.

En las comisiones que tienen la tarea de dictaminar, como son la de Reforma Política-Electoral y la de Puntos Constitucionales, hay 42 iniciativas. Mencionó que se propone marcar tiempos para recibir de todas las diputadas y diputados de esta instancia legislativa, las opiniones que deseen para poderlas condensar, integrar y circular. 

Precisó que en una fecha que se acuerde, se busca arrancar el proceso de trabajo de discusión, y aclaró que la Comisión de Reforma Política-Electoral será la encargada de realizar el borrador de dictamen; no obstante, “nos autorizamos a sesionar de manera conjunta, cuando la oportunidad del proceso legislativo lo permita”.

Expuso que el propósito es darse plazos muy laxos y autorizarse a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Reforma Política-Electoral, una vez que “concluyeron los foros del Parlamento Abierto acordados por la Junta de Coordinación Política y estamos a la espera de la compilación de los mismos”.

Desde plataforma digital, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) dijo estar en contra del acuerdo, ya que tiene imprecisiones, al no señalar fechas claras, “pues la discusión de la vida democrática del país no puede sujetarse solamente a que en el mes de septiembre se reciban las aportaciones y los comentarios de las fracciones parlamentarias, sin hacer un análisis real y exhaustivo de las conclusiones del Parlamento Abierto; no puede ser votada fast track”.  

Por MORENA y vía telemática, la diputada Irma Juan Carlos pidió contemplar la iniciativa que presentó sobre la participación política de los pueblos indígenas y afromexicano, para que se pueda dictaminar de manera conjunta con la del presidente y de los grupos parlamentarios del PAN y del PT. 

El diputado Pedro Vázquez González (PT), vía digital, argumentó que ya se han hecho aportaciones y hay suficiente discusión, debate y propuestas, “por lo que veo innecesario que se posponga la aprobación del acuerdo”. 

Acuerdo para la discusión de la reforma política-electoral

El acuerdo precisa que las diputadas y los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales podrán presentar por escrito o a través de las cuentas de correo electrónico, las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas que correspondan a las iniciativas turnadas para su opinión, durante el mes de septiembre.

Menciona que, previamente, se circularán los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales las conclusiones del Parlamento Abierto sobre la materia.

En su oportunidad, deberá celebrarse sesión ordinaria de la Comisión con el objeto de dar a conocer y, en su caso, disertar y discutir sobre las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas de las diputadas y los diputados.

Relata que una vez que la Comisión haya celebrado la sesión ordinaria referida, turnará de forma oficial las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas a que se refiere el acuerdo, a la Comisión de Reforma Política-Electoral para que sean consideradas e incorporadas en el proceso y elaboración del dictamen de las iniciativas de reforma constitucional.

Además, la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará de manera conjunta con la Comisión Política-Electoral, con el objeto de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral.

Prisión preventiva

En asuntos generales, el diputado Robledo Ruiz indicó que desde hace años existe en la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero ante la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminarla, “es indispensable estudiar y ponderar una posición sobre el tema”.

Destacó que, desde el punto de vista de los derechos humanos, algunos piensan que no debe existir y, desde el punto de vista de otras razones del Estado como la seguridad interior y la seguridad pública, “es necesario que algunas personas aún sin la sentencia, reincidentes o muy peligrosas, lleven su proceso penal en reclusión provisional”. 

Argumentó que modificar, cambiar o suprimir la Constitución es una tarea exclusiva y propia del Congreso mexicano y del constituyente permanente. “Es un asunto de la mayor importancia para la vida y la salud de la República; me parece que afecta a las instituciones republicanas una intromisión de esa naturaleza por parte de la Corte y que debe preocupar a todos”, añadió.

Desde plataforma digital, la diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) planteó analizar la Constitución y los convenios internacionales. “Hay que revisar el catálogo de los delitos que se pueden determinar graves y establecer una sanción en contra de los jueces que dicten prisión preventiva cuando no se trate de esos delitos; hay libertad y discrecionalidad hacia los jueces para aplicarla”. 

Salvador Caro Cabrera, diputado de MC, subrayó que la figura de prisión preventiva oficiosa tiene un rol institucional relevante, pero en el contexto actual y en el contenido de la Constitución debe replantearse. Añadió que si la Corte tomara una decisión unilateral “tendría un efecto terrible y habría una impunidad más profunda. Es oportuno que podamos entrar a un análisis y estudio serio de cuál será la forma en que subsistirá la prisión preventiva”.

El diputado del PT, Jorge Luis Llaven Abarca, sugirió defender la autonomía del Poder Legislativo, “más allá de cumplir los acuerdos internacionales en el respeto a los derechos humanos, abrir la posibilidad de que se modifique el precepto constitucional por una vía que no es la que el proceso mismo marca; creo que estamos ante un riesgo muy grave”. 

Por MORENA, la diputada Andrea Chávez Treviño dijo estar en contra de la intromisión a la esfera del Poder Legislativo que en diversas ocasiones ha promovido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ameritaría “en el futuro realizar un espacio de reflexión sobre el fondo del tema respecto a la supremacía constitucional”. 

La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (MORENA) mencionó que es indispensable que la Comisión de Puntos Constitucionales haga un pronunciamiento que deje en claro cuál es la posición. “No estamos en contra de los derechos humanos, lo que no aceptamos es la intromisión de ningún otro poder en una tarea que es exclusiva del Congreso mexicano; nos corresponde a nosotros legislar una reforma constitucional de esta magnitud. Es urgente hacer reformas al Poder Judicial y analizar el tema de la prisión preventiva”.

miércoles, 17 de agosto de 2022

Medios de financiamiento para actividades ordinarias, tema del foro 15 del Parlamento para la Reforma Electoral

• Es un asunto particularmente sensible por su alcance y significado: diputado Robledo Ruiz.

Diputadas y diputados, así como especialistas y académicos expusieron sus puntos de vista en el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, durante el foro 15 denominado Medios de financiamiento para actividades ordinarias, convocado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Este tema es parte neurálgica de la propuesta

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), dijo que el tema del financiamiento es la parte neurálgica de la propuesta de reforma que provocó está sana discusión, la cual tiene alrededor una serie de iniciativas de diputadas y diputados. Es particularmente sensible por su alcance y significado. 

Vamos a comentar y discutir, sin que se deba omitir hablar de alguna de las otras modalidades del financiamiento público, pues van paralelas, así como el uso de prerrogativas de tiempo, que da para muchísima discusión, agregó.

Fórmula para asignación de recursos no es la adecuada

En la modalidad Mesa en Comisiones, Ramón Hernández Reyes, director de Capacitación Interna y Carrera Judicial y profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimó que la fórmula para la asignación de recursos financieros a los partidos políticos no es adecuada a la realidad económica, política y social, ya que el Padrón Electoral no corresponde a un nivel de participación ciudadana en las elecciones, además de que contiene un mayor incremento anual que el propio listado nominal.

Además, continuó, la Unidad de Medida y Actualización también mantiene un incremento mensual y anual que actualmente es del orden del 10 por ciento, y la inflación en contraparte es del 8.15 por ciento, señaló.

No se ha desterrado la sospecha de la relación entre dinero y política

Rodrigo Morales Manzanares, exconsejero electoral, aseguró que a pesar de la evolución normativa no se ha conseguido desterrar la sospecha de que la relación entre el dinero y la política sigue siendo perniciosa, por lo que se necesita una reforma para quitar la percepción de que el dinero influye de forma indebida en la vida interna de los partidos políticos o en el desarrollo de las contiendas electorales, pero, aclaró, no es un reto sencillo.

Indicó que reducir los montos de financiamiento puede ser un ahorro engañoso que solo dé pie a la simulación; los costos de las campañas no pueden bajarse por decreto. “Nos debemos ocupar en perfeccionar la rendición de cuentas y estar atentos de que la equidad es un concepto cambiante, dinámico y que cada tanto hay que actualizar”. 

Aumento de financiamiento no es señal de competencia

Engels Agustín Contreras Piña, consultor en materia político electoral, indicó que no hay señal clara de que la competencia entre partidos políticos sea resultado del aumento de su financiamiento público y mucho menos de que esto se traduzca en mayor participación pública. 

Resaltó que en 2018 aumentó en casi mil millones de pesos el presupuesto a partido políticos, lo que no se tradujo en el incremento de la calidad de la democracia; se logró solo una participación con 63.4 por ciento, mientras que en 2021, solo de gasto ordinario, volvió a aumentar mil millones de pesos y la participación fue del 52.6 por ciento. 

Posibilidad de una vida democrática menos costosa

María Luisa Jiménez Poblano, asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización, apuntó que la reforma propuesta privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa, para reorientar el financiamiento público a los partidos políticos a actividades de mayor utilidad y beneficio a la población.

 La entrega de esos recursos ha creado dependencia y separatismo de los partidos políticos para buscar fuentes lícitas privadas; no contar con este financiamiento volverá más dinámica y participativa la relación con su militancia y la sociedad, además de que no han logrado infundir confianza en los electores ni mayor participación, precisó.

El financiamiento público no es un gasto frívolo, es una inversión

Víctor Alarcón Olguín, doctor en estudios sociales, con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa sostuvo que el financiamiento público a los partidos políticos “no es un gasto frívolo, sino una inversión y expresión democrática como se pensó en 1977”. Planteó que se debe inducir adecuadamente a que los partidos aprendan a reorganizar su gasto y definir prioridades que alienten el debate público, para que esas rutas permitan que “no pasen de la noche a la mañana a ser botín del crimen organizado”.

“Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe con una reducción a cero del financiamiento público fuera de los procesos electorales, es entregarlos literalmente al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que tenga las condiciones de corromper a la estructura de la clase política, como de por sí, en muchos ámbitos y aspectos, se asume en la noción de desprestigio. El reto: Sí reducir recursos, pero aprender a gastar mejor”, alertó.

Importante conservar el financiamiento público

Carol Berenice Arellano Rangel, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, destacó la importancia de conservar el financiamiento público en actividades ordinarias y no sólo mantenerlo en campañas electorales, para que los partidos tengan la oportunidad de formar a sus cuadros y sigan apoyando a grupos vulnerables en diversas gestiones. “De aprobarse esta reforma se estaría quitando el sistema de partidos y se transitaría a un modelo independiente”, advirtió. 

“Si se quitan estos recursos los partidos ya no tendrían dinero para atender sus obligaciones estatutarias, el sostenimiento de sus órganos directivos y dirección en los distritos, municipios y entidades federativas”; tampoco para sueldos de personal, arrendamiento de inmuebles, propaganda institucional y en general, gastos de procesos internos de selección de sus candidaturas. 

Participación de las y los legisladoras

Vía electrónica, del PT el diputado Pedro Vázquez González refirió que en la LXIV Legislatura su bancada propuso reducir el factor multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, ya no por un 65 por ciento, sino disminuir a la mitad, calcularlo con 32.5 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero con una distribución igualitaria de la bolsa entre los partidos políticos. 

Con ello, se lograría la participación en forma igualitaria de los actores políticos, ¿Qué opinión les merece este planteamiento de obtención de financiamiento para actividades ordinarias y su posterior distribución?, preguntó.

De forma presencial, el diputado de MORENA, Hamlet García Almaguer refirió que en la distribución de dinero a los partidos políticos existe una partida para una franquicia postal y telegramas, cuando estos mecanismos ya no se usan, así como la contratación de diversos cursos en materia política. ¿Es lógico que se siga teniendo una franquicia postal?, preguntó. Aclaró que no se trata de tener una guerra de privilegios entre partidos y autoridades electorales, sino hacer ajustes en todo el sistema político a nivel nacional.

Del PVEM, el diputado Fausto Gallardo García apuntó que la ciudadanía demanda procesos electorales más austeros, lo que implica hacer campañas más cortas y efectivas con menos recursos, por lo que pidió saber cómo se pueden determinar los límites del financiamiento público para los partidos políticos sin que esto implique establecer un sistema de financiamiento privado por los riesgos que ello tendría.

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (MORENA) aseguró que en 2018 se demostró que no es necesaria la excesiva asignación de presupuesto a partidos para la participación del pueblo en la democracia, por lo que preguntó sobre la democracia participativa. 

De la misma bancada, la diputada Graciela Sánchez Ortiz puntualizó que en la propuesta de reforma política-electoral no se solicita que se elimine el recurso público para partidos en tiempos electorales, solo en tiempo ordinario, pero para ello se buscan propuestas para ver de dónde obtendrían el recurso. Preguntó cómo convencer a la ciudadanía de que sus impuestos están en buenas manos y si el dinero es igual a democracia y si se podría esperar mayor sensibilidad de los partidos para gastar de mejor manera sus recursos.

También de MORENA, la diputada Susana Prieto Terrazas dijo que si no se ha planteado una reforma a la Ley de Radio y Televisión por qué el Estado les otorga las concesiones a los medios, y por qué no exigirles que en tiempo triple A den de manera gratuita las intervenciones y haya una mejor proyección hacia la comunidad respecto a la plataforma electoral. ¿Por qué le tiene tanto miedo al financiamiento privado, si hay candados bancarios claros para éste? 

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (MORENA) cuestionó si es coherente o adecuado que los consejeros del INE no cumplan con el artículo 41, Base Quinta, Apartado B de la Constitución. ¿Es correcto que el Consejo General del INE vulnere el artículo 41, Base Segunda de la Carta Magna? ¿Ustedes consideran que sí es necesaria esta reforma respecto a los medios de financiamiento para actividades ordinarias, para que los consejeros del INE cumplan con su encargo?

El diputado Robledo Ruiz consideró que muchas de las participaciones abordaron los recursos de campañas y procedimientos electorales, pero el problema son las millonarias cantidades que no están sobre la mesa, lo cual ninguna de las iniciativas plantea. “Escapa de la escasa vigilancia que tienen las autoridades electorales”.

Respuesta a las y los diputados

Al dar respuesta, Morales Manzanares aclaró que no es que se tenga miedo al financiamiento privado, se puede explorar la opción y puso el ejemplo de Estados Unidos donde están perfectamente etiquetados, por lo cual no necesariamente se vuelve una zona de opacidad. “Es una oportunidad de revisar los cajones y actualizarlos”.

Hernández Reyes comentó que es importante que la legislación se actualice a las necesidades y tiempos de los procesos electorales. Señaló que la impunidad financiera sigue sin consecuencias y que candidatos que tuvieron negado el registro porque no presentaron informe de gastos de campaña, con mano en la cintura se pasan a otra candidatura. “Hubo casos de desproporción en tema de gastos y de inyección de dinero por parte de empresas, principalmente a procesos electorales, sin que haya un registro de las propias empresas”.

Contreras Piña expresó que si los partidos no hacen nada para cumplir con preceptos de la norma constitucional es un despropósito que viendo la realidad económica se les asigne tanto. “En ese tenor apelo a que haya un razonamiento de si es necesaria la desaparición total del financiamiento o reducirlo. Es una falta de respeto al pueblo que se les asigne tanto y no contribuyan a fortalecer en lo democrático”.

A su vez, Arellano Rangel afirmó que es viable la propuesta del grupo parlamentario del PT porque se encamina a un cambio gradual y no la desaparición total del financiamiento público. Además de reforzar la captación de recursos privados, donde el INE ha dicho que es un área de oportunidad, la cuestión es que muchos partidos políticos no registran todo el financiamiento privado que reciben, el cual sí se puede regular. 

“Sí le tengo miedo que no haya financiamiento público porque hay necesidades para dar apoyo cercano a la gente, como a las mujeres, para atender la violencia en sus ayuntamientos”, sostuvo.

Sobre el gasto en la franquicia postal, telegramas y cursos en línea, dijo que hay una gran área de oportunidad legislativa. Explicó que los institutos electorales por ley tienen que presupuestar diversos rubros, aunque no se usen, por eso es una oportunidad para evolucionar y las y los diputados puedan mover esta parte del financiamiento a gasto ordinario, para considerarlo a redes sociales.

Por su parte, Alarcón Olguín consideró que el gran reto es que los partidos políticos no tienen educación financiera, la cual debe partir de anticipar márgenes hacia dónde destinarán sus recursos y actividades. Hay un elemento importante de autoeducación financiera, a fin de ayudar y apoyar en el proceso de construcción eficiente y diálogo con la ciudadanía para diseñar anteproyectos de gastos tan pronto reciban la notificación del INE.

Respecto a los apoyos privados, comentó que los partidos deberán visualizar una mejor programación de cómo conseguirlos y en dónde se priorizarían. Señaló que ha habido mucha dificultad en cómo homologar el recurso que reciben los candidatos independientes a la de un partido político.

Jiménez Poblano afirmó que sí es pertinente la reforma electoral. Sobre la autoridad fiscalizadora, precisó que es un reto muy grande esta nueva reforma. 

Los estatutos de los partidos marcan que pueden obtener financiamiento por otras vías, pero a lo largo de la historia no han sabido aprovechar sus recursos al pagar multas, que no habría necesidad si se comprometieran a cumplir los objetivos de que haya mayor participación ciudadana. “Sí es conveniente esta reforma con diferentes reglas que contribuyan a la democracia del país”, agregó.

martes, 2 de agosto de 2022

Diputadas, diputados y ponentes dialogan sobre urna electrónica en Parlamento Abierto para Reforma Electoral

• El foro 3 de este lunes se realizó bajo la modalidad de Mesa en Comisiones, con la de Puntos Constitucionales. 
• Es necesario el consenso porque “tarde o temprano los medios tecnológicos llegarán a los procesos electorales”: diputado Robledo Ruiz.
Durante el foro 3 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), legisladoras, legisladores y expertos abordaron el tema “Urna Electrónica”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), explicó que se busca conocer las experiencias sobre la implementación de la urna electrónica, qué seguridad tiene y con qué métodos se puede dar confianza a los actores, tanto autoridades, votantes y partidos políticos; sus costos y si pudiera desplazar al procedimiento ordinario tradicional de la recepción del voto, así como en qué países se ha utilizado. 

Indicó que las aportaciones de las y los especialistas serán útiles en la discusión en “este intento de ejercicio de parlamento abierto, otra tarea que la asamblea legislativa tiene pendiente y que no sabe usar bien. Entre nosotros discutimos, pero hay que escuchar y traer lo que escuchamos para darle un consenso que nos permita convertirlo en propuesta de reforma legal. Para eso estamos”.

Manifestó que éste es un tema recurrente y que las reformas constitucionales requieren varias condiciones para convertirse en realidad, “pero en materia electoral, además, se requiere que haya un entorno político, un impasse que permita el diálogo y que, para bien, concluya”. 

Destacó la importancia de profundizar en aspectos como si sería posible impugnar el resultado de la urna electrónica, con qué medios procesales y cómo se reconstruiría el desarrollo de toda la jornada, encerrado en una urna electrónica.  

Consideró que todas las opiniones construyen una conclusión, pero será la norma la que permita construir el programa para llegar a este tipo de voto, por lo que se requiere de un consenso que se convierta en una propuesta de reforma constitucional. “Independientemente de lo que decida esta Cámara, tarde o temprano los medios tecnológicos llegarán a los procesos electorales. En un futuro muy próximo estaremos haciendo uso del voto electrónico o por medio del Internet”.

La diputada del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, se pronunció a favor de las innovaciones que generen una mejor disposición de recursos, “pero para que esto suceda y podamos utilizar herramientas que permitan ser más eficaces y efectivos, debemos tener un INE fortalecido, del que nos sintamos seguros y en el que todos sintamos confiabilidad”.

La diputada Susana Prieto Terrazas (MORENA) dijo que es necesario reformar las leyes para que todo sea más efectivo y precisó que México tiene la democracia más costosa del mundo. Destacó la importancia de conocer, en términos ecológicos y económicos, la diferencia del costo entre el voto emitido en papel y el de las urnas electrónicas.

El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) dijo que se dará mayor certeza si el elector ve el voto impreso, pero no lo puede tocar, y cayera en la urna, “porque se corre el riesgo de que se lo lleve y podría haber una discordancia entre las boletas extraídas de la urna y las personas que votaron, lo que podría ser una causal de impugnación”.

El diputado Armando Gómez Betancourt (PVEM) refirió que la reforma electoral es fundamental, urgente y necesaria. Es indispensable atender este tema para devolverle al ciudadano la posibilidad de tener un Instituto fortalecido. Solicitó información sobre si la reforma es amigable con el tema de la tecnología y si considera que la urna electrónica es algo que reduce los costos y es más efectiva.

Intervención de especialistas

El ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, dijo que el voto electrónico es viable si se aplica correctamente. Planteó analizar un diseño que aborde las mejores prácticas y no descartarse como opción para hacer más eficiente el ejercicio del voto ciudadano, para abatir los despliegues logísticos costosos por la impresión y distribución de millones de boletas. 

Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, dijo que la urna electrónica se ha implementado en Coahuila desde 2005. Explicó que se trata de un dispositivo para registrar de forma inmediata el sentido del voto y tener resultados finales de manera inmediata al término de la jornada electoral. Destacó que el costo y su implementación deben ser paulatinos. “En las últimas elecciones se han utilizado 50 urnas electrónicas, lo que implica el uno por ciento de los votos que se recolectan y es muy poco”. 

Daniel Mora Ortega, secretario de Actualización Legislativa de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, afirmó que se deben medir los riesgos y tener una legislación específica. Consideró que una reforma secundaria debe contemplar mecanismos para la inscripción en el Padrón Electoral. “Se debe pensar en cómo se pondrán en la ley los mecanismos para que se instale, opere y sobre los supuestos de anulación individuales y votación recibida por casilla o centros de votación”.

Vía Zoom, Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, afirmó que el voto electrónico es posible, pero para implementarlo se necesitan consensos políticos; “quizá eso sea lo primero que se tenga que alcanzar y para conseguirlo es necesario analizar los beneficios y las desventajas que ofrece un nuevo sistema”. Indicó que se debe contar con los medios que comprueben la identidad del votante, que el sufragio sea libre y una sola vez y que cumpla con idénticos requisitos de fiabilidad que el voto manual actual.

Alejandro Ricardo Femat Flores, investigador titular de la División de Matemáticas Aplicadas del IPICYT, señaló que, aunque el derecho al voto es fundamental, también los es la garantía de datos personales, sobre todo los que son sensibles. Se debe contar con cuatro elementos de seguridad, como lo es la protección de datos personales sensibles, identificación del votante y casilla, integridad, trazabilidad y disponibilidad del dato, lo que incluye la custodia digital del voto, así como ciberseguridad ante ataques y amenazas

Mónica Macías Guel, consejera electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de San Luis Potosí, comentó que entre las ventajas de utilizar urnas electrónicas está que facilita el voto y agiliza el proceso de votación, no puede hackearse ya que no están conectadas a Internet, generaría ahorros en el gasto de material electoral y son ecológicas.  

Jaime Miquel Castañeda Salas, coordinador de asesores de MORENA ante el Consejo General del INE, señaló que hay muchos aspectos del proceso electoral, aparte de los experimentos que se han hecho con las urnas electrónicas, en las que se pueden instrumentar las tecnologías de la información, cuya vía no puede estar peleada con la capacidad de verificar y que el ciudadano sea dueño del documento que expresa su voluntad. 

Respuestas a legisladoras y legisladores

Al responder a los cometarios de las y los legisladores, Marco Antonio Baños expresó que los resultados de las elecciones por este medio se pueden impugnar y los tribunales deben tener facultades para determinar los comicios en los que lo que valga sea el software; también, en el caso de problemas técnicos, se podrían impugnar, pero no se podría reconstruir el camino voto por voto porque vulneraría el principio de secrecía.

Beatriz Eugenia Rodríguez destacó la importancia de socializar el uso y aplicación de la urna electrónica en escuelas, partidos y diversos ámbitos, antes de que inicien los procesos electorales para que la ciudadanía esté más familiarizada con ella. Añadió que su implementación abona a los costos ecológicos de los procesos electorales pues, aunque implica una inversión fuerte, se puede utilizar hasta 10 o 12 años y su costo, comparado con el del papel, honorarios, funcionarios de casillas en una votación tradicional, conlleva un ahorro significativo económico y ecológico.  

Daniel Mora Ortega puntualizó que hay condiciones técnicas, políticas y sociales para realizar un desarrollo tecnológico electoral. “Creo que el voto en Internet es factible”.

La catedrática Milagros Otero Parga afirmó que no hay duda que el voto electrónico se va a imponer. “Voto en urna electrónica y a través de Internet sí, pero es importante que antes de ver los costos económicos, se vea dónde están los problemas, los errores y las dificultades del por qué no vota la gente, y una vez que consigamos explicar la importancia de votar, entonces estaremos en mejor situación de ver qué medio técnico utilizamos”.

Jaime Miquel Castañeda dijo que existe un problema de certeza que debe reflexionarse “desde el punto de vista de la objetivización del voto y las características que nos distinguen como país”. Estimó que lo más importante no es hablar de cultura de desconfianza, sino del costo social de instrumentar un mecanismo electrónico de votación. Agregó que la urna electrónica va perdiendo ante el Internet, porque el problema de votar desde un dispositivo sigue siendo el mismo: compra, coacción y desde dónde se ejerce el voto.