Reabren a la circulación dos carriles de la autopista México-Querétaro Dos carriles de la autopista México-Querétaro fueron reabiertos, a la altura del kilómetro 70, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe). A través de Twitter se informó que la circulación se mantuvo cerrada por varias horas, debido a las maniobras de retiro de una trabe de concreto.

SCJN ordena la liberación de tres indígenas presos por caso Acteal

Los tres indígenas fueron liberados tras estar más de 17 años en prisión por el caso Acteal en Chiapas La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a tres de los cinco indígenas que se encuentran presos desde hace 17 años en el penal El Amate por haber perpetrado la matanza de 45 mujeres, hombres, niños y niñas en la comunidad de Acteal en el municipio de Chenalhó el 22 de diciembre de 1997. Este miércoles luego de la resolución de la Corte, alcanzaron su libertad Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández, quienes permanecieron en prisión durante 17 años. En estos más de 17 años, los indígenas han sido liberados en grupos luego que empezaron a promover amparos ante la justicia federal Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó de resolver los 75 amparos de sentenciados acusados de la masacre de 45 integrantes de la agrupación Sociedad Civil Las Abejas. Con ello, sólo quedan dos indígenas en prisión; la mayoría ha alcanzado su libertad desde 2008 cuando el máximo tribunal de justicia del país consideró que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), y las corporaciones policiacas violaron los derechos de los indígenas originarios del municipio de Chenalhó, violando su derecho al debido proceso. La mayoría han sido liberados, porque el proceso acusatorio y la sentencia estuvieron plagados de irregularidades, y a los indígenas acusados no se les garantizó el debido proceso, determinó la SCJN.

Grupo Hércules, ¿cuerpo de seguridad mexicano o banda de asesinos?

© Government of Tamaulipas El Grupo Hércules, un polémico cuerpo de seguridad presentado por la alcaldesa de un municipio mexicano, presuntamente asesinó a tres jóvenes estadounidenses el pasado 12 de octubre. Un mes más tarde, el caso continúa lleno de interrogantes. Tres jóvenes de nacionalidad estadounidense y un mexicano desaparecieron en la ciudad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, el pasado 12 de octubre. Dos semanas más tarde, se hallaron sus cadáveres quemados y con impactos de arma de fuego. Testigos del secuestro sostienen que los responsables de lo ocurrido fueron varios integrantes del Grupo Hércules. La organización, denominada ‘Grupo Táctico Operativos-Hércules Matamoros’, fue presentada oficialmente el pasado 7 de septiembre por la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez. Vestida con un uniforme militar y al grito de "todos somos Hércules", reconoció que se trataba de un equipo de élite, capaz de proteger a todo el pueblo y formado por exmarines y exmilitares. Desde que el Grupo Hércules comenzó a operar, numerosos ciudadanos lo han denunciado por abuso de autoridad. El papel de este cuerpo de seguridad pasó a ser cuestionado a nivel nacional e internacional tras el 12 de octubre. Ese día los hermanos Érica, Alex y José Ángel Alvarado Rivera y José Guadalupe Castañeda, novio de la chica, fueron presuntamente secuestrados y asesinados por miembros del Grupo Hércules. Sus cuerpos sin vida se hallaron 16 días después. El caso continúa sin esclarecerse y Raquel y Pedro, los padres de los estadounidenses, se han convertido en investigadores de las muertes de sus hijos, señala un artículo publicado en el portal 'The Daily Beast'. La madre insiste en que sus hijos no tenían cargos penales ni contaban con órdenes de arresto. Pedro, el exesposo de Raquel y padre de los jóvenes, entrevistó a testigos del secuestro. Estos le dijeron que hombres con uniformes negros obligaron a los jóvenes a entrar en vehículos blindados que llevaban la insignia del Gobierno de la ciudad de Matamoros. La pesquisa sigue adelante y nueve miembros del Grupo Hércules han sido citados a declarar, según la procuraduría estatal. El FBI también está investigando el caso.

Suspenden a magistrado, a juez y a 5 secretarios por corrupción

Se les investiga por el otorgamiento indebido de amparos vinculados a la importación de autos usados Isabel González-EXCELSIOR. La suspensión a los juzgadores durará el tiempo que tarde el procedimiento administrativo iniciado en contra del referido personal Por existir sospechas de actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de sus funciones a siete altos funcionarios, entre ellos un magistrado, un juez y cinco secretarios. A los siete empleados del Poder Judicial federal se les investiga por el otorgamiento indebido de amparos vinculados a la importación de autos usados. Al hacer pública la medida, la Judicatura Federal señaló que la suspensión durará el tiempo que tarde el procedimiento administrativo iniciado en contra del referido personal. Suspendidos José Neals André Nalda, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California Martín Leopoldo Salcido García, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali De manera específica, se informó que la suspensión temporal de su cargo se emitió en contra de los siguientes juzgadores: José Neals André Nalda, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. En contra del magistrado Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, por probables irregularidades cometidas en la tramitación de diversos amparos en beneficio de empresas relacionadas con la importación de vehículos usados. Estas conductas se habrían llevado a cabo cuando André Nalda y Serratos García se desempeñaron, sucesivamente, como titulares del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali. La misma imputación la enfrentan los secretarios: Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, los cuales fungieron como secretarios en funciones de juez en diversos momentos en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, así como Martín Leopoldo Salcido García, otrora secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali. El Poder Judicial federal explicó que la investigación administrativa contra los funcionarios "debió cumplir con los tiempos legales para robustecerla" por la complejidad que implicó revisar una importante cantidad de amparos y criterios emitidos en esos juicios, así como las actuaciones no sólo de los titulares antes mencionados, sino de los secretarios que también fueron suspendidos. Se explicó que la investigación data del 2012, luego de que se recibieron diversas quejas presentadas contra los servidores públicos, "a quienes se les señaló de incurrir en presuntas irregularidades en la tramitación de juicios de amparo, en los que los quejosos eran empresas morales relacionadas con la importación de vehículos usados, entre otros", detalló el CJF. En el caso de José Neals André Nalda, cuando fue titular del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California, se le atribuye haber incurrido "en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones y en la falta de profesionalismo propio de la función judicial, debido a que habría celebrado audiencias en siete juicios de amparo (786/2010, 529/2011, 518/2012, 519/2012, 596/2012, 599/2012 y 751/2012) sin que la totalidad de las autoridades señaladas como responsables estuvieran legal y debidamente notificadas", lo cual es una clara inobservancia de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, habría celebrado audiencias en dos juicios de amparo (533/2011 y 693/2011) estando pendientes de resolución diversos recursos de queja interpuestos en esos juicios; además de "obstaculizar la admisión de demandas de amparo" relativas a tres juicios más (688/2011, 923/2011 y 162/2012). También se le reprocha haber dictado sentencia en un juicio de amparo (905/2011) sin resolver sobre los actos reclamados de los administradores de las Aduanas de Reynosa y Colombia. También se le imputa haberse pronunciado respecto a la vigencia de jurisprudencias emitidas por la Corte. En el caso del magistrado federal Juan Manuel Serratos García, la indagatoria de la Judicatura arrojó que como titular del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, "igualmente habría incurrido en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones y en falta de profesionalismo propio de la función judicial". Lo anterior, porque "habría admitido a trámite diversas ampliaciones de la demanda del juicio de amparo 414/2010 aun cuando quien las promovió no se encontraba legitimado para ello; habría dictado acuerdos en los que reconoció a diversas personas una representación que no tenían dentro de los autos del referido juicio de amparo", reportó la Judicatura Federal. Tras detallar las presuntas conductas delictivas cometidas por ambos servidores públicos, se destaca que tanto José Neals André Nalda como José Manuel Serratos "habrían omitido preservar la imparcialidad propia de la función judicial en el desempeño de sus labores durante el trámite y resolución de al menos 15 amparos" cuando fueron titulares del referido juzgado. RESPONSABILIDAD DE SECRETARIOS Por lo que respecta a los secretarios, la investigación administrativa aportó que Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, en su actuación como secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito en el estado de Baja California, habría incurrido en notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, y en falta de profesionalismo en actuaciones en el juicio de amparo 786/2010. Martín Leopoldo Salcido García, en su actuación como secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California, habría incumplido con el artículo 101 de la Constitución federal en virtud de actuar como autorizado de las respectivas partes quejosas en siete juicios de amparo (786/2010, 467/2011, 529/2011, 533/2011, 518/2012, 519/2012 y 596/2012) del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California, cuando se encontraba en funciones de secretario del Poder Judicial de la Federación. Armando Ochoa Loza, en su desempeño como secretario en funciones de o como encargado del Despacho del Juzgado Tercero, habría incurrido en notoria ineptitud y en falta de profesionalismo al dictar acuerdos en el incidente de suspensión 533/2011 sin atender la pretensión efectivamente planteada por las autoridades promoventes. Para los secretarios Patricia Ávalos Cornejo y Carlos Cataño González posiblemente omitieron considerar que con la medida cautelar otorgada en diversos amparos, interpuestos contra normas generales, posiblemente se seguían perjuicios al interés social y se contravenían disposiciones de orden público. Según la Judicatura, Cataño González no goza actualmente de adscripción en el Poder Judicial federal, aunque el procedimiento de responsabilidad se inició cuando fue funcionario público.

Inicia batalla legal contra alcaldesa de Matamoros

Hay pruebas de que sus escoltas participaron en el homicidio de jóvenes texanos, asegura el papá

El abogado de la familia Alvarado informó que también denunciarán al secretario de Desarrollo Social municipal, Luis Alfredo Biasi. La próxima semana será presentada una denuncia penal contra la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, y el secretario de Desarrollo Social municipal, Luis Alfredo Biasi, por la desaparición y homicidio de los tres jóvenes estadunidenses en ese municipio, informó el abogado Jorge Rentería. “Con los testigos, ya los escuchamos, ya hablaron en forma privada con nosotros, y tenemos la intención de denunciar formalmente al secretario de Desarrollo Social, Alfredo Biasi, y a la alcaldesa (Leticia Salazar). Las escoltas de los dos ese día estaban juntas.” En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Jorge Rentería, abogado de los padres de tres jóvenes asesinados en Matamoros, afirmó que existen suficientes elementos para presentar la denuncia penal contra los funcionarios. Por su parte, don Pedro Alvarado, padre de José Ángel, Alejandro y Erika, dijo que los testigos refieren que sus hijos tenían un tiro en la cabeza, pero pudieron haber muerto asfixiados. Relató que cuando localizó las dos camionetas de sus hijos en el estacionamiento de la agencia aduanal, fueron elementos del Grupo Hércules quienes les entregaron las llaves y lo acompañaron hasta su domicilio a dejar las camionetas. “Debemos denunciar formalmente por homicidio a ellos y sus escoltas, porque con lo que están narrando los testigos creemos que hay elementos”, aseveró el abogado Jorge Rentería. Explicó que, según los testigos, los muchachos se encontraban en un restaurante de carne asada cuando elementos del Grupo Hércules llegaron al lugar para detenerlos. “Definitivamente fue una camioneta del municipio, una camioneta de la Marina, con un número económico que está plenamente identificado.” Afirmó que quien dio la orden de llevarse a los hermanos Alvarado fue el copiloto de una camioneta que se separó de la caravana de escoltas.

Terminan puentes en Circuito Interior; falta inaugurar la obra

Retiraron la maquinaria en Tezontle y Té; la circulación sigue sólo en laterales Francisco Pazos-EXCELSIOR.

En los puentes que permitirán librar Canal de Tezontle y avenida Té únicamente se realizan detalles; la circulación sigue cerrada Las obras en los puentes de Canal de Tezontle y avenida Té, en el Circuito Interior, alcanzaron prácticamente el 100 por ciento de avance; sin embargo, la circulación permanecen restringida a los carriles laterales en ambos sentidos de esa vialidad. La maquinaria pesada fue retirada del frente de obra y sólo permanece una grúa realizando trabajos en la parte baja del puente al cruce con Eje 4 Sur, avenida Té, a la altura del edificio delegacional en Iztacalco. Durante un recorrido se observó que personal de la empresa concesionaria de la obra civil se enfoca en trabajos de acabado en las columnas de acero que sostienen las planchas de concreto que forman las “jorobas” de la estructura. Aunque los carriles ya están habilitados para la circulación, cuentan con balizamiento y guarniciones, y con un sistema de iluminación vertical equipado con celdas solares, los bandeos permanecen entre Canal de Tezontle y Eje 3 Sur, Añil. “Pues se ve que ya están terminados y hasta hay gente que está ahí caminando o los usa para correr, pero los demás tenemos que estar con este tráfico. Las laterales no dan para la cantidad de coches que pasan por aquí”, comentó Rafael Flores. Excélsior recorrió a pie los dos puentes con los que se busca mejorar la circulación en la zona oriente al eliminar la semaforización que interrumpía la circulación en dirección al Aeropuerto y hacia el sur. Vecinos de las colonias aledañas a la obra consideraron que aunque los puentes y la adecuación vial que se hizo al cruce con la calle Oriente 106 traerán beneficios para la movilidad, urge que sean puestos en operación. “Sí hubo mucho problema porque obligó a que todo el tránsito de los carriles centrales se desviara a las laterales que siempre han estado saturadas. Fue una incomodidad pero fue temporal y vale la pena”, dijo Leonel Ramírez, vecino de la colonia Ramos Millán. El puente peatonal instalado en Oriente 106 es una de las renovaciones que más fue criticada por los vecinos ya que su diseño no facilita el cruce de peatones y de personas con algún tipo de discapacidad, consideraron. “Lo hicieron con una pendiente mayor y muy angosto. El que estaba era viejo pero funcionaba mejor porque era más ancho. Ahora el paso está limitado a dos personas y para una persona en silla de ruedas resultará muy difícil cruzarlo”, dijo Ernesto Rojas, vecino de la colonia. Otro defecto que fue señalado es que el agua de lluvia se estanca en la zona de los carriles centrales, tanto en las partes altas de los puentes como en el tramo que se ubica entre las calles Oriente 118 y Oriente 102. “Ayer (martes) hubo una llovizna y ahí está el agua encharcada, quiere decir que la nivelación no se hizo de manera correcta, y que no se ha revisado el sistema de drenaje porque se hace un charco muy grande y no se corrigió y esto ocasionará que aunque la obra esté muy grande va a estar limitada por este problema”, señaló Leonel Ramírez. Los puentes forman parte de un proyecto integral con un costo de 6 mil 500 millones de pesos. Nuevo frente en Mixcoac Una vez que concluyan definitivamente las obras en el oriente de Circuito Interior, la Secretaría de Obras y Servicios del DF abrirá un nuevo frente en Río Mixcoac donde se construirá un túnel de dos niveles de 1.6 kilómetros de extensión. El objetivo será librar el cruce con avenida Insurgentes Sur, punto en el que también concluyen Eje 8 Sur, Barranca del Muerto y Minerva, y el servicio de la Línea 1 del Metrobús

Rompen silencio y se organizan; crean comité independiente de víctimas

Dicen que irán a las fosas de Iguala y Cocula a recolectar restos de desaparecidos Pedro Tonantzin/ Corresponsal-EXCELSIOR.

Registro para ADN. Familiares de desaparecidos aprobaron que se les tomen muestras de ADN y llenaron cuestionarios en los que especificaron la fecha de la desaparición de su pariente, otorgaron señas particulares de la víctimas y ofrecieron una narración de los hechos. Los documentos se incluirán en una base de datos que creará Ciencia Forense. — Familiares de desaparecidos, en Iguala y municipios vecinos de la región norte de Guerrero, ofrecieron sus testimonios a la organización Ciencia Forense Ciudadana (CFC) que preside la activista Julia Alonso Carvajal, y aprobaron que les tomen muestras de ADN para identificar los 38 cadáveres encontrados en las fosas clandestinas de la ciudad. Unos 60 familiares de desaparecidos se reunieron en la parroquia de San Gerardo Mayela, de Iguala, con Julia Alonso e integrantes de la organización CFC, así como con el Frente Cívico de Iguala y la Unión de Pueblos Organizado de Guerrero (UPOEG) y representantes de la Iglesia católica. Durante la reunión madres, padres, hermanos, esposas, hijos, rompieron el silencio y el miedo al hablar, sobre lo que cada uno ha vivido desde que sus familiares fueron secuestrados o levantados por el crimen organizado, así como por policías locales y federales. La activista Alonso Carvajal de la organización Ciencia Forense Ciudadana (CFC), comentó que todos los datos de las solicitudes serán ingresados a través de la página de internet de la organización de forma anónima, para que se puedan identificar los cadáveres de la ciudad. Cuando se tenga un registro de 500 personas, los especialistas de CFC efectuarán las 500 pruebas de ADN para que puedan identificar los restos humanos exhumados de las fosas de Pueblo Viejo y Cerro Gordo, a raíz de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos; recibirán la ayuda del Consejo Británico de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Durham, en Inglaterra. Los familiares de desaparecidos advirtieron que en caso de que las autoridades sigan mostrando desinterés en las investigaciones, subirán ellos mismos a la zona de las fosas para explorarlas y exhumar los restos humanos y evidencias. Exigieron al gobierno federal informar sobre las fosas encontradas, así como del número de cadáveres o restos encontrados, y detallar las condiciones de estos y su características para ayudar a reconocerlos. A la reunión llegaron familiares de desaparecidos en Iguala y municipios vecinos como Taxco, Tepecoacuilco, Cocula y Teloloapan. El encuentro lo encabezó la activista Julia Alonso, quien mantiene una lucha por la localización de personas desaparecidas y por la paz, a raíz de la desaparición de su hijo Alberto López Alonso, el 12 de enero del 2008. En Iglesia de San Gerardo, está ubicada en el barrio del mismo nombre en esta ciudad, fue conformado un comité que coordinará las acciones que siguen y acordaron celebrar el próximo martes una segunda reunión. También aclararon que el domingo 23 de noviembre, se reunirán en la explanada de Iguala para subir a Cerro Gordo y sus alrededores, donde han sido encontradas fosas clandestinas, con el fin de buscar cuerpos o restos humanos que, se cree, las autoridades ministeriales y periciales han ignorado dentro de las propias fosas. Mayra Vergara llegó el martes hasta la parroquia para unirse al grupo de los familiares de los desaparecidos que desean ser incluidas entre las 500 pruebas que ofreció la organización civil. Ella busca a su hermano Tomás, desde 2012, cuando los criminales lo secuestraron en el municipio de Huitzuco, Guerrero, mientras conducía su taxi. La familia Vergara, como todas las que dejaron sus datos al Consejo Forense, recibió un documento con el folio: 5025, donde además de firmar su autorización para someterse a las pruebas genéticas, también respondió diversas preguntas.