• El dictamen se envió al Senado para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo
particular, reformar los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, Reglamentaria
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, con el objeto de
establecer que en el caso de que el Poder Judicial de la Federación requiera
utilizar los servicios públicos de correos y telegráficos, deberá cubrir el
costo correspondiente, conforme a su presupuesto asignado para tal fin.
El dictamen, enviado al Senado, se aprobó en lo general y en
lo particular por 217 a favor, 158 en contra y cero abstenciones los artículos
no reservados.
Y con 211 votos a favor, 152 en contra y cero abstenciones,
se avaló en lo particular y en términos del dictamen, las reservas al título,
al proemio y a los artículos 28, 243, Primero, Segundo y Tercero Transitorios
del dictamen.
Dichas reservas fueran presentadas por diputadas y diputados
del PT, MC, PRD y PAN.
La reforma impone multa de 100 a mil días si los jefes o
encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o
transmitir los mensajes de referencia, excepto por el no pago derivado de la
prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos al Poder
Judicial de la Federación.
En los artículos transitorios se establece que “el presente
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y que se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto”.
Agrega que en un plazo de 120 días, contados a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, el Servicio Postal Mexicano y Financiera
para el Bienestar, respectivamente, y los órganos jurisdiccionales que integran
el Poder Judicial de la Federación que conozcan de los juicios de amparo
deberán firmar los contratos de prestación de servicios correspondientes, en
los que se determinarán la forma, el plazo y la modalidad en que estas
autoridades realizarán el pago por la prestación de los servicios públicos de
correos o telegráficos.
Falso, que se quiera debilitar al Poder Judicial
De MORENA, el Diputado Leonel Godoy Rangel dijo que el
objetivo es fortalecer el servicio de correos y telégrafos a través de dos
empresas estatales, por lo que es falso decir que lo que se quiere es debilitar
al Poder Judicial. “El dictamen sólo persigue fortalecer a estos dos grandes
servicios que requiere el pueblo y fortalecer a las empresas públicas”.
Expuso que de 2006 al 2023 Correos de México dejó de recibir
310 millones de pesos, y Financiera para el Bienestar (FINABIEN) más de siete
mil millones de pesos. Llamó a votar a favor del dictamen, y puntualizó que “en
el fondo está una política neoliberal, privatizadora que buscó y seguirá
buscando privatizar todo; eso es lo que está en el fondo. No tiene nada que ver
el presupuesto del Poder Judicial de la Federación”.
Uso de servicios por parte del Poder Judicial tendrá costo
Por el PAN, la Diputada Lizbeth Mata Lozano relató que
SEPOMEX y FINABIEN son las únicas entidades del Estado mexicano en las que
recaen de manera exclusiva las áreas estratégicas referentes al servicio
público de correos y telégrafos. Además, SEPOMEX está en una situación
financiera difícil, ya que sus ingresos propios no han sido suficientes para
cubrir los gastos totales.
Sin embargo, dijo, desmantelar al Poder Judicial no es la
solución. Ambas instituciones están obligadas al cumplimiento de la prestación
de servicios previstos en la Ley. Es evidente la necesidad del Poder Judicial
de comunicar y el de ambas instituciones de prestar el servicio.
Ahora, el uso de los servicios telegráficos por parte del
Poder Judicial tendrá un costo o habrá negativa si no generan un costo.
Se pretende debilitar al Poder Judicial Federal
En su oportunidad, la Diputada Alma Carolina Viggiano
Austria (PRI) dijo que votarán en contra porque es una reforma que pretende
atacar o debilitar al Poder Judicial Federal y porque es lamentable que en
lugar de discutir reformas importantes que están en comisiones para mejorar el
sistema de justicia “estemos discutiendo ésta que no tiene trascendencia”.
Puntualizó que lo que se debería hacer es ver cómo mejorar
el sistema de justicia. Lamentó que se invierta tiempo en estos casos que en
nada mejoran a dicho sistema. “Hoy se usa el sistema de justicia sólo para
perseguir a los opositores, para judicializar la política. Hoy nos convocaron
sólo para esta iniciativa, por un capricho del oficialismo y por eso vamos a
votar en contra”.
Reducir carga económica
La Diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) argumentó
que a lo largo de su historia el Servicio Postal Mexicano ha sido más que un
sistema de entrega, pues ha representado el puente que une a personas,
comunidades y empresas en el territorio, e incluso más allá de las fronteras.
“Que siga siendo un bastión de conectividad y progreso”.
Mencionó que el dictamen propone reducir la carga económica
sobre los organismos descentralizados como SEPOMEX y FINABIEN, entidades del
Estado responsables de las áreas estratégicas referentes al servicio público de
telégrafos, pues los ingresos que generan a través de la venta de productos no
han sido suficientes para cubrir los gastos totales de operación.
No se afecta al Poder Judicial
La Diputada Mary Carmen Bernal Martínez ((PT) opinó que la
reforma no afectará la operación del Poder Judicial, ni violenta el principio
de gratuidad, ni de que la justicia sea pronta y expedita, porque se
fortalecerá una de las instituciones más importantes del país.
Puntualizó que ahora este Poder se hará cargo de sus pagos y
de sus comunicaciones oficiales. “Esta reforma no es gravosa”. Agregó que es
falso que se quiera dejar inoperante a este Poder ya que cuenta con los
recursos suficientes para poder funcionar. “Estamos en contra del despilfarro y
las malas costumbres”.
Se menoscaba la integridad de un poder del Estado Mirza
Flores Gómez, Diputada de MC, expresó que a 37 años de su creación la
institución ha sido olvidada y relegada, y ahora se busca que el Poder Judicial
pague con el dinero que ya no tiene y ese se realice en favor del Servicio
Postal Mexicano.
Indicó que en lugar de promover reformas que garanticen la
viabilidad financiera, la modernización y la calidad en el servicio de SEPOMEX
se busca “venganza presupuestal a un poder del Estado y menoscabar los derechos
humanos de las personas empezando con una justicia pronta, expedita, gratuita,
completa e imparcial. Estamos en contra porque menoscaba la integridad de un
poder del Estado”.
Incrementará el costo en el uso de correos y telégrafos
La Diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) lamentó la
discusión del dictamen y señaló que la propuesta afectará a las y los
ciudadanos al incrementar el costo en el uso de correos y telegráficos.
Mencionó que el recorte por más de seis millones que se pretende hacer merma
las capacidades del Poder Judicial.
Puntualizó que el Poder Judicial se ha convertido en la
única y última trinchera para la defensa de la democracia, por lo que “no
permitirán que un régimen dictatorial transcriba lo que son los derechos de las
y los ciudadanos”, por lo que anunció el voto en contra de su grupo parlamentario.
Posturas a favor y en contra
El Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) expuso que con
el dictamen se dice que se fortalecerá al Servicio Postal Mexicano a cambio de
debilitar el Poder Judicial; por ello, es necesario permitir que en el Juicio
de Amparo se den las notificaciones a través de medios electrónicos y se
permitan las comunicaciones electrónicas.
María Isabel Alfaro Morales, Diputada de MORENA, dijo que de
2016 a 2022 los servicios que se asumieron para beneficio del Poder Judicial
representaron más de 7 mil 920 millones de pesos, “los cuales pudieron
beneficiar a los de mensajería y telegráficos del país. Se busca que el Poder
Judicial de la Federación asuma el pago de los servicios postales que utiliza.
Es un tema de equidad y justicia”.
El Diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) opinó que
no acompañan el dictamen porque insisten en los ataques al Poder Judicial y
socavan su independencia. Afirmó que la propuesta debe implicar un cambio profundo
y de fondo que permita la modernización, reestructuración e inversión en
SEPOMEX. “Se pretende aprobar de manera irresponsable y con vicios de origen.
Nuevamente se pretende dar un albazo”.
A su vez, la Diputada Dionicia Vázquez García (PT) informó
que votarán a favor porque se fortalecerá financieramente al Servicio Postal
Mexicano y la Financiera para el Bienestar, ya que contarán con mayores
ingresos fijos que les permitirán sanear sus finanzas.
Por el PAN, el Diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara
puntualizó que el dictamen sí busca golpear la operatividad del Poder Judicial
de la Federación, por lo que para 2024 dicho Poder debería erogar 739 millones
de pesos para cumplir con la reforma de hoy. “Esta iniciativa forma parte de
una estrategia diseñada desde Palacio Nacional para debilitar y asfixiar al
Poder Judicial”.
La Diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (MORENA)
aseguró que en nada se perjudica la administración, la operatividad del Poder
Judicial, ni atenta en contra de su presupuesto; únicamente plantea que SEPOMEX
y FINABIEN cuenten con un ingreso que eleve la calidad de sus servicios y
mejorar los procesos de comunicación que brindan a favor de los tribunales. No
se propone cobro excesivo ni dilaciones.
Del PRD, la Diputada Olga Luz Espinosa Morales aseveró que
el dictamen es una nueva ocurrencia del gobierno porque sólo piensa cómo
someter al Poder Judicial. “Es claro que esta iniciativa no busca fortalecer al
Servicio Postal Mexicano ni a la Financiera porque es una muestra de la
revancha política del gobierno y su grupo parlamentario contra el Poder
Judicial. De nueva cuenta estamos defendiendo al Poder Judicial Federal porque
es urgente que haya división de poderes y que ningún poder debe estar sometido
a otro”.
El Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (MORENA) subrayó
que defienden el dictamen porque devuelve la justicia al pueblo y reiteró que
busca fortalecer a las instituciones del Estado mexicano. Refirió que para la
Corte ya se ha propuesto su democratización. “Vamos a trabajar porque ministras
y ministros de la Corte estén al servicio del interés nacional.
Sue Ellen Bernal Bolnik, Diputada del PRI, aseguró que el
dictamen pone en claro un problema real que existe en SEPOMEX y FINABIEN,
principalmente en su situación financiera que es precaria y en la reducción de
sus ingresos, pero “por qué se dieron cuenta después de cinco años de gobierno
y se quiere ahora hacer una inyección de recursos, quitándole al Poder
Judicial”.
La Diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM) indicó que la
aprobación del dictamen no es una venganza o consigna contra del Poder
Judicial, sino de coherencia entre las finalidades de la acción gubernamental y
los medios que utilizan para alcanzar los objetivos planteados, así como
liberar a SEPOMEX de una obligación que no debe cargar.
En su oportunidad, el Diputado Jorge Triana Tena (PAN) subió
a tribuna para expresar su postura en contra del dictamen.
El Diputado Mario Rafael Llergo Latournerie (MORENA) mencionó
que se pretende impulsar la consolidación de un sistema jurídico mexicano que
verdaderamente proteja, con prontitud, las libertades fundamentales del
ciudadano. “Busca que las autoridades postales y de telégrafos puedan hacer sus
labores con mayor rapidez y de mejora continua”.
Moción suspensiva
Previo a la discusión, la Diputada Pérez Valdez solicitó que su propuesta de moción suspensiva se integre en el Diario de los Debates. Además, le legisladora propuso otra moción suspensiva para señalar que el proceso de análisis y aprobación de la iniciativa no cumplió con las etapas procesales correspondientes. Las dos fueron desechadas por la Asamblea.
