La Cámara de Diputados dio trámite de publicidad a dictamen que incrementa penas y multas por delitos ambientales

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de aumentar las penas por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

La finalidad es castigar con mayor fuerza los delitos ambientales y disuadir, en consecuencia, la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten, así como adicionar delitos contra el ambiente al catálogo de conductas por las que las personas morales pueden ser sancionadas penalmente.

Dentro de las nuevas conductas, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable.

Mientras que, a quien corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, se le aplicará pena de dos a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa.  Para quien realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal, se establece una pena de dos a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

También, se busca castigar a quien genere o haga uso de información falsa o simulada respecto a una persona jurídica, en materia de sustentabilidad o con relación a su desempeño o mejora en el cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y normas ambientales, con el propósito de engañar a consumidores, inversionistas о instituciones del sistema financiero, o con el objetivo de alcanzar un lucro o ventaja indebidos.

Asimismo, proporcione información falsa o simule el cumplimiento de sus obligaciones en el sistema nacional o internacional de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

El GPPAN en el Congreso Mexiquense propuso 8 años de prisión a quien contribuya en alienación parental

• La Legisladora Krishna Karina Romero y los Legisladores Pablo Fernández de Cevallos y Anuar Roberto Azar, plantearon endurecen sanciones por la alienación parental, incluidas personas servidoras públicas que contribuyan en este delito.

• Esta conducta se entiende como toda acción, omisión, manipulación o inducción que una persona progenitora realiza hacia su hijo o hija, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia la otra persona progenitora.

Para proteger a las y los menores de los daños ocasionados por prácticas de alienación parental, la bancada del PAN propuso sanciones de hasta ocho años de prisión y hasta mil 334 días multa a quien impute falsamente a otra persona un hecho considerado como delito ante una persona servidora pública, que, por razón de su cargo, empleo o comisión, deba proceder a su investigación, con el fin de ganar tiempo, obstruir las convivencias, obstaculizar los procesos en juicios de guarda y custodia.

La iniciativa de la Legisladora Krishna Karina Romero Velázquez y de los legisladores Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, puntualiza que se entenderá como por alienación parental a toda acción, omisión, manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo o hija, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia la otra persona progenitora.

Añade sanciones de hasta siete años de prisión y de mil días multa en el delito de falso testimonio cuando la persona entrevistada por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad en procedimientos que versen sobre guarda y custodia o pensión alimenticia.

Además, dentro de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades profesionales o técnicas, se considerará cuando las o los abogados propicien o faciliten la imputación falsa, en contra de otro, de un hecho considerado como delito ante una persona servidora pública, que por razón de su cargo, empleo o comisión deba proceder a la investigación del mismo con el fin de ganar tiempo, obstruir las convivencias, obstaculizar los procesos en juicios de guarda y custodia. A este delito se le impondrán penas de hasta tres años de prisión y de 700 días multa, además de que podrán tener hasta dos años de suspensión del derecho de ejercer su actividad profesional y privación definitiva en caso de reincidencia.

La propuesta indica que, a quien realice conductas de alienación parental se le impondrán hasta siete años de prisión y de 700 días multa, así como tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen.

Durante su exposición, la Diputada Krishna Karina Romero compartió que hay cerca 82 mil menores víctimas de alienación parental en el país, y que, en 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró en el estado 17 mil 513 divorcios, de los cuales más del 50 por ciento involucra a menores de edad.

Con la iniciativa, que busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Educación, todos del Estado de México, también se propone establecer que, quienes ejercen guardia, custodia o tutela, se abstengan de cualquier conducta que implique alienación parental; así como la creación de un padrón de personas obstructoras parentales, el cual estará adscrito al Registro Civil

Entre otras modificaciones, se indica que el otorgamiento de la guarda y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista alienación parental; la no realización de pruebas en materia de psicología familiar para la nueva pareja, en caso de que hubiere, con la cual la niña, niño o adolescente tuviera que cohabitar, o cualquier otra causa justificada a criterio del la persona jueza.

Plantea iniciativa hasta 10 años de prisión por despojo de inmuebles a personas mayores de 60 años y con discapacidad

• El Diputado José Luis Montalvo (PT) busca adicionar el artículo 395 Bis al Código Penal Federal

Para imponer pena de seis a diez años de prisión y de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización, cuando el delito de despojo de inmuebles se cometa en contra de personas mayores de sesenta años de edad o personas con discapacidad, el Diputado José Luis Montalvo Luna (PT) impulsa iniciativa que adiciona un artículo 395 Bis al Código Penal Federal.

También, cuando se simulen actos de ejercicio de autoridad, se utilicen documentos falsos por personas que busquen acreditar la propiedad del inmueble para hacer posesión del mismo, y cuando un servidor público autorizado para tratar datos personales de los ciudadanos participe de la comisión de un crimen en materia de despojo.

En el documento, enviado a la Comisión de Justicia, Montalvo Luna expone que el artículo 395 del Código Penal Federal ya tipifica el delito de despojo de inmuebles, pero es evidente que las disposiciones actuales deben ajustarse a la realidad social, pues la inclusión de las mencionadas agravantes permitirá una mayor eficacia en la persecución de este delito y en la protección del patrimonio de las y los mexicanos.

Advierte que el delito de despojo de inmuebles ha mostrado un alarmante incremento, como lo demuestran las denuncias presentadas en los últimos años. Este fenómeno ha sido impulsado por diversos factores, entre los que destacan la conformación de redes delictivas dedicadas a la apropiación ilegal de inmuebles, con el propósito de obtener importantes beneficios económicos.

Menciona que dichas redes aprovechan la limitada oferta de vivienda nueva en el país, lo que facilita la venta de inmuebles obtenidos ilícitamente agravando la situación. Además, el despojo de inmuebles se comete cada vez con mayor violencia mediante la acción de grupos organizados que se dedican a desalojar a personas de sus propiedades.

Estos grupos suelen aprovechar vacíos en la regularización de tierras o la vulnerabilidad de aquellos que, aun contando con escrituras públicas, son víctimas de intimidación y violencia, situación que exige la actualización de la legislación penal para sancionar más severamente tales conductas, enfatiza.

El Diputado José Luis Montalvo indica que actualmente el Código Penal Federal no contempla agravantes adecuadas para este delito, lo que resulta insuficiente ante la realidad social que enfrenta el país. Por ello, propone la adición del artículo 395 Bis para incluir circunstancias agravantes específicas.

Abunda que en la simulación de actos de autoridad los perpetradores suelen hacerse pasar por notarios, ejecutores o notificadores para intimidar a las víctimas y facilitar el despojo de inmuebles, por lo que este tipo de acciones generan confusión entre los propietarios, que llegan a creer que están enfrentándose a verdaderas autoridades.

Resalta que las víctimas mayores de 60 años o con discapacidad, son un grupo especialmente vulnerable ante estas redes delictivas, ya que en muchos casos las personas adultas mayores son despojadas por sus propios familiares, lo que agrava aún más el daño sufrido, de ahí que este hecho demanda una protección especial en la norma penal.

Otro aspecto es que en diversas ocasiones funcionarios públicos han sido partícipes en la comisión de estos delitos, ya sea mediante el uso indebido de la información que poseen o por omisión en el cumplimiento de sus deberes. La colusión de servidores públicos con estructuras criminales contribuye a la impunidad, lo que exige que dicha conducta sea severamente sancionada, añade.

Una modalidad creciente en la comisión de este delito, resalta, es la falsificación de documentos para justificar la posesión de inmuebles ajenos. Esa práctica debe ser reconocida como una agravante para garantizar que los ciudadanos cuenten con una protección adecuada de su patrimonio, puntualiza.

Proponen tipificar el acecho como delito y castigarlo con seis meses a dos años de prisión

• Las sanciones se duplicarán cuando la persona acechadora utilice alguna arma al tener acercamiento con la víctima: Diputada Martínez García

La Diputada Verónica Martínez García (PRI) promueve una iniciativa para castigar el acecho e imponer una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyas sanciones se duplicarán en caso de que la persona acechadora utilice alguna arma al tener acercamiento con la víctima.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, incorpora como delito el acecho al Capítulo I “Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro, Violación”, y adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal.

Señala la necesidad de que el acecho sea reconocido como un delito que trasgrede la libertad de la víctima, genera un riesgo a su integridad e incluso a su vida y altera sus costumbres cotidianas, por lo que debe tipificarse siempre y cuando exista continuidad en dicho comportamiento.

Plantea que para los efectos de este código se entenderá por delito de acecho aquella conducta consistente en seguir, vigilar o comunicarse persistentemente con alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad, independientemente de que sus fines sean sexuales o no.

La conducta debe ser reiterada, al menos en dos ocasiones, propiciando una alteración en la vida normal de la víctima, de tal forma que propicie menoscabo, restricción o limitación grave de su libertad de actuar o tomar decisiones.

Establece que se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta quinientas veces el valor diario de la UMA al momento de cometerse el delito y las penas se aumentarán hasta el doble en caso de que la persona acechadora se valga de alguna arma al tener acercamiento con la víctima, se viole una orden de protección o restricción judicial, que la persona autora haya cometido el mismo delito con anterioridad, se cometa en perjuicio de una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

De igual forma, cuando la persona acechadora se valga de una posición jerárquica para cometer el delito, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación; que la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad física o psicológica, pobreza o marginación y que el acecho se lleve a cabo por varias personas.

Si la persona autora del delito fuese servidora pública y utilice los medios o circunstancias que su encargo le proporcione, además de las penas señaladas se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por el tiempo de la pena de prisión impuesta.

Si como resultado del acecho se produce daño en la integridad física de la víctima o su familia, se impondrá una pena de prisión de hasta cinco años, sin perjuicio de la que corresponda al delito de lesiones, homicidio o feminicidio.

Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida, con excepción de lo previsto en el párrafo que antecede y en las fracciones IV y VI de este artículo, relativas a menores de edad y personas vulnerables.

En su exposición de motivos refiere que esta conducta se debe incorporar en el Código Penal Federal para que sea posible denunciarla antes de que se deriven hechos lamentables que suelen trascender fronteras estatales, por lo que se requiere que el alcance de la justicia no se limite al ámbito territorial.

Precisa que actualmente el marco jurídico está enfocado a otro tipo de conductas como el hostigamiento y acoso sexual con fines lascivos; sin embargo, el acecho no se encuentra contemplado en el Código Penal, a pesar de que se ha incrementado y puede desembocar en hechos violentos.

Diputadas y diputados se manifiestan en torno al dictamen que amplía delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

• En cuatro rondas de oradores, representantes de MORENA, PVEM y PT hablaron a favor; PAN, PRI y MC, en contra

En la discusión del dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa, diputadas y diputados de MORENA, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron sus posturas a favor y en contra, en cuatro rondas de intervenciones, sobre la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política.

Primera ronda

La Diputada Estela Carina Piceno Navarro (MORENA) expuso que los delitos que hoy se proponen integrar a la Carta Magna como la extorsión, contra la salud, posesión de narcóticos relacionados con el fentanilo y contrabando, ya se encuentran sancionados y son susceptibles de prisión preventiva, y con la reforma solo se enfatiza en qué delitos sí es aplicable la medida.

Por el PAN, la Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, consideró que la reforma es contraria a los derechos humanos, al principio pro persona y al de presunción de inocencia; “es inconstitucional, inconvencional, regresiva, abusiva y constituye una pena anticipada, que mandará a la cárcel a personas a quienes no les ha probado un delito y afectará a los pobres y mujeres”.

Celia Ether Fonseca Galicia, Diputada del PVEM, lamentó que la extorsión pasó de ser un delito aislado a una práctica común, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, seguridad y justicia. “El dictamen representa una oportunidad para fortalecer las bases constitucionales, con el objetivo de dotar a las autoridades de herramientas jurídicas para hacerle frente de manera efectiva”.

A su vez, la Diputada Laura Hernández García (MC) destacó que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es un paso atrás en el compromiso con el respeto y cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos, y aplicarlo sin evaluar la peligrosidad y los riesgos procesales individuales vulnera el principio fundamental de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

La Diputada Juana Acosta Trujillo (MORENA) dijo que el dictamen no solo busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sino fortalece la capacidad para proteger a los ciudadanos y garantiza que aquellos que cometen delitos graves enfrenten las consecuencias de sus acciones de manera inmediata, debido a que es una herramienta para prevenir la comisión de nuevos delitos.

El Diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas expresó que, de aprobarse la reforma, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la echará atrás, pues tiene como fin encarcelar y después buscar pruebas, pues ya se han incumplido dos sentencias por violación al artículo 1° constitucional al no reconocer los derechos humanos y los tratados signados por México.

De MORENA, el Diputado José Alejandro Peña Villa detalló que la iniciativa amplía el catálogo de delitos para atender el narcomenudeo, la defraudación fiscal y combatir la extorsión, que este año ha registrado 50 mil casos, dando facultades para terminar con este cáncer que se ha ido agudizando. Se buscan condiciones para que se pueda sancionar a personas que actúen en perjuicio del pueblo.

Nadia Navarro Acevedo, Diputada del PRI, consideró que es un retroceso en materia de derechos humanos, pues “somos testigos de las lamentables consecuencias de reformas hechas al vapor y sobre las rodillas. La prisión preventiva oficiosa no va solucionar el problema de justicia. Buscaremos que los derechos sean respetados ante cualquier eventualidad de la que nadie está exento”.

A su vez, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT) subrayó que la reforma agrega delitos a la prisión preventiva, lo que abona a defender a los ciudadanos y víctimas que sufren de delitos como la extorsión, porque hoy hay cobro de piso. “No es para castigar empresarios sino para protegerlos, así como a comerciantes, ciudadanos, transportistas y a los pobres. Ya no más extorsión”.

El Diputado Luis Enrique García López (PAN) señaló que el dictamen viola el principio de presunción de inocencia, al establecer la privación de la libertad de forma automática y sin juicio; no agota las evaluaciones en materia penal como la idoneidad, proporcionalidad, racionalidad y temporalidad. “Contribuirá a una saturación del sistema penitenciario y al desvío de recursos económicos y materiales”.

Francisco Javier Estrada Domínguez, Diputado de MORENA, apuntó que con la reforma se combaten diversos delitos que lastiman a las y los mexicanos, y que ahora ameritarán prisión preventiva oficiosa, como es la extorsión, el narcomenudeo y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. “Se manda un claro y duro mensaje a los delincuentes”.

De MC, la Diputada Patricia Mercado Castro dijo que extender la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos humanos y el sistema de justicia adversarial; no se atacan las causas de la violencia criminal, sino las consecuencias y ofrece la prisión como castigo, en lugar de la reinserción como oportunidad. Se pronunció por impulsar un cambio en la política de drogas con la regulación del cannabis, y contar con una política efectiva de reinserción social.

Segunda ronda

La Diputada de MORENA, Sandra Anaya Villegas, sostuvo que la extorsión y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas son delitos de alto impacto que ponen en riesgo la integridad, paz y desarrollo de México, por lo que esta reforma busca darle elementos al Gobierno Federal para combatirlos de manera frontal, así como las estrategias el Ejecutivo.

César Israel Damián Retes, Diputado del PAN, mencionó que al ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se busca meter a la cárcel a inocentes en lo que se averigua si son culpables o no, y se viola la presunción de inocencia, cuando se deben destinar los recursos suficientes y fortalecer las corporaciones policiacas. “No se garantiza ni seguridad ni justicia”.

El Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) comentó que el sistema de justicia no es perfecto y que por ello se deben hacer ajustes para evitar que los presuntos criminales evadan la justicia durante el proceso penal para proteger a la víctima y garantizar la reparación del daño. “La reforma no está pensada desde la injusticia sino para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía”.

Por MC, el Diputado Rodrigo Ramos Enríquez afirmó que esta clase de reformas son inconvencionales y eso está claro en cualquier tratado internacional. Recordó que en 2018 se aprobó ampliar la prisión preventiva oficiosa y se decía que a los cinco años se iban a revisar sus resultados, pero no hay ningún informe, el cual es necesario para ver si la medida funciona o no y, a partir de ello, legislar.

La Diputada de MORENA, Alma Rosa De la Vega Vargas, puntualizó que la reforma es histórica debido a que impacta la vida de millones de mexicanas y mexicanos. “Aunque en la Constitución se establece un periodo de dos años como máximo de la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales dos de cada diez personas esperan más tiempo para obtener sentencia”.

Theodoros Kalionchiz De la Fuente, Diputado del PAN, aseveró que la prisión preventiva afectará a personas en situación de vulnerabilidad económica, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y afectará a los empresarios porque no habrá inversión ni empleo formal “y de la mano crecerá la delincuencia”.

El Diputado de MORENA, Julio César Moreno Rivera, expuso que se plantea agregar al catálogo de delitos graves la extorsión y el narcomenudeo, ilícitos que son un flagelo que afecta cada calle, colonia y hogar e incluso lo padecen los gobiernos municipales y estatales y las alcaldías de la Ciudad de México, ya que estas conductas están impunes.

Al fijar su posición, la Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (PRI) advirtió que la reforma compromete los derechos fundamentales de los ciudadanos y la justicia, pues la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar extrema que debe aplicarse solo en circunstancias extraordinarias y convertirla en un mandato para una lista creciente de delitos significa ignorar el principio de presunción de inocencia.

La Diputada Olga Lidia Herrera Natividad (PT) dijo que el dictamen es resultado de un trabajo arduo para combatir con mayor efectividad los delitos que han presentado alta incidencia en los últimos años, y es parteaguas para brindar una herramienta procesal penal. “Su aprobación es un paso hacia la construcción de un país más seguro y justo”.

Por MC, el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño recordó que la prisión preventiva oficiosa en México se ha convertido en un cimiento del sistema penal y merece una reflexión profunda y urgente, cuando fue concebida como una herramienta jurídica para proteger a la sociedad de aquellos que cometen delitos graves, y afecta a la clase más desprotegida porque no puede acceder a una defensa adecuada.

La Diputada Dolores Padierna Luna (MORENA) detalló que en 2008 se creó el concepto de prisión preventiva oficiosa; con ello, toda carga de la prueba recae en el Ministerio Público y el juez analiza la carpeta y determina lo establecido en la Constitución ante riesgo de fuga, amenaza a la víctima y destrucción de pruebas. “Esta figura ya existía con el nombre de delitos sin derecho de fianza, y las adecuaciones permitirán atender ilícitos que generan inseguridad pública”.

Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Diputado del PAN, precisó que el dictamen representa una amenaza a la libertad y a la justicia, lo cual “es suficiente para que, ante un señalamiento sin pruebas y sin juicio, envíen a los ciudadanos a la cárcel limitando su derecho a la defensa. Agregar la defraudación fiscal puede resultar en un uso indebido y limitar la posibilidad de interponer mecanismos como el amparo”.

Tercera ronda

La Diputada María Rosete, de MORENA, puntualizó que con la reforma se busca que extorsionadores no encuentren salidas fáciles y paguen por el daño que hacen a la comunidad, y que cada persona en México se sienta protegida al salir a la calle. “Es necesario que este delito, junto con el narcomenudeo, sean considerados en la Constitución como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa”.

A su vez, la Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) se manifestó por un sistema de justicia que funcione y el delincuente vaya a la cárcel y el inocente y las víctimas tengan sus derechos resguardados, y un sistema donde todas y todos “podamos ejercer nuestros derechos con libertad, responsabilidad y sin tenerle miedo a la persecución política del régimen. La eficacia de la norma es fundamental. No se debe reformar la Constitución a contentillo”.

Del PVEM, la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón resaltó la necesidad de que el Estado mantenga y refuerce las medidas legales para proteger a la ciudadanía, por lo que la prisión preventiva oficiosa en casos excepcionales y delitos graves debe actuar como una herramienta para garantizar que aquellos que representan un peligro para la sociedad no queden en libertad.

El Diputado Sergio Gil Rullán (MC) consideró vergonzoso estar discutiendo el cómo meter más gente a la cárcel, que no tiene recursos para pagar abogados, en vez de darle certeza a las 230 mil personas que están en prisión sin juicio y sin sentencia, para recuperar la reconstrucción social, la paz y la justicia.

La Diputada Gabriela Valdepeñas González (MORENA) señaló que la reforma obedece a circunstancias que vive el país y pretende incluir a la extorsión, la defraudación fiscal y el narcomenudeo, lo cual tiene respaldo popular y absoluto combatiendo a los delincuentes de cuello blanco. “El dictamen es parte de las políticas integrales que tienen como eje abatir la inseguridad pública”.

Alan Sahir Márquez Becerra, Diputado del PAN, se pronunció por defender el derecho de cada mexicana y mexicano a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. “Decimos no a este dictamen que busca ampliar la prisión preventiva oficiosa y que podría llevar a cualquier ciudadano a la cárcel sin pruebas y solo por una acusación muchas veces infundada”.

En tanto, el Diputado Javier Taja Ramírez (MORENA) aclaró que la reforma no busca la represión indiscriminada sino la justicia efectiva; trata de fortalecer el marco jurídico y dotarlo de las herramientas necesarias para combatir delitos de alta incidencia y consecuencias sociales devastadoras. “La prisión preventiva oficiosa es elemento de protección a las víctimas y para garantizar la seguridad pública”.

Por el PRI, el Diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez subrayó que su grupo parlamentario no está en contra de que se castiguen los delitos, sino de la forma en la que se pretende a través de la prisión preventiva oficiosa, cuando es crucial una regulación clara y específica para evitar abusos y garantizar la justicia. “Esta ambigüedad tendrá consecuencias graves”.

La Diputada del PT, Vanessa López Carrillo, puntualizó que la reforma al artículo 19 constitucional fortalecerá las capacidades del Estado para combatir de manera más eficaz delitos graves como la extorsión, el cual lacera al pueblo y lo tiene de rodillas y con miedo, ya que en cualquier momento los delincuentes irrumpen en su hogar para cobrar el derecho de piso.

Anayeli Muñoz Moreno, Diputada de MC, calificó como aberrante la reforma que amplía el catálogo de delitos porque afectará de forma diferenciada a las mujeres. No es una respuesta a la inseguridad. Estamos en contra y se necesita seguir planteando propuestas al sistema penal y esta no es la respuesta correcta a lo que México necesita”.

El Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (MORENA) dijo que la prisión preventiva oficiosa es ir contra los extorsionadores y narcotraficantes para evitar que salgan inmediatamente de la cárcel y dañen a las comunidades y para lograrlo se requiere dotar de herramientas al Estado. “Ir en contra de este dictamen es ser funcional a la delincuencia”.

Por el PAN, el Diputado Paulo Gonzalo Martínez López aseguró que se pretende aprobar una reforma en contra de los derechos humanos ampliando el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. “Afectará de manera directa a mujeres, madres de familia, jóvenes y personas de escasos recursos que por delitos menores quedarán atrapados en un sistema que criminaliza la pobreza”.

Cuarta ronda

La Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (MORENA) indicó que la inclusión de delitos en el catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa es una reforma integral y forma parte de las acciones de su partido para beneficiar a las y a los mexicanos, a los más pobres y a las mujeres del país.

Ricardo Astudillo Suárez, Diputado del PVEM, resaltó que la extorsión es un recurso muy atractivo para el crimen organizado y la reforma es una medida urgente y necesaria para que este delito amerite prisión preventiva oficiosa, lo que permitirá enfrentar la justicia sin la posibilidad de evadirla. El cambio constitucional fortalece el sistema de justica y es un paso firme hacia la seguridad y la justicia.

Por MC, la Diputada Patricia Flores Elizondo mencionó que la prisión preventiva oficiosa no es otra cosa que una detención sin juicio y aunque esta medida es obligatoria para ciertos delitos se debe encontrar equilibrio entre el respeto de los derechos y la necesidad de seguridad. Propuso que cada peso de los impuestos invertidos en encarcelaciones se dirija a la prevención de la delincuencia y a atender las causas que la originan.

La Diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo (MORENA) señaló que el dictamen ayudará a castigar la extorsión y el narcotráfico con una perspectiva más completa, lo que asegura mayor respeto a la dignidad de las personas afectadas y promueve un sistema judicial imparcial y equitativo.

El Diputado César Augusto Rendón García (PAN) consideró que la prisión preventiva oficiosa no es la ruta, pues inventar un delito de extorsión a una persona es de lo más fácil y, con ello, sólo se logrará un Estado policiaco que mañana perseguirá a las y a los mexicanos. “Pedimos enfocarnos a combatir al crimen, invertirle a la prevención, a una policía civil”.

José Narro Céspedes, Diputado de MORENA, destacó que en México se deben tomar medidas en el tema del fentanilo, actuar en consecuencia y resolver los problemas de inseguridad. Los alcances de la reforma representan una lucha contra la impunidad y el mejoramiento de la justicia. “Estamos a favor de la ampliación del catálogo”.

El Diputado Noel Chávez Velázquez (PRI) subrayó que la prisión preventiva oficiosa no es una herramienta de procuración de justicia ni una medida cautelar, sino un mecanismo que castiga la pobreza y lejos de promover una investigación sólida y eficaz, la debilita, pues con ella el Ministerio Público no necesita probar la existencia de un delito; basta con acusar a una persona.

La Diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) destacó que la prisión preventiva juega un papel importante al evitar riesgos mayores para la sociedad, ya que en muchas ocasiones delincuentes peligrosos aprovechan la libertad para evadir la justicia. Aseguró que la reforma ofrecerá a las autoridades un mecanismo inmediato para actuar y ayudará a disminuir la percepción de impunidad en la sociedad.

De MC, el Diputado Francisco Javier Farias Bailon indicó que la prisión preventiva oficiosa es una práctica condenada en todo el mundo por ser violatoria de los derechos humanos e incluso existen sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que señalan a México. “Sabemos que esta reforma es un atentado en contra de los derechos humanos y, por eso, nuestro voto será en contra”.

Juan Hugo De la Rosa García, Diputado de MORENA, puntualizó que la Corte Interamericana no declaró inconvencional la prisión preventiva sino que encontró responsable a México en dos sentencias de 2022 por la falta de motivación en las decisiones judiciales. “Con el dictamen respondemos a las necesidades de la gente y cerramos filas para recuperar la seguridad de la gente, sin odios ni mentiras, con inteligencia, investigación y prevención”.

El Diputado Federico Döring Casar (PAN) expuso que con esta figura se establece una injusticia mayor con las mujeres, ya que el 81.2 por ciento fueron acusadas falsamente a través de la prisión preventiva oficiosa; en el caso de los hombres es del 73.9 por ciento y tres de cada diez personas en prisión tienen que esperar más de dos años para recibir sentencia.

Hasta 70 años de prisión por transfeminicidio, proponen en Congreso Local

* Le Diputade Luisa Esmeralda Navarro propuso tipificarlo como delito

* En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 16 de estos crímenes en el Estado de México

Para proteger a las mujeres trans y fortalecer la justicia por crímenes de odio, le Diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (MORENA) propuso en la LXII Legislatura mexiquense tipificar como delito el transfeminicidio y sancionarlo hasta con 70 años de cárcel.

En tribuna, le diputade indicó que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el 2020 en el Estado de México hubo al menos 16 asesinatos de personas trans, lo que pone de manifiesto la severidad de la violencia que enfrenta esta población, y afirmó que reconocer a las mujeres trans como mujeres es justicia social y que garantizarles acceso a la justicia es una deuda que se empieza a saldar.

De acuerdo con la iniciativa para reformar el Código Penal estatal, que plantea además que el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, el transfeminicidio se comete cuando, por razones de identidad o expresión de género, se priva de la vida a una mujer trans o a una persona que se identifica como femenina o de las poblaciones LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer), en una intersección de violencias transfóbica y misógina.

El documento, expuesto ante activistas de la comunidad, reconoce que habrá razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; la o el agresor haya cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro de la víctima.

Asimismo, cuando haya existido entre el victimario y la víctima una relación sentimental, de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, así como de subordinación o superioridad; cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o la víctima haya sido incomunicada previo a su deceso.

También cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión; presente señales de ensañamiento; cuando, testigos o evidencia indiquen que antes o después del delito, el activo utilizó expresiones que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad de género; o si la víctima fue despojada de los elementos distintivos de su identidad de género.

Más de 5 años de prisión por usurpación digital de identidad: Congreso

▪ Consideran como agravante la manipulación de medios electrónicos o la intercepción de datos.
▪ Las Diputadas Juana Bonilla y Claudia Morales denunciaron el incremento de este delito particularmente en redes sociales.

Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado de México para establecer como agravante del delito de usurpación de identidad, cuando se cometa mediante manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos o intercepción de datos que atribuya, utilice o disponga de información, imágenes o documentos de otra persona física o jurídica colectiva.

Conforme al dictamen a las iniciativas presentadas por Juana Bonilla Jaime y el Diputado Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador de MC, así como las Legisladoras María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM), se impondrán de uno a cuatro años de prisión a quien ejerza con fines ilícitos un derecho o use cualquier tipo de datos, información o documentos que legítimamente pertenezca a otra persona física o jurídica colectiva que la individualiza ante la sociedad y que le permite ser identificada o identificable para hacerse pasar por ella.

La Diputada Juana Bonilla, quien detalló que la pena aumentará hasta en una tercera parte cuando se cometa mediante la manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos, redes sociales o intercepción de datos de envío, expuso que el delito de usurpación de identidad va al alza, como reveló recientemente el Instituto Nacional Electoral, con 18 casos de usurpación de identidad en el distrito 29 federal con sede en Nezahualcóyotl.

La Diputada Claudia Desiree Morales indicó que este delito se presenta con frecuencia en las redes sociales —donde se exponen una gran variedad de datos personales–, con el fin de causar daño o cometer otros delitos. Se pronunció por contar con leyes acordes a la compleja naturaleza de los delitos cibernéticos y mecanismos para prevenir, detectar y sancionar a los responsables de estos actos.

Proponen prisión y multa para quien revele, divulgue o utilice imágenes obtenidas de comunicación privada o generadas por IA

• Las penas se duplicarán cuando sean imágenes de menores de 18 años: Diputado Huacus Esquivel (PRD).

Ante el avance tecnológico que ha rebasado las expectativas de la humanidad y el constante bombardeo de informaciones digitales y mediáticos que viven las nuevas generaciones, es necesario actualizar el marco jurídico, aseguró el Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD).

Por lo anterior, presentó una iniciativa que reforma y adiciona un párrafo al artículo 211 Bis del Código Penal Federal, con la finalidad de incluir en la lista de delitos sancionados con prisión de seis a 12 años y de 300 a 600 días de multa, a las “imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada o generadas por sistemas o programas de Inteligencia Artificial (IA)”.

Asimismo, propone que dichas penalidades se duplicarán cuando las imágenes producidas por IA, “sean de personas menores de 18 años de edad”.

El proyecto, turnado a la Comisión de Justicia para dictamen, señala que la Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las tecnologías más disruptivas y que mayor atención despierta, pues puede eliminar errores manuales en el procesamiento de datos, estadísticas, ensamblaje y fabricación de tareas, a través de la automatización y algoritmos.

Subraya que en España la IA ya cobró su primer escándalo después de que surgieran imágenes de 20 niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años desnudas circulando en las redes sociales.

Los retratos, agrega, fueron creados con fotografías de las niñas completamente vestidas, pero fueron procesadas mediante una aplicación que genera una visualización sin ropa.

El Diputado Huacus expone que en Corea del Sur se condenó con prisión a un hombre por utilizar la Inteligencia Artificial para generar 360 imágenes de explotación sexual infantil.

Lo anterior, dijo, demuestra como la IA puede emplearse para violar la autonomía y la seguridad corporal de las personas, especialmente de las mujeres y los menores.

Por lo anterior, considera necesario modificar y establecer nuevos mecanismos que regulen la tecnología, así como avanzar manteniendo un control correcto de ella para resguardar la integridad de mujeres, adolescentes y niños.

Plantean diputadas ecologistas agravar prisión por tala ilegal

 

°Se impondrían hasta 20 años de cárcel a quien utilice armas de fuego o provoque el desplazamiento de personas.

°En 2022 se perdieron mil 310 hectáreas de bosque por la tala ilegal: María Luisa Mendoza.

La Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del Verde Ecologista en el Congreso mexiquense, propuso sanciones de 12 a 20 años de prisión en contra de quien, en el delito de destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala de árboles, emplee armas de fuego, violencia o cualquier medio coercitivo o cuando, en la comisión de este delito, personas propietarias, ejidatarias o comuneras se vean obligados a desplazarse de sus.

La iniciativa de reformas al Código Penal de la entidad busca combatir la destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala ilegal de árboles; delito que se comete a diario, con impunidad casi absoluta e incluso a plena luz del día, sostuvo la Legisladora María Luisa Mendoza.

Consideró necesario aportar mayores recursos para la investigación y aplicación de la justicia ante la tala ilegal y la violencia que trae consigo, toda vez que del primero de enero al 31 de julio del presente año la Secretaría de Seguridad estatal solo detuvo a 77 presuntos delincuentes por atentar contra los bosques y hasta el 31 de julio, el Poder Judicial del Estado de México contabilizaba 39 asuntos en etapa de control, por presuntos delitos contra el ambiente y contra la flora y fauna silvestre.

En la exposición de su propuesta, que analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la legisladora refirió que en la entidad hay 53 zonas ecológicas afectadas por delitos ambientales, especialmente por tala clandestina, de las cuales cinco son consideradas como críticas (conformadas por 19 municipios), además de que en 2022 se registró una pérdida de mil 310 hectáreas de bosque.

Sancionarán hasta con 20 años de prisión abuso sexual infantil

*Se establece el pago y la reparación de los daños y perjuicios de manera integral.
*Las y los responsables de este delito perderán la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerzan sobre la víctima.

A quien cometa abuso sexual infantil cuando la víctima esté bajo su custodia, guarda, educación o se aproveche de la confianza depositada se hará acreedora a una sanción de hasta 20 años de prisión, establecen las reformas al Código Penal del Estado de México aprobadas por unanimidad de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local.

De acuerdo con las reformas impulsadas por la diputada Ingrid Schemelensky Castro, las penas previstas actualmente para los casos de abuso sexual aumentarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo cuando el delito lo cometa uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por un hermano contra el otro, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra. Además, perderán la patria potestad o la tutela en los casos en los que se ejerza sobre la víctima.

Lo mismo pasará cuando se haga uso de la violencia física o moral o cuando el delito sea cometido por quien tenga o haya tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación; además, si el delito es contra una persona menor de edad, la persona condenada será destituida del cargo o empleo e inhabilitada o suspendida hasta por el término de cinco años en el ejercicio de su profesión, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor.

De igual manera, se sancionará cuando la o el ofendido tenga alguna discapacidad que limite las actividades de su vida diaria e impida su desarrollo individual y social. Además, se puntualiza que es obligación de quien ejerza la patria protestad del menor hacer del conocimiento o denunciar ante las instancias competentes cualquier presunto caso de abuso sexual en su contra.

De acuerdo con el dictamen aprobado quien cometa el delito de abuso sexual deberá pagar y reparar los daños y perjuicios de manera integral, además de que este será incluido en los casos de reincidencia y habitualidad, por lo que no se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aún en el caso de delincuentes primarios. El dictamen será remitido al Pleno Legislativo para su votación definitiva.

Cabe señalar que actualmente este delito tiene penas que van de los dos a cuatro años de prisión, que se extienden a ocho y 15 años si se ejecuta en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona.

Proponen sancionar con prisión la violencia en eventos deportivos

* El diputado Sergio García Sosa explicó que la pena máxima superior a 5 años aplicará cuando se produzcan lesiones entre los grupos de animación.
* Busca evitar que se repitan hechos como los registrados en el estadio Corregidora.

El diputado Sergio García Sosa propuso tipificar y perseguir de oficio el delito de violencia en eventos deportivos con penas que podrían superar a los cinco años de prisión en contra de la persona que incite a otras a practicar actos de violencia, cuando se produzcan lesiones o daños entre personas integrantes de los grupos de animación.

La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México también plantea penas de dos a cuatro años de prisión en contra de quien cometa este delito, cuando una persona espectadora, antes, durante o después de un evento o espectáculo deportivo, ejecute o incite a otros a practicar dentro del estadio o espacios deportivos, así como sus áreas comunes, estacionamiento o calles inmediatas al recinto del evento, actos que causen daños a las personas o sus bienes, la pena máxima aplicará en caso de que presenten lesiones.

El legislador explicó que esta reforma busca impedir que se replique lo ocurrido en el Estadio Corregidora durante el encuentro entre el Querétaro y Atlas, donde un enfrentamiento entre pseudo aficionados dejó como saldo a 26 personas heridas, por lo que obliga a replantearse lo que acontece en los eventos deportivos en los cuales se llegan a presentar violencia, caos, descontrol e impunidad.

Dijo que este tipo de hechos evidencian la violencia existente en el país, por lo que es necesario fortalecer la protección de las personas espectadoras y aficionadas que asisten a un evento deportivo. La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.