viernes, 27 de junio de 2014
Van más de 18 mil sanciones a funcionarios desde 2012: SFP
Notimex |
El encargado del despacho de la Secretaría de la Función Publica (SFP), Julián Olivas Ugalde, informó que en la actual administración pública federal se han aplicado 18 mil 93 sanciones a 15 mil 323 servidores públicos.
Durante la reunión del Grupo de Trabajo de Anticorrupción del G-20, el funcionario señaló que mediante auditorías e inspecciones se han logrado recuperar a la Tesorería de la Federación (Tesofe), más de tres mil millones de pesos.
Herramientas como Compranet, la Bitácora Electrónica, la figura del Testigo Social y las Declaraciones de Situación Patrimonial, se han constituido como las principales medidas preventivas para evitar que se transgredan las normas legales, destacó en un comunicado.
En el marco de la Cuarta Conferencia de Alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del G20, indicó que hay avances en el cumplimiento de la declaración patrimonial de los servidores públicos, pues en mayo se logró 96.56 por ciento.
En ese sentido, Olivas Ugalde recordó que Compranet es un mecanismo que contribuye a la transparencia en las compras del gobierno, adquisiciones, arrendamientos, así como en la contratación de servicios y obras públicas.
En tanto que el Testigo Social es un sujeto ajeno al gobierno, cuya experiencia y conocimiento evita actos discrecionales que puedan propiciar la corrupción, agregó.
Expuso que el principio de transparencia no solo es fundamental en la gestión gubernamental sino también en los entes privados para que clarifiquen los movimientos y flujos de recursos.
En cuanto al soborno internacional, consideró necesario contar también con información transparente de los diferentes países.
Ante los representantes internacionales, el funcionario aludió los tipos de responsabilidades que existen en México, que son de índole política, penal, administrativa, resarcitorio y civil.
En su exposición sobre el tema, el encargado del despacho de la SPF se centró en el procedimiento administrativo disciplinario que en la actualidad se tiene en México.
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