martes, 26 de agosto de 2014

Ecatepec: múltiples irregularidades en las investigaciones de la Procuraduría en el caso del baile de la 30-30

• Integración deficiente de la carpeta de investigación, omisiones graves por parte de la empresa organizadora Skalona Records (Escalante Producciones, S. A de C.V.). • Omisiones graves de parte del Ayuntamiento de Ecatepec, así como de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de este municipio.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la entidad mexiquense, Octavio Martínez Vargas y representantes legales del policía municipal Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, imputado por el caso del baile popular en la explanada de la 30-30 en Ecatepec de Morelos, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las irregularidades en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado de México para fincar responsabilidades a su representado. El licenciado Carlos Mata Martínez, abogado defensor de Jorge Alejandro Sánchez Carbajal indicó que el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento extendieron y firmaron un permiso para un baile masivo en un predio improvisado y sin condiciones de seguridad. Señaló que la Procuraduría de Justicia del Estado de México les entregó la carpeta de investigación 344610550618314 con un gran número de páginas en blanco y otras totalmente ilegibles, donde les es imposible conocer el expediente integro.
Explicó que la Procuraduría no les ha permitido el acceso al video de seguridad, por lo que pedirán al legislador Octavio Martínez Vargas, solicite al Procurador les entregue completo el video para que puedan ver exactamente la hora en la que se hicieron los disparos y cómo sucedieron los hechos. Refirió que en la carpeta de investigación se manifiesta que no había permiso para venta de bebidas alcohólicas al exterior del inmueble, ¿por qué no había gente de Normatividad del municipio supervisando que la venta de alcohol no existiera? se encontraron al menos más de mil botellas de bebidas embriagantes tiradas en todo el predio. Expresó que lo que están manipulando como estampida, no existió, fue una mala organización de la empresa Skalona Records que no contempló una salida amplia para los miles de asistentes que acudieron al evento y al final las personas buscaron otro acceso de salida, algunos saltaron la barda y ésta colapsó por la misma presión de la gente. Igualmente aclaró que al revisar el expediente descubrió que la Procuraduría encontró en el sitio tres casquillos percutidos, dos corresponden al arma de cargo de 9 milímetros de su defendido y otro casquillo de arma 38 súper (calibre propio de revolver) se localizó a más de 30 metros de ese lugar, cerca de donde se derrumbó la barda.
Subrayó que llama la atención que una de las víctimas fue encontrada con los pantalones y las pantaletas en las rodillas, eso hace presuponer que hubo actos violentos en el inmueble. Aclaró que en la carpeta encontraron información de que la empresa Skalona Record pagó a los deudos 200 mil pesos por cada una de las víctimas, si la empresa ya pagó la reparación del daño por 200 mil pesos, la familia la aceptó y en ese momento otorgó el perdón, ¿Por qué la Procuraduría nos está imputando el hecho de recurso de homicidio?, si ya está reparado el hecho de homicidio culposo. Destacó que pedirán que inhabiliten a los servidores públicos que otorgaron el permiso para la realización del baile y a quienes no se hicieron responsables por la venta de bebidas que se expendieron en el interior del inmueble. Reiteró que necesitan allegarse de los datos de prueba que tiene la Procuraduría, como el video y el expediente completo y legible, “a nosotros ya nos batearon 3 veces, esperamos que a través del diputado Octavio Martínez nos hagan llegar la información que necesitamos”.
Por su parte el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la Legislatura Mexiquense, Octavio Martínez Vargas aseguró que el baile nunca se debió haber autorizado en este inmueble porque no tiene las condiciones idóneas, además no se supervisó la venta de bebidas alcohólicas al interior y exterior del predio y porque la empresa no contrató a los elementos privados necesarios para darle seguridad a los asistentes. Afirmó que el presidente municipal al haber autorizado el baile en esas condiciones lo hace responsable de estos hechos, se permitió que el baile concluyera a las cinco de la mañana del día seis, cuando el permiso era para el día cinco, se dan estos hechos lamentables, la Procuraduría interviene, da todas las facilidades a la empresa Skalona Record, no son ellos quienes solicitan el permiso, lo hacen a través del Consejo de Participación Ciudadana y se presume le otorgan 150 mil pesos por esta gestión.
Argumentó que no se sabe cuánto fue de los derechos que pagaron al municipio, se estima que fueron 75 mil pesos, la Procuraduría ha sido muy facilitadora con la empresa al llevarlos personalmente con los familiares y buscar la reparación del daño, cuando lo que debió de haber hecho era arraigar a los representantes de la empresa, al alcalde por lo que establecen los ordenamientos del Bando Municipal y eso no ha sucedido. Indicó que observa parcialidad de la Procuraduría, hay dolo en los documentos que han expedido a los abogados que van a llevar la defensa al darles las hojas en blanco y esto es materia que conozca el Congreso. “Como legislador e integrante de un poder y en mi condición de presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, habré de solicitar a la brevedad posible un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Baruch Delgado Carbajal y con el Procurador del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez para que haya una procuración ciega de la justicia”, espetó. Recalcó que a su juicio hay parcialidad en esta carpeta de averiguación para deslindar de la responsabilidad al alcalde municipal Pablo Bedolla y al Secretario del Ayuntamiento, Sergio Díaz, que son quienes autorizaron y firmaron los permisos, así como con los representantes de la empresa Skalona Record. Por último, reiteró, que en su condición de integrante de un poder no permitirá y hará todo lo que esté a su alcance por ser un contrapeso de otros poderes, que en este caso están cometiendo una violación al debido proceso a la justicia y a los preceptos establecidos en la Constitución Política.

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