Hidroeléctrica en Nayarit, un megaproyecto amenazante para la comunidad indígena

Redacción Revolución 3.0

(07 de agosto, 2014).- Cinco municipios de Nayarit, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y El Nayar, se encuentran en alerta ante un nuevo megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad. Al paso del Río San Pedro, el séptimo más caudaloso de México, se elevará una cortina de 173 metros como parte de la Hidroeléctrica Las Cruces. De acuerdo a una investigación realizada por Érika Ramírez para la revista Contralínea, más de 215 mil 266 personas, de las cuales 65 mil 179 son indígenas, se verán afectados por la erosión de la tierra, daños incuantificables a la zona de Marismas Nacionales y la consecuente desaparición de 14 sitios sagrados de coras, nayeris y wirráricas pese al llamado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó cuatro meses atrás su suspensión. La hidroeléctrica es uno de los 30 proyectos que se encuentran en un nivel de “estudio de prefactibilidad” para la generación de electricidad en el país conforme al Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026, de la Subdirección de Programación de la CFE, junto con una en Nuevo León, Chihuahua, Veracruz-Puebla, Tabasco-Chiapas; dos en Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas; tres en Chiapas, cuatro en Guerrero, seis en Jalisco y ocho en Oaxaca. El proyecto que el documento Principales proyectos estratégicos de Nayarit estima en un costo de 7 mil 480 millones 972 mil 800 pesos, podría afectar la producción de alimentos, merma en la ostricultura, afectación al Área Natural Protegida de Marismas Nacionales, entre otras, temen integrantes del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro conformado por indígenas y comuneros. La información de la hidroeléctrica que se construirá en los límites de los municipios de Ruiz y Rosamorada, no ha sido informado de manera oficial a los pueblos que resultarán afectados. “Según el documento, la hidroeléctrica Las Cruces tendría una capacidad de generación media anual total de 801 GWh (gigavatio hora). Para ello, la Comisión Federal de Electricidad ‘desarrolla dos alternativas de obras viables con distinto tipo de cortina de 176 metros de altura; una de concreto compactado con rodillos y la otra de enrocamiento con cara de concreto’”, señala la investigación. Conforme a los documentos, la construcción para ambas alternativas de obras se proyecta para un plazo de 51 meses. En entrevista con Contralínea, Marcelina López, indígena wirrárica que busca detener la hidroeléctrica, declaró “Nosotros debemos caminar adonde (sic) puedan escuchar nuestras voces indígenas”, ya que el proyecto puede implicar la desaparición de 14 centros sagrados. “No es tan fácil que puedan cambiar los lugares sagrados; son como un árbol que se encuentra enraizado”, señala López, cuestionando a dónde irán a depositar sus ofrendas, ya que “directamente no nos afecta, pero sí espiritualmente, afecta nuestra cultura”. La hidroeléctrica genera varios cuestionamientos, que en voz de Marcelina López se traducen en el cese a la “invasión”. “Queremos el Río libre, que no nos estén invadiendo. Como mujer indígena me duele, me lastima, somos raíces de México y nos van a invadir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaron como pueblos indígenas? ¿Cuál es el respeto que nos tienen? ¿Por qué nos tratan así?”, enfatizó. Para Max Moreno Torres, integrante de la Cooperativa de Boca de Camichín y miembro del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro, la CFE no está tomando en cuenta actividades productivas como la de él. Torres declaró a Contralínea que ninguna autoridad ha informado sobre el proyecto a construir; no obstante la información la han encontrado “a través de otros medios y eso no ha servido para que las comunidades del Río San Pedro nos hayamos organizado. De llegarse a construir, va a acabar con el cultivo de ostión que producimos: más de 1 mil 500 toneladas actuales, que sólo se produce ahí. Es una especie nativa”. Por su parte, luego de que la Semarnat encontrara incongruencias e insuficiencias de información en la manifestación de impacto ambiental regional que contempla la hidroeléctrica, la obra se suspendió, no obstante, no se canceló. De acuerdo con Contralínea, a través del documento con folio SGPA/DGIRA/DG/02342 Alfonso Flores Ramírez, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas solicitó al coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, estudios geotécnicos, de sismicidad, de riesgo de erosión de suelos, de calidad del agua e incluso un inventario de la flora y fauna terrestre y acuática, entre otros. Conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades indígenas deberán de ser consultadas, comunidades que se encuentran en grados de marginación bajo y medio, de entre los cuales 65 mil 179 personas no tienen garantizada la alimentación diaria.