Obliga OSFEM regresar dinero a ex alcalde y ex funcionarios

• Serán más de 16 mdp, según la instancia estatal • En las observaciones, resalta la responsabilidad administrativa resarcitoria a Álvaro Curiel Curiel, síndico de la administración 2006-2009 del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, ante el daño causado a la hacienda municipal. • Por otra parte, valdría acelerar las observaciones a los periodos de gobierno 2009-2013, y 2013-2015, en La Joya de la Corona”

Por Mario Ruiz Hernández Dentro de las revisiones que viene realizando el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), valdría la pena que en el caso de Naucalpan empiece a trabajar de urgencia. Estimo que existen las condiciones para ello, y no esperar uno o dos trienios constitucionales más, para aplicar las sanciones correspondientes a quienes hicieron mal uso de los recursos públicos. Hace unos días, el propio OSFEM fincó responsabilidades administrativas a un ex alcalde y dos ex síndicos de ayuntamientos anteriores por actos u omisiones que generaron presuntos daños a las haciendas públicas municipales. Lo anterior, por un monto de 16 millones 416 mil pesos, pues los ex servidores no pudieron solventar las observaciones que les hicieron, y en nuestro caso hay mucho más del pasado trienio y éste que va corriendo. No obstante, de lo trascendente es la responsabilidad administrativa resarcitoria a Álvaro Curiel Curiel, síndico de la administración 2006-2009 del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, ante el daño causado a la hacienda municipal cuantificado en el pliego preventivo de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AF/72/12 de diciembre del 2012 por un millón 452 mil 169 pesos. En ese orden de ideas, esperar igual, fincar responsabilidades a la ex alcaldesa Azucena Olivares Villagómez, para que devuelva los más de 12 millones de pesos, que según ahorraría en el decreto de austeridad que obligó a funcionarios recibir tan sólo el 50 por ciento de salarios, entre otros daños. Así también, la revisión exprés de la actual administración 2013-2015, en la que hay quebrantos acreditados en el Organismo de Agua Potable y Saneamiento (OAPAS), por más de 60 millones de pesos, o ejercer acción penal por peculado, a la vez de los faltantes de circulante sin acreditar en tesorería. Por otra parte, y de acuerdo a las observaciones del órgano de fiscalización, la emisión de cinco justamente pliegos resarcitorias a ex tesoreros, ex funcionarios de institutos municipales del deporte, de organismos de agua a los informes mensuales que les entregan por un total de dos millones 323 mil 612 pesos, y otra derivada de una auditoria y abrieron la etapa de aclaración para que diluciden los señalamientos del OSFEM. La misma instancia, hizo un citatorio a garantía de audiencia por observaciones un ex síndico, derivado de presuntos pagos y traspasos indebidos por 531 mil 972 pesos. Los ex funcionarios deberán presentar pruebas y entregar documentos que los deslinden de una posible responsabilidad. Según los edictos del OSFEM, las notificaciones fueron a: J. Marino Salgado Rodríguez, presidente municipal por ministerio de ley de la administración 2006-2009 del Ayuntamiento de Cuautitlán, México por actos u omisiones realizados durante el desempeño de sus funciones. La responsabilidad administrativa resarcitoria es por el daño causado a la hacienda pública municipal de Cuautitlán, México, cuantificado en el pliego preventivo de responsabilidad OSFEM/UAJ/PPR-IM/355/13 de seis de diciembre de 2013 por 6 millones 457 mil 242.30 La tercera es a Edgar Edwin García González, síndico de la administración 2003-2006 del Ayuntamiento de Valle de Bravo, México, a quien se le notificó una responsabilidad administrativa resarcitoria por 8 millones 506 mil 646 después de que se modificó el pliego preventivo de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-IM/88/10, del primero de diciembre de 2010. En todos los casos, los montos constituirán un crédito fiscal al quedar firme la presente resolución, el cual deberá resarcirse ante la Tesorería Municipal de cada ayuntamiento, de acuerdo a lo que corresponda, siempre y cuando se cubra o se hará efectivo por un procedimiento administrativo de ejecución. Los pliegos de observaciones resarcitorias fueron a: Pedro Hernández Ruíz, tesorero municipal de Huixquilucan, México, durante la administración 2013-2015 del primero de enero de 2013 al 16 de enero de 2015, por un monto de un millón 699 mil 290.89 pesos. El segundo, a: Víctor Francisco Suárez Ramírez, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nextlalpan, durante la administración 2013-2015, a partir del primero de enero de 2013 al 28 de marzo de 2014 por 10 mil 150.99 pesos. El tercer caso es de Pedro Miguel Barranco Ortiz, director de Administración y Finanzas del Organismo Operador de Agua de Chalco, durante la administración 2013-2015, hasta el 2014 por 11 mil 529 pesos. Otro pliego de observaciones fue a: Alicia Jiménez Hernández, directora de Finanzas del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, por el período comprendido del primero de enero de 2013 al 11 de febrero de 2015 por 579 mil 360 pesos. El último es a: Alejandra Blancas González, directora de Finanzas del Organismo Operador de Agua de Teotihuacán, México, durante la administración 2013-2015 a partir del 17 de enero al 27 de agosto de 2014 por 23 mil 282 pesos. En la mayoría de los casos las observaciones derivaron de la revisión practicada a los informes mensuales correspondientes y a partir de las notificaciones se abre la etapa de aclaración, en la cual los servidores públicos podrán solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño. Todos tendrán un plazo de 45 días hábiles para presentar los elementos, documentos y datos fehacientes que las justifiquen y/o aclaren, o bien se acredite la reparación o inexistencia del daño y manifieste lo que a su derecho convenga. Finalmente el citatorio a garantía de audiencia fue a Dolores Jimena Solís Newhart, síndico municipal de Zumpahuacán, durante la administración 2009-2012 para que aclare cuatro observaciones que en conjunto suman 531 mil 972 pesos por cuestiones como: pagos indebidos de multas y recargos, traspasos bancarios indebidos, por lo cual deberá presentar pruebas y argumentos para aclarar el presunto daño al erario municipal.