A regañadientes, la alerta de género en Edomex

PROCESO Ser mujer en el Estado de México es pertenecer a un grupo tan vulnerable que el número de desaparecidas y asesinadas no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2011 varias organizaciones le exigieron a las autoridades que se emitiera una alerta de género, pero se negaron; en esos días lo único que les importaba era cuidar la imagen política de Enrique Peña Nieto, quien aspiraba a la Presidencia. Ese retraso ha sido fatal, pues los feminicidios no cesan. Ahora se emitió la alerta, pero hay otros problemas: el principal, que la administración de Eruviel Ávila insiste en maquillar las cifras.

MÉXICO, D.F. El gobierno de Enrique Peña Nieto se vio obligado a reconocer la violencia feminicida e institucional que marcó al Estado de México cuando él era gobernador, al emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los 11 municipios más poblados de la entidad. En enero de 2011 hubo una negativa a decretar esa alerta, pues se consideró que los solicitantes –el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)– tenían como objetivo manchar la carrera política del entonces virtual candidato a la presidencia. Sin embargo, los constantes asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad orillaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a declarar la AVGM el pasado 28 de julio y a formalizarla el 31 de julio. La declaratoria se emitió luego de que, tras un año de investigación, el grupo de investigación creado por el Sistema Nacional concluyó que 51% de los homicidios dolosos cometidos durante el gobierno de Peña Nieto y 40% de los ocurridos durante la gestión de su sucesor, Eruviel Ávila Villegas, siguen impunes. Pese a la “guerra de cifras” –entre las ofrecidas por el gobierno estatal al grupo multidisciplinario, las presentadas por los solicitantes, tomadas éstas de datos oficiales, y las propias investigaciones de los expertos–, “la impunidad quedó evidenciada, así como la obstrucción de la justicia por parte de las autoridades”, dice a Proceso María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF. “Por más que el gobierno de Ávila quiso ajustar cifras –dejar en 771 los casos de homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010, en el periodo de Peña Nieto, cuando nosotras documentamos 922 con cifras oficiales–, no pudieron ocultar que, hasta ahora, más de la mitad de esos casos están inconclusos y se han ido acumulando más durante la actual administración estatal”, apunta.