Cámara de Diputados pide resolver conflicto contractual entre gobierno de Nuevo León y Kia Motors

La Cámara de Diputados llamó a las secretarías de Economía, y de Comunicaciones y Transportes, y al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para que, en conjunto, resuelvan el incumplimiento del convenio firmado entre la administración de ese estado y la compañía automotriz Kia Motors.

Al fundamentar el punto de acuerdo, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN) explicó que en 2014 esta empresa –fabricante de alrededor de tres millones de vehículos al año- eligió a Nuevo León para construir su planta más grande a nivel mundial, con lo que se invertirían 75 mil millones de pesos en la entidad y se generarían aproximadamente 10 mil empleos directos bien remunerados. Empero, el nuevo gobierno –que entró en funciones hace seis meses- ha manifestado que el contrato fue ilegal, “algo que a todas luces mancha a la empresa y también la imagen de México, al dar cuenta que los convenios firmados por las autoridades en nuestro país no se cumplen a cabalidad, que se mezcla la política con lo legal y que no hay Estado de derecho”. Rodríguez Dávila lamentó que el convenio firmado y el plan de negocios se hayan difundido a través de las redes sociales, pues se incumple la ley de los servidores públicos en el estado de Nuevo León y lo expone a pagar una multa. Advirtió: esta situación ahuyenta la inversión en el país y deteriora la Marca México, al no proporcionar certidumbre jurídica a los interesados en establecer compañías dentro del territorio nacional. “Se lucha arduamente para traer inversión extranjera directa a nuestro país, para tener más y mejores empleos. No es correcto que esto se politice porque entró un gobierno nuevo que depende de otro gobierno, de otra afiliación partidista o política”, reiteró el legislador. En la ronda de posicionamientos, Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, consideró que de existir responsabilidades por parte de la administración anterior, deben aplicarse las sanciones respectivas. Hizo un llamado a resolver el conflicto, ya que, además de ponerse en riesgo la inversión, Nuevo León podría ser demandado ante tribunales de arbitraje de Estados Unidos. El diputado Jorge Álvarez Maynez manifestó en contra el voto de su fracción parlamentaria, Movimiento Ciudadano, al considerar que la Constitución Política establece el derecho de los mexicanos a conocer información como la ventilada, además de que la inversión y generación de empleos en Nuevo León, sostuvo, son más altas que en otras entidades. Por el Verde Ecologista, Evelyng Soraya Flores Carranza destacó que una administración apta para gobernar, debe seguir un esquema de reglas claras de trabajo para tomar decisiones de alto calibre, en términos de responsabilidad financiera y legal; ser competente para encausar el interés colectivo; generar amplios beneficios en favor de la sociedad, y admitir su buen criterio en resolver conflictos. Por el PRD, el diputado David Jiménez Rumbo consideró que la inversión que llegue al país debe ser con empleos de calidad, bien remunerados y, sobre todo, cumpliendo con las normas que aplica y que exige el Estado mexicano. Se pronunció en contra del punto de acuerdo al estimar que se debe revisar a profundidad el tema y analizar si conviene o no a los mexicanos la firma de esos acuerdos. El diputado Ramón Villagómez Guerrero (PRI) subrayó que es necesario brindar certeza jurídica para cumplir los convenios firmados con la empresa Kia Motors. “Las condiciones y compromisos adquiridos con la armadora fueron un instrumento determinante para que la inversión llegara a Nuevo León”, dijo, y resaltó: “el desarrollo económico y el cumplimiento de este contrato son fundamentales, ya que miles de familias verán sus sueños de progreso realizarse con esta inversión”.