En México, la secretaria de la comisión de Fomento Económico en el Senado, Sandra Luz García Guajardo presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de establecer como obligatorio el voto en los comicios en México y sancionar con la suspensión de la credencial para votar como identificación oficial por un año a quien no lo haga.
La iniciativa establece que “los ciudadanos que no hubieran podido sufragar por causa justificada deberán presentarse ante la autoridad competente en un término no mayor a treinta días después de la elección, con las pruebas que acrediten su impedimento. Vencido este término no se admitirá justificación alguna”.
García Guajardo explicó que en México el voto obligatorio está regulado constitucionalmente, pero carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones cuando se incumpla la obligación.
Consideró que esta medida busca abatir el abstencionismo tan elevado que se ha presentado tanto en elecciones del ámbito federal como en el local, además de fomentar la participación, acotar la desconfianza y disminuir el costo electoral, al eficientar la erogación de los recursos públicos que se destinan a las elecciones, es decir, a mayor número de votantes se reduce el costo per cápita por voto.
Precisó que la reforma a los artículos 447 y 456 de dicha ley tiene por objeto sancionar el incumplimiento de acudir a votar en los procesos electorales, y para ello se propone considerar como infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, la no emisión del voto; sancionar, en caso de no acudir a votar, con la suspensión de la credencial para votar como identificación oficial por un año.
La propuesta contempla causales de excepción y no tendrán sanción los ciudadanos que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada; los mayores de 70 años; los que se hubieran ausentado de territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente.
La senadora detalló que en países como Argentina, por no votar se aplica una multa que va de 2 a 20 pesos mexicanos, además de no poder ser designado para desempeñar empleos públicos por tres años.
En Bolivia se aplica una multa de 416 pesos mexicanos y en caso de incumplimiento del pago, éste se convierte en arresto.
La legisladora consideró que votar debe considerarse no sólo un derecho, sino una obligación que impone la democracia.
Recordó que el gobierno y las instituciones han tenido severas crisis de credibilidad, por lo que en muchas ocasiones el rechazo a la oferta política se manifiesta no votando.
Indicó que se trata de generar un cambio en la cultura y el comportamiento político, lo que se traduce en la necesidad de hacer efectiva la obligatoriedad en la participación jurídicamente y de hacer conciencia en la ciudadanía.
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