Ante el abandono de las comunidades originarias del país y el incumplimiento de recomendaciones formuladas hace 13 años por el entonces relator Rodolfo Stavenhagen, recién fallecido, integrantes de la Asamblea Nacional Política de la Mujeres Indígenas solicitaron una visita de trabajo de la relatora de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz.
Los dirigentes de la organización, con representación en distintas regiones del país, informaron que se reunieron con Tauli-Corpuz en un encuentro cerrado organizado por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, no en su carácter de relatora de la ONU, sino como experta.
De ese encuentro surgió la exigencia de diez representantes de organizaciones indígenas del país para que la relatora respaldara las solicitudes que los líderes de pueblos han hecho en reiteradas ocasiones para que lleve a cabo una visita oficial.
Carlos de Jesús Alejandro, exdiputado federal, aseguró que urge la gira de trabajo de la relatora de la ONU ante lacontinua violación sistemática y reiterada de los derechos humanos de los pueblos indígenas porque pese a los llamados de organizaciones desde 2014, en el contexto de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y que se formuló un punto de acuerdo en 2015 para solicitar al Estado mexicano que invitara a la relatora para que verificara el informe y diera seguimiento a las recomendaciones que en su momento hizo el primer relator de la ONU Rodolfo Stavenhagen, no ha habido mayor respuesta a esas recomendaciones que siguen vigentes.
Resaltó que los puntos de mayor importancia tienen que ver con la armonización legislativa, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos de representación política pública, así como la urgencia de impulsar una Ley General de Consulta sobre los megaproyectos que afectan a los pueblos indígenas.
Según el dirigente indígena, de los últimos cabildeos con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados hay una propuesta de incrementar los fondos, por lo que todo queda en manos de la Comisión de Presupuesto y la Junta de Coordinación Política de la Cámara, así como de la Secretaría de Hacienda, situación en la que las organizaciones indígenas estarán pendientes de que se cumplan los acuerdos con el Poder Legislativo.
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