El Senado de la República, este martes aprobó, con 90 votos a favor y cero en contra, la minuta que remite la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esta establece que no será válida ninguna declaración o prueba cuyo originen tengan un acto de tortura, abuso, o trato cruel inhumano; y que por primera vez se encarcelarán a policías que ejerzan abuso de poder sin justificación alguna.
Los superiores jerárquicos (policiales), serán considerados autores del delito de tortura en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.
Según a las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el presente año se han recibido cerca de 4 mil 404 quejas que versan en torno a la tortura o el trato degradante, señaló la senadora Pilar Ortega Martínez, desde la tribuna.
Añadió que, actualmente en el país se sigue implementando la tortura por parte de algunas autoridades, desde el momento de la detención o al emitir declaraciones, lo cual debe eliminarse.
La minuta apuntó al servidor público que, siendo investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, serán aplicadas las medidas de precaución previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), incluida la suspensión del cargo.
Adicionalmente, se adoptarán las medidas administrativas y provisionales necesarias, para impedir que el servidor público señalado interfiera con las investigaciones.
Señaló que, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.
Con este proyecto de Ley también se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la CNDH, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la Ley de Extradición Internacional.
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